El marco regulatorio de las microfinanzas de Nicaragua

La estructura actual del sector microfinanciero en Nicaragua, según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) (2011: 31), se compone de la siguiente forma: 201 cooperativas de créditos y 19 microfinancieras inscritas como ONG

afiliadas a la Asomif, la cual fue constituida el 27 de noviembre de 1998, siendo que la Asamblea Nacional le otorgó su personalidad jurídica en fecha 7 de octubre del año 1999.

Esta asociación nació con el propósito de brindar representatividad al sector del microcrédito, para abrirle espacios institucionales y apoyar el desarrollo del capital humano (Asomif, 2012);

tuvo su origen con el esfuerzo de ocho instituciones de microfinanzas sin fines de lucro, y

84

ahora aglutina a 21 microfinancieras⁴⁶ [Alaniz, entrevista, 2012]. Sus índices de crecimiento, en conjunto, fueron muy alentadores en años recientes (2005 -2008) hasta que se experimentó un decrecimiento en su evolución en el año 2009.

Las Microfinanzas en Nicaragua, las cuales destacaban años atrás en el istmo centroamericano y que fueron referente internacional debido a su constante crecimiento, gran afluencia de inversionistas extranjeros, rentabilidad estable y riesgo controlado, dieron un vuelco en el 2009. Si bien existieron factores externos que afectaron a Nicaragua, también se evidenciaron debilidades en los procesos y gobernabilidad de las Instituciones Microfinancieras que influenciaron el rápido deterioro de sus indicadores de desempeño (Microfinance Information Exchange, 2010: 1).

En el índice sobre el entorno de negocios para las microfinanzas, en su apartado de América Latina y el Caribe, se indica que de todos los países de la región, fue Nicaragua el que perdió la mayor cantidad de puntos, lo cual fue consecuencia en gran medida de las condiciones del financiamiento existentes para el sector microfinanciero provocadas por la incidencia del Movimiento No Pago, específicamente sobre el marco regulatorio del microcrédito (Fomin, 2010: 9). Dichos efectos y repercusiones económicas en las microfinancieras podrían resumirse en que entre el 2009 y 2010 las instituciones ONG que conforman la Asomif dejaron de percibir 60 millones de dólares en líneas de financiamiento (Stok, 2010: 1).

Todo este entorno generó una percepción de riesgo de país muy alta, de manera que los acreedores del exterior retiraron parte de sus recursos, se puede decir que la cartera de préstamos se redujo en un 32 por ciento, esto significa que de un monto de 240 millones de dólares, hoy en día está en 170 millones dólares. Esto [también] afectó el número de clientes, nosotros atendíamos 350 mil clientes y actualmente estamos atendiendo a 244 mil clientes, se redujo un poco más del 30 por ciento; pero eso lo atribuimos más directamente a la crisis económica mundial y al efecto del fenómeno No Pago, que es un movimiento político [Alaniz, entrevista, 2012].

46 Las microfinancieras que a marzo del 2012 conforman la Asomif son: Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña, Mediana y Micro Empresa (Acodep), Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres (Adim), Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (Afodenic), Asociación de Desarrollo de Rivas (Asoderi), Centro de Promoción del Desarrollo Local (Ceprodel), Fondo de Desarrollo Local (FDL), Financia Capital S.A (Financia), Financiera Internacional para la Asistencia Comunitaria (Finca Nicaragua), Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Finde), Fundación Chispa (MiCrédito), Fundación para el Desarrollo de la Mujer (FundeMujer), Fundación 4i 2000, Fundación José Niebrowski, Fundación para el Desarrollo de la Microempresa (Fudemi), Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse), Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural (Fundeser), Fundación León 2000, Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica (Pana-Pana), Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario (Prestanic), Fundación para la Promoción y Desarrollo (Prodesa), y ProMujer (Asomif, 2012).

85

A lo que hay que sumarle que para este sector microfinanciero hubo un aumento de las tasas de interés del 8 al 12.5 por ciento e incluso al 14 por ciento, así como una reducción del plazo de préstamos que de cinco años pasó a dos años.

Esto es particularmente adverso para Nicaragua, donde las entidades microfinancieras son un instrumento importante en el desarrollo del país y donde la cartera de esas instituciones representa, aproximadamente, un cuarto del total de la industria bancaria, uno de los índices más altos de la región (Campos⁴⁷, 2010, citado por Stok, 2010: 1).

Y más aún cuando en este país no se dispone de un marco regulatorio que permita a las ONG y fundaciones no lucrativas con actividad financiera, captar depósitos del público (Stok, 2010:

1). Efectivamente, porque las microfinancieras en Nicaragua, a pesar de su peso en el sector productivo, no forman parte del Sistema Financiero Nacional (SFN), fundado en 1979 y regulado por la Siboif; la cual, a su vez, es una institución autónoma del Estado que supervisa, vigila y fiscaliza la constitución y funcionamiento únicamente de los bancos, financieras (no microfinancieras), aseguradoras, Bolsa de Valores y puestos de bolsa, y almacenes generales de depósito. De tal forma que previo a la entrada en vigencia de la Ley de Microfinanzas (Ley 769), en enero del 2012, el sector microfinanciero se regía por la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares (Ley 176), aprobada el 12 de mayo de 1994, en la que se plasma que para prestar dinero con intereses se exige solamente: a) declararse como prestamista en escritura pública, e b) inscribirse como prestamista en el Registro Público del departamento correspondiente (artículo 1).

Esa carencia de una regulación más efectiva, fue manifestada por la Funides (2011: 31), que en su primer informe de coyuntura económica del 2011, sugirió lo fundamental que sería la existencia de un marco regulatorio que normara el funcionamiento de las instituciones microfinancieras. Es decir, hacía énfasis en la importancia de la entrada en vigencia de la Ley de Microfinanzas, que era parte ya de las condiciones del FMI y que se constituía en un plan estratégicamente necesario para solucionar los problemas del microcrédito. Una tarea compleja, pues por un lado tenía que convencer a un poder gubernamental centralizado y, por otro lado, a una acción social históricamente segmentada. En ese contexto surgen también

47 Erick Campos, Director Ejecutivo de la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings Centroamérica, con sede en San José, Costa Rica.

86

muchas interrogantes, debates y polémicas técnicas y legales; por mencionar algunas: si las microfinancieras deben o no captar depósitos del público (a forma de banco); y, en todo caso, quién las supervisaría, pues la Siboif no pretendería hacerlo hasta que éstas hagan legalmente captación de depósitos.

De tal forma que el marco regulatorio para el sector microfinanciero, aunque tiene varios años de estar en consideración, se empezó a discutir con mayor énfasis apenas en el año 2009 como resultado precisamente del bajo índice de rendimiento de las microfinanzas descrito. Sin embargo, para su aprobación transitó por una serie de discusiones político-jurídicas, en que tuvo que competir con la importancia de otros dos proyectos legales: la Ley de Moratoria y la Ley Especial de Fomento al Microcrédito.