163 dicha Comisión

In document Informe sobre el examen de México (página 163-167)

En dicho Convenio se prevé la posibilidad de que las solicitudes de información se realicen a través de medios electrónicos, por lo cual la CNBV ha logrado importantes avances. Las operaciones activas, pasivas o de servicios que realizan los usuarios de las instituciones de crédito son consideradas como confidenciales y por lo tanto protegidas por el secreto bancario mismo que se encuentra contenido en el Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

No obstante, en este ordenamiento se señala expresamente que el secreto bancario se encuentra exceptuado en los casos en que lo requiera la autoridad judicial con motivo de providencia dictada en juicio en el que el usuario sea parte, o bien cuando lo requiera de las autoridades mencionadas en el mismo a través de la CNBV. Para este efecto, en la parte final del citado ordenamiento se dispone que la CNBV emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

SIARA

El 12 de febrero de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de Carácter

General aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, siendo éstas fundamento del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA),

creado a partir de la necesidad de atender el creciente volumen de requerimientos formulados por las distintas autoridades competentes de manera eficiente y oportuna, mediante su automatización.

La autoridad captura sus requerimientos a través del SIARA de una manera estructurada, ordenada y siguiendo los manuales para el llenado de un formato que permite una mayor agilidad en su atención, siendo una herramienta amigable y de fácil uso basada en una plataforma Web, teniendo como beneficios los siguientes:

 Transferencia en tiempo real de los requerimientos a la CNBV.

 Mayor seguridad en el tratamiento de la información (a diferencia del manejo físico).

 Reducción de tiempos en dictaminación y notificación a entidades financieras.

 Envío de información estructurada a las entidades financieras, que facilite su atención a través de sistemas automatizados.

 Reducción en los tiempos de atención a autoridades.

El acceso a este sistema se restringe a los funcionarios que la autoridad requirente señala como responsables a través de cuentas de usuario personalizadas que se proporcionan a la autoridad y con las claves de acceso que el propio usuario introduce en el sistema. Una vez que el requerimiento es enviado a la CNBV, ingresa directamente a los sistemas de las áreas y funcionarios competentes para su análisis y posterior notificación electrónica a las áreas encargadas dentro de las entidades financieras.

La información solicitada por medio de los formatos notificados a través del SIARA es relativa a las personas físicas o morales que son parte en los procedimientos competencia de la autoridad requirente, por lo que pueden contener datos como el nombre de la persona investigada, domicilios, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cuentas bancarias, entre otras. Por lo anterior, en virtud de tratarse de información confidencial, la seguridad que garantiza el uso del SIARA se considera de suma relevancia.

Fuera del SIARA, existen plataformas adicionales para la coordinación y cooperación de las autoridades públicas y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley:

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)

El Sistema Nacional de la Seguridad Pública (SNSP) es la instancia que sienta las bases de coordinación, así como la distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados, el

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Distrito Federal y los municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública siendo este último la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, encabezado por la Secretaría de Gobernación. El SNSP cuenta con una base de información.

Plataforma México

La Plataforma México es una base de datos que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública de la Federación, de los Estados y de los municipios. La Plataforma México está organizada bajo la Secretaría de la Seguridad Pública.

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

Los servidores públicos y todas las demás personas que, en ejercicio de funciones públicas, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio tienen la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos. Además, México dispone de varios mecanismos para el intercambio de información a nivel inter-institucional. Por lo tanto, México ha implementado la disposición bajo examen.

(c) Éxitos y buenas prácticas

Se considera buena práctica el establecimiento del Sistema SIARA para atender de manera eficiente y oportuna el volumen de requerimientos de información bancaria formulados por las distintas autoridades competentes.

Artículo 39. Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado Párrafo 1 del artículo 39

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

El Servicio de Administración Tributaria por conducto de sus unidades administrativas competentes atendiendo a lo previsto por la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, el párrafo primero del artículo 192 de la Ley del Mercado de Valores y párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Sociedades de Inversión47 como autoridad hacendaria, se encuentra facultada para requerir y recabar información y documentación de las instituciones del sistema financiero a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sea para fines fiscales o por requerimiento judicial cuando los titulares de las cuentas sean parte o acusados en un proceso penal.

En el ámbito de la prevención del delito, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a partir de 2010 ha llevado a cabo una campaña de sensibilización a través de seminarios, simposios, congresos, sesiones de consejos y de comités, programas y foros en general, con la finalidad de promover la adopción de mecanismos de autorregulación en las empresas, sensibilizando a los representantes del sector privado sobre la importancia de la corresponsabilidad.

Dentro de las actividades desarrolladas en el 2011, se encuentra el Primer Taller de Integridad Empresarial cuyo objetivo principal fue sensibilizar al sector privado sobre el impacto y los efectos que los instrumentos

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jurídicos internacionales tienen en las empresas que operan en México, además de promover la ética empresarial mediante la difusión de herramientas de prevención de la corrupción y el fraude. El Taller se desarrolló conjuntamente con la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Pacto Mundial de la ONU en México, la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México y el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), capacitando a 70 representantes de empresas en la instrumentación de programas de integridad, siendo los principales sectores el farmacéutico, alimenticio, de consultoría, de autotransporte y energético. Existe también una cooperación con la Confederación de Cámaras Industriales, un órgano de consulta con el Gobierno consistiendo de 46 cámaras industriales.

En México, 224 empresas participan en el Pacto Mundial, cuyo principio 10 se refiere a la lucha contra la corrupción.

En el marco de un proyecto con la UNODC, las autoridades de México han cooperado con el sector privado en la lucha contra la corrupción.

Como parte de las acciones implementadas en materia de prevención la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo México (ICC México) suscribieron un Convenio a través del cual se promueven el desarrollo y la implementación de diversas medidas específicas para combatir el fenómeno de la corrupción en el ámbito público y privado, cuyas vertientes se encuentran dirigidas a la denuncia y protección a denunciantes; sensibilización y capacitación en integridad empresarial y reconocimiento de las empresas que han implementado un programa de integridad empresarial (o programa anticorrupción), por parte del gobierno.

Las entidades financieras sujetas al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de activos) y financiamiento al terrorismo , se encuentran obligadas a llevar a cabo procedimientos de debida diligencia (simplificada y reforzada) dependiendo del tipo de clientes y usuarios de que se trate y en los casos procedentes, reportar las operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes, en dólares de los EEUU en efectivo, con cheque de caja y transferencias internacionales de fondos, que hayan sido realizadas por las mismas, como el caso de servidores públicos cuyos recursos depositados en una entidad financiera no correspondan con su nivel de percepciones declarado.

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente: I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate. Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva.

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o

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cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela o de la propia institución.

El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 117 de esta Ley.48

48 Desarrollo posterior a la visita:

Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico.

En los casos previstos en los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta Ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicha Secretaría requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.

Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y

b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de:

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;

b. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;

c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo;

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento;

e. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, y

f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada institución de crédito.

Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas.

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley. Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 107 Bis, 109 Bis 5, segundo y tercer párrafos de la presente Ley, con multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas

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Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, o de quien tenga interés jurídico.49

(Se deroga el segundo párrafo).

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos. Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

Párrafo tercero, reformado por DOF 18-07-2006, que seguirá vigente hasta el 18 de julio de 2013: Las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

Artículo 115 Bis.- Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las

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