Al finalizar el año, seguía pendiente de sentencia el juicio iniciado en noviembre de 2013, ante un tribunal militar, de cinco marinos. Los cinco habían sido acusados a raíz de las denuncias de maltrato a solicitantes de asilo cubanos en el Centro de Detención de Carmichael Road en mayo de 2013.
El 1 de noviembre entró en vigor una nueva política sobre inmigración que dio lugar a la decenas de detenciones arbitrarias de migrantes, dirigidas de manera desproporcionada contra las comunidades haitianas y bahameñas-haitianas, con el consiguiente riesgo de expulsión sin el proceso debido.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO
E INTERSEXUALES
En febrero, el ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración abogó públicamente por una mayor tolerancia en el seno de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) hacia las personas LGBTI. En agosto se canceló la primera marcha del Orgullo que iba a celebrarse en Bahamas,
debido a las amenazas y a la intimidación contra las personas que la organizaban.
DERECHOS DE LAS MUJERES
A pesar de las promesas de tipificar como delito la violación marital, realizadas durante el examen periódico universal de la ONU (EPU) al que se sometió Bahamas en 2013, al concluir el año no se había aprobado ninguna legislación.
BAHRÉIN
Reino de Bahréin
Jefe del Estado: rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
El gobierno continuó acallando y castigando la disidencia, y restringiendo las libertades de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y mataron al menos a dos personas. Continuaban en prisión activistas de la oposición condenados en juicios injustos en años anteriores, entre ellos presos de conciencia. Se seguía torturando a personas detenidas y reinaba un clima de impunidad. Se retiró la nacionalidad a 21 bahreiníes declarados culpables de terrorismo. Los tribunales condenaron a muerte a cinco personas; no se llevaron a cabo ejecuciones.
INFORMACIÓN GENERAL
La tensión entre el gobierno,
mayoritariamente suní, y los principales grupos políticos de oposición continuó siendo elevada durante todo el año, tras suspenderse en enero la iniciativa de Diálogo Nacional. Hubo nuevas protestas de activistas de la mayoría chií en demanda de reformas políticas. Algunas fueron violentas, y, a menudo, las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza excesiva, utilizando
incluso escopetas. En marzo, la explosión de una bomba en el pueblo de Al Daih mató a tres agentes de policía. En diciembre, sendos atentados con explosivos perpetrados en los pueblos de Karzakan y Demistan mataron a un agente de policía y a otra persona. El gobierno prohibió el movimiento juvenil "Coalición 14 de febrero" y otras dos organizaciones tras declararlos grupos terroristas.
El 22 de noviembre se celebraron las primeras elecciones parlamentarias convocadas en Bahréin desde que estallaron los disturbios en 2011, pero fueron boicoteadas por los principales grupos de la oposición, dirigidos por la Sociedad Islámica Nacional Al Wefaq, la mayor asociación política chií.
En diciembre se aprobaron reformas de la legislación antiterrorista que ampliaron los poderes de la policía, permitiéndole mantener recluidas en régimen de incomunicación hasta 28 días las personas detenidas por presuntos delitos de terrorismo.
Entre febrero y mayo visitaron Bahréin representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que evaluaron las necesidades de formación en derechos humanos. En septiembre, el gobierno presentó una revisión de mitad de periodo sobre sus avances en la aplicación de las recomendaciones que había aceptado tras someterse Bahréin al examen periódico universal de la ONU en 2012.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades siguieron reprimiendo la disidencia. En febrero, poco antes del tercer aniversario del estallido de las protestas populares de 2011, el gobierno aumentó la pena impuesta por insultar públicamente al rey de Bahréin, su bandera o su emblema a entre uno y siete años de prisión y una multa cuantiosa.
Saeed Mothaher Habib al Samahiji, oftalmólogo, fue detenido el 1 de julio para cumplir la pena de un año de prisión que se le había impuesto en diciembre de 2013 por
“insultar al rey públicamente” en un discurso pronunciado en el funeral de un manifestante que había sido atropellado por un vehículo policial. Al concluir el año, se hallaba recluido en la prisión de Al Yaw, al sur de Manama, la capital bahreiní.
Entre los presos de conciencia que se hallaban recluidos en la prisión de Al Yaw había también líderes de la oposición y activistas de derechos humanos condenados en juicios injustos en años anteriores. El defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab fue puesto en libertad en mayo tras cumplir una pena de dos años por concentración ilegal, pero volvió a ser detenido en octubre, acusado de insultar a las instituciones públicas. En noviembre fue puesto en libertad bajo fianza y con la prohibición de viajar, en espera de la resolución del tribunal en enero de 2015. La activista Zainab Al Khawaja fue detenida en octubre y condenada en noviembre y diciembre a un total de cuatro años y cuatro meses de prisión, entre ellos tres años por el cargo de insultar al rey. La activista de los derechos de las mujeres Ghada Jamsheer, detenida en septiembre, se enfrentaba a juicio por cargos como agredir a un agente de policía. Quedó en libertad bajo fianza en diciembre.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Las concentraciones públicas en Manama seguían prohibidas indefinidamente en virtud de unos decretos dictados por el gobierno en 2013. No obstante, se celebraron protestas esporádicas en otros lugares. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas por participar en ellas, y algunas fueron condenadas a prisión.
Ahmad Mshaima fue juzgado en mayo, cinco meses después de su detención, acusado de “reunión ilegal con intención de delinquir y alterar la seguridad pública”. Denunció haber sido torturado por agentes de las fuerzas de seguridad durante los días posteriores a su detención, pero las autoridades no lo investigaron. En
junio quedó en libertad bajo fianza, pero fue detenido de nuevo en noviembre y condenado en diciembre a un año de prisión por el cargo de insultar al rey.
En diciembre, el defensor de los derechos humanos Mohammad al Maskati y otros 10 acusados fueron condenados a seis meses de prisión por cargos de “concentración ilegal”.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
El gobierno restringió la libertad de asociación utilizando nuevos poderes que facultaban al ministro de Justicia a suspender o disolver asociaciones políticas por motivos imprecisos. El ministró entabló demandas de suspensión contra dos de los principales grupos políticos de oposición, Waad y Al Wefaq, por presuntas irregularidades en sus actividades, pero en noviembre retiró la demanda contra Al Waad. En octubre, un tribunal ordenó la suspensión de Al Wefaq durante tres meses. La actuación judicial comenzó poco después de que la fiscalía presentara cargos contra el líder del grupo, Sheikh Ali Salman, y contra su adjunto por “reunirse con autoridades extranjeras sin notificarlo” al gobierno, tras el encuentro que habían mantenido con Tom Malinowski, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo durante su visita a Bahréin. A finales de diciembre, las autoridades detuvieron a Sheikh Ali Salman por cargos como incitación a provocar el cambio de sistema político por la fuerza, con amenazas y por otros medios ilegales.