A pesar de su voluntad acaparadora, las élites no son las únicas protago- nistas de la tragedia del Estado africano poscolonial. Así, a diferencia de las representaciones convencionales de un Estado africano autoritario cuya acción se ejerce con mayor o menor presión sobre una población al tiempo ajena y víctima de las decisiones de su administración, Mbembe (2001: 103) ha puesto de manifiesto que las lógicas de acción política en el África contemporánea son transversales, y que la misma confusión y flexibilidad ideológica de las élites se transmite, aun con menor intensi- dad, al resto de la población, en un efecto de mimesis en el que las pro- clamas a la democratización van unidas, sin solución de continuidad, con los actos de rapiña o la gestualidad autoritaria. En este sentido, las con- tradicciones que percibimos los observadores occidentales en los modos de acción política africanos son fruto de una cierta distorsión de la pers- pectiva que aplicamos sobre un campo político que entiende como com- plementarias lógicas que nos resultan imposibles de conjugar.
Ahora bien, el resultado de esa mezcla de códigos y valores en un contexto de profunda escasez no puede ser otro que extravagante y exce- sivo: la «pluralidad caótica» con la que Mbembe (2001: 128-129) des- cribe la acción política en el África contemporánea hace de la gestión del poder una simulación consentida a la que, sin embargo, los actores se de- dican con verdadero empeño. En efecto, como ha señalado con agudeza Ould Ahmed Salem (1999: 132), los actores se aprestan a participar en el juegopolítico empleando todas las artimañas posibles sin que ello ponga en duda su confianza colectiva en la legitimidad de la partida; en esa suerte de suspensión generalizada del orden legal que todo el mundo practica con más o menos ahínco, el cumplimiento estricto de la ley se interpreta como un signo de incompetencia particularmente peligroso en la medida que las jugadas emprendidas por las élites primarias y secun- darias no les afectan únicamente a ellas, sino también a la red clientelar que se ha tejido a su alrededor. En esa situación, el manejo diestro de las artes del engaño, la vulneración de los compromisos adquiridos ante la población o los dobles discursos no son objeto de una particular estig- matización, como se demuestra en el caso de las prácticas corruptas, am- pliamente satanizadas en los discursos públicos y, no obstante, aplicadas con tesón en los modos de gestión privados. La «economía moral de la corrupción» es, tal y como aventuraba Olivier de Sardan (1996: 111), una
práctica transversal que parece marcada por el efecto de mimesis al que nos hemos referido con anterioridad.
Por su parte, los partidos políticos en Mauritania no se dividen en función de las distinciones clásicas (ideológico o nacionalista-centrista). Durante el régimen de Ould Taya, cada partido había ocupado su propio lugar en el campo político en función de su oposición o no a dicho régi- men, aunque proliferase el llamado «nomadismo político», es decir, la naturalidad con la que se practicaba el transfuguismo de una organiza- ción a otra, y en términos generales del bloque de la oposición hacia el bloque presidencial.
En la oposición podemos señalar la Unión de Fuerzas Democráti- cas (UFD), encabezada por Ahmed Ould Daddah, hermano del primer presidente de Mauritania. Sus orígenes remontan a los años ochenta, en donde encontramos al Frente de Resistencia para la Unidad, la Indepen- dencia y la Democracia (FRUIDEM) (Ould Mohamedou, 2007: 330).
En octubre de 2000 se disolvió la UFD/EN (UFD Ère Nouvelle), el principal partido de la oposición bajo la acusación de promover revuel- tas populares (dentro de su política pro palestina y en contra de las rela- ciones de Mauritania con Israel). El arresto sin cargos para después ser liberado, no ha sido algo que le haya ocurrido de forma esporádica a su líder, Ahmed Ould Daddah, sino que ha sido una práctica continua desde 1992 (Clausen, 2000-2001: 110). Tampoco ha sido la única vez que le ocurriera a un líder político, como el caso de la detención de Ould Hai- dallah, candidato a las elecciones presidenciales de 2003. Fue la segun- da vez que se disuelve un partido legalmente constituido y reconocido. El primero fue el PAN (o Attali’a) en 1999. La disolución de la UFD/EN no afectó a la otra rama en la que se escindió el partido en 1998, la lide- rada por Ould Maouloud y Mohamed Ould Bedreddine, que al final pasó a llamarse Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) en noviembre de 2000, ante la oposición de la rama de Ould Daddah de que esta escisión guar- dara el nombre del partido original. La disolución oficial de la UFD/EN dio como resultado que sus miembros fundaran un nuevo partido, la Reu- nión de las Fuerzas Democráticas (RFD) en 2001. La oposición, en 1995, consiguió reorganizarse en coalición en un bloque denominado Frente de los Partidos de la Oposición (FPO), constituido por los cinco partidos más importantes de la oposición: UFD-EN, AC, APP, Attali’a y el Fren- te Popular (este último ingresó en 1998) (Mint Ainina, 2000-2001: 349). Tras la destitución de Ould Taya como consecuencia del golpe de
Estado militar de 2005, parecieron recuperarse las formas clásicas —ideológicas— de organización en el campo político mauritano, pero tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en marzo de 2007, esa deriva se ha revelado un espejismo, y se ha asistido nuevamente a la conformación de una mayoría presidencial con vocación de partido único. Uno de los logros de la modesta pero activa sociedad civil de la ca- pital ha sido el exigir el cumplimiento de la promesa electoral realizada por el candidato Sidi ould Cheikh Abdallahi, tras ganar la segunda vuel- ta de las elecciones presidenciales en marzo de 2007. Si hubo una situa- ción, durante el 2007, que invitase a un mayor optimismo fue precisa- mente la gestión del llamado dossier del passif humanitaire. El gobierno salido de las urnas trató de ser fiel a los compromisos contraídos y puso en marcha un paquete de medidas destinadas al retorno de los refugiados negro-mauritanos, peul y toucouleur en su mayoría, que vivían en el exi- lio de Senegal desde la oleada de represión que el ejército mauritano, do- minado por la etnia bidan, abatió sobre esas comunidades entre 1989 y 1991. La intervención de algunas de las principales organizaciones de derechos humanos (AMDH y SOS-Esclaves) en la resolución del proce- so, y la buena disposición de las partes en litigio, el gobierno mauritano, de un lado, y los diversos representantes del exilio, del otro, han permi- tido que dichos refugiados retornen paulatinamente al país del que ha- bían sido expulsados. La Agence Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (ANAIR), de común acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha procedido al realojo de un pri- mer contingente de 101 personas durante el mes de febrero de 2008, pero el proceso se vislumbra lento y trabajoso, tanto por la complejidad de los procesos de identificación como, sobre todo, por las dificultades de in- serción de los refugiados y por la incertidumbre que envuelve la cuestión de las indemnizaciones que los refugiados deberán, en buena lógica, re- cibir.