El 17 de noviembre, en Abong-Mbang, un agente de seguridad mató a tiros a Charles Mvogo, de 17 años de edad, y a Shimpe Poungou Zok, de 15, durante una manifestación contra el prolongado corte de electricidad en su escuela.
El 9 de noviembre, Ngome Nkwele Herbert murió de un disparo en una manifestación contra la detención de unos compañeros, practicada el 7 de noviembre por la policía de Kumba tras participar en una manifestación de protesta por la falta de energía eléctrica en su escuela, también de Kumba.
Siguieron sin comparecer ante la justicia los responsables del homicidio de Ivo Obia Ngemba y Moma Bennet, abatidos a tiros por la policía durante una protesta pacífica en el campus de la universidad de Buea, en noviembre de 2006.
CANADÁ
CANADÁ
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Michaëlle Jean
Jefe del gobierno: Stephen Harper
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 32,9 millones
Esperanza de vida: 80,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000
Se recibieron informes sobre personas que murieron después de que la policía las sometiera a descargas
de armas de electrochoque. Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación. Persistió la preocupación en torno a la legislación antiterrorista y el trato dado a refugiados y solicitantes de asilo.
Discriminación: derechos de los pueblos
indígenas
En el informe difundido en mayo sobre la
investigación pública en torno a la muerte de Dudlley George, ocurrida en 1995 a manos de la policía, se esbozaba un plan para reforzar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Continuaron los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales, y las autoridades siguieron sin garantizar una solución rápida e imparcial. Este hecho se reflejaba en la situación existente en Grassy Narrows, en el noroeste de Ontario, y en los problemas de los lubicon cree en el norte de Alberta.
El gobierno se negó a abordar las disparidades en la financiación de los distintos organismos para la protección de los indígenas menores de edad. En septiembre, Canadá votó en contra de la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y después precisó que no se aplicaría en el país.
«Guerra contra el terror»
En enero, Maher Arar, ciudadano canadiense entregado ilegalmente (en la práctica de las denominadas entregas extraordinarias) por Estados Unidos a Siria en 2002, recibió disculpas oficiales y una indemnización del gobierno. Sin embargo, no se aplicaron muchas de las recomendaciones del informe sobre la investigación pública realizada al efecto. Una investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero, se vio empañada por un excesivo hermetismo.
En febrero, el Tribunal Supremo de Canadá resolvió que el sistema del certificado de seguridad de inmigración, utilizado por el gobierno federal para recluir y expulsar a personas nacidas en otros países que fueran sospechosas de delitos terroristas, suponía una violación de la Carta de Derechos, ya que, al retenerse un número considerable de pruebas, impedía a las personas afectadas la preparación de
una defensa efectiva. En un proyecto de ley que proponía la creación de un defensor especial no se abordaba este motivo de preocupación.
En febrero, el Parlamento votó a favor de la no renovación de algunas disposiciones controvertidas de la Ley Antiterrorista. En octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley en virtud del cual se restablecerían las disposiciones relativas a las detenciones preventivas y las vistas de investigación. El proyecto de ley estaba todavía pendiente de aprobación en el Parlamento al finalizar el año.
En noviembre, el Tribunal Federal rechazó la solicitud del gobierno de archivar las acciones judiciales interpuestas por Amnistía Internacional y la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica en las que se impugnaba la práctica de transferir a la custodia afgana, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán.
El gobierno canadiense se negó a intervenir en favor de Omar Khadr, detenido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de cinco.
Violencia contra las mujeres
Las autoridades no establecieron un plan nacional para abordar la violencia y la discriminación sufridas por las mujeres indígenas ni adoptaron medidas para aplicar las recomendaciones –formuladas mucho tiempo atrás– sobre las mujeres encarceladas en prisiones federales. Siguieron restringiéndose los fondos destinados a las organizaciones de defensa de las mujeres, por lo que algunos grupos sufrieron escasez de recursos, y otros tuvieron que disolverse.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
En noviembre, el Tribunal Federal resolvió que el acuerdo sobre «terceros países seguros» suscrito por Canadá y Estados Unidos violaba la Carta de Derechos y el derecho internacional. El gobierno recurrió la resolución. Al finalizar el año estaba pendiente de aprobación en el Parlamento un proyecto de ley que obligaría al gobierno a aplicar las disposiciones de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de 2001 relativas a los recursos de apelación de los refugiados.
Policía y fuerzas de seguridad
Murieron al menos cuatro personas tras recibir descargas de pistolas Taser (armas de electrochoque) de la policía. En octubre, la muerte del ciudadano polaco Robert Dziekanski en el aeropuerto
internacional de Vancouver después de que la policía le disparara por dos veces con unas pistolas de este tipo suscitó numerosos comentarios y la apertura de una investigación pública de ámbito provincial.
Pena de muerte
En octubre, las autoridades abandonaron una política practicada desde hacía mucho tiempo, al afirmar que ya no pedirían el indulto de los ciudadanos canadienses condenados a muerte en países democráticos en los que imperara el Estado de derecho.
Informes de Amnistía Internacional
Canada: Human rights for all –No exceptions(AMR 20/001/2007) Canada: Inappropriate and excessive use of tasers(AMR 20/002/2007) Afganistán: Países de la OTAN, ¿posibles cómplices en torturas? (ASA 11/015/2007)
Canadá: Amnistía Internacional reitera su petición de que la policía suspenda el uso de pistolas Taser tras la muerte en el aeropuerto (AMR 20/004/2007)
CHAD
REPÚBLICA DE CHAD
Jefe del Estado: Idriss Déby Itno
Jefe del gobierno: Nouradine Delwa Kassiré Comakye (sustituyó a Pascal Yoadimnadji en febrero)
Pena de muerte: retencionista
Población: 10 millones
Esperanza de vida: 50,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 206/183 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 25,7 por ciento
Se cometieron homicidios de civiles en el marco de luchas entre etnias y entre comunidades, algunas de las cuales se habían propagado desde el vecino Sudán. Tras el fracaso de las tentativas de paz, continuaba el conflicto armado en el este de Chad, con enfrentamientos entre comunidades. En
septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de la ONU en el este del país. La violencia sexual contra mujeres y niñas seguía siendo frecuente, y se tomaban escasas o nulas medidas contra sus responsables. Los menores continuaban siendo víctimas de trata y de secuestro a cambio de rescate, y persistía el reclutamiento de niños y niñas soldados. Los periodistas independientes y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían intimidación, hostigamiento y detenciones ilegales.
Información general
Continuaron los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y una multitud de grupos armados de oposición. Desde su independencia de Francia en 1960, Chad era un país asolado por las luchas intestinas. Las reformas constitucionales de 2005, que permitían al presidente Idriss Déby Itno presentarse a las elecciones para un tercer mandato como presidente, reavivaron el conflicto. Una de las principales causas del conflicto era el control del poder y de los ingresos petroleros. Además, la pugna por los recursos naturales, como el agua y la tierra, unida a años de impunidad para los abusos contra los derechos, atizaron las tensiones entre comunidades, con lo que aumentó la violencia entre los grupos que se identificaban como «africanos» y los que se definían como «árabes».
En diciembre de 2006, el gobierno de Chad alcanzó un acuerdo de paz con uno de los principales grupos armados de oposición, el Frente Unido por el Cambio Democrático (Front uni pour le changement démocratique, FUC), tras el cual los miembros del FUC se incorporaron al ejército nacional, y su líder, Mahamat Nour, fue nombrado ministro de Defensa. En octubre de 2007 se recibieron informes sobre la deserción de ex miembros del FUC a Darfur, y en diciembre Mahamat Nour fue destituido.
El 4 de octubre, el gobierno de Chad llegó a otro acuerdo en Sirte (Libia) con otros cuatro grupos armados de oposición, entre ellos la Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo (Union des forces pour la démocratie et le développement, UFDD), la Unión de Fuerzas Democráticas
(Rassemblement des forces démocratiques, RAFD) y la Concordia Nacional de Chad (Concorde nationale tchadienne, CNT). No obstante, el acuerdo no se
aplicó plenamente a causa de las divergencias entre el gobierno y los líderes de la oposición armada con respecto a su contenido y su alcance exacto. A finales de noviembre estallaron nuevos enfrentamientos entre algunos de estos grupos armados y el ejército nacional chadiano.
El 25 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó por unanimidad, y por un periodo de un año, una operación de la ONU (MINURCAT), en colaboración con la fuerza militar europea (EUFOR), en el este de Chad y en el noreste de República Centroafricana. Esta medida tenía por objeto facilitar el suministro de ayuda humanitaria y crear condiciones favorables para la reconstrucción y el desarrollo, que hicieran posible el regreso voluntario, seguro y permanente de las personas refugiadas y desplazadas.
El primer ministro Pascal Yoadimnadji falleció en febrero y fue sustituido por Nouradine Delwa Kassiré Comakye.
En agosto, unos 20 partidos políticos, algunos de ellos de la oposición, firmaron un acuerdo político con el gobierno para participar en asuntos públicos del país y para prolongar la legislatura de la Asamblea Nacional hasta 2009.