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que, con tanto apoyo inicial, la Declaración

vida de las personas que habitan la región de Oriente Medio y el Norte de África. Sin embargo, esta región va a la zaga de África, América y Europa en el desarrollo de marcos jurídicos y sistemas de aplicación efectivos para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas. De hecho, ciertos Estados, como Arabia Saudí y algunos de los países del Golfo Pérsico, no son todavía Parte en los dos principales tratados internacionales surgidos directamente de la Declaración Universal, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la mayoría de los demás Estados ratificaron hace ya muchos años. Asimismo, Irán es uno de los poquísimos Estados que no son Parte aún en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

De hecho, es ahora, en el 60 aniversario de la Declaración Universal, cuando la Carta Árabe de Derechos Humanos está por fin a punto de entrar en vigor. Hay en ella aspectos positivos, que amplían los derechos proclamados en los tratados internacionales de derechos humanos, pero tiene también aspectos muy negativos –como el hecho de que no prohíba la ejecución de menores–, que los Estados podrían intentar utilizar para incumplir obligaciones que han contraído en virtud de normas vinculantes mundialmente.

Por múltiples y complejas razones, el sistema internacional de derechos humanos se ha desarrollado con lentitud en la región de Oriente

Cabría esperar

que, con tanto apoyo

inicial, la Declaración

Universal hubiera

tenido mayor impacto

en la vida de las

personas que habitan

la región

Medio y el Norte de África. Hasta cierto punto, muchos líderes consideraron que la Declaración Universal representaba un intento de imponer los valores «occidentales» tras la Segunda Guerra Mundial. Las referencias que se hacen en la Declaración Universal a la no discriminación, por ejemplo, chocaban con los sistemas jurídicos y consuetudinarios de los países de la región, las opiniones sobre la libertad de religión y las distintas funciones y roles de mujeres y hombres.

Sin embargo, estas diferencias podrían haberse superado de no haberse producido en 1948 otros acontecimientos clave,

concretamente la creación del Estado de Israel y el consiguiente desposeimiento de la población palestina. El establecimiento de un Estado judío en medio de un mundo musulmán árabe tuvo un efecto de cataclismo, que provocó de hecho un continuo estado de guerra entre Israel y sus vecinos árabes. El desposeimiento de la población palestina y la aparición de una población palestina refugiada en el exilio generó una difícil situación que sigue sin resolverse y que genera con frecuencia combates entre Israel y sus vecinos, el más reciente de los cuales ha sido la guerra de 34 días que mantuvieron Israel y Hezbolá en 2006.

A menudo se utilizan los sentimientos populares con fines políticos. Así, el gobierno sirio y, en cierta medida, el egipcio, se han valido de la «amenaza» que representa Israel para justificar el estado de excepción vigente desde hace decenios en sus respectivos países, y, similarmente, Israel utiliza la «amenaza» que suponen para él sus vecinos árabes para justificar su política militarista y asegurarse el apoyo occidental. El hecho de que la comunidad internacional no ponga fin a la ocupación militar israelí de los Territorios Palestinos ni encuentre una solución duradera que reconozca y garantice los derechos fundamentales tanto de la población israelí como de la palestina ensombrece considerablemente las perspectivas de la región en general y sigue siendo una fuente potencial de confrontación regional o mundial.

Los gobiernos de la región continúan centrándose en la «seguridad del Estado» y la «seguridad pública» en perjuicio de los derechos humanos y de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta actitud se ha agudizado desde el comienzo de la «guerra contra el terror». Los abusos graves contra los derechos humanos siguen siendo un fenómeno generalizado y firmemente arraigado en muchos Estados de Oriente Medio y el Norte de África. Aunque se habla de

democracia, buen gobierno y rendición de cuentas, el poder sigue estando en su mayor parte en las firmes manos de pequeñas élites, como una oligarquía clerical en Irán, sectores civiles con estrechos vínculos con los militares en Argelia, Egipto y Túnez, minorías

PERSPECTIVA

REGIONAL 2007

ORIENTE MEDIO

Y NORTE DE ÁFRICA

Los gobiernos

de la región

continúan centrándose

en la «seguridad

del Estado»

y la «seguridad

pública» en perjuicio

de los derechos

humanos y de la vida

de sus ciudadanos

y ciudadanas

religiosas en los Estados del Golfo Pérsico y sectores baasistas laicistas en Siria. Todas estas élites no rinden apenas cuentas a la población de los países que gobiernan.

En toda la región, todopoderosos servicios de seguridad e inteligencia se ocupan de mantener el poder del Estado y reprimir la disidencia y el debate. Las personas que denuncian públicamente algo se exponen a ser detenidas arbitrariamente, recluidas sin juicio y sometidas a tortura y otros malos tratos por la policía de seguridad, cuyos señores políticos le permiten cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad. Con demasiada frecuencia, las víctimas no tienen forma de interponer un recurso o buscar resarcimiento. Los tribunales carecen de independencia y están subordinados al poder ejecutivo del Estado.

Los gobiernos occidentales, si bien no estaban dispuestos a arriesgar sus intereses económicos y, de hecho, habían aplicado ellos mismos políticas manifiestamente represivas en el periodo colonial, al menos denunciaban tales abusos y propugnaban un proceso de cambio. Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 2001, incluso sus críticas se han vuelto más suaves. En el marco de la «guerra contra el terror», Estados Unidos y otros países occidentales han hecho aliados entre los servicios de seguridad e inteligencia de algunos de los regímenes más represivos de la región. Han efectuado entregas secretas de detenidos a países como Egipto, Jordania y Siria para que pudieran ser recluidos, interrogados y torturados, o los han devuelto a Argelia o Túnez a pesar de que corrían el riesgo de sufrir tales abusos. Al hacerlo, no sólo han infringido el derecho internacional, sino que también han contribuido a consolidar los métodos abusivos de los aparatos de seguridad de la región.

Hoy día, las esperanzas de reforma descansan principalmente en la creciente población joven de la región, que pregunta cada vez más por qué no puede acceder a sus derechos humanos inalienables ni disfrutar de ellos. Debido al alcance cada vez mayor de la radio y la televisión por satélite y al creciente uso de Internet, ya no resulta tan sencillo cerrar los espacios para el debate.

Se está poniendo en tela de juicio lo que las élites gobernantes de la región daban por sentado. Se está ejerciendo presión para que esas élites se adapten y rindan cuentas en mayor medida a las poblaciones a las que representan. Poco a poco se está produciendo una transformación. Hay señales por todas partes: las campañas «Un millón de firmas» y «Detengan las lapidaciones para siempre» emprendidas por activistas de los derechos humanos en Irán; las protestas de jueces que piden más independencia judicial en Egipto; la emancipación de las mujeres en Kuwait; los esfuerzos realizados en

Marruecos para afrontar los abusos cometidos en el pasado y para abolir la pena de muerte; la determinación de las personas firmantes de la Declaración de Damasco encarceladas en Siria; y los esfuerzos de las organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos por tender puentes entre las comunidades.

2007 a examen

Conflictos

En 2007, casi cinco años después de la invasión dirigida por Estados Unidos que derrocó a Sadam Husein, el conflicto de Irak no perdió apenas intensidad. En la primera parte del año, el presidente estadounidense, George W. Bush, prometió 26.000 soldados más para un plan de intensificación de las operaciones militares conocido como surge(oleada), con el que se pretendía mejorar la seguridad, pero los abusos contra los derechos humanos siguieron siendo un fenómeno generalizado, del que eran responsables diversos agentes: las milicias y grupos armados chiíes y sunníes, las fuerzas del gobierno iraquí y la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos. La violencia sectaria fue causa de millares de muertes, así como de terribles mutilaciones y tortura. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares: había unos 2 millones de refugiados y 2,2 millones más de personas desplazadas internamente. Hacia el final del año, fuentes gubernamentales estadounidenses e iraquíes indicaron que el plan surgehabía resultado efectivo, porque había hecho posible una reducción del número de homicidios de civiles y el regreso de algunos refugiados, pero los atentados siguieron siendo frecuentes y la mayoría de los iraquíes continuaron viviendo en condiciones espantosas. Más de 60.000 personas se hallaban recluidas sin juicio, bajo custodia de la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos o de las autoridades iraquíes; la tortura era común, y las fuerzas de seguridad iraquíes recurrían impunemente a ella, y a las personas acusadas de cometer atentados y homicidios se las llevaba ante tribunales donde, sin garantías aún de juicio justo, eran condenadas, cada vez más, a muerte.

Al final de 2007, Turquía estaba concentrando tropas a lo largo de la frontera con Irak para lanzar ataques contra separatistas kurdos turcos que habían establecido sus bases allí. La guerra verbal cada vez más estridente que mantenían los gobiernos estadounidense e iraní siguió amenazando a todo el Golfo Pérsico.

La situación no era mejor en los Territorios Palestinos bajo ocupación israelí. Los grupos armados palestinos continuaron lanzando indiscriminadamente cohetes Qassam de fabricación casera

PERSPECTIVA

REGIONAL 2007

ORIENTE MEDIO