Ante el crecimiento del activismo, las autoridades de muchos países recurrieron a restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. A lo largo del año se intensificó en China la represión del activismo en favor de derechos. Varias personas vinculadas a una difusa red de activistas llamada Movimiento Nuevos Ciudadanos fueron condenadas a entre dos y seis años y medio de prisión. En marzo, la defensora de los derechos humanos Cao Shunli murió en el hospital, tras habérsele negado tratamiento médico adecuado durante el periodo en que permaneció detenida.
En Corea del Norte no parecía haber organizaciones de la sociedad civil, periódicos ni partidos políticos independientes. La población norcoreana estaba expuesta a registros de las autoridades, y a castigos por leer, ver u oír medios de comunicación extranjeros.
El ejército y las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para reprimir aún más la disidencia. En Camboya, las fuerzas de seguridad respondieron con uso excesivo de la fuerza a protestas pacíficas, disparando incluso a los manifestantes con munición
real, a consecuencia de lo cual en enero murieron varios trabajadores en huelga del sector textil. Se encarceló a activistas en favor del derecho a la vivienda por haber protestado pacíficamente. En Tailandia, tras el golpe de Estado de mayo y la imposición de la ley marcial, muchas personas fueron detenidas de forma arbitraria, las reuniones políticas de más de cinco personas quedaron prohibidas y se juzgó a civiles ante tribunales militares sin derecho de apelación. También se utilizaron las leyes para restringir la libertad de expresión.
En Malaisia, las autoridades empezaron a utilizar leyes contra la sedición que databan de la época colonial para investigar, acusar y encarcelar a defensores de los derechos humanos, políticos de la oposición, periodistas, profesores universitarios y estudiantes. Se impusieron amplias restricciones a los medios de comunicación y a las editoriales en virtud de una ley que exigía a las publicaciones impresas obtener una licencia, que el ministro del Interior podía revocar arbitrariamente. Los medios de comunicación independientes tuvieron dificultades para obtener dichas licencias. In Indonesia siguieron documentándose casos de arresto y detención de activistas políticos pacíficos, sobre todo en zonas con tradición de movimientos independentistas, como Papúa y Molucas. En Myanmar, la libertad de expresión y de reunión pacífica siguió sometida a duras restricciones, y decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y agricultores fueron detenidos o encarcelados exclusivamente por haber ejercido
pacíficamente sus derechos.
Los defensores de los derechos humanos sufrieron constantemente graves presiones de los gobiernos. En Sri Lanka, el Ministerio de Defensa publicó una circular dirigida a todas las ONG, en la que las conminaba a dejar de celebrar actos con los medios de comunicación y a no difundir comunicados de prensa. Esto agravó el ya generalizado clima de temor y represión, en el que los
periodistas y los defensores de los derechos humanos siguieron siendo víctimas de agresiones físicas, amenazas de muerte y presentación de cargos por motivos políticos.
Los sindicatos se vieron también sometidos a restricciones cada vez mayores. En la República de Corea (Corea del Sur), el líder sindicalista Kim Jung-woo fue condenado a prisión por haber tratado de impedir a unos funcionarios municipales desmantelar tiendas de campaña y un altar conmemorativo en el lugar donde se celebraba una protesta. Corría el riesgo de que el Tribunal Superior endureciera su condena, a consecuencia de un recurso de apelación de la fiscalía. Asimismo, las autoridades intentaron eliminar del registro de asociaciones a algunos de los principales sindicatos, contra los que se presentaron demandas.
Los ataques contra periodistas por motivos políticos eran una tendencia preocupante. En Pakistán, al menos ocho periodistas fueron asesinados a consecuencia de su trabajo, con lo que el país se convirtió en uno de los más peligrosos del mundo para los profesionales de los medios de comunicación. En Afganistán aumentó el número de periodistas asesinados, y los que cubrieron las elecciones corrieron especial peligro. En Maldivas, varios periodistas fueron atacados por agentes no estatales, que quedaron impunes.
También hubo señales de restricción del espacio de los medios de comunicación. En Sri Lanka continuó la intimidación, y se llegó a cerrar incluso el periódico Uthayan. En Bangladesh, detuvieron, juzgaron y encarcelaron a blogueros y a defensores de los derechos humanos, mientras que en Pakistán se suspendieron canales de televisión. En China, la censura estatal intentó prohibir fotos y bloquear comentarios positivos en Internet sobre las protestas en favor de la democracia, y sólo dejó emitir y publicar a las televisiones y los periódicos noticias aprobadas por el gobierno.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Los gobiernos de varios países siguieron infligiendo torturas y otros malos tratos.
En Filipinas, rara vez se investigaba y castigaba la tortura policial. Pese a la ratificación de dos de los principales tratados internacionales contra la tortura, los agentes siguieron infligiendo palizas y utilizando otros métodos, como descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento, fundamentalmente con fines de extorsión y para extraer confesiones. En diciembre, Amnistía Internacional describió en su informe Above the Law: Police Torture in the Philippines cómo una generalizada cultura de impunidad estaba permitiendo actuar a la policía sin ningún tipo de control.
China consolidó su posición como uno de los principales fabricantes y exportadores de una variedad cada vez mayor de artículos para agentes encargados de hacer cumplir la ley, entre los que figuraban algunos que no tenían ninguna función policial legítima –como porras eléctricas aturdidoras y grilletes con pesos– y otros que podían utilizarse legítimamente para hacer cumplir la ley, pero que se prestaban fácilmente a abusos, como gas lacrimógeno. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en China. En marzo, cuatro abogados que investigaban denuncias de tortura en un Centro de Formación en Educación Jurídica de Jiansanjiang (provincia de Heilongjiang) fueron arbitrariamente detenidos y torturados. Uno de ellos aseguró que unos policías lo habían encapuchado y colgado de las muñecas con las manos esposadas a la espalda mientras lo golpeaban.
En Corea del Norte, cientos de miles de personas seguían recluidas en campos penitenciarios para presos políticos o en otros centros de detención, donde eran sometidas a violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y tortura y otros malos tratos.
Los mecanismos de rendición de cuentas seguían sin ser los adecuados para abordar denuncias de tortura, y a
menudo no permitían a las víctimas y a sus familias acceder a la justicia y a otros recursos efectivos. En Afganistán siguieron denunciándose violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal de la Dirección Nacional de Seguridad, incluidas torturas y desapariciones forzadas. En Sri Lanka, la tortura y otros malos tratos a los detenidos continuaron siendo prácticas generalizadas.
En India, la detención preventiva prolongada y la masificación de las prisiones seguían siendo motivos de grave preocupación. A este problema contribuían las detenciones indiscriminadas, la lentitud de las investigaciones y los juicios y la ausencia de un sistema sólido de representación letrada gratuita y de salvaguardias
adecuadas. El Tribunal Supremo ordenó a los jueces de distrito que identificaran y dejaran en libertad de inmediato a todos los detenidos en prisión preventiva que hubieran cumplido ya en la cárcel más de la mitad de la condena que se les habría impuesto de haber sido juzgados y condenados.
En Japón, el sistema daiyo kangoku, que permitía a la policía detener sin cargos a personas sospechosas hasta 23 días, siguió facilitando la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones durante los interrogatorios. No se tomaron medidas para abolir este sistema ni para reformarlo en consonancia con las normas internacionales. También se tuvo noticia de torturas y malos tratos a presos bajo custodia militar y policial en Tailandia.
CONFLICTO ARMADO
En Afganistán, tras 13 años, la misión de la OTAN llegó a su fin, aunque se acordó mantener sobre el terreno fuerzas internacionales. Continuaron en grado considerable los abusos perpetrados por grupos armados, cuyos ataques se intensificaron como nunca durante la primera mitad de 2014. Asimismo, en Pakistán continuó el conflicto armado en las Zonas Tribales bajo Administración Federal y, en
junio, el ejército lanzó una operación a gran escala en Waziristán Septentrional. También se reanudaron los ataques de drones (aviones no tripulados) estadounidenses. El atentado más mortífero de la historia del país ocurrió en diciembre, cuando varios extremistas de los talibanes paquistaníes atacaron la Escuela Pública del Ejército de Peshawar con armas de fuego –que dispararon contra los escolares y los profesores– y explosivos, a consecuencia de lo cual murieron 149 personas, entre ellas 134 niños.
En Myanmar, el conflicto armado de los estados de Kachin y Shan-Norte entró en su cuarto año, y ambas partes denunciaron que se estaban cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, y tortura y otros malos tratos, como violaciones y otros delitos de violencia sexual. En Tailandia continuó la violencia armada en las tres provincias del extremo sur (Pattani, Yala y Narathiwat) y en zonas de la provincia de Songkhla. Las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en homicidios ilegítimos y en actos de tortura y otros malos tratos, mientras que los grupos armados fueron presuntamente responsables a lo largo del año de ataques contra la población civil, incluidos atentados con bomba en lugares públicos.
IMPUNIDAD
Un punto en común era la impunidad de las violaciones de derechos humanos, tanto pasadas como actuales, incluidas las cometidas en el contexto de conflictos armados. En India, a menudo las autoridades estatales no impidieron delitos contra ciudadanos indios, y en ocasiones ellas mismas los cometieron. Con frecuencia, las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales quedaban impunes. El sobrecargado sistema de justicia penal contribuyó a que se negara justicia a las personas que habían sufrido abusos, y a que se violara el derecho a
un juicio justo. La violencia de los grupos armados puso en peligro a la población civil.
Hubo algunas condenas y detenciones por delitos cometidos en el pasado. Las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (tribunal que juzgaba a los Jemeres Rojos) declararon culpables de crímenes de lesa humanidad a Nuon Chea, segundo en la cadena de mando durante el régimen del Jemer Rojo, y a Khieu Samphan, ex jefe del Estado, y los condenaron a cadena perpetua. En Filipinas, el general retirado Jovito Palparan fue detenido en agosto. Se enfrentaba a cargos de secuestro y detención ilegal de unas estudiantes universitarias.
En Indonesia, las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados en el pasado siguieron pidiendo justicia, verdad y reparación por delitos de derecho internacional cometidos durante el gobierno del ex presidente Suharto (1965-1998) y durante el posterior periodo de reformas (reformasi). No se tenía constancia de avances con respecto a numerosos casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había remitido a la Fiscalía General, tras haberlos sometido a una investigación preliminar projusticia.
En Sri Lanka, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emprendió una investigación internacional sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil. Autoridades y simpatizantes del gobierno amenazaron a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que no se pusieran en contacto con los investigadores ni contribuyeran a la investigación. En Nepal, el Parlamento aprobó en abril la Ley sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por la que se creaban dos comisiones –la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas– con facultades para recomendar amnistías incluso en casos de violaciones graves de derechos humanos. Todo ello pese a que el Tribunal Supremo
había fallado en enero que una ordenanza similar de 2013 sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que concedía también a ésta facultades para recomendar amnistías, contravenía el derecho
internacional de los derechos humanos y el espíritu de la Constitución provisional de 2007.