Las minorías lingüísticas del país siguieron siendo objeto de discriminación, especialmente en el acceso al empleo, que afectaba a unas 420.000 personas, aproximadamente el 30 por ciento de la población. En febrero se reforzó la condición jurídica del Cuerpo de Inspectores de la Lengua, organismo estatal encargado de velar por la aplicación de la Ley sobre la Lengua. Debido a ello, las personas multadas o amonestadas por los inspectores tuvieron más dificultades para impugnar la actuación de éstos ante los tribunales. Durante el año, el gobierno presentó sus planes para un «Programa de Integración en la Sociedad Estonia (2008-2013)», dirigido a mejorar la integración socioeconómica reforzando la competitividad y la movilidad social con
independencia del origen étnico o el idioma. En junio, el gobierno promulgó un decreto que estipulaba que los reclusos que participaran en programas de aprendizaje del idioma estonio recibirían 1.080 coronas estonias (69 euros) al mes.
En su memorando del 11 de julio al gobierno de Estonia, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa recomendó que se concediera más importancia a las medidas para concienciar a la población no nacional acerca de las posibilidades de aprender la lengua estonia y los beneficios que
comportaba hacerlo. El comisario destacó que el Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia habían expresado su preocupación por la práctica discriminatoria de exigir cierto nivel de competencia en el idioma estonio para acceder a un empleo. En varios casos, el Cuerpo de Inspectores de la Lengua impuso sanciones desproporcionadamente elevadas a personas que resultaron no tener conocimientos suficientes del idioma estonio.
Actuación policial
En abril se celebraron manifestaciones multitudinarias contra la retirada del monumento a la Segunda Guerra Mundial erigido en el centro de Tallin en la etapa soviética. La mayoría de los manifestantes pertenecían a la minoría lingüística rusa. Se recibieron informes de manifestantes pacíficos que habían sido golpeados por la policía en varios lugares de Tallin, y también de malos tratos e insultos a manifestantes pacíficos cuando los detuvieron en el curso de las manifestaciones.
En un comentario sobre estos disturbios, el Comité contra la Tortura recomendó que Estonia investigara con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las denuncias de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que llevara a los responsables ante los tribunales.
Condiciones de reclusión
En julio, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa manifestó que las condiciones de vida imperantes en las cárceles constituían trato inhumano y degradante. Por ejemplo, los reclusos pasaban las 24 horas del día encerrados en sus celdas y sólo podían abandonarlas una vez a la semana para ducharse, dormían sobre un delgado colchón en una plataforma de madera colocada en el suelo y tenían acceso limitado al aire fresco y la luz natural. El comisario expresó su preocupación por las quejas de los reclusos de la prisión de Tallin respecto a la falta de acceso a agua caliente y a la obligación de pagar los artículos de aseo.
El Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales publicadas el 22 de noviembre, expresó su preocupación por las condiciones penitenciarias en Estonia, especialmente en lo relativo al acceso de la
población reclusa a una atención médica adecuada del VIH, y recomendó que las autoridades estonias mejorasen los servicios de atención a la salud en los centros penitenciarios.
Racismo
En junio, la Unión Europea formuló una petición formal a Estonia para que aplicara la Directiva 2000/43/CE del Consejo de la UE, relativa a la igualdad racial. Al terminar el año, Estonia aún no lo había hecho.
Informe de Amnistía Internacional
Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International’s concerns in the region, January-June 2007(EUR 01/010/2007)
ETIOPÍA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DE ETIOPÍA
Jefe del Estado: Girma Wolde-Giorgis
Jefe del gobierno: Meles Zenawi
Pena de muerte: retencionista
Población: 81,2 millones
Esperanza de vida: 51,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 164/149 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 35,9 por ciento
En Somali, estado regional del este de Etiopía asolado por la sequía, casi un millón de personas sufrieron graves problemas de escasez de alimentos debido a un bloqueo impuesto por el gobierno a la ayuda humanitaria y al comercio alimentario en junio. Las fuerzas del gobierno fueron responsables de detenciones masivas, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales en el curso del conflicto que mantenían con un grupo armado.
Millares de personas que se oponían al gobierno estaban recluidas sin juicio. Tras un juicio que había durado dos años se condenó y encarceló a líderes de la oposición, periodistas y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, a quienes Amnistía Internacional consideró presos de conciencia, pero se los dejó rápidamente en libertad en virtud de indultos presidenciales.
Información general
Se produjo un recrudecimiento del conflicto armado existente desde hacía 13 años con el Frente Nacional de Liberación de Ogadén en el estado regional de Somali. En el estado regional de Oromia continuó el conflicto con el Frente de Liberación Oromo. Estas dos organizaciones recibían apoyo de Eritrea, mientras que Etiopía prestaba apoyo a grupos de oposición eritreos.
No se hizo la demarcación de fronteras resultante de la guerra entre Etiopía y Eritrea de 1998-2000, por lo que la Comisión Internacional de Fronteras terminó su trabajo en noviembre con la disputa sin resolver. Etiopía se negó a ejecutar el fallo de la Comisión. Se temía que se reanudaran los combates entre las tropas etíopes y eritreas concentradas a lo largo de la frontera, debido en parte a la participación de ambos países en el conflicto de Somalia. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó en diciembre el mandato de la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE), que administraba una zona temporal de seguridad a lo largo de la frontera.
Las tropas etíopes que apoyaban en Somalia al gobierno de transición cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario contra civiles (véase el apartado sobre SSoommaalliiaa).