En los últimos años ha habido un debate creciente sobre los procesos de verdad, justicia, reparación o reconciliación después de conflictos violentos o dictaduras en diferentes partes del mundo. Todas esas situaciones han sido frecuentes en América Latina, Europa y África en las pasadas dos décadas. En la actualidad, muchos de esos temas están en la agenda internacional en los países del norte de África y en los procesos de transición en el mundo árabe. En esos procesos se ha hablado de “justicia transicional”, es decir, del papel que cumplen las políticas de verdad, justicia y reparación en los procesos de transición política tras conflictos armados o dictaduras.
En el caso del Sáhara Occidental dichos conceptos están todavía en cuestión. Si bien existe un acuerdo de Alto el Fuego desde 1991 entre las partes, el Estado de Marruecos y el Frente POLISARIO, dicho marco no ha supuesto un proceso de paz acompañado de las medidas de investigación de la verdad, reconocimiento del daño sufrido, sanción a los perpetradores, reintegración social de las víctimas y construcción de un consenso político que permita reconstruir las relaciones fracturadas por la violencia.
Hasta la actualidad, todas estas discusiones se han dado de forma muy limitada, evitando tener en cuenta una perspectiva de derechos humanos, o la investigación de los hechos por parte de una instancia independiente, como una Comisión de la Verdad, con garantías necesarias como se ha dado en otros países. Todo ello se ha acompañado de un largo proceso de finalización de la guerra desde 1991, con una muy limitada intervención real de Naciones Unidas a través de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (en adelante MINURSO), y otras agencias como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR) especialmente en los campamentos de Tinduf en Argelia.
Por una parte, antes de la muerte de Hassan II y tras la llegada al trono del rey Mohamed VI en 1999, Marruecos comenzó un proceso de cambio interno que continúa hasta la fecha. Se legalizaron partidos políticos antes prohibidos, se llevaron a cabo elecciones parlamenta-
rias, se abrieron nuevos espacios de participación política y libertad de expresión, y algunos opositores al régimen llegaron incluso a altos cargos del gobierno. Sin embargo, muchos de estos cambios fueron parciales y han sido criticados como muy limitados por las propias víctimas marroquíes del régimen precedente.
Así mismo, el Estado marroquí puso en marcha algunas políticas de indemnización y reconocimiento hacia las víctimas del régimen de Hassan II. Estas incluyeron un Comité de Arbitraje en 1999 y posteriormente una Instancia de Equidad y Reconciliación (en adelante IER) entre 2004 y 2006, encargada de esclarecer las violaciones de derechos hu-
manos del pasado y, posteriormente, de llevar adelante sus recomendaciones a través del Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Dichos mecanismos se dirigieron a otorgar indemnizaciones a las víctimas marroquíes de desaparición forzada, detención arbitraria y exilio en el extranjero10 y, de forma más limitada, a víctimas de desaparición forzada saharauis, sin ningún reconocimiento para las personas refugiadas en Argelia. Tampoco se han dado avances en la investigación de la verdad de los hechos, los responsables, la justicia o el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación moral teniendo en cuen- ta las demandas de las víctimas y los estándares del derecho internacional de los derechos
humanos. Su papel respecto a la población saharaui se analizará posteriormente11, entre otras cuestiones la falta de garantías de no repetición, lo que ha hecho que continúen las graves violaciones de derechos humanos contra ella.
En dicho proceso de transición marroquí, el caso del Sáhara Occidental se siguió consi-
derando intocable por el régimen de Mohamed VI, así como en las actuaciones de las di-
ferentes instancias de este proceso. Hablar de la cuestión del Sáhara Occidental continua siendo considerado por el nuevo régimen como un atentado a la integridad territorial, y cualquier discusión o reivindicación ha sido criminalizada hasta extremos insospechados. Mientras que la población saharaui luchaba por salir del dolor y del ostracismo y recu-
perarse del masivo y gravísimo impacto producido por las desapariciones forzadas y las detenciones en centros clandestinos, se mantuvieron las mismas condiciones de margi-
nación social, control de la movilización o prohibición de su expresión. Las detenciones arbitrarias, las torturas, el uso excesivo de la fuerza, la prohibición de exhibir símbolos, y el control de la movilidad por el territorio se han seguido presentando después de la muerte de Hassan II y hasta la actualidad.
Es decir, en el contexto del Sáhara Occidental, si bien se han dado algunos cambios frente a la dictadura del pasado, la mayor parte de la población saharaui no se ha beneficiado de un proceso de cambio real o transición. Esta sigue siendo considerada como enemigo interno del régimen, como ciudadanos de segunda categoría cuya resistencia se trata de doblegar de diferentes maneras. Las estrategias, orientadas al control y disminución de la resistencia pacífica interna, han incluido diferentes formas de represión, entre otras, traslado de perso-
nas a diferentes lugares para cambiar la relación de población marroquí-población saharaui; control de los y las líderes del creciente movimiento de derechos humanos y de las víctimas; tratar de atraer a una parte de la población saharaui o acallar sus demandas con medidas eco-
10 Las violaciones que se vieron en el Comité de Arbitraje son: desaparición, detención arbitraria y exilio en el extranjero y al interior del país. En el caso de la IER se partió de estas mismas violaciones y se interpretó la desaparición forzada de manera amplia según HUMAN RIGHTS WACHT (2005), La Commission de vérité marocaine. Le devoir de mémoire honoré à une époque incertaine, vol. 17, núm. 11, p. 31 y un documento de la IER que cita en ese mismo texto: "Traitement des cas présumés de disparition forcée".
nómicas como subsidios, promesas de trabajo u otras estrategias que se pueden encontrar en numerosos testimonios analizados. En este contexto no se puede hablar de un proceso de transición ni de cambio político en el Sáhara Occidental, ni en el conflicto político que subyace y lo alimenta.