Hacia una nueva institucionalidad (1876-1888) De acuerdo con

Fausta Gantús (2009) en una investigación sobre esta etapa, al comienzo del Porfiriato la caricatura política osciló entre la acción partidista y la participación en la vida colectiva. Si hacia 1870 la mayoría de las caricaturas independientes estaban orientadas por el interés en construir una visibilidad que minara la autoridad y le restara legitimidad al gobierno, desde una posición facciosa y en beneficio de algún grupo o caudillo, una década después las caricaturas

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publicadas en El Hijo del Ahuizote buscaron incentivar la participación

democrática de la sociedad en los asuntos del Estado. Lo que Gantús señala podría interpretarse como un rasgo de transición hacia la modernidad en el ámbito de la caricatura política. Sin embargo, ni el periodismo más institucional ha mostrado un avance progresivo en bloque, sino que sus prácticas se han desplegado siempre a partir de jugadas en circunstancias concretas dentro del marco del género discursivo. Si en el periodismo han operado estrategias a través de dispositivos específicos que tienden a la institucionalización del espacio, también se ha hecho del eje temporal un factor de indisciplina para hacer jugadas de acuerdo a la ocasión. Si lo anacrónico ha sido considerado como un error en el campo institucional del periodismo, donde impera la actualidad noticiosa, en la caricatura las referencias anacrónicas y las mezclas de culturas han servido a la retórica para sostener posiciones antagónicas. Si el periodismo por su carácter público se ha visto obligado a hacer un pacto institucional con los poderes fácticos, los usos populares inscritos en el género de la caricatura han posibilitado que pueda eludir los compromisos institucionales. Así, la caricatura política de La Orquesta durante el gobierno

juarista fue tan institucional como El Hijo del Ahuizote lo fue en la época

analizada por Gantús, aunque las relaciones entre el gobierno y la prensa de cada época fueron diferentes. Desde la institucionalidad era posible criticar o alabar al gobernante en turno. Y la caricatura publicada por los panfletos durante los primeros años del México Independiente tuvo un espíritu tan subversivo como El Ahuizote.

Lo que Gantús califica como una actitud institucional de los caricaturistas también puede ser descrito como una posición táctica, que juega con la ocasión para ser simultáneamente elusiva y agresiva ante la censura porfirista y la ausencia de alternativas políticas viables. Durante los gobiernos de Santa Anna, Maximiliano y Porfirio Díaz se practicó la caricatura social, enfocada a la crítica de costumbres, como una manera de mantener la crítica burlando a la censura.

Asimismo, durante sus 34 años de existencia el Porfiriato cambió junto con las relaciones que sostuvo con la prensa. A partir de esa transformación es posible establecer un corte analítico que va de 1876 hasta 1888. Durante su primer periodo en la presidencia, Porfirio Díaz fue calificado como un

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gobernante débil, inexperto y acosado por enemigos poderosos (Barajas, 2010, p. 22). En el período de gobierno de Manuel González, Díaz tuvo la oportunidad de seguir tejiendo las alianzas y exclusiones que le permitieron perpetuarse en el poder. Aún en su primera reelección en 1884, Díaz gozó de un fuerte prestigio que le permitió gobernar sin oposición significativa hasta el momento de su segunda reelección en 1888.

Durante los primeros años de Díaz al frente del gobierno mexicano, surgieron tres tipos de periódicos satíricos: los lerdistas, los antilerdistas y aquellos que estaban en contra de la tradición liberal. Ante las posturas de la prensa, el Estado castigó duramente a los periodistas opositores.

Para 1878, Díaz había consolidado su gobierno frente a la oposición lerdista pero inmediatamente después se abrió la pugna por la sucesión presidencial entre los caudillos tuxtepecanos. Esta situación promovió nuevas publicaciones satíricas para impulsar a los diferentes aspirantes en el juego de la sucesión presidencial. La arremetida de los medios lerdistas y tuxtepecanos influyó en la decisión de Díaz para no reelegirse.

A partir de 1880 descendió el número de publicaciones periódicas con caricaturas políticas. Esta inflexión se debe, según Gantús, a que el Estado terminó por imponer su fuerza y, por otro lado, a que campeó una actitud de rechazo ante los conflictos, motivada por el hartazgo de lo vivido a lo largo del siglo XIX. El discurso de orden y progreso del Porfiriato encontró eco en la búsqueda de paz y prosperidad por parte de la sociedad. Por lo menos entre aquellos sectores de la sociedad directamente beneficiados por la actuación del gobierno.

De la misma manera que caricaturistas y periodistas hacían sus jugadas tomando como arma el eje temporal, al reconstruir la memoria a partir de su actualización, las estrategias de control ejercidas por el Estado se volvieron cada vez más sofisticadas sobre el eje espacial. Si en 1847 se pretendió controlar a todo aquél que estuviera vinculado con el proceso de producción noticiosa, incluyendo a impresores y voceadores, 41 años después, Díaz fomentó una campaña entre la prensa ministerial para exigir el control sobre los periodiqueros, acusándolos de vagancia. De que hubieran pululado los voceadores se culpaba a la prensa pequeña e independiente, que al no gozar de subvenciones, sobrevivía gracias a la venta al público (Gantús, 2009, pp.

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231-234). Al control económico de los periódicos a través de subvenciones y patrocinios, siguió el financiamiento de publicaciones que ya no solamente defendían oficiosamente al gobierno, sino que simulaban una oposición moderada. Además, a través de aranceles e impuestos se provocó el encarecimiento del papel con la intención por parte del Estado de monopolizar la distribución de este insumo.

Pero la principal estrategia de este período consistió en la reforma del artículo séptimo constitucional, aprobada el 15 de mayo de 1883 bajo el gobierno de Manuel González. Referida a la ley de imprenta, esta reforma eliminaba los jurados especiales para los delitos de imprenta, lo que significó en los hechos la abolición del fuero para la prensa.

Los criterios que sirvieron de pretexto para la inquisición administrativa eran las faltas de respeto a los derechos de terceros y la sociedad en su conjunto. Se cuidaba la moral y el orden público, especialmente cuando se consideraba que los funcionarios y el gobierno eran atacados.

Las autoridades judiciales podían fundamentar un juicio y castigar a quienes consideraran como delincuentes de prensa sin necesidad de aplicar las leyes respectivas. Los jueces sólo necesitaban sus apreciaciones personales para estimar cuáles eran las motivaciones posibles y las intenciones que estaban detrás de los actos a juzgar. Esta práctica se denominaba _“psicología_” o _“función psicológica_” y se consideraba un atributo de la autoridad judicial. Los caricaturistas la representaban como una mujer- demonio, vestida de militar y con un látigo en la mano.

Ante tal panorama, puede considerarse como un síntoma que los caricaturistas de combate hayan dejado de firmar sus trabajos o recurrieran al uso de pseudónimos.

Sin embargo el poder no se organizaba como un bloque monolítico. Nunca hubo tal y menos en los primeros años del Porfiriato. En el debate público que tenía lugar en las páginas de los periódicos dominaba la preocupación por la independencia de los periodistas, de tal manera que se consideraba vergonzoso ser señalado como un periodista subvencionado, oficialista, gobiernista o ministerial.

En 1885 se publicó El Hijo del Ahuizote y en su fundación se evidenció

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tejer alianzas coyunturales que permitieran mantener las posiciones opositoras en la prensa.

Daniel Cabrera, fundador, editor y director de El Hijo del Ahuizote, fue

hijo de un militar que participó junto a Díaz en la Revolución de Tuxtepec. El padre de Cabrera también fue compañero de estudios de José María Villasana. Narra Gantús (2009) que cuando Cabrera tuvo la inquietud de fundar una publicación satírica, es probable que Villasana le haya indicado a Daniel Cabrera que acudiera con Justo Sierra para obtener algún tipo de apoyo. Justo Sierra a su vez canalizó a Cabrera con el general Vicente Riva Palacio, quien a pesar de ser partidario de Porfirio Díaz, poco a poco se alejó de él durante su gobierno, debido a que fue encarcelado en 1885, cuando era un aspirante a la sucesión presidencial. De esta manera, Riva Palacio apoyó desde el anonimato la aparición de El Hijo del Ahuizote. Barajas afirma que la publicación “es una

escisión del grupo porfirista” (2010, p. 28).

Gantús señala que los caricaturistas se profesionalizaron durante esta etapa ya que:

1. Hicieron de la práctica de la caricatura su actividad principal y se dedicaron a ella toda su vida.

2. Su talento estuvo al servicio de diferentes empresas periodísticas (2009, p. 92).

Sin embargo, es probable que ambos rasgos se hayan presentado antes, durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, en los caricaturistas que se inspiraron en la figura de Daumier.

Además, si la profesión se distingue del simple oficio porque en aquélla se compromete su actuación, su autonomía y su responsabilidad a la firma de un contrato estipulado con alguien que asume la figura de patrón o cliente, entonces el romanticismo que alentó a los caricaturistas de combate los ponía más cerca de concebir a su actividad como un oficio. La práctica de la caricatura de combate era más compatible con el oficio porque desde el campo disciplinario del arte, era considerada como un arte menor vinculado a las técnicas de reproducción en serie. En relación al campo del periodismo, se le consideraba como un género marcado por sus vínculos con la cultura popular. Si bien la gráfica satírica podía tener referencias cultas (Gantús, 2009), éstas podían deberse más bien al autor de la idea, que no necesariamente era el

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caricaturista. En todo caso, la cultura popular no reside en el contenido de la caricatura política, sino en la forma de usar las culturas. Finalmente, las relaciones de los caricaturistas con el medio para el cual publicaban distaban mucho de ser estables. Las vidas de caricaturistas como Santiago Hernández, Alejandro Casarín, Daniel Cabrera y Jesús Martínez Carrión tenían más rasgos de luchadores románticos, artistas populares y bohemios que de profesionales.

Por otro lado, los rasgos de la práctica fueron muy diferentes entre caricaturistas veteranos como Santiago Hernández y José María Villasana. Como recompensa por sus servicios a la causa, José María Villasana recibió una aduana entre otras canonjías (Barajas, 2010, p. 22) y años después fue electo diputado, pero al parecer, el costo fue que su obra haya dejado de ser lo que era antaño. Al respecto escribe Gantús:

Lo que sucedió es que sus caricaturas perdieron ingenio y picardía cuando, a diferencia de lo que ocurrió con su participación en El Ahuizote, dejó de contar con un claro blanco de ataque contra el cual estaban autorizados todos los recursos y aún los excesos en la crítica, lo que permitió a Villasana explotar en sus caricaturas ahuizotianas todas las aristas de la sátira y la ridiculización en contra de sus

adversarios”. (2009, p. 118)

En este sentido y desde la perspectiva del género discursivo, puede agregarse que la distancia crítica hacia los hombres que ejercen el poder público traicionando el programa con el que llegaron al poder, es congruente con un estilo o subgénero particular: la caricatura de combate. Más que carecer de un "claro blanco de ataque", Villasana simplemente renunció a practicar el estilo de combate y, al mismo tiempo, renunció a las prácticas innovadoras del arsenal retórico. No es que las prácticas del género lleguen a formalizarse como códigos éticos y estéticos bien definidos, donde pueda afirmarse que toda caricatura de combate sea innovadora o bien, que toda caricatura de estilo oficialista recurra al lugar común, sino que se configuran como regularidades que obedecen a criterios manipulables que pueden llegar a articularse de modo precario con programas políticos, éticos y estéticos, produciendo jugadas concretas. Es decir, el estilo de combate decimonónico y la innovación retórica son prácticas vinculadas a circunstancias históricas concretas y, en este caso, la renuncia al estilo de combate implicó también hacer a un lado la explotación de "todas las aristas de la sátira y la ridiculización en contra de sus

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adversarios", generando un efecto de sentido que Gantús explica como la pérdida de “ingenio y picardía”.

Lo mismo ocurre cuando Gantús (2009) considera que Villasana mantuvo la congruencia entre su militancia política y su oficio. Si Villasana apoyó en todo momento y de manera incondicional a Porfirio Díaz, pudo ejercer de manera congruente la caricatura de combate mientras Díaz aspiraba a ocupar la Presidencia de la República abanderado con un programa democrático. Pero cuando se instaló el Porfiriato y conforme se fueron traicionando los ideales enarbolados originalmente, como la no reelección, la práctica de la caricatura de combate en Villasana se tornó incongruente.

A diferencia de Villasana, Gantús (2009) considera que Alejandro Casarín, también partidario de los tuxtepecanos, no resistió la tentación de criticar a Díaz en el poder. Pero más allá de una cuestión de índole estrictamente subjetiva, las posturas de Villasana y Casarín pueden considerarse como un asunto de congruencia con los estilos políticos que se practican dentro de un género en un momento histórico dado.

Desde la perspectiva del género de la caricatura de combate, Santiago Hernández mantuvo mayor congruencia en sus prácticas, porque combatió, incluso con las armas, a los invasores de México y criticó a los gobiernos de Juárez y Lerdo. Nunca fue partidario de Porfirio Díaz y cuando a éste le tocó su turno en la Presidencia, se convirtió en uno de sus críticos más acérrimos.