El caso de Hissène Habré, ex presidente de Chad acusado de violaciones graves de derechos humanos, progresaba lentamente (véase el apartado sobre SSeenneeggaall).
Personas refugiadas
y desplazadas internamente
Según el ACNUR, el este de Chad albergaba a unos 240.000 refugiados sudaneses, distribuidos en 12 campos, que habían huido del conflicto de Darfur. Además, unos 46.000 refugiados de República Centroafricana vivían en campos de refugiados del sur de Chad.
En el este de Chad, más de 170.000 personas seguían viviendo en campos de desplazados internos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Chad en marzo, y el este de Chad en abril y mayo.Chad: Civilians under attack: Darfur conflict spreads to eastern Chad (AFR 20/005/2007)
Chad: No Protection from rape and violence for displaced women and girls in eastern Chad(AFR 20/008/2007)
Chad: «¿Somos ciudadanos de este país?». La población civil de Chad, sin protección frente a los ataques de los yanyawid(AFR 20/001/2007) Chad: La escalada de la violencia hace necesario el despliegue de la ONU con los debidos recursos(AFR 20/012/2007)
Chad: Urge proteger a la población del este de Chad(AFR 20/003/2007) Chad: El gobierno debe aceptar el despliegue de tropas de la ONU (AFR 20/006/2007)
Chad: La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un avance en la protección de la población civil, pero persisten los motivos de preocupación (AFR 20/011/2007)
CHILE
REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 16,6 millones
Esperanza de vida: 78,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 95,7 por ciento
Se puso a disposición judicial a varios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Las comunidades indígenas siguieron siendo objeto de una discriminación generalizada y de otros abusos.
Información general
En 2007 se desencadenó una oleada de huelgas y manifestaciones. Las protestas reflejaban un malestar generalizado por las desigualdades económicas, y se intensificó el debate sobre la necesidad de un salario mínimo. En Santiago de Chile, donde miles de personas se echaron a la calle, se registraron violentos enfrentamientos y varios manifestantes y policías resultaron heridos. Centenares de manifestantes permanecieron detenidos brevemente.
Impunidad: justicia por violaciones
cometidas en el pasado
Varios oficiales de las fuerzas armadas y ex agentes del servicio secreto fueron declarados culpables de haber participado en secuestros, torturas y homicidios durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
En octubre se condenó a Manuel Contreras, ex jefe del servicio secreto, y a tres ex agentes a entre 10 y 15 años de cárcel por el secuestro en 1974 de Jorge D’Orival Briceño, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que después habría de ser víctima de homicidio debido a su afiliación política.
En noviembre, sin embargo, la Corte Suprema absolvió al coronel retirado Claudio Lecaros de la desaparición forzada, ocurrida en 1973, de los dirigentes campesinos Vidal Riquelme y Cesario Soto y del empresario Rubén Acevedo, alegando que el delito había prescrito. Anteriormente, en
consonancia con el derecho consuetudinario internacional, la Corte había resuelto que los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescribían nunca.
En septiembre, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue extraditado a Perú para responder de los cargos de corrupción y violación de los derechos humanos.
Discriminación: derechos de los pueblos
indígenas
En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que se hubiera aplicado la legislación antiterrorista a miembros de la comunidad mapuche que habían participado en actividades de apoyo del derecho a la tierra de los pueblos indígenas.
En febrero, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por el elevado índice de pobreza de los menores indígenas y por la discriminación que sufrían en el acceso a la educación y los servicios de salud. El Comité formuló varias recomendaciones, como la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El 15 de septiembre, la policía allanó la comunidad de Temucuicui, en la IX Región, y confiscó algunas cabezas de ganado. Cuando los campesinos les pidieron explicaciones, los agentes, al parecer, profirieron contra ellos insultos racistas. Según informes, la policía iba buscando ganado robado. La policía devolvió más tarde los animales confiscados, pero volvió a entrar en la comunidad disparando sus armas de fuego, e hirió al menos a una persona.
El 18 de junio, agentes de la Sección de
Investigaciones Policiales interrogaron en la escuela a tres menores de la comunidad mapuche de Ranquilco, a los que preguntaron por las ocupaciones de tierras. En la solicitud de una orden de protección para los tres menores se afirmaba que el interrogatorio estaba causando «un verdadero terror en los niños y en muchos padres» que temían «represalias contra los menores».
Violencia contra las mujeres
Durante 2007, las ONG chilenas registraron al menos 60 casos de homicidio de mujeres. Las deficiencias legales, los procedimientos burocráticos y una acción policial inadecuada siguieron dificultando los enjuiciamientos por actos de violencia doméstica y sexual contra mujeres.
En el Parlamento se debatió una nueva ley propuesta por la presidenta Bachelet que incorporaría el homicidio de mujeres (femicidio) como un delito específico en el Código Penal chileno.
Informes de Amnistía Internacional
Chile: Caso Fujimori. La Corte Suprema de Justicia debe observar las obligaciones de derecho internacional contraídas por Chile (AMR 22/006/2007)
Chile: Juicio justo y sin discriminación para integrantes de la comunidad mapuche de Juan Paillalef(AMR 22/009/2007)
CHINA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Jefe del Estado: Hu Jintao
Jefe del gobierno: Wen Jiabao
Pena de muerte: retencionista
Población: 1.331,4 millones
Esperanza de vida: 72,5 años
Un número cada vez mayor de activistas de derechos humanos fueron encarcelados, quedaron bajo arresto domiciliario o vigilancia o sufrieron hostigamiento. Continuó la represión de grupos minoritarios, como tibetanos, uigures y mongoles. Seguidores de Falun Gong corrían un riesgo especialmente elevado de sufrir torturas u otros malos tratos mientras estaban detenidos. Las personas que profesaban la fe cristiana fueron perseguidas por practicar su religión al margen de los canales autorizados por el Estado. A pesar de que el Tribunal Supremo Popular había vuelto a hacerse cargo de la revisión de los casos de pena de muerte, la pena capital continuaba envuelta en un velo de misterio y seguía utilizándose ampliamente. La utilización de la tortura con personas detenidas y encarceladas continuó siendo generalizada. Millones de personas carecían de acceso a la justicia y se veían obligadas a buscar resarcimiento a través de un sistema de presentación de peticiones extrajurídico que resultaba ineficaz. Mujeres y niñas continuaban sufriendo violencia y discriminación. Los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín se caracterizaron por la represión del colectivo de activistas de derechos
humanos. Se intensificó la censura en Internet y en otros medios de comunicación.
Pena de muerte
Las estadísticas sobre pena de muerte continuaron considerándose secreto de Estado, lo que hacía que resultase difícil valorar las afirmaciones oficiales de que con el reinicio de las revisiones por parte del Tribunal Supremo se había reducido el número de ejecuciones. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calculó que hubo al menos 470 personas ejecutadas y 1.860 condenadas a muerte en 2007, aunque se creía que las cifras reales eran muy superiores.
En junio, el Tribunal Supremo Popular estableció que los casos de pena de muerte correspondientes a tribunales de primera instancia debían juzgarse en sesiones públicas, y que los tribunales debían avanzar hacia la celebración de juicios públicos cuando se tratase de recursos presentados en casos de pena capital. Sin embargo, los juicios por delitos punibles con la pena de muerte continuaron celebrándose a puerta cerrada, la policía recurría a menudo a la tortura para obtener «confesiones» y a las personas detenidas se les impedía ponerse en contacto con sus abogados de forma periódica y sin dilaciones. Continuaron llevándose a cabo
ejecuciones e imponiéndose condenas a muerte por 68 delitos, incluidos muchos no violentos, como la corrupción y delitos relacionados con las drogas.
Sistema de justicia
Las personas que ejercían pacíficamente sus derechos, como la libertad de expresión y de asociación, continuaban corriendo un gran peligro de ser objeto de desaparición forzada, detención ilegal en régimen de incomunicación o arresto domiciliario, vigilancia, palizas y hostigamiento.
Se calculaba que 500.000 personas estaban sometidas a detención punitiva sin cargos ni juicio mediante la «reeducación por el trabajo» y otras formas de detención administrativa. Los intentos de promulgar legislación que reformase el sistema de «reeducación por el trabajo» continuaban estancados en la Asamblea Nacional Popular. La policía amplió la utilización de este sistema y de otra forma de detención administrativa, la «rehabilitación forzosa de drogodependientes», para «limpiar» Pekín durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos.
Aproximadamente entre 11 y 13 millones de personas sólo contaban con una forma realista de obtener justicia, consistente en un sistema de presentación de peticiones a autoridades locales y de rango superior, al margen de los tribunales, en el que la gran mayoría de los casos continuaban sin resolverse.
Tortura y otros malos tratos
Continuó siendo generalizada la tortura de personas detenidas.
Yang Chunlin, activista de derechos humanos procedente de Heilongjiang, fue detenido el 6 de julio y acusado de «subversión del poder del Estado». Había apoyado una acción legal presentada por más de 40.000 agricultores cuyas tierras habían sido confiscadas sin una indemnización, y había ayudado a recoger firmas para una petición cuyo lema era «Queremos derechos humanos, no Juegos Olímpicos» y que muchos de los agricultores firmaron. La policía le negó reiteradamente el contacto con su familia y su abogado, basándose en que su caso estaba «relacionado con el Estado». Yang Chunlin fue torturado con métodos como estirarle los brazos y las piernas y encadenarlos a las cuatro esquinas de una cama de hierro, y obligarlo a comer, beber y defecar en esa posición.
Chen Xiaoming, activista del derecho a la vivienda procedente de Shanghai, murió a causa de una hemorragia masiva poco después de ser excarcelado el 1 de julio, tras quedar en libertad condicional por razones médicas.
Defensores y defensoras
de los derechos humanos
Aunque continuaba aumentando el ámbito permitido para las actividades de la sociedad civil, se intensificaron las acciones contra defensores y defensoras de los derechos humanos que planteaban cuestiones consideradas delicadas desde el punto de vista político. Las autoridades criminalizaron las iniciativas de activistas de derechos humanos acusándolos de delitos como causar daños a propiedades públicas, extorsión y fraude.
El colectivo de defensa de los derechos humanos y sus familiares, incluidos los menores de edad, sufría hostigamiento cada vez con mayor frecuencia: entre otras cosas, eran sometidos a vigilancia o arresto domiciliario y sufrían palizas a manos de agentes del
gobierno y de agresores no identificados. Se persiguió especialmente a profesionales del derecho que, en número cada vez mayor, veían denegada su solicitud de renovación de licencia.
El abogado defensor y activista de derechos humanos Gao Zhisheng continuaba sometido a una estricta vigilancia policial tras ser condenado en diciembre de 2006 por «incitar a la subversión». Entre el 24 de junio y el 4 de julio, y posteriormente entre el 22 de septiembre y comienzos de noviembre, permaneció recluido en régimen de incomunicación y fue torturado en lugares no identificados antes de volver a quedar bajo arresto domiciliario en Pekín.
A finales de septiembre, personas no identificadas secuestraron y golpearon durante varias horas al abogado de derechos humanos Li Heping y le dijeron que abandonara su labor en favor de los derechos humanos. Posteriormente lo dejaron en libertad.
Varios activistas murieron mientras estaban detenidos o poco después de quedar en libertad.
Libertad de expresión
Las autoridades chinas continuaron intentando mantener un férreo control sobre el flujo de información. Decidían qué temas y noticias podían publicarse y a veces exigían a los medios de comunicación que se adaptasen a las nuevas directrices del gobierno en cuestión de minutos. Las autoridades continuaron bloqueando sitios web y filtrando el contenido de Internet en función de palabras y temas concretos.
Se sabía que había en torno a 30 periodistas encarcelados y que al menos 50 personas más estaban en prisión por publicar sus opiniones en Internet. A menudo se imponían penas por el simple hecho de acceder a páginas web prohibidas.
A pesar de que debido a la celebración de los Juegos Olímpicos se produjo una relajación temporal de la normativa que se aplicaba a los periodistas extranjeros en China, continuó existiendo un estricto control sobre quienes se dedicaban a esta profesión, ya fuesen chinos o extranjeros, y muchos periodistas chinos fueron encarcelados por informar sobre cuestiones delicadas. Según los informes, el Ministerio de Seguridad Pública ordenó en abril el escrutinio de todas las personas que iban a asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín, y estableció 43 categorías de personas a las que se prohibía la entrada por razones como las creencias religiosas o políticas.
Violencia y discriminación
contra las mujeres
Las mujeres sufrían discriminación en el trabajo, la educación y el acceso a la atención a la salud. La trata de mujeres y niñas continuó siendo generalizada, especialmente en el caso de las norcoreanas (véase infra). Se produjeron a menudo casos de violencia en el ámbito familiar y se decía que ésta era una de las principales causas de suicidio entre las mujeres de zonas rurales.
En mayo se recibieron informes de que decenas de mujeres de la Región Autónoma Zhuang de Kuang-si, en el suroeste de China, eran obligadas a abortar, en algunos casos en el noveno mes de embarazo, bajo la supervisión de funcionarios locales de planificación familiar.