En los primeros meses de acercamiento al campo destiné gran parte del tiempo a recopilar información sobre distintos temas —entre ellos los aspectos políticos— para comprender mejor los relieves y matices de la realidad a la que me estaba enfrentando. Consulté documentos sobre la historia de las últimas décadas y los procesos sociales actuales; mantuve conversaciones sumamente interesantes con personas de diversos ámbitos: habitantes de Sangnilaya (y de las comunidades vecinas), profesores universitarios, funcionarios del gobierno regional autónomo (GRA), empleados del Estado y miembros de algunas ONG que trabajan en la zona y viven en la ciudad. De ese primer período de investigación, uno de los “descubrimientos” que más me impactó —y que en buena medida orientó el enfoque de la tesis— fue comprobar la disociación que existe entre la dinámica política del GRA y la vida cotidiana de la comunidad225.
Aunque tanto en este acápite como en los precedentes la atención continúa puesta en Sangnilaya (y en las prácticas que allí tienen lugar), debo detenerme brevemente en ciertos aspectos de la formación y la trayectoria de los GRA, con el único propósito de entender cómo se configura esa disociación, para luego dimensionar con más claridad el contexto en que se desarrolla la producción política de autonomía en la comunidad.
Hacia finales de 1984, luego de cuatro años de conflicto armado, la cúpula de FSLN entendió que para disminuir los enfrentamientos con la Contra y
225 Inevitablemente surgieron preguntas incómodas. ¿Era legítima la supuesta representatividad de los funcionarios públicos? ¿Hay lugar para las comunidades en esa estructura de poder? ¿Puede la población rural participar en las decisiones sobre políticas públicas vinculadas a sus territorios? Si no era así, entonces ¿por dónde pasa la autodeterminación? Y en última instancia, ¿qué aspectos debía privilegiar en mi estudio? Las respuestas que fui encontrando sirvieron de base para tomar decisiones metodológicas y retroalimentar mis lecturas sobre la compleja realidad y las narrativas que se han producido sobre esa realidad.
195
trasladar la guerra a un terreno de negociaciones políticas debía resolver lo que se conocía como “el problema étnico”. En ese marco, una de las iniciativas más destacadas fue la formación de la Comisión Nacional de Autonomía (CNA)226, cuyos integrantes se encargaron de elaborar el documento base227 —que contenía los principios fundamentales de lo que luego sería el Estatuto de Autonomía—, y de legitimar públicamente el documento informando a la población sobre su contenido, a través de una performance de consulta popular228. El modelo de gobierno que contenía el estatuto apuntaba a centralizar el poder en dos GRA, en vez de enfrentarse con la dispersión y la autonomía de cada comunidad. Como recuerda Mirna Cunningham:
No había una articulación como territorio, [en aquel] entonces no tenían gran peso las alcaldías, lo que teníamos eran las comunidades. Pero entonces lo que se pensó era un mecanismo que facilitara la interlocución con Mana- gua. Porque siempre se pensó que la autonomía lo que tenía que hacer era garantizar la transferencia de competencias hacia una estructura que facili- tara la administración territorial, y por eso se dividió en dos regiones, RAAN y RAAS)229.
Cabe destacar que hasta ese momento en la Costa no existían antecedentes —ni históricos, ni contemporáneos— de espacios políticos conformados por la pluralidad étnica que habita en la región y que, además, establecieran algún tipo de coordinación para gobernar conjuntamente el territorio. Las
226 La Comisión Nacional de Autonomía estaba compuesta por Luis Carrión, quien era viceministro del Interior; algunos intelectuales nicaragüenses como Hazel Lau, Ray Hooker, Galio Gurdián, Manuel Ortega y Orlando Núñez; y los antropólogos Héctor Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas, que llegaron desde México.
227 “Principios y políticas para el ejercicio de los derechos de autonomía de los pueblos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua. Comisión Nacional de Autonomía de la Costa Atlántica. Julio de 1985” (Ver Jenkins, 1986, p. 450).
228 La bibliografía disponible que con mayor o menor profundidad se detiene en la formación de las regiones autónomas no va más allá de repetir que la Ley 28 fue consensuada con la población en asambleas y talleres, pero lamentablemente nada se dice sobre lo que pensaba la gente en esas consultas o si existieron propuestas diferentes al documento presentado por la CNA, mismo que, por otro lado, en lo estructural quedó prácticamente igual después de la consulta. Entiendo que el tema es sumamente complejo y excede los alcances de este libro. En todo caso, señalo que ninguno de los adultos en Sangnilaya recuerda haber participado en dicha consulta y muy pocos saben que existió esa experiencia.
229 Mirna Cunningham fue una destacada dirigente miskitu durante los años de la revolución y ocupó cargos en el gobierno sandinista, entre los cuales se puede mencionar como el más importante el haber sido entre 1984 y 1990 delegada de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional para la Zona Especial 1 (actualmente la RAAN).
196
estructuras de poder habían sido de corte elitista, y en ellas participaron miskitu, creole y mestizos —según los momentos históricos— que antes que representar a sus grupos étnicos, respondían a sus propios intereses personales y al de los empresarios a los que estaban asociados. Es por eso que los GRA aparecen como una instancia de gobierno inédita.
Por otro lado, la CNA quería evitar que un grupo étnico pudiese situarse
en una posición hegemónica sobre los otros. Las preocupaciones se apoyaban
en la existencia de ciertas diferencias sociales construidas históricamente a partir de relaciones laborales jerarquizadas —en las que, por ejemplo, los creole junto con los comerciantes mestizos ocupaban el puesto más alto, en contraposición a los mayangna, que ocupaban el más bajo. Se originaban también en la disparidad demográfica que había entre los grupos230 y en la nueva preponderancia del liderazgo miskitu sobre los demás, por ser quienes encabezaban el movimiento de resistencia armado. Para tratar de garantizar un equilibrio de fuerzas que permitiera mayor estabilidad política en la región —presentado en ese contexto bajo el eufemismo de convivencia pluriétnica— se contemplaron dos mecanismos.
En primer lugar, se dividió cada región autónoma en 15 circunscripciones electorales, y para algunas de esas subdivisiones se estipuló que el primer concejal de la lista de tres —presentada por los partidos políticos— debía ser de una etnia en particular, basándose en un cálculo que tendiera a favorecer proporcionalmente a los grupos más pequeños y garantizara su
participación231. En segundo lugar, la ley indicaba específicamente que en la junta directiva del Consejo Regional —una pieza neurálgica del gobierno integrada por siete personas— debían estar incluidas cada una de las etnias de la región correspondiente232. Pero aparte de estas precauciones formales, en la práctica una de las debilidades del GRA no ha sido la participación y la representatividad étnica a través de los candidatos —lo cual pese a todo se ha cumplido233—, sino la falta de representación rural, al margen del grupo étnico al que se pertenezca. Veamos esta situación de cerca.
Como parte de la investigación para entender el contexto político de Sangnilaya, averigüé la procedencia de los concejales que han representado a la circunscripción 7, y obtuve el siguiente resultado234: de los quince
230 En 1981 (González et al., 2007, p.95) la demografía de la Costa Atlántica estaba conformada de la siguiente manera: mestizos (182,000), miskitu (66,000), creole (25,000), mayangna (5,000), garífuna (1,500), y rama (650).
231 Ver artículo 142 de la Ley 331, La Gaceta 16, enero de 2000. 232 Ver artículo 27 de la Ley 28, La Gaceta 238, octubre de 1987.
233 Aunque existe preocupación por el aumento de mestizos en los Consejos Regionales. Ver PNUD, 2005, p. 283.
197
funcionarios que fueron votados entre 1990 y 2006, todos habían sido elegidos en
Bilwi en el seno de los partidos políticos a los cuales pertenecían, y tenían su residencia en la ciudad. Las conversaciones que mantuve con el responsable del Consejo
Supremo Electoral para la RAAN, fueron claves para aclarar ese panorama político. A continuación transcribo parte de sus comentarios:
si algún partido quiere tener sus tres candidatos para una circunscripción, hacen sus elecciones primarias o internas dentro de la organización política, y luego salen los candidatos de esa organización para esa circunscripción. En esas elecciones internas se eligen los tres que van a quedar (…) Nadie puede correr por sí solo, hay que pasar las primarias, hacer la vida orgánica de un partido, ser aceptado por las bases, porque la asamblea de cada partido es la que te acepta (…) son muy pocas las personas de las comunidades que participan como candidatos de un partido, casi todos los representantes son de la parte urbana que tienen alguna identificación con, o nacieron en la comunidad, [pero] la mayoría son de la parte urbana de Puerto o de Waspam o de Las Minas235, pero muy poco de una comunidad. En ese sentido, la
participación de los comunitarios es pobre. Primero porque no tienen los recursos, y es que para ser candidato, sino tenés recursos no podés correr [como candidato] o a menos que tengas un padrino que te ayude, y la gente de las comunidades muy poco se meten a hacer esa vida política, pueden ser activistas…[pero] muy poca gente hay que es de la comunidad.
La dinámica del trabajo a lo interno de los GRA, pero sobre todo el hecho de que tengan que militar en un partido político para acceder a un puesto de concejal —cuyos códigos, intereses y tiempos están más ligados a los grupos hegemónicos que a la vida de las comunidades— han propiciado un gobierno con un funcionamiento urbanocéntrico236. Puesto que la Ley 28 no contempla ningún mecanismo por el cual los wihtas o las asambleas comunitarias —como legítimos representantes de las comunidades— puedan acceder a espacios de discusión y decisión dentro del GRA sobre los temas que afectan a su territorio, cabe preguntarse ¿en qué aspectos, prácticas o espacios se manifiesta la dimensión política de esta población?
el Llano Norte de Puerto Cabezas, entre las cuales está Sangnilaya. 235 Así se denomina a las tres ciudades mineras: Bonanza, Siuna y Rosita.
236 Señalar el distanciamiento que hay entre las autoridades electas y “sus” comunidades forma parte de las críticas que algunos autores hacen al funcionamiento del régimen autonómico (Mattern, 2003, p. 71 y González, et al., 2007, p. 149), pero nada se dice sobre esta ruptura en la cadena de representación. Hacerlo sería evidenciar la incoherencia interna del modelo actual de autonomía institucional y, por lo tanto,
198