El 15 de mayo se aprobó una ley que establecía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El texto de la ley no estipulaba con claridad la formación de un tribunal especial para enjuiciar a las personas responsables de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Comisión empezó oficialmente su andadura el 10 de diciembre, fecha en que 11 comisarios juraron su cargo.
1. Burundi: Locked down. A shrinking of political space (AFR 16/002/2014)
www.amnesty.org/en/library/info/AFR16/002/2014/en 2. Pierre Claver Mbonimpa is a prisoner of conscience (AFR
16/003/2014)
CAMBOYA
Reino de Camboya
Jefe del Estado: rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno: Hun Sen
Se deterioró el respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión al prohibirse durante siete meses las reuniones públicas. Las autoridades emplearon fuerza excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente, causando muertos y heridos. Las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al activismo político fueron víctimas de amenazas, hostigamiento, acciones judiciales y en ocasiones violencia. Persistió la impunidad de quienes cometían abusos contra los derechos humanos, y los homicidios y las palizas no se investigaron de forma exhaustiva, imparcial e independiente. Las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya dictaron dos nuevas sentencias condenatorias por crímenes de lesa humanidad durante el régimen del Jemer Rojo, con penas de cadena perpetua; un segundo juicio contra los mismos acusados continuaba en curso. Miles de personas afectadas por las apropiaciones de tierras por parte de empresas privadas para urbanizaciones o para la industria agroalimentaria sufrieron desalojos forzosos y perdieron su tierra, su vivienda y su sustento.
INFORMACIÓN GENERAL
En julio, el opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya puso fin a un año de boicot contra la Asamblea Nacional tras haber alcanzado un acuerdo sobre la reforma electoral con el primer ministro Hun Sen y su Partido del Pueblo Camboyano, en el gobierno. La oposición, que en las elecciones de julio de 2013 ganó 55 de los 123 escaños, había denunciado un presunto
fraude electoral que favorecía al Partido del Pueblo Camboyano.
En julio se promulgaron dos nuevas leyes – la Ley sobre la Organización de los Tribunales y la Ley sobre la Condición Jurídica de Jueces y Fiscales–, así como la reforma de la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo Supremo de la Magistratura. Estas leyes otorgaban al Ministerio de Justicia y al Consejo Supremo de la Magistratura excesivo poder sobre jueces y fiscales, en contravención de las normas internacionales.
En septiembre, Camboya firmó un controvertido memorando de entendimiento con Australia por el que se comprometía a acoger a un número indeterminado de refugiados reconocidos, procedentes de la isla de Nauru, en el Pacífico. Por su parte, Australia se comprometía a cubrir los costes de reasentamiento y los servicios necesarios para los refugiados en Camboya durante un año, y a facilitar ayuda adicional por valor de 40 millones de dólares estadounidenses durante un periodo de cuatro años. Esta medida recibió críticas generalizadas de las organizaciones de derechos humanos y de refugiados, incluido el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza excesiva a reuniones pacíficas, a consecuencia de lo cual hubo muertos y heridos. El 2 de enero, 10 hombres, entre ellos 4 defensores de los derechos humanos, fueron golpeados con palos y barras de metal y detenidos durante una violenta operación del ejército en respuesta a las protestas, en su mayoría pacíficas, de los trabajadores en huelga de una fábrica de prendas de vestir.
Al día siguiente, en el distrito de Pur Senchey de la capital, Phnom Penh, 4 hombres murieron abatidos a disparos y 21 resultaron heridos en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad, que dispararon munición real, y trabajadores en huelga del sector textil y otras personas. Aunque algunos manifestantes lanzaron
piedras, no se vio amenazada la vida de los agentes de seguridad ni de otras personas, por lo que parecía innecesario el uso de munición real que, en consecuencia, constituyó una violación de las normas internacionales. Decenas de personas fueron hospitalizadas, muchas de ellas con heridas de bala. Entre los heridos había adolescentes, como Khem Saphath, de 16 años, herido de bala la última vez que fue visto, y presuntamente muerto.1
A lo largo de todo el año se desplegó por Phnom Penh a guardias de seguridad de distrito y hombres vestidos de civil para disolver protestas pacíficas armados de palos, porras de madera, barras de metal, instrumentos de descarga eléctrica y hondas. Los observadores de derechos humanos y los periodistas se encontraban entre los blancos de los ataques y palizas.
Tras haberse sometido al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se evaluó el historial de derechos humanos del gobierno camboyano, Camboya rechazó en junio las recomendaciones de los Estados participantes referentes a investigar el uso de fuerza excesiva contra manifestantes y los homicidios durante las manifestaciones y poner fin a la impunidad de dichos abusos. Nadie rindió cuentas por las muertes y lesiones que se produjeron.2
LIBERTAD DE REUNIÓN
El 5 de enero, tras tres días de represión de las protestas en los que se registraron al menos 4 muertes y 23 detenciones, el Ministerio del Interior comunicó que debían “suspenderse provisionalmente” las manifestaciones. Se denegaron reiteradamente las solicitudes oficiales de autorización de personas y grupos para celebrar concentraciones en Phnom Penh. En abril, vallaron con alambre de espino el llamado Parque de la Libertad de Phnom Pen, zona designada para concentraciones pacíficas en virtud de la Ley de
Manifestaciones Pacíficas. Quienes trataron
de celebrar concentraciones a pesar de la prohibición fueron violentamente dispersados por las fuerzas de seguridad. Tras un acuerdo político entre el gobierno y el partido de la oposición se relajaron las restricciones a la libertad de reunión pacífica y se volvió a abrir el Parque de la Libertad en agosto.
Además de los 10 hombres detenidos el 2 de enero, otros 13 trabajadores fueron detenidos el 3 de enero durante los mortales enfrentamientos que tuvieron lugar en el distrito de Pur Senchey, en Phnom Penh. Algunos de estos 23 detenidos fueron duramente golpeados por las fuerzas de seguridad, y no tuvieron acceso a atención médica. Todos ellos fueron acusados de actos deliberados de violencia y de otros delitos, y recluidos. En mayo fueron declarados culpables en juicios que los observadores locales consideraron injustos y se les impusieron condenas condicionales, por lo que todos quedaron en libertad.
En julio, en un enfrentamiento violento entre simpatizantes del opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya y guardias de seguridad de distrito, que estalló tras haberse intentado organizar una concentración pacífica en el Parque de la Libertad, ocho funcionarios del citado partido fueron detenidos y acusados de liderar una “insurrección”. Quedaron en libertad una semana más tarde, al llegarse al acuerdo político. Sin embargo, el 25 de diciembre se convocó a juicio por “insurrección” a 10 activistas juveniles y a un funcionario del partido, cinco de los cuales estaban en prisión preventiva. El juicio se aplazó hasta enero de 2015. En septiembre se emprendieron acciones legales contra seis líderes sindicales por “incitación”. Aunque no fueron detenidos, el tribunal emitió órdenes de vigilancia, lo que les impedía participar en protestas y organizarlas.
En noviembre, siete defensoras del derecho a la vivienda de la comunidad de Boeung Kak fueron condenadas a un año de cárcel tras un juicio sumario por participar en una protesta pacífica en la calle. Otras tres
mujeres y un monje budista también fueron encarcelados por pedir su libertad a las puertas del tribunal.3
En el resto del país, las autoridades locales también impidieron reuniones y foros. En marzo y junio, la Red Juvenil Camboyana intentó celebrar en la provincia de Kampong Thom sesiones de formación sobre
cuestiones de derechos humanos, incluida la tala ilegal, pero la policía armada impidió su desarrollo. En junio se prohibió también un foro público previsto sobre la tala ilegal en la provincia de Preah Vihear.