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Durante 2007, miles de personas fueron objeto de desalojos forzosos y perdieron tierras, viviendas y medios de vida a causa de los proyectos urbanísticos y la apropiación de tierras. Las autoridades

incumplieron sus obligaciones, establecidas en el derecho internacional, de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y proteger a la población frente a los desalojos forzosos.

Se calculaba que en torno a 150.000 camboyanos corrían peligro de sufrir desalojo forzoso, como ocurría con más de 20.000 personas que residían alrededor del lago Boeung Kak, en Phnom Penh. En febrero se informó a los habitantes de Boeung Kak de que el municipio había arrendado las tierras a una promotora inmobiliaria por un periodo de 99 años, sin que mediase consulta previa con las personas afectadas.

Varias comunidades de Phnom Penh desalojadas fueron reasentadas en zonas que carecían de infraestructuras básicas, agua, electricidad y servicios sanitarios. La distancia existente desde sus viviendas anteriores y hasta la ciudad hizo que muchas personas perdieran sus medios de vida.

En una operación que se llevó a cabo en la madrugada del 2 de noviembre, fuerzas de seguridad destruyeron la localidad de Chong Chruoy, en las afueras de Phnom Penh. Las 132 familias residentes en Chong Chruoy, que en su mayoría vivían de la pesca, fueron obligadas a reasentarse a unos 25 kilómetros hacia el interior.

C

Defensores y defensoras

de los derechos humanos

Cientos de personas participaron en protestas con las que intentaban proteger sus tierras y viviendas. Organismos encargados de hacer cumplir la ley disolvieron varias de estas reuniones pacíficas en Phnom Penh, Koh Kong, Ratanakiri y Banteay Meanchey, entre otros lugares.

Algunos activistas del derecho a la tierra fueron encarcelados a causa de sus actividades, en algunos casos por imputárseles haber destruido propiedades privadas situadas en tierras en conflicto de las que se consideraban propietarios legales. Otras personas, como abogados que ofrecían asistencia letrada gratuita, fueron acusadas de instigación por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

El 20 de abril, las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo forzoso de más de 100 familias de Mittapheap 4, en el municipio de Sihanoukville, prendieron fuego a 80 viviendas y destruyeron otras 20. Un total de 13 hombres fueron detenidos y juzgados en julio por su participación en los actos violentos. Nueve fueron hallados culpables y recibieron penas breves de prisión, a pesar de que la fiscalía no había presentado ninguna prueba que los relacionase con los delitos de que se los acusaba. Tras finalizar la condena, y en espera de que se celebrase la vista del recurso presentado por la fiscalía, se los mantuvo recluidos y al finalizar el año continuaban privados de libertad en lo que constituía detención arbitraria.

El 21 de junio se interpuso una querella contra un grupo de 10 abogados de derechos humanos de dos importantes ONG de asistencia letrada gratuita que trabajaban con un grupo de indígenas jarais para proteger las tierras que poseían en cooperativa. Al parecer, el querellante compró 450 hectáreas de la tierra de los jarais, lo que suponía una violación de la Ley de Tierras e iba contra la voluntad de la comunidad. Al finalizar el año, los abogados estaban siendo investigados y el conflicto por las tierras aún no se había resuelto.

En junio, la ONG internacional Global Witness publicó un informe en el que se afirmaba que altos cargos de las fuerzas armadas y del gobierno habían participado en delitos graves relacionados con la tala ilegal. Las autoridades retiraron el informe de la circulación y, según informes, se advirtió a los medios de comunicación que no informasen sobre la historia. El personal de Global Witness recibió amenazas de

actos violentos, y dos periodistas que habían informado sobre los hechos huyeron del país.

Personas refugiadas

y solicitantes de asilo

El monje budista Tim Sakhorn desapareció en junio, cuando el supremo patriarca budista lo apartó del sacerdocio por perjudicar la relación entre Camboya y Vietnam. Tim Sakhorn, abad de la provincia de Takeo y miembro de la minoría jemer krom del sur de Vietnam, llevaba viviendo en Camboya desde 1979 y poseía doble nacionalidad. Había ofrecido comida y refugio a monjes budistas jemer krom que huían de Vietnam. Se cree que las autoridades camboyanas lo secuestraron y expulsaron, lo que suponía una violación de las obligaciones de Camboya en virtud del derecho internacional (véase el apartado sobre VViieettnnaamm).

Otras personas de nacionalidad vietnamita fueron devueltas desde Camboya, como fue el caso de Le Tri Tue, activista en favor de la democracia que había solicitado asilo. Le Tri Tue desapareció en mayo y cuatro meses después se supo que estaba detenido en Vietnam acusado de cargos penales.

Más de 200 vietnamitas de las minorías étnicas conocidas como montagnardscruzaron la frontera desde las tierras altas centrales de Vietnam hacia el noreste de Camboya para pedir asilo. Algunos se escondieron en la selva antes de solicitar asilo en virtud del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), por temor a ser detenidos o devueltos a su lugar de origen, en donde corrían peligro de persecución.

Informes de Amnistía Internacional

Cambodia: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Recommendations to address victims and witnesses issues in the Internal Rules effectively(ASA 23/001/2007)

Camboya: Es hora de restablecer la justicia en el caso de Chea Vichea (ASA 23/004/2007)

Camboya: Es preciso poner fin a los desalojos forzosos (ASA 23/008/2007)

CAMERÚN

REPÚBLICA DEL CAMERÚN

Jefe del Estado: Paul Biya

Jefe del gobierno: Ephraim Inoni

Pena de muerte: retencionista

Población: 16,9 millones

Esperanza de vida: 49,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 164/148 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 67,9 por ciento

Se recluyó a 11 hombres acusados de «practicar la homosexualidad». Decenas de personas pertenecientes al Consejo Nacional del Camerún