Los pueblos indígenas y las comunidades
quilombola (descendientes de antiguos esclavos) continuaron haciendo frente a graves amenazas a sus derechos humanos.
En septiembre de 2013, la comunidad guaraní-kaiowá de Apika´y, en el estado de Mato Grosso do Sul, ocupó una plantación de caña de azúcar que, según afirmaba, se encontraba en sus tierras ancestrales. Un tribunal local ordenó a los indígenas que se marcharan, pero éstos se negaron acatar la orden. Al finalizar el año, continuaban en esas tierras, pero se arriesgaban a ser desalojados. En 2007, el gobierno federal había firmado un acuerdo con la fiscalía para demarcar las tierras de la comunidad hasta 2010, pero el proceso no llegó a completarse.
Al terminar el año, estaba pendiente en el Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado, transferiría la competencia de la demarcación de tierras indígenas del poder ejecutivo al poder legislativo, sobre el que los grupos de presión de la agroindustria ejercían gran influencia. La propuesta de un nuevo Código Minero también exponía a las comunidades tradicionales a que se desarrollaran actividades empresariales en sus tierras sin contar con su permiso, en contravención del derecho internacional.
Las comunidades quilombola continuaron luchando por el reconocimiento de su derecho a la tierra. El lento proceso de resolución de las demandas sobre los títulos de propiedad de las tierras generaba conflictos y ponía a las comunidades en riesgo de sufrir amenazas y violencia por parte de hombres armados y ganaderos locales. La comunidad de São José de Bruno, en el estado de Maranhão, se vio directamente amenazada en octubre de 2014, después de que un terrateniente invadiera parte de sus tierras.
Un total de 34 personas perdieron la vida a consecuencia de un conflicto de tierras en 2013, tres de ellas en el estado de Maranhão. Entre enero y octubre de 2014, cinco personas murieron por los mismos motivos en ese estado. La impunidad de esos delitos continuaba alimentando el círculo de violencia.
Los responsables del homicidio del líder
quilombola Flaviano Pinto Neto, perpetrado en octubre de 2010, no habían comparecido ante la justicia, a pesar de que una investigación policial había identificado a cuatro sospechosos.4
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO
E INTERSEXUALES
En mayo de 2013, a raíz de un fallo del Supremo Tribunal Federal de 2011, el Consejo Nacional de Justicia aprobó una resolución que autorizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. No obstante, los líderes políticos y religiosos continuaban haciendo declaraciones homofóbicas con frecuencia. Los políticos conservadores vetaron las iniciativas del gobierno federal para distribuir material educativo sobre derechos humanos en las escuelas con el fin de reducir la discriminación basada en la orientación sexual. Eran frecuentes los crímenes de odio de carácter homofóbico. Según la ONG Grupo Gay da Bahia, 312 personas murieron en 2013 como resultado
de crímenes de odio homofóbicos o transfóbicos.
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
Los grupos religiosos continuaron presionando a las autoridades para que se penalizara el aborto en todas las circunstancias; la ley brasileña permite el aborto en los casos de violación o riesgo para la vida de la mujer y cuando el feto es anencefálico. Tan restrictivos supuestos daban lugar a que muchas mujeres recurrieran a abortos clandestinos practicados en condiciones poco seguras. En septiembre de 2014, los casos de Jandira dos Santos Cruz y Elisângela Barbosa provocaron un clamor nacional. Las dos mujeres murieron en Río de Janeiro tras abortar clandestinamente en clínicas. Unos empleados de la clínica ocultaron el cadáver de Jandira dos Santos Cruz a su familia y lo incineraron.
COMERCIO DE ARMAS
Brasil firmó el Tratado sobre el Comercio de Armas el 4 de junio de 2013, el día que quedó abierto a la firma. Al concluir 2014 aún no lo había ratificado. El gobierno brasileño no publicó datos sobre exportaciones de armas y rechazó las peticiones de investigadores y periodistas, amparadas por la Ley de Acceso a la Información, que requerían datos sobre la participación del país en el comercio de armas; por ejemplo, querían saber si se habían exportado armas a países en los que se estuvieran cometiendo violaciones masivas de derechos humanos.
1. Campaña “Juega limpio, Brasil”. Protestas durante la Copa Mundial de Fútbol 2014. Balance final (AMR 19/008/2014)
www.amnesty.org/es/library/info/AMR19/008/2014/es
2. “Usan una estrategia de miedo”. Protección del derecho a la Protesta en Brasil (AMR 19/005/2014)
3. Homicidio de al menos nueve personas a lo largo de una noche en el norte de Brasil (AMR 19/013/2014)
www.amnesty.org/es/library/info/AMR19/013/2014/es 4. Brasil: Los responsables del homicidio de un líder comunitario deben
comparecer ante la justicia
www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/los-responsables- del-homicidio-de-un-lider-comunitario-deben-comparecer-ante-la- justicia/
BRUNÉI
DARUSSALAM
Brunéi DarussalamJefe del Estado y del gobierno: Sultán Hassanal
Bolkiah
La falta de transparencia y la escasez de información dificultaban la observación independiente de la situación de los derechos humanos. Envuelto en duras críticas internacionales, el nuevo Código Penal entró en vigor el 1 de mayo, si bien se anunció que su implantación sería progresiva. El Código pretendía imponer la ley islámica, y contenía varias disposiciones que violaban los derechos humanos, al incrementar el número de delitos punibles con la muerte, ampliar el ámbito de imposición de la tortura y de otras penas crueles, inhumanas o degradantes, restringir los derechos a la libertad de expresión y de religión o creencias y discriminar a las mujeres. En mayo, el historial de derechos humanos de Brunéi se sometió al examen periódico universal de la ONU.
PENA DE MUERTE
El nuevo Código Penal1 permitía imponer la pena de muerte por lapidación para castigar conductas que no deberían considerarse delictivas –como las relaciones sexuales extramaritales y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo
sexo– y delitos como el robo y la violación. Asimismo, permitía condenar a muerte a personas que eran menores de edad cuando se cometió el presunto delito y prescribía la pena capital como castigo para delitos como el de ridiculizar al profeta Mahoma. Sin embargo, aunque Brunéi Darussalam conservaba la pena de muerte en la ley, en la práctica seguía siendo abolicionista.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Brunéi Darussalam no había ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, y su nuevo Código Penal ampliaba de forma considerable el ámbito de imposición de castigos corporales que constituían o podrían constituir tortura, entre ellos la pena de muerte por lapidación (véase supra).
Numerosos delitos, como el robo, eran punibles con penas de flagelación o amputación, y los azotes con vara seguían siendo un castigo habitual para delitos como la posesión de drogas o los relacionados con las leyes de inmigración. En 2014 se tuvo constancia del cumplimiento de al menos tres condenas de azotes con vara. Conforme a la legislación en vigor, podía condenarse a menores a flagelación, y en virtud del nuevo Código Penal, también era posible condenarlos a penas de amputación. Asimismo, el Código Penal introducía leyes que discriminaban a las mujeres, como las que castigaban el aborto con penas de flagelación pública.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los periodistas seguían sometidos a censura. En febrero, el sultán ordenó que cesaran las críticas al nuevo Código Penal.