ÁFRICA
A medida que 2014 se aproximaba a su fin, el mundo reflexionó sobre un año que había sido catastrófico para millones de personas de todo Oriente Medio y el Norte de África, un año de conflictos armados incesantes y terribles abusos contra los derechos humanos en Siria e Irak, en el que la población civil de Gaza se llevó la peor parte de la serie de combates más mortífera que Israel y Hamás habían librado hasta entonces y en el que Libia se fue pareciendo cada vez más a un Estado fallido, atrapado en una incipiente guerra civil. También Yemen continuó siendo una sociedad profundamente dividida, cuyas autoridades centrales se enfrentaban a la insurgencia chií en el norte, a un activo movimiento secesionista en el sur y a la continuación de la insurgencia en el suroeste.
Haciendo repaso del año, parecían un recuerdo lejano las embriagadoras esperanzas de cambio que impulsaron los levantamientos populares que habían sacudido el mundo árabe en 2011 y derrocado a los gobernantes que, durante tanto tiempo, habían ocupado el poder en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. La excepción fue Túnez, donde en noviembre se celebraron nuevas elecciones al Parlamento sin percances y donde las autoridades tomaron al menos algunas medidas para perseguir a los responsables del legado de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Egipto, por el contrario, ofrecía muchos menos motivos para el optimismo. Allí, el general que había liderado en 2013 el derrocamiento del primer presidente posterior al levantamiento asumió la presidencia tras ganar unas elecciones y mantuvo una oleada de represión dirigida no sólo contra
la Hermandad Musulmana y sus aliados, sino también contra activistas políticos de casi todo el espectro político, trabajadores de los medios de comunicación y activistas de derechos humanos, y que se saldó con la imposición de miles de penas de cárcel y cientos de condenas a muerte. En el Golfo, las autoridades de Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos fueron implacables en sus empeños por acallar la disidencia y erradicar cualquier señal de oposición a quienes ejercían el poder, convencidas de la escasa probabilidad de que sus principales aliados en las democracias occidentales pusieran objeciones.
También en 2014, el mundo fue testigo de la barbarie inhumana de los grupos armados que combatían en los conflictos de Siria e Irak, especialmente del autodenominado Estado Islámico (anteriormente Estado Islámico de Irak y el Levante). En Siria, combatientes del Estado Islámico y de otros grupos armados controlaban amplias zonas del país, incluida gran parte de la gobernación de Alepo, la ciudad más grande del país, e imponían “penas” como ejecuciones, amputaciones y flagelaciones públicas por actos que consideraban transgresiones de su versión de la ley islámica. El Estado Islámico también cobró predominio en los núcleos suníes de Irak, donde desplegó un imperio del terror, ejecutando sumariamente a cientos de soldados gubernamentales capturados, miembros de minorías, musulmanes chiíes y otras personas, entre ellas miembros de tribus suníes que se oponían a él. El grupo armado también persiguió a las minorías étnicas y religiosas, expulsando a los cristianos y forzando a miles de yazidíes y miembros de otros grupos minoritarios a abandonar sus hogares y sus tierras. Las fuerzas del Estado Islámico mataron a tiros a hombres y niños yazidíes en actos perpetrados a modo de ejecución, y secuestraron y sometieron a esclavitud a cientos de mujeres y niñas de esta minoría, forzando a muchas a “casarse” con sus combatientes, entre los que había
miles de voluntarios extranjeros procedentes de Europa, Norteamérica, Australia, el norte de África, el Golfo y otros lugares.
A diferencia de muchos grupos que perpetraban homicidios ilegítimos pero intentaban mantenerlos en secreto, el Estado Islámico aireaba sus brutales acciones sin reservas. Se aseguraba de tener a mano a sus propios cámaras para filmar algunos de sus actos más atroces, incluida la decapitación de periodistas, cooperantes y soldados libaneses e iraquíes capturados. Luego divulgaba la carnicería en vídeos desagradablemente macabros, pero de cuidada realización, que subía a Internet para hacer propaganda, negociar intercambios de rehenes y reclutar a combatientes.
El rápido avance militar del Estado Islámico en Siria e Irak, combinado con sus ejecuciones sumarias de rehenes occidentales y otras personas, llevó a Estados Unidos a crear en septiembre una alianza contra él, que llegó a contar con más de 60 Estados, entre ellos Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, y que lanzó entonces ataques aéreos contra sus posiciones y las de otros grupos armados no estatales, causando muertos y heridos entre la población civil. Asimismo, las fuerzas de Estados Unidos continuaron efectuando ataques con drones y otras armas contra colaboradores de Al Qaeda en Yemen, a medida que la lucha entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados no estatales adquiría un carácter cada vez más supranacional. Entre tanto, Rusia siguió protegiendo en la ONU al gobierno sirio, al tiempo que le transfería armas y municiones para alimentar sus iniciativas bélicas sin tener en cuenta los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos que cometía.
Los abusos cometidos por el Estado Islámico, junto con la publicidad y la sensación de crisis política que suscitaban, amenazaron durante un tiempo con minimizar la brutalidad a gran escala de las fuerzas gubernamentales sirias, que seguían
combatiendo para mantener las zonas que controlaban y recuperar las tomadas por los grupos armados aparentemente sin tener en absoluto en cuenta las vidas civiles y ni las obligaciones que debían cumplir en virtud del derecho internacional humanitario. Las fuerzas gubernamentales realizaron ataques indiscriminados contra zonas que ofrecían refugio a civiles, utilizando diversas armas pesadas, como bombas de barril, tanques y artillería; mantuvieron asedios indefinidos que negaron a la población civil el acceso a alimentos, agua y suministros médicos, y atacaron hospitales y a trabajadores de la salud. También continuaron manteniendo recluidos a gran número de detractores y presuntos opositores, a muchos de los cuales sometían a tortura y a condiciones atroces, y cometieron homicidios ilegítimos. En Irak, el gobierno respondió al avance del Estado Islámico reforzando las fuerzas de seguridad con milicias chiíes progubernamentales y dándoles rienda suelta para atacar a comunidades sunníes consideradas antigubernamentales o afines al Estado Islámico, mientras efectuaba ataques aéreos indiscriminados contra Mosul y otros centros controlados por las fuerzas del grupo armado.
Como en la mayoría de los conflictos de nuestro tiempo, la población civil volvió a pagar el precio más alto de los combates, puesto que las partes enfrentadas hicieron caso omiso de su obligación de protegerla. Durante los 50 días de conflicto, en Gaza, entre Israel y Hamás y los grupos armados palestinos, la magnitud de la destrucción y los daños de viviendas e infraestructura y el número de muertos y heridos causados en la población civil palestina fueron enormes. Las fuerzas israelíes realizaron ataques contra viviendas habitadas, matando en algunos casos a familias enteras, así como contra instalaciones médicas y escuelas. Destruyeron deliberadamente viviendas e infraestructuras civiles. En Gaza, más de 2.000 palestinos fueron víctimas de homicidio, entre ellos unos 1.500 identificados como civiles y de los que
más de 500 eran niños y niñas. Hamás y los grupos armados palestinos dispararon indiscriminadamente miles de cohetes y proyectiles de mortero contra zonas civiles de Israel, que mataron a seis civiles, entre ellos un niño. Hombres armados de Hamás también ejecutaron sumariamente, tras sacarlos de la cárcel, al menos a 23 palestinos acusados de colaborar con Israel y que, en algunos casos, no habían sido juzgados. Durante el conflicto, ambas partes cometieron con impunidad crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos, repitiendo un patrón de años anteriores, de sobra conocido. El bloqueo israelí aéreo, marítimo y terrestre de Gaza, vigente ininterrumpidamente desde 2007, exacerbó el efecto devastador de los 50 días de conflicto, dificultó gravemente los esfuerzos de reconstrucción y constituyó un castigo colectivo –delito de derecho internacional– de sus 1,8 millones de habitantes.
Las tensiones políticas y de otro tipo reinantes en Oriente Medio y el Norte de África en 2014 alcanzaron su forma más extrema en los países asolados por conflictos armados, pero en toda la región había puntos débiles institucionales y de otras clases que contribuyeron a avivar las tensiones y a impedir su alivio rápido. Entre ellos figuraban la falta general de tolerancia de los gobiernos y de algunos grupos armados no estatales a la crítica o la disidencia; la inexistencia de órganos legislativos sólidos que pudieran actuar como freno o contrapeso de los abusos cometidos por el poder ejecutivo; la falta de independencia judicial y la subordinación de los sistemas de justicia penal a la voluntad del ejecutivo, y la falta de rendición de cuentas, incluso en lo relativo a las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional.
REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
Los gobiernos de toda la región continuaron reprimiendo la disidencia y restringiendo el derecho a la libertad de expresión en todas
sus formas, incluidas las redes sociales. Se aplicó legislación que penalizaba las declaraciones consideradas ofensivas para el jefe del Estado, el gobierno, las autoridades judiciales, e incluso los dirigentes extranjeros, para encarcelar a detractores en Bahréin –donde un tribunal impuso a una destacada activista una pena de tres años de cárcel por romper una fotografía del rey–, así como en Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos y Omán. En Irán, los detractores del gobierno eran enjuiciados por cargos como “enemistad con dios”. En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades continuaron imponiendo largas penas de prisión, en juicios injustos, a quienes propugnaban reformas, e introdujeron nueva legislación antiterrorista de tan amplio alcance, que equiparaba las protestas pacíficas con el terrorismo, punible a veces con la pena de muerte.
Emiratos Árabes Unidos y otros Estados del Golfo, entre ellos Bahréin, Kuwait y Omán, crearon o aplicaron disposiciones que permitían penalizar a detractores pacíficos retirándoles la nacionalidad y los derechos aparejados a ella, lo que podía convertirlos en apátridas. Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos aplicaron estas disposiciones a lo largo del año.
La libertad de asociación sufrió restricciones generalizadas. Muchos gobiernos no permitían los sindicatos independientes; algunos, incluidos los de Argelia y Marruecos y el Sáhara Occidental, exigían a las asociaciones independientes, entre ellas las organizaciones de derechos humanos, la formalización de un registro oficial para desarrollar sus actividades legalmente, pero les impedían registrarse u hostigaban a las que ya lo habían hecho. En Egipto, las autoridades amenazaron la existencia misma de las ONG independientes.
En 2014, muchos gobiernos restringieron enormemente el derecho de reunión pacífica, tan manifiesto durante las protestas que habían sacudido la región en 2011. Las autoridades argelinas sofocaron protestas
bloqueando el acceso a los lugares donde se celebraban y deteniendo a activistas. En Kuwait, las autoridades continuaron prohibiendo las protestas de miembros de la comunidad bidun (apátridas), a muchos de los cuales se les seguía negando la nacionalidad kuwaití. Las fuerzas de seguridad de Bahréin, Egipto y Yemen utilizaron fuerza excesiva, incluidos medios letales innecesarios, contra manifestantes, lo que causó muertos y heridos. En Cisjordania, la policía de fronteras y los soldados israelíes dispararon contra palestinos que lanzaban piedras y contra otras personas que protestaban contra los asentamientos, la valla/muro y otros aspectos de la prolongada ocupación militar israelí.
En otros lugares, hombres armados no identificados cometieron homicidios ilegítimos con impunidad, a veces de personas que defendían los derechos humanos y el Estado de derecho. En Libia, Salwa Bughaighis, abogada de derechos humanos que había sido una de las voces más destacadas del levantamiento de 2011, fue abatida a tiros por hombres armados en su domicilio, en Bengasi, poco después de mantener una entrevista en un medio de comunicación en la que había criticado a los grupos armados del país, poderosos pero al margen de toda legalidad.