La libertad de expresión estaba gravemente restringida. Los medios de comunicación, sujetos en gran medida al control del Estado, se utilizaban para difamar a opositores políticos. Se hostigó a m edios de comunicación independientes. Periodistas, blogueros y ciberactivistas fueron objeto de actuaciones administrativas y penales. Los centros de distribución gestionados por el Estado se negaban a difundir periódicos independientes y la actividad en Internet seguía estando muy vigilada y controlada.
En abril, las autoridades empezaron a utilizar el artículo 22.9 del Código Administrativo (“creación y difusión ilegal de productos para medios de comunicación de masas”) para procesar a periodistas autónomos que escribían para medios de comunicación radicados fuera de Bielorrusia, alegando que debían estar formalmente acreditados como periodistas extranjeros ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El 25 de septiembre, un tribunal de Babruisk impuso a Maryna Malchanava una multa de 4.800.000 rublos (450 dólares estadounidenses) después de la emisión de una entrevista que ella había grabado localmente a través de Belsat, canal de televisión por satélite radicado en Polonia. Se impusieron multas parecidas al menos a otros tres periodistas bielorrusos en aplicación del artículo 22.9, y varios más recibieron advertencias de la policía o fueron objeto de actuaciones administrativas.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Seguía sin modificarse la Ley de Actos Multitudinarios, que en la práctica prohibía las protestas en la calle, incluso las de un solo individuo, a pesar de los continuos llamamientos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU para que Bielorrusia revisara su restrictiva legislación sobre reuniones públicas y despenalizara la organización de actos públicos sin permiso oficial. Se detuvo reiteradamente a manifestantes pacíficos que fueron condenados a breves periodos de privación de libertad.
En abril tuvo lugar la concentración anual para conmemorar el aniversario de la catástrofe de Chernóbil. Según representantes de la sociedad civil, 16 participantes fueron detenidos arbitrariamente en relación con el acto. Uno de ellos fue Yury Rubtsou, activista de Homel, a quien detuvieron por vestir una camiseta con la consigna “¡Lukashenko, vete!” y acusaron de “no acatar órdenes policiales” y “decir palabras malsonantes”. Fue condenado a 25 días de detención administrativa en un juicio en el que compareció con el torso desnudo porque la policía le había confiscado la camiseta. En agosto se abrió un proceso penal contra él, supuestamente por insultar al juez en su anterior comparecencia ante el tribunal, y en octubre, en una vista a puerta cerrada, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en régimen abierto; posteriormente se le redujo la pena en un año en aplicación
de una ley de amnistía. Al terminar el año, su recurso de apelación estaba pendiente.
En octubre, Andrei Kasheuski, repartidor de periódicos y activista local, fue condenado a 15 días de detención administrativa por cargos que incluían celebrar un “acto multitudinario no autorizado” y llevar una camiseta con la consigna “Libertad para los presos políticos” y una lista de nombres en la parte de atrás.
PRESOS DE CONCIENCIA
En el periodo previo al Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo, celebrado del 9 al 25 de mayo, 16 activistas de la sociedad civil fueron detenidos y condenados a cumplir entre 5 y 25 días de detención administrativa. Ocho de ellos fueron detenidos arbitrariamente cuando participaban en una marcha pacífica para recordar la catástrofe de Chernóbil, o inmediatamente después, y acusados de “vandalismo leve” y “desobedecer órdenes policiales”. Los otros ocho, todos conocidos por su activismo político, fueron detenidos en vísperas de la marcha por cargos parecidos. Entre ellos estaba el ex preso de conciencia Zmitser Dashkevich, quien había terminado de cumplir tres años de cárcel en agosto de 2013. Detenido el 24 de abril en el exterior de su casa, Dashkevich fue condenado a 25 días de detención administrativa por “desobedecer órdenes policiales” y “violar las restricciones impuestas tras su excarcelación”. Su detención se prolongó prácticamente todo el tiempo que duró el campeonato.
Mikalai Statkevich, preso de conciencia de larga duración y ex candidato presidencial, estaba en espera de su traslado a una colonia penitenciaria, previsto para enero de 2015, donde completaría la pena de seis años de prisión que se le había impuesto por participar en las manifestaciones postelectorales. Condenado en 2011, fue trasladado a un régimen penitenciario estricto en enero de 2012.
Eduard Lobau, activista y miembro del Frente Maladi (Frente Juvenil), fue
excarcelado en diciembre tras haber cumplido cuatro años de cárcel por presuntos ataques aleatorios contra transeúntes.
Ales Bialiatski, presidente del Centro de Derechos Humanos Viasna de Bielorrusia y vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, quedó en libertad el 21 de junio en aplicación de una amnistía penitenciaria. Llevaba cumplidos casi tres de los cuatro años y medio de su condena por evasión de impuestos.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Las autoridades continuaron restringiendo arbitrariamente el derecho a la libertad de asociación.
El artículo 193-1 del Código Penal, que penaliza las actividades de organizaciones no inscritas en el registro, se siguió utilizando para obstaculizar la actividad legítima de las organizaciones de la sociedad civil en Bielorrusia.
En febrero, el Tribunal del Distrito Central de Minsk desestimó la denuncia del bloqueo del sitio web del Centro de Derechos Humanos Viasna, presentada por el vicepresidente de esta ONG, Valyantsin Stefanovich, sin derecho a recurrir la decisión. Las solicitudes de inscripción en el registro presentadas por la ONG habían sido rechazadas repetidamente, y la Fiscalía General había restringido el acceso a su sitio web en 2011, en aplicación del artículo 193.1.
En noviembre, las autoridades anularon el permiso de residencia de la defensora de los derechos humanos y ciudadana rusa Elena Tonkacheva, a la que dieron un mes para abandonar el país. Al final del año, su recurso de apelación estaba pendiente. Elena Tonkacheva, cuyo permiso de residencia expiraba en 2017, dirigía la organización de derechos humanos Centro de Transformación Jurídica y llevaba 30 años viviendo en Bielorrusia. Las autoridades explicaron que la decisión estaba relacionada con una infracción de tráfico que Tonkacheva había cometido al rebasar el límite de velocidad. La
impresión general era que se había actuado contra ella por su legítima labor en materia de derechos humanos.
BOLIVIA
Estado plurinacional de Bolivia
Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma
Continuó negándose la justicia, la verdad y una reparación plena a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares del pasado. Siguió sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y a un consentimiento libre, previo e informado. Tampoco se garantizó el acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos.
INFORMACIÓN GENERAL
En octubre, el presidente Evo Morales fue reelegido para un tercer mandato. Más del 50 por ciento de las candidaturas al parlamento eran de mujeres. Este hecho obedecía a que por primera vez se aplicaba la cláusula de igualdad de género de la Ley de Régimen Electoral de 2010.
En octubre, Bolivia aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas en el proceso del examen periódico universal de la ONU, entre ellas las relativas a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y garantizar su reparación plena y efectiva, revisar la legislación que penalizaba el aborto y mejorar las condiciones de las prisiones. El Comité de Derechos Humanos de la ONU1 y el Comité de la ONU contra la Tortura ya habían manifestado su preocupación sobre estos mismos temas en octubre y mayo de 2013, respectivamente.