FEDERACIÓN RUSA
Jefe del Estado: Vladímir Putin
Jefe del gobierno: Viktor Zubkov (sustituyó a Mijaíl Fradkov en septiembre)
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Población: 141,9 millones
Esperanza de vida: 65 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/18 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 99,4 por ciento
Las autoridades de la Federación Rusa se mostraron cada vez más intolerantes frente a la disidencia y las críticas, que calificaron de «antipatrióticas». A lo largo del año, y en particular en el periodo previo a las elecciones a la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma) celebradas en diciembre, fue evidente la ofensiva contra los derechos civiles y políticos. Dado el estricto control de la televisión y otros medios de comunicación por parte del Estado, durante el año las protestas políticas alcanzaron su punto álgido en las manifestaciones callejeras; la policía detuvo a manifestantes, periodistas y activistas de derechos humanos y golpeó a algunos de ellos. Activistas y miembros de la oposición al gobierno también sufrieron detención administrativa.
Aumentó el número de ataques racistas de los que tuvieron conocimiento los medios de comunicación; al menos 61 personas resultaron muertas en todo el país a consecuencia de estos ataques. Aunque las autoridades reconocieron el problema y aumentó el número de procesamientos por delitos de motivación racial, estas medidas no lograron contener la oleada de violencia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Rusia era responsable de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales en 15 sentencias relacionadas con el segundo conflicto checheno, que comenzó en 1999. En la República de Chechenia se denunciaron menos casos de
desapariciones forzadas que en años anteriores; sin embargo, las violaciones graves de derechos humanos eran frecuentes, y las personas se mostraban reacias a denunciar los abusos por temor a sufrir represalias. En Ingushetia las violaciones graves aumentaron, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Se abrumó a las ONG con onerosos requisitos sobre la presentación de informes, en virtud de cambios introducidos en la legislación. La policía torturó a personas detenidas, entre otras cosas para extraer «confesiones»; también se denunciaron casos de violencia contra presos en las cárceles.
Información general
La corrupción generalizada socavaba el Estado de derecho y la confianza de la población en el sistema jurídico. Se creó una nueva estructura dentro de la Fiscalía General, el Comité de Investigación, responsable de las investigaciones criminales. Al final del año no estaba claro qué repercusiones tendrían esos cambios en el trabajo de la fiscalía.
Se introdujeron nuevas leyes reguladoras de la inmigración, diseñadas para simplificar los procedimientos de inmigración y la obtención de permisos de trabajo, pero que al mismo tiempo aumentaban las penas por emplear a migrantes irregulares. La ley de enero de 2007 contra la presencia de trabajadores extranjeros en los mercados al por menor rusos, que el presidente Putin presentó como una forma de proteger a los «rusos nativos», fue considerada por algunos como una ley que legitimaba la xenofobia.
El partido gobernante, Rusia Unida, ganó por amplia mayoría las elecciones a la Dumacelebradas en diciembre. El presidente Putin encabezaba la lista electoral del partido. Una misión de observación compuesta por parlamentarios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa calificó las elecciones de «no limpias».
El Cáucaso Septentrional siguió siendo una región violenta e inestable. La situación de seguridad en Ingushetia se deterioró; grupos armados lanzaron numerosos ataques, a menudo mortales, contra miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Hombres armados sin identificar perpetraron numerosos ataques contra civiles no ingushes, incluidos miembros de la etnia rusa. En
Chechenia continuaron los combates esporádicos, con incursiones de grupos armados en la capital, Grozni, y otras zonas. Ramzan Kadyrov fue nombrado presidente de Chechenia en marzo, tras la dimisión de Alu Alkhanov.
Defensores y defensoras
de los derechos humanos
Representantes del gobierno y los medios de comunicación controlados por el Estado acusaron reiteradamente a personas que defendían los derechos humanos y a miembros del movimiento de oposición de defender intereses extranjeros y de ser «anti-rrusos». Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de organizaciones de la sociedad civil sufrieron acoso e intimidación. Se acusó selectivamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas independientes de delitos tales como utilizar programas informáticos sin licencia o incitación al odio.
Oleg Orlov, presidente del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, y tres periodistas de un canal de televisión ruso, que tenían previsto hacer un seguimiento de una manifestación contra los graves abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fueron secuestrados el 24 de noviembre en un hotel de Ingushetia por hombres armados y enmascarados. Oleg Orlov y los periodistas afirmaron que los habían golpeado y amenazado con dispararles antes de abandonarlos en un campo.
En abril se obligó por primera vez a las ONG rusas a presentar informes de sus actividades al Servicio de Registro Federal, en virtud de la nueva ley sobre ONG. En los meses posteriores muchos defensores de los derechos humanos vieron cómo se sometían sus actividades a inspecciones reiteradas, tenían que registrar de nuevo sus organizaciones en largos procesos burocráticos y se veían obligados a impugnar en los tribunales denuncias contra sus ONG.
Observatorio Ciudadano, una organización de derechos humanos de San Petersburgo que se ocupaba de temas como la reforma de la policía y la lucha contra el racismo, financió sus publicaciones con dinero de donantes no rusos. El Servicio de Registro Federal consideró que el hecho de que en las publicaciones aparecieran los nombres de los donantes constituía publicidad para éstos, por lo que la ONG debería haber pagado un impuesto. En julio, el Servicio de Registro Federal exigió copias de todas las
comunicaciones enviadas por la ONG desde 2004. Observatorio Ciudadano cuestionó el derecho del Servicio de Registro Federal a recibir tal información.
En agosto entraron en vigor nuevas enmiendas a la ley para combatir las «actividades extremistas». Las enmiendas añadían la motivación de odio contra un grupo específico a la lista de posibles motivaciones «extremistas», con lo que ésta incluía no sólo el odio a una raza, religión o etnia específicas, sino también a grupos políticos, ideológicos y sociales. La ley permitía castigar con mayor severidad actos de vandalismo de escasa gravedad si habían sido motivados por el odio contra un grupo específico. Las personas que defendían los derechos humanos temían que la ley pudiera utilizarse para reprimir la disidencia.
El 27 de enero, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria dictada contra el defensor de los derechos humanos Stanislav Dmitrievskii, a quien en 2006 se había impuesto una condena condicional por apología del odio racial, tras publicar artículos escritos por dirigentes separatistas chechenos. En noviembre, un tribunal de Nizhni Novgorod le impuso condiciones más estrictas.
Según los informes, nueve personas fueron inculpadas en relación con el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en octubre de 2006.
Libertad de expresión
En los meses previos a las elecciones a la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma), las autoridades limitaron aún más las expresiones públicas de disidencia. Decenas de personas, entre ellas periodistas y observadores, permanecieron detenidas durante breves periodos antes, durante y después de las manifestaciones, y muchas fueron declaradas culpables de violaciones del Código Administrativo en juicios que no siempre cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos.
En noviembre, el dirigente opositor Garry Kasparov fue condenado a cinco días de detención
administrativa por haber participado en una «marcha de los disidentes» en Moscú, una semana antes de las elecciones a la Duma. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia y pidió su liberación inmediata.
La policía utilizó fuerza excesiva en varias ocasiones con el fin de reprimir las manifestaciones organizadas por partidos de oposición y activistas
antigubernamentales. Tras participar en una manifestación celebrada en San Petersburgo el 15 de abril, varias personas precisaron tratamiento hospitalario.
Las autoridades utilizaron métodos diversos para impedir que periodistas y conocidos activistas políticos y de derechos humanos asistiesen a las manifestaciones e informasen de ellas. En mayo, el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, prohibió una marcha en favor de los derechos de los gays en Moscú. Activistas a favor de los derechos de este colectivo, entre ellos varios miembros del Parlamento Europeo, permanecieron detenidos brevemente tras haber intentado entregar una petición a Yuri Luzhkov, instándolo a respetar el derecho a la libertad de expresión y protestando contra su decisión de prohibir en Moscú una marcha a favor de los derechos del colectivo gay.