En junio entró plenamente en vigor una nueva ley en materia de asilo que restringía aún más los derechos de los solicitantes. Los nuevos procedimientos se basaban en recursos por escrito que debían presentarse en un plazo de 15 días a partir de la decisión inicial. Como consecuencia, la necesidad de representación letrada especializada –algo que podía resultar difícil de obtener, especialmente si la persona solicitante estaba recluida en un centro de
detención– ahora podía ser mayor para los
solicitantes de asilo. La nueva ley, además, ampliaba los motivos por los que se podía mantener bajo custodia a los solicitantes de asilo.
Salieron a la luz indicios de que personas con problemas de salud mental eran recluidas sistemáticamente en centros cerrados de detención para inmigrantes, donde cabía la posibilidad de que no tuvieran acceso a instalaciones y tratamientos psiquiátricos adecuados.
En junio, los miembros de una familia a los que se había denegado la solicitud de asilo fueron
presuntamente maltratados por los agentes de policía que intentaban expulsarlos a Albania. Se renunció al intento de expulsión cuando otros pasajeros del vuelo protestaron por la actuación de los agentes. Posteriormente, los miembros de la familia obtuvieron la condición de refugiados en Bélgica. Se presentó una denuncia relacionada con los malos tratos ante la Comisión Permanente de Control de los Servicios de Policía.
Una pareja iraquí obtuvo finalmente el asilo en Bélgica en septiembre, después de reiteradas detenciones en Bélgica y Grecia y expulsiones de ambos países. Llegaron por primera vez a Grecia en diciembre de 2004, donde sus solicitudes de asilo fueron rechazadas y se les ordenó que abandonaran el
país sin posibilidad de recurrir la decisión. Viajaron entonces a Bélgica para reunirse con su hijo, que residía legalmente en el país, pero fueron detenidos a su llegada y enviados de nuevo a Grecia con el argumento de que ése era el Estado responsable del examen de sus solicitudes según el Reglamento «Dublín II» de la Unión Europea. En Grecia volvieron a ser detenidos y recibieron la orden de abandonar el país. Regresaron a Bélgica en febrero de 2007, y allí los detuvieron de nuevo antes de que finalmente se les reconociera la condición de refugiados.
Racismo
El 11 de octubre, Hans Van Themsche fue declarado culpable del doble asesinato de una mujer negra embarazada y una niña blanca que estaba a su cuidado, así como del intento de asesinato de una mujer de origen turco en mayo de 2006 en Amberes. Se le impuso la pena de cadena perpetua. El Centro para la Igualdad de Oportunidades y la Liga de Derechos Humanos se personaron en los
procedimientos como parte civil. Era la primera vez que un tribunal determinaba la existencia de motivación racista en un caso de asesinato.
«Guerra contra el terror»
El 19 de abril, el Tribunal Supremo anuló las sentencias condenatorias dictadas en el proceso contra Bahar Kimyongür, Kaya Saz, Musa Asoglu, Sükriye Akar, Fehriye Erdal, Zerin Sari y Dursun Karatas, argumentando que la designación de cierto juez de primera instancia había suscitado sospechas de parcialidad en los procedimientos. En febrero de 2006 se había declarado a todas estas personas culpables de pertenecer o apoyar a una organización terrorista debido a su apoyo al grupo de oposición turco Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi, DHKP-C). Se ordenó la celebración de un nuevo juicio, que dio comienzo el 8 de noviembre ante el Tribunal de Apelación de Amberes. Al concluir el año todavía no se había dictado sentencia.
Los representantes letrados de algunos acusados formularon denuncias en relación con el «régimen especial de detención» aplicado a algunas de las personas detenidas. Ciertos elementos de este sistema podían haber constituido violaciones de derechos humanos, como la excesiva frecuencia de los registros sin ropa, el hecho de que vendaran los
ojos a Sükriye Akar durante su traslado al tribunal y los invasivos registros nocturnos llevados a cabo en las celdas de Kaya Saz, Musa Asoglu y Sükriye Akar.
Comercio de armas
Tras la ley aprobada en 2006 para prohibir las municiones de racimo, el 11 de mayo el Parlamento votó por unanimidad a favor de un proyecto de ley para prohibir el uso, almacenamiento, venta, adquisición y tráfico de armamento y munición que contuviera uranio empobrecido o cualquier otro tipo de uranio de fabricación industrial. Estaba previsto que la ley entrase en vigor en junio de 2009.
Informe de Amnistía Internacional
Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International’s concerns in the region, January - June 2007(EUR 01/010/2007)
BENÍN
REPÚBLICA DE BENÍN
Jefe del Estado y del gobierno: Thomas Boni Yayi
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Población: 9 millones
Esperanza de vida: 55,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 149/145 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 34,7 por ciento
Miembros de la guardia presidencial mataron a dos personas en mayo al disparar contra una multitud. El hacinamiento era un problema crónico en varias prisiones.
Información general
En marzo, unos hombres armados abrieron fuego contra la caravana de vehículos que acompañaba al presidente Thomas Boni Yayi, hiriendo al menos a cuatro de sus guardaespaldas. El presidente, que resultó ileso, manifestó que el atentado había sido un intento de asesinato, perpetrado por atacantes contrarios a su campaña contra la corrupción. Otras fuentes dijeron que los atacantes eran simples bandidos. Se detuvo a siete personas en relación con el atentado; todas ellas continuaban recluidas sin juicio al terminar el año.
La coalición del presidente ganó las elecciones parlamentarias de marzo.
Policía y fuerzas de seguridad:
uso excesivo de la fuerza
En mayo, miembros de la guardia presidencial mataron a dos personas e hirieron al menos a otras cinco en Ouidah, localidad situada a 35 km al oeste de la principal ciudad, Cotonú. Los guardias abrieron fuego contra un grupo de personas que, según informes, protestaban porque se había dejado bloqueada una carretera tras pasar por ella el vehículo del presidente. El entonces ministro de Seguridad Pública, Edgar Alia, anunció que se había abierto una investigación sobre los disparos, pero al final del año no se habían hecho públicos los resultados.
Condiciones de reclusión
Las condiciones de reclusión eran muy duras en varias prisiones debido a graves problemas de hacinamiento. Por ejemplo, las de Cotonú y Abomey (en el centro del país) tenían hasta seis veces más presos de los que se suponía que debían acoger.
BIELORRUSIA
REPÚBLICA DE BIELORRUSIA
Jefe del Estado: Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno: Sergei Sidorsky
Pena de muerte: retencionista
Población: 9,6 millones
Esperanza de vida: 68,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 20/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 99,6 por ciento
Continuaron las medidas represivas del gobierno contra la sociedad civil. Toda forma de actividad pública no sancionada por el Estado podía ser motivo de enjuiciamiento, incluidos los cultos religiosos, y no se respetaron los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Se impusieron largas penas de cárcel a activistas de la oposición por la expresión pacífica de sus opiniones, o se hostigó y procesó a activistas por delitos menores en
aplicación del Código de Infracciones
Administrativas, en virtud del cual les impusieron multas o breves periodos de reclusión.
Organizaciones de derechos humanos y de oposición política tuvieron enormes dificultades para registrarse, y se procesó a activistas por actuar en nombre de organizaciones no registradas. Bielorrusia siguió siendo el único país de Europa que continuaba ejecutando a personas condenadas.