El hacinamiento extremo, las deficientes condiciones higiénicas, la violencia entre bandas y los disturbios siguieron minando el sistema penitenciario. La tortura y los malos tratos eran un fenómeno corriente.
En agosto, 25 reclusos murieron calcinados en la prisión de Ponte Nova, en el estado de Minas Gerais, como consecuencia de una reyerta entre facciones.
En el estado de Espírito Santo, entre acusaciones de tortura y malos tratos, el gobierno impidió el acceso a las celdas de las cárceles al Consejo Estatal de Derechos Humanos, órgano oficial facultado por la legislación del estado para vigilar el sistema penitenciario.
En 2007 murieron más de 20 personas en la prisión de Aníbal Bruno, en el estado de Pernambuco. El centro, que padecía una insuficiencia crónica de personal y albergaba más del triple de reclusos de los que era capaz de alojar, llevaba tiempo siendo objeto de denuncias de tortura y malos tratos.
Siguieron suscitando preocupación las condiciones de reclusión en los correccionales de menores en todo Brasil. Continuaron recibiéndose denuncias de hacinamiento, palizas y malos tratos. La directora de la Fundação Casa de São Paulo –lo que antes era la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor– fue destituida en virtud de una resolución judicial en la que se criticaban las deficientes condiciones higiénicas y de habitabilidad del centro de Tietê. El Tribunal Supremo del estado anuló después la orden de destitución.
Violencia contra las mujeres
En 2007 empezaron a verse en los tribunales las demandas presentadas en virtud de la ley «Maria da Penha», promulgada en 2006, que penalizaba la violencia doméstica. Aunque la ley supuso un avance significativo, la falta de recursos, la dificultad para hacer cumplir las órdenes de alejamiento y los deficientes servicios de apoyo obstaculizaron su aplicación efectiva.
En las comunidades marginadas, a causa de la falta de protección oficial, las mujeres corrían peligro de ser víctimas de la violencia tanto de los delincuentes como de la policía. Asimismo, en las comunidades
dominadas por los narcotraficantes sufrían discriminación, violencia y los efectos de la falta de acceso a servicios básicos. Se recibieron informes sobre mujeres a las que se les había rapado la cabeza por infidelidad, se las había expulsado de sus comunidades por ser seropositivas o se las había obligado a prestar favores sexuales como pago por sus deudas. Normalmente, las mujeres tenían demasiado miedo como para presentar una denuncia. Aquellas que luchaban para que se hiciera justicia a familiares que habían muerto a manos de la policía sufrían con frecuencia amenazas e intimidación.
Aunque las mujeres constituían una parte pequeña pero creciente de la población reclusa, sus
necesidades se descuidaban de forma sistemática. Se recibieron denuncias de tortura, palizas y abusos sexuales perpetrados en comisarías y cárceles.
En noviembre, una muchacha de 15 años fue recluida en una comisaría de la localidad de Abaetetuba, en el estado de Pará, acusada de un pequeño hurto. Durante un mes la obligaron a compartir celda con un grupo de entre 20 y 30 hombres. Según los informes, la violaron en repetidas ocasiones a cambio de comida. Al parecer, cuando se conoció el caso, unos agentes de policía la
amenazaron, y entonces se le facilitó protección. Según los informes, su familia también fue amenazada por la policía, por lo que tuvo que ser incluida en un programa de protección de testigos. El caso alcanzó una gran difusión y varios organismos federales iniciaron investigaciones que revelaron numerosos casos de reclusas que sufrían graves violaciones de derechos humanos en todo el estado.
Conflictos sobre tierras
Continuó la violencia en el medio rural, a menudo en el contexto de las disputas entre los grandes terratenientes y los trabajadores rurales sin tierra, los pueblos indígenas y los quilombolas(miembros de comunidades de antiguos esclavos huidos). Otras fuentes de conflicto eran la expansión de monocultivos –como las plantaciones de eucalipto y soja–, las explotaciones ilegales de madera y minas, y la existencia de proyectos de desarrollo como la construcción de presas o el desvío del río São Francisco. Suscitaba también una honda preocupación la explotación de los trabajadores de los sectores del carbón, la caña de azúcar y el desmonte de tierras.
Aumentaron los desalojos forzosos, a menudo acompañados de amenazas y actos de intimidación. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, organismo de la Iglesia católica, 2.543 familias fueron desalojadas en todo Brasil entre enero y septiembre de 2007, una cifra significativamente mayor que la de ese mismo periodo en 2006.
En noviembre, los trabajadores rurales que ocupaban una finca cercana a la localidad de Santa Teresa do Oeste, en el estado de Paraná, fueron atacados por 40 hombres armados contratados, según los informes, por una empresa de seguridad que
trabajaba para la multinacional propietaria de la finca, una compañía radicada en Suiza. Mataron a Valmir Motta de Oliveira, dirigente de los trabajadores rurales sin tierra, disparándole en el pecho. Un guardia de seguridad murió también como consecuencia de disparos, en circunstancias poco claras. Ocho personas resultaron heridas asimismo durante el ataque, entre ellas Izabel Nascimento, que fue golpeada hasta quedar inconsciente. El homicidio de Valmir Motta de Oliveira formaba parte de un cuadro de actos de violencia e intimidación perpetrados por las milicias rurales en el estado de Paraná desde hace tiempo.
En todo el país se denunciaron casos de trabajo forzado. En diciembre, el Ministerio de Trabajo actualizó la lista de empresas que sometían a sus trabajadores a condiciones de explotación. En ella figuraban 185 empresas de 16 estados, y los afectados no eran sólo personas que se dedicaban a la tala de bosques o a actividades agrícolas en las tierras de labor situadas en las lindes de la Amazonia y de la sabana central (cerrado), sino también campesinos que trabajaban en campos de monocultivo situados en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, zonas más ricas que las anteriores.
Continuó la explotación en el sector en expansión de la caña de azúcar. En marzo, abogados del Ministerio de Trabajo consiguieron liberar del trabajo forzado a 288 trabajadores de seis plantaciones de caña de azúcar situadas en el estado de São Paulo. Ese mismo mes se liberó también a 409 trabajadores, entre ellos 150 indígenas, de la destilería de etanol de Centro Oeste Iguatemi, en Mato Grosso do Sul. En noviembre, los equipos de inspección hallaron a otros 831 cortadores indígenas hacinados en alojamientos insalubres y con deficientes condiciones de habitabilidad en una plantación de Brasilândia, también en Mato Grosso do Sul.
En junio se liberó a más de un millar de personas que trabajaban en condiciones equivalentes a la esclavitud en una plantación de azúcar de la empresa Pagrisa, productora de etanol, en Ulianópolis, en el estado de Pará. Tras la operación, una comisión del Senado acusó a los inspectores de exagerar las pésimas condiciones de trabajo. A consecuencia de ello, el Ministerio de Trabajo suspendió temporalmente las actividades del equipo de inspección por temor a que las acusaciones minasen la credibilidad de su labor. Las inspecciones se reanudaron en octubre.
El gobierno adoptó algunas medidas para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la caña de azúcar. En el estado de São Paulo, donde se produce más del 60 por ciento de toda la caña de azúcar de Brasil, la Fiscalía de Trabajo se mostró muy activa a la hora de iniciar inspecciones y acciones judiciales. Por lo que se refiere al ámbito federal, el gobierno prometió poner en marcha un sistema de acreditación social y medioambiental para mejorar las condiciones de trabajo y reducir el impacto sobre el medio ambiente.