Como hemos señalado anteriormente, desde finales de los años setenta existe en Egipto un sistema pluripartidista impulsado por el presidente Sadat al final de su mandato que ha continuado bajo su sucesor, Hosni Mubarak. En 2008, cohabitan 24 partidos políticos legalizados, incluidos partidos de oposición tanto de izquierda (Tayammu, Partido Naserista) como de tendencia liberal (Neo-Wafd, Al Ghad), con escasa, si no nula, representación parlamentaria.
Frente a esta fachada pluripartidista, la contestación al régimen se concentra, sin embargo, en actores de oposición política que no disfrutan de un estatus legal. Es el caso, en primer lugar, de la organización isla- mista de los Hermanos Musulmanes, que a pesar de no estar reconocida legalmente como partido político, concurre a las elecciones en coalición con otros partidos —con el Wafd en 1984, y con el Partido del Trabajo y el Partido Liberal en 1987— o sus miembros como candidatos indepen- dientes.17En la cita electoral de noviembre/diciembre de 2005 obtuvie- ron 88 de los 454 escaños que conforman el Parlamento, convirtiéndose así en la principal fuerza de oposición, sin que por ello haya cesado, por parte del régimen, la campaña de acoso y persecución de sus miembros y
principales dirigentes que están siendo juzgados ante tribunales milita- res.18Por otro lado, se encuentran los actores de oposición al régimen de Mubarak, con menor peso y más reducidos, como los representantes del grupo Kifaya (¡Basta!, en español), surgido en 2004 y compuesto por un conglomerado de activistas políticos de diferentes tendencias, así como de miembros de la sociedad civil.
Aunque, sin duda, el hecho que más condiciona desde hace 27 años la vida política del país es la aplicación de la ley de estado de excepción. Según el artículo 148 de la Constitución egipcia de 1971 —actualmente en vigor con enmiendas en 1980, 2005 y 2007— el presidente puede de- clarar el estado de excepción para un período determinado de tiempo y cualquier renovación posterior ha de ser aprobada por el Parlamento. Ini- cialmente, la renovación se aprobaba cada año y después ha ido variando entre cada dos y tres años.19
Esta ley otorga al régimen un amplio poder para imponer restric- ciones a la libertad de asamblea, movimiento o residencia. Le concede la potestad de arrestar y detener a sospechosos, o a aquellos que estime «peligrosos», así como registrar individuos y lugares sin necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello ha posibilitado a las autoridades impedir la celebración de cualquier asamblea que no obtuviera su visto bueno y llevar a cabo numerosas de- tenciones, sobre todo de miembros de los Hermanos Musulmanes. Am- parándose en la ley de estado de excepción, el régimen prohíbe manifes- taciones en la calle, incluso las convocadas por partidos políticos legalizados, que tampoco obtienen la autorización para celebrar mítines en espacios públicos, ni siquiera en períodos electorales. A lo largo de los años, estas medidas, entre otras, han constreñido el papel de los par- tidos políticos legalizados, que han sentido de manera constante la ame- naza de traspasar los límites de la ley, lo que finalmente les ha converti- do en inexistentes para la mayoría de la población.
Esta situación que podríamos calificar de «pluralismo autoritario» (Hernando de Larramendi, 2000) ha permitido la emergencia de otros grupos de oposición política no legalizados. Además de los ya existentes Hermanos Musulmanes, en los últimos diez años, y más concretamente desde 2000, la actividad política en Egipto volvió a la calle a raíz de las manifestaciones convocadas en apoyo a la segunda Intifada palestina. Las autoridades no intentaron detenerlas ya que el motivo de las mismas era la causa palestina.
La cuestión Palestina y la ocupación de Irak han sido temas de los que se han servido las fuerzas de oposición para aumentar su visibilidad pública. La impopularidad de la posición oficial del régimen mantenien- do relaciones diplomáticas con Israel —iniciadas por Sadat en 1977 y culminadas con la firma del tratado de paz entre ambos países en 1979— y a pesar de los avatares del proceso negociador, ha obligado al régimen a cultivar una posición de cierta tolerancia en lo relativo a este tema. El rechazo a la «normalización» con el Estado de Israel, denominado Tat- bia, alcanza no solo a las fuerzas de oposición antes mencionadas sino que se extiende a amplios sectores de las élites políticas e intelectuales vinculadas al régimen.
El rechazo social al mantenimiento de relaciones con Israel y la po- lítica de estrecha vinculación con Estados Unidos, obliga al régimen a to- lerar manifestaciones públicas y actos de protesta para que actúen como válvula de escape. Algo similar ocurrió tras la invasión norteamericana de Irak en 2003. En aquella ocasión el régimen de Mubarak, que se des- marcó del proyecto democratizador del «Gran Oriente Medio»20pero que no quería romper sus lazos con Estados Unidos, permitió que la opinión pública expresara su rechazo a la ocupación (Azaola, 2005).
Esta tolerancia del régimen ha sido aprovechada por los diferentes actores de la oposición, tanto por los Hermanos Musulmanes como por otros grupos que emergían al hilo de los acontecimientos. El aumento de las protestas a favor de la Intifada de 2000 llevó a la creación del «Co- mité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada Palestina», que fue atrayendo a diferentes sectores de la sociedad civil y a activistas políti- cos que progresivamente formaron los núcleos de los movimientos de protesta egipcios contra la guerra de Irak.
Las protestas contra la guerra de Irak contribuyeron considerable- mente a reavivar el debate sobre la democracia, traspasando las organi- zaciones e instituciones que tradicionalmente habían tratado este tema. La actividad política pareció volver a la calle y los grupos que la promo- vían no estaban legalizados. Sus integrantes eran mayoritariamente de tendencia socialista, marxista y naserista, a los que posteriormente se unieron los Hermanos Musulmanes (Azaola, 2008: 151).
La multitudinaria manifestación, parcialmente tolerada por las autoridades, que tuvo lugar en El Cairo el 20 de marzo de 2003 al ini- ciarse el ataque norteamericano a Irak, sirvió de detonante y llevó al sur- gimiento de la plataforma «Movimiento 20 de Marzo», cuya prioridad se
resumía en su lema de lucha contra el despotismo y las dictaduras. Sus fundadores eran intelectuales y activistas de izquierdas que exigían la li- beración de Irak, pero también la liberación de Egipto de la corrupción. Año y medio después, el 9 de septiembre de 2004, con vistas a afrontar las citas electorales de 2005 —presidenciales en septiembre y legislati- vas en noviembre—, y ante la más que probable renovación de Mubarak como candidato a la presidencia de la República, inició su campaña de protesta una nueva plataforma, «Campaña Popular por el Cambio», crea- da en torno a otras iniciativas y organizaciones como el «Movimiento 20 de Marzo», el Partido Comunista y los Hermanos Musulmanes, el pe- queño partido clandestino de tendencia naserista, Al-Karama, la organi- zación no gubernamental «Centro Legal Hicham Mubarak», así como 15 grupos y organizaciones de la sociedad civil que firmaron un comunica- do que llevaba por título: «No a la renovación, no a una sucesión heredi- taria, sí a elecciones presidenciales».
Vinculada a esa nueva plataforma surgió el grupo que más repercu- sión ha tenido desde que convocara su primera manifestación, en di- ciembre de 2004, bajo el lema que posteriormente ha dado nombre al movimiento, Kifaya. Se trata del «Movimiento Egipcio por el Cambio». Este grupo, que reclama el final del mandato de Mubarak, del monopolio del Partido Nacional Democrático y de la ley de estado de excepción, está compuesto por activistas políticos de diferentes tendencias —mar- xistas, liberales, islamistas, naseristas—, así como distintos representan- tes de la sociedad civil. Se denominan a sí mismos «movimiento», y no partido, y declaran querer concienciar políticamente a la mayoría del pueblo egipcio.
De esta forma surgió Kifaya, como resultado de las manifestaciones por la causa palestina y contra la guerra de Irak que acabaron convirtién- dose en movilizaciones anti-Mubarak. A partir de ese momento el cam- po asociativo egipcio vivió una vuelta a la politización, surgiendo nuevas plataformas de protesta desde la sociedad civil que reclamaban un cam- bio democrático en el país y el fin del gobierno de Hosni Mubarak. Se crearon diferentes grupos de oposición a imitación del de Kifaya desde distintos sectores de la sociedad egipcia, incluidos elementos del apara- to del Estado como la judicatura. En 2005, jueces reformistas acusaron a otros vinculados al régimen de fraude electoral.21Por ello fueron proce- sados dos de estos jueces independientes. Para expresar su rechazo a las interferencias del gobierno en la judicatura fue creado el movimiento
«Jueces por el cambio». De igual forma se constituyeron «Profesores por el cambio», «Estudiantes por el cambio», «Médicos…», «Periodis- tas…», «Ingenieros…,» y surgió simultáneamente el mundo de la blo- gosferaegipcia.
Otro factor desencadenado por los atentados terroristas del 11-S, fue el inicio de la Freedom Agenda para Oriente Medio por parte de la Admi- nistración de Bush. La respuesta egipcia ante las presiones norteamerica- nas fue la de simular dar algunos pasos hacia un proceso de reforma polí- tica que se tradujo en una apertura en el discurso del poder político y concretamente en la dirección del partido del gobierno, el PND (Ben Ne- fissa, 2004-2005: 59-78). Con anterioridad, el debate en torno a la demo- cracia había estado monopolizado por los actores de la oposición política. Al hallarse Egipto en el punto de mira de la Administración norte- americana y su proyecto democratizador en la zona de Oriente Medio, las autoridades permitieron la salida al mercado de numerosos periódicos de capital privado que de manera gradual fueron aumentando sus críticas y lanzando campañas contra Mubarak y su hijo Gamal, cuyas ambiciones presidenciales comenzaban a ser evidentes.
Los actores de oposición que acabamos de mencionar actúan prin- cipalmente a través de estos periódicos y de los nuevos canales que ofre- ce la red. La oposición legalizada se sirve de la tradicional prensa de par- tidos, y los actores de oposición no legalizada actúan principalmente a través de los nuevos periódicos de capital privado.22Internet ha tenido un papel fundamental para la transmisión de información y como campo de oposición, renovando el activismo político. Un ejemplo ha sido el auge de los blogs con contenido político y reivindicativo de todas las tenden- cias, desde izquierdistas a islamistas.23 Los correos electrónicos y los mensajes a móviles también han servido de cadena de transmisión de las convocatorias, o para informar sobre la detención de activistas.
Ciertas cadenas de televisión por satélite, como la qatarí Al Jazee- ra, han promovido determinados programas de debate político en los que actores de la oposición han disfrutado de un espacio de expresión, difícil de obtener en las cadenas estatales. También han programado reportajes sobre los nuevos actores de la oposición egipcia como Kifaya o sobre el papel desempeñado por los bloggers egipcios. Aunque la oficina en El Cairo ha de equilibrar siempre estas intervenciones de la oposición con representantes gubernamentales para cuidar sus relaciones con las auto- ridades egipcias.
Otro sector que ha vuelto a las movilizaciones ha sido el de los tra- bajadores. Se calcula que el número de protestas demandando incremen- tos salariales, así como el derecho de sindicación independiente, ha su- perado las 350 a mediados de 2007.24Significativas han sido las protestas y huelgas llevadas a cabo por los trabajadores del sector textil de Maha- lla Al Kubra, en la zona del Delta, iniciadas en diciembre de 2006 y que llevaron a la huelga a más de 20.000 trabajadores. El régimen tuvo que ceder a sus reivindicaciones para evitar la generalización y radicaliza- ción de las protestas.25También han secundado las huelgas los trabajado- res de la industria cementera, funcionarios, maestros, carteros y maqui- nistas y se ha creado una agrupación de apoyo sindical denominada «Comité de Solidaridad Obrera». Estas protestas suponen un desafío a los sindicatos oficiales, como la Federación General de Sindicatos (Bei- nin y el-Hamalawy, 2007; Beinin, 2007).
Sin embargo, la población no se ha visto ampliamente involucrada, ni representada por estas voces de la oposición que parecen haber perdi- do el miedo a la hora de criticar la corrupción del régimen, o los planes de sucesión de Gamal Mubarak, traspasando lo que se denominaba «lí- nea roja». El grupo Kifaya ha recibido críticas y ha sido tachado de de- masiado «elitista» por el origen intelectual de sus dirigentes y por no ha- ber sabido canalizar el descontento del pueblo.
Es cierto que a lo largo de 2006 Kifaya ha ido perdiendo poder de convocatoria y ha reducido sus actividades públicas debido, entre otros factores, a sus diferencias internas y a los intentos por parte de las auto- ridades de detener su principal acción: manifestarse sin autorización pre- via. La heterogeneidad que le daba fuerza en sus orígenes se ha transfor- mado en fuente de conflictos. Debido a este malestar, se produjo una renovación en la dirección a comienzos de 2007, sustituyendo al caris- mático Georges Ishaq por el escritor y profesor universitario, Abdel Wa- hab El Messiri, que en compensación, procedía de las filas islamistas del movimiento (Ben Nefissa, 2007: 198-199). También han surgido con- flictos de tipo generacional con el grupo de «Jóvenes por el cambio», que se han centrado, básicamente, en la forma en la que debían desarrollarse sus movilizaciones: tipos de lemas, lugares de convocatoria. A pesar del desgaste, existe todavía cierto espíritu de disidencia y de desafío en la so- ciedad egipcia, en parte gracias a su impulso.
Desde la década de 1990, se ha desarrollado en Egipto un impor- tante tejido de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) vinculadas a
diferentes sectores de la sociedad. En 2005 alcanzaban las 17.000, aun- que una amplia mayoría existe sobre el papel o lleva a cabo proyectos muy minoritarios (Abd Al Fatah, 2004). Dentro del amplio abanico de organizaciones no gubernamentales que funcionan en Egipto, los grupos de defensa de derechos humanos han sufrido un fuerte control bajo el mandato de Mubarak a través de un restrictivo marco legislativo.26Las ONG también han sido utilizadas por formaciones políticas opositoras como instrumento para contrarrestar los límites de acción política im- puestos por el estado de excepción (Ferrié, 2003).
Los únicos actores que podrían canalizar el descontento de la po- blación, debido a su tejido asociativo, además de por su faceta política, son los Hermanos Musulmanes, aunque entre sus dirigentes existe el miedo a enfrentarse a las masas no organizadas. Ellos mismos constitu- yen, a la vez que oposición, una élite política en el ámbito, por ejemplo, de los colegios profesionales. A pesar de las restricciones aplicadas por parte del régimen, que no quiere dejar estos espacios al alcance de los sectores islamistas, vencen en la mayoría de ellos cuando logran saltarse los impedimentos legales, siendo los más votados por estar mejor orga- nizados y no ser corruptos. A pesar de colocar a estos colegios bajo se- cuestro judicial, como en el caso de los Ingenieros, las autoridades no pueden controlar que se celebren elecciones, ni el resultado de las mis- mas, sobre todo en aquellos colegios donde los Hermanos Musulmanes son fuertes, como es el caso del Colegio de Médicos, donde la mayoría del comité ejecutivo está compuesto por miembros de la organización is- lamista (Kienle, 2000: 84-87).
La población carece de un partido, organización o sindicato que ca- nalice su descontento. Por lo que recurre a las protestas esporádicas, a originar enfrentamientos interreligiosos entre coptos y musulmanes y a provocar el caos público de forma no organizada, lo que está contribu- yendo a un aumento de la violencia y a un sentimiento generalizado de inseguridad.