La ampliación y el mejoramiento de infraestructura, necesarios para ofrecer más cupos en condiciones apropiadas para prestar el servicio, requería un apoyo de recursos económicos y un mejoramiento de los mecanismos de decisión, diseño y gestión. En efecto, el gasto en adecuación o ampliación de infraestructura se hacía anteriormente, en muchos casos, sin criterios apropiados, con el consiguiente desperdicio de recursos y, en otros, sirvió para contrataciones influidas por consi-
Para dar el respaldo financiero necesario, el Ministerio orientó con más preci- sión el uso del presupuesto, estableciendo la ampliación de cobertura como el principal criterio de inversión de la Ley 21 de 1982. Mediante las resoluciones 277 de 2003 y 3350 de 2007, se definieron criterios de inversión en infraes- tructura para ampliación de cobertura. También se consideraron la atención de emergencias en el caso de instituciones afectadas por acciones violentas o desas- tres naturales. Se determinó que los proyectos fueran presentados al Ministerio por las secretarías de educación responsables de la cobertura y que no llegaran directamente de las instituciones educativas; asimismo, se puso en manos de las entidades territoriales la ejecución de los recursos11. Desde 2003, el Ministerio
apoyó a más de 500 municipios, sobre todo en zonas rurales y asentamientos con baja cobertura en secundaria y media. Adicionalmente, a partir de 2008 y mediante el Plan Fronteras, se fortaleció la ampliación de cobertura en la frontera con Ecuador y, a partir de 2009, en las de Venezuela y Brasil.
Para garantizar proyectos de buen nivel, el Ministerio impulsó la definición de normas rigurosas de diseño12, cuya aplicación es obligatoria para los que cuentan
con financiación del Ministerio, así como para aquellos adelantados con créditos de Findeter, recursos del Fondo Nacional de Regalías y de las entidades territo- riales. Con esta reglamentación, a partir de 2004, los diseños y estudios se contra- taron por parte del Ministerio con firmas consultoras de asistencia técnica.
Entre 2003 y 2008, se invirtieron $363.122 millones de pesos con fondos de la Ley 21 en 1.461 proyectos que contemplan la construcción de 6.514 aulas para generar una capacidad de 283.362 cupos. Sin embargo, las nuevas condi- ciones de calidad, la inexistencia de registros de propiedad y la poca capacidad administrativa de algunas entidades territoriales hicieron muy lento el proceso de contratación y ejecución que, en el mejor de los casos, tomaba 18 meses y se podía extender a más de dos años.
Ante la necesidad de aumentar la inversión en el sector público como respuesta a la crisis económica de 2009, el Gobierno nacional lanzó el Plan de Inversión Anticíclico. El Ministerio aprovechó esta oportunidad, que además le permitía buscar esquemas más ágiles de contratación para promover, junto con las entidades territoriales, la construcción de infraestructura13. En consecuencia, 11 La distribución de los recursos a las instituciones inducía presiones al Ministerio, al que se le hacía muy difícil, en algunos casos, evaluar la necesidad y prioridad real de la inversión. La ejecución por parte de las instituciones hacía casi imposible su seguimiento y dio origen a muchas obras mal realizadas e inconclusas.
12 Norma Técnica Colombiana NTC-4595.
13 Se realizaron convenios globales por entidad territorial, con organizaciones con amplia experiencia en construcción de infraestructuras como la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), Organización Internacional de Migraciones (OIM), el Fondo Financiero de Programas de Desarrollo (FONADE), y el Plan Internacional, entre otras.
se consolidaron recursos que, en el periodo 2009-2011, llegan aproximadamente a 837.000 millones de pesos provenientes de la Ley 21 de 1982, el Presupuesto General de la Nación, las regalías (directas y del FNR), créditos Findeter y dineros propios de las entidades territoriales. Se calcula que, con este plan, se construirán 6.218 aulas adicionales. En los fondos de contrapartida, para lograr financiar proyectos más integrales, se están considerando elementos adicionales, como salones múltiples y áreas administrativas, entre otros, con el fin de finan- ciar proyectos más integrales.
Con el fin de cumplir las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la atención de población en situación de desplazamiento, se diseñó el proyecto de construcción y dotación de 47 colegios para ciudades y zonas marginales que concentraban un alto porcentaje de personas que están desplazadas. Cada colegio tiene capacidad para 1.440 estudiantes, lo que permite ofrecer un total de 67.680 nuevos cupos. Se destinaron $419.774 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación de las vigencias 2007 a 2011. Estos colegios se han diseñado con especificaciones del más alto nivel, con la idea de que deben ser hitos urbanos por sus calidades estéticas y arquitectónicas. Para escoger los diseños, se usó el meca- nismo de concurso de arquitectura, administrado por Fonade, quien coordinó también los procesos para adjudicar la ejecución de las obras buscando reducir al mínimo los tiempos de entrega. También fue muy exigente el proceso para selec- cionar la dotación, que debe responder a las necesidades de un proyecto educativo moderno de calidad.
Los colegios serán administrados por contratos de concesión, otorgados a entidades educativas que tengan establecimientos de educación clasificados como de resultados superior y muy superior y universidades con programas registrados como de alta calidad. Para garantizar los recursos y la estabilidad de los contratos, se crearon formas de contratación que permiten el uso de 12 años de vigencias futuras del SGP14.
En conclusión, la inversión en infraestructura educativa, desde 2002 a 2010, ha mejorado los procedimientos, la calidad de los diseños y de los sistemas de contratación y ha sido un elemento esencial para la ampliación de cobertura. La inversión de 1,2 billones permitió crear 649.410 nuevos puestos de estudio.
14 Este modelo había sido aplicado en Bogotá en el periodo 1998-2002 y ha dado magníficos resultados en calidad. Ver Alfredo Sarmiento, Carlos Eduardo Lucio y Gustavo Duncan, evaluación de la gestión de los colegios en concesión en Bogotá 2000-2003. Bogotá D.C., Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Estudios Económicos. 2005; CORPOEDUCACIÓN, evaluación integral proyecto de concesión educativa. Contrato no. 078 de agosto 8 de 2003. Bogotá D.C. 2004; Leonardo Villa y Jesús Duarte, Los colegios en concesión de Bogotá, Colombia: una experiencia innovadora de gestión escolar, reformas o mejoramiento continuo. Washington, D.C., Banco Interamericano de Desa-