Con la Constitución de 1991 y sus posteriores desarrollos, se abrieron las puertas de manera definitiva a la descentralización de la educación y su entrega a las enti- dades territoriales. En Bogotá, que asumió la gestión de la educación en 1995, la continuidad de varias administraciones y la consolidación de un equipo técnico produjeron un modelo de gestión educativa para las secretarías de educación y permitieron ensayar y evaluar importantes innovaciones, que después pudieron replicarse en el nivel nacional y en la organización y funcionamiento de las demás.
En este terreno, la secretaría encontró, que en Bogotá, la información nece- saria para organizar en forma adecuada la oferta educativa era muy pobre y que los maestros no estaban asignados a determinadas instituciones o localidades de acuerdo con las necesidades reales de la población. En efecto, existían grandes diferencias en la relación alumno–maestro entre distintas instituciones. Esto mostraba que la distribución de maestros entre las localidades era inadecuada, fuera de que muchos estaban en comisión asumiendo tareas administrativas o de otro tipo. Una de las grandes barreras era simplemente la falta de información confiable, oportuna y completa: la secretaría no tenía los datos que le permitieran establecer exactamente la condición de los docentes y en qué se ocupaban, ni un sistema de matrícula que permitiera responder a las instituciones oportunamente, ni se contaba con un inventario completo de su infraestructura. Los procesos de matrícula cada año se iniciaban con una proyección muy precaria de cupos dispo- nibles y no se establecían mecanismos públicos para evidenciar la demanda real.
En este contexto, se emprendieron reformas administrativas para construir un sistema de información que diera soporte a los procesos administrativos y sirviera de base para la toma de decisiones, en particular para la distribución de los docentes. Se definieron parámetros para esta distribución basados en los estu-
diantes promedio necesarios por grupo de acuerdo con el nivel educativo, teniendo en cuenta la carga académica de los maestros, definida por leyes y decretos. Esto implicó la reasignación de maestros hacia las zonas en donde se necesitaban, en este caso, hacia donde crecía la ciudad y se encontraba la demanda por educación.
El resultado de este esfuerzo hizo posible una gestión eficiente de recursos docentes y de infraestructura. Demostró que, con información y decisión, se podían distribuir los recursos atendiendo a la matrícula. De este modo, lo que se hizo entre 1998 y 2001 permitió desarrollar la propuesta de distribución per cápita que se incorporó en la Ley 715 de 2001.
La modernización institucional de la Secretaría de Bogotá se centró en el fortalecimiento de las instituciones educativas bajo el liderazgo de los rectores, quienes se apoyaban en el trabajo en equipo con los docentes; además, se esta- bleció la comunicación permanente de la administración con los directivos con el fin de discutir las políticas y conocer sus necesidades y se realizaron concursos de docentes para su vinculación a la planta.
Asimismo, se generalizaron las evaluaciones de competencias como instru- mento para valorar periódicamente los resultados de los estudiantes. Se aplicaron cinco pruebas de competencias básicas y ciudadanas a todos los estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno grados. Con base en los resultados, las insti- tuciones con bajos resultados fueron acompañadas mediante el programa “Nive- lación para la excelencia”, orientado al mejoramiento de la gestión académica, emulando una experiencia chilena. Cien instituciones de bajo logro fueron acom- pañadas por universidades y otras organizaciones con el fin de desarrollar sus programas de mejoramiento. Se hizo un seguimiento minucioso de la evolución de éstas, que, en su mayoría, demostraron avances por encima de los promedios distritales.
A partir de un proyecto diseñado por la administración anterior, se estableció la Red P, que permitió la dotación con salas de computadores y la conexión de todos los colegios entre sí, con la secretaría y con Internet. Con esto se dio gran impulso al uso de las tecnologías en el aula, ya que se acompañó con una amplia estrategia de capacitación de docentes. Aquí empezó la estrategia de “A que te cojo ratón”, que después se volvería nacional.
Una acción innovadora, que ha servido de modelo para Colombia y otros países, fue la de colegios en concesión. Buscando llegar rápidamente con una oferta de calidad a las áreas marginales de la ciudad, el esquema entregó a funda- ciones y otras entidades la administración de determinados colegios. Se estableció un pago por alumno atendido equivalente al promedio del costo por estudiante de la educación pública. La asignación se hizo mediante licitación y, en el caso de las
fundaciones, debían participar colegios privados de alto nivel con el fin de traer su experiencia a la formación de grupos vulnerables. La administración de Bogotá construyó 25 colegios con estándares de excelencia arquitectónica que adicional- mente buscaban mejorar el entorno de estas comunidades. Este esquema sirvió posteriormente para diseñar el programa nacional de atención a poblaciones desplazadas.
Para fomentar la autonomía de las instituciones, se descentralizó la decisión sobre la adquisición de textos. Con base en criterios definidos, se establecieron convenios con las empresas editoriales para realizar, cada año, una “Vitrina Peda- gógica” de textos escolares, que permitió la compra, entre 1990 y 2003, de cerca de 1.200.000 volúmenes.
Como apoyo adicional a toda la política de calidad educativa, la secretaría creó la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad. Se diseñó un sistema de bibliotecas liderado por cuatro grandes bibliotecas públicas, de las cuales se construyeron tres (el Tunal, el Tintal y la Virgilio Barco). Se estableció un sistema de gestión que integraba 16 bibliotecas de barrio adicionales. Este esquema sirvió de modelo para la formulación del plan de bibliotecas del Ministerio de Cultura en 2002.
En todos estos aspectos, la gestión de la Secretaría de Educación de Bogotá a partir de 1995, pero sobre todo entre 1998 y 2003, fue un laboratorio de ensayo de muchas de las políticas que se aplicarían en el nivel nacional desde 2002.