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Medidas para alcanzar la igualdad

7. Vuelta al principio: ¿son iguales

7.3. Medidas para alcanzar la igualdad

blemente en el tiempo, todavía un porcentaje no despreciable de los jóvenes de 17 años no ha completado la enseñanza secundaria en España. Ésta es una de las asignaturas pendientes del sistema educativo español. La reducción del fracaso escolar es una tarea ar- dua en la que tienen que implicarse las distintas instancias con algu- na responsabilidad, en especial el entorno familiar.

Al hilo del fracaso escolar se ha considerado la calidad de la en- señanza como un elemento fundamental. Los aspectos más relevan- tes para la calidad de la enseñanza, como han puesto de manifiesto numerosos estudios, son el gasto por alumno y la media de alumnos por profesor. Aunque en un principio no se había encontrado una correlación clara entre estas variables y el rendimiento académico de los alumnos (Hanushek, 1986: 1141-1177), estudios más recien- tes en Estados Unidos han arrojado nueva luz sobre el asunto (Card y Krueger, 1996: 31-50. El resultado fundamental que se ha obtenido es que el gasto por alumno y el ratio de alumnos por profesor tie- nen un impacto significativo sobre el potencial de ganancias labora- les de los estudiantes una vez que ingresan en el mercado de traba- jo. Así pues, no se trata de explicar el rendimiento escolar, puesto que esto es difícil y, por tanto, está sujeto a controversia. De lo que se trata es de medir los efectos de las indicadas variables sobre las condiciones de trabajo y, en particular, el salario. Como se ha dicho, éste parece depender de la calidad de la educación recibida.

7.3. Medidas para alcanzar la igualdad

de el coste de la matrícula es una fracción mínima del coste real, gracias a la financiación del Estado.

Sin embargo, la gratuidad de la enseñanza no garantiza de for- ma inmediata la igualdad de oportunidades, puesto que hay otros costes asociados con la escolarización que tienen que soportar las fa- milias: libros, transporte, material escolar, etc. Es por ello por lo que existe la necesidad de becas o ayudas que permiten a las familias más desfavorecidas atender los gastos escolares indirectos. Además, las familias de escasos recursos económicos tienen más necesidad de los posibles ingresos aportados por los hijos. Esto hace que, sin la ayuda de una beca, la probabilidad de continuar los estudios post- obligatorios por parte de un joven procedente de un entorno fami- liar desfavorecido sea menor que cuando la familia goza de rentas más elevadas. En otras palabras, la necesidad del ingreso adicional es mayor y por tanto afecta a la elección sobre si seguir en el sistema educativo o ingresar en el mercado de trabajo. El programa de be- cas también tiene por objeto compensar a las familias más modestas para que sus hijos puedan prolongar la estancia en el sistema educa- tivo.

En España ha crecido notablemente el gasto público en pro- gramas de becas. Por ejemplo, entre los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (niveles Iy II), en el curso 1982-1983 ha- bía unos ciento dieciocho mil becarios, aproximadamente el 6%

de los alumnos. La cuantía media de la beca era de unos doscientos cuarenta y seis euros. En el curso 1995-1996, había medio millón de estudiantes con becas (el 19% de los alumnos en los niveles indicados) y la beca media había perdido más de la mitad de su poder adquisitivo, a excepción de la Formación Pro- fesional de 2.ogrado, que mejoró ligeramente en valor real debi- do a ayudas compensatorias. El aumento tan considerable en el número total de becarios, entre los cursos referidos, significó un incremento sustancial del gasto total en becas, de 42 a 541 millo- nes de euros (848 millones en el curso 2001-2002)34. Sin embar- go, como se ha dicho, la cuantía media de la beca se ha ido redu- ciendo en términos reales.

34Véase http://wwwn.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=332&area=estadisticas.

En el ámbito de los estudios universitarios no sólo son importan- tes las becas y otras ayudas, sino también las tasas académicas y los préstamos financieros para la inversión educativa. El asunto de las tasas académicas está íntimamente relacionado con la financiación de la educación superior y, por tanto, surge inmediatamente cuan- do se habla de calidad de la enseñanza. Lógicamente, un sistema universitario mejor financiado favorece la calidad del producto que se ofrece, sobre todo porque de esa financiación depende la dota- ción de infraestructuras. Esto sucede especialmente en las faculta- des y escuelas llamadas experimentales,donde a menudo son necesa- rios equipos sofisticados y caros. En España, lo que los estudiantes pagan en tasas representa menos de un quinto del presupuesto del sistema universitario. Esto es así porque las tasas son relativamente bajas y porque la cuarta parte de los alumnos están exentos del pago de tasas, por ser becarios, pertenecer a familia numerosa, benefi- ciarse de haber obtenido matrículas de honor o ser hijo de funcio- narios de Universidades.

Si las tasas deben ser más altas o más bajas es objeto de debate.

A favor de tasas más bajas está el argumento de que esto contribuye a la igualdad de oportunidades, puesto que facilita el acceso a la educación superior de las familias con ingresos más bajos. Por otra parte, hay quienes defienden las tasas académicas basándose en el principio de justicia social. La educación superior no debe finan- ciarse al cien por cien porque no toda la población se beneficia de ella; son los beneficiarios directos los que deben contribuir a su fi- nanciación parcial. Es más, tal contribución debe ser creciente. Para ello, se propone la concesión de préstamos cuya devolución debe realizarse bajo ciertas condiciones ligadas a la percepción de renta cuando el trabajador esté integrado en el mercado de trabajo. La devolución debe producirse en un tiempo prudente desde que el individuo comienza a generar ingresos, teniendo en cuenta la even- tualidad del paro o de otra circunstancia que dificulte la obtención del rendimiento de la inversión efectuada. Esta solución es muy atractiva porque, al permitir aumentar las tasas, puede contribuir a la calidad de la enseñanza y porque el préstamo supuestamente hace que el estudiante valore más lo que recibe a cambio del precio que tiene que pagar. Si el mecanismo opera adecuadamente, con un coste marginal relativamente pequeño se puede generar un be-

neficio considerable para el sistema de la enseñanza superior, en términos de equidad y eficiencia.

El coste de la matrícula no es el único en el que incurre un es- tudiante universitario; alojamiento y transporte, cuando tiene que desplazarse del domicilio familiar, pueden suponer un gasto con- siderable. En España se ha desarrollado en los últimos años una política de becas relativamente generosa para asistir a las familias con bajos ingresos en sus gastos relacionados con la enseñanza su- perior. El número de becarios ha pasado de unos setenta mil a principios de los años ochenta a unos trescientos mil a finales de los años noventa, lo que supone un crecimiento mayor que el nú- mero de alumnos universitarios. De ellos, el 10% tenía becas hace dos décadas, frente al 20% con becas hoy. Esto significa que el gas- to en becas se acerca a los 420 millones de euros, más de 20 veces el gasto de hace veinte años. Asimismo, la cuantía media de la beca se ha doblado en términos reales en el mismo periodo. La cuantía media nominal de la beca está en torno a mil doscientos euros, frente a una cuantía de 270 euros a principios de los años ochen- ta35. De todos los becarios, sólo en torno al 12% recibe ayuda com- pensatoria, es decir, la que se concede en virtud de bajos ingresos familiares.

Es importante detenerse en las circunstancias que motivan la concesión de la ayuda compensatoria, pues supone la cuantía más elevada, junto con la ayuda por residencia fuera del domicilio fami- liar: unos mil quinientos euros de media por cada concepto. La equidad del sistema depende de lo bien definidos que estén esos criterios y del rigor con que se apliquen. Para tener derecho a la ayuda compensatoria, se tienen que cumplir los requisitos económi- cos y académicos. Puesto que los requisitos económicos dependen de la declaración de la renta, su correcta aplicación depende a su vez de que dicha declaración sea adecuada. Más sujeto a debate es el criterio académico. Si el estudiante no cumple con unos mínimos, en- tonces arriesga la pérdida de la ayuda. La cuestión que surge es cuál debe ser el peso de los criterios académicos en la decisión final. Si pensamos que los hijos de familias más desfavorecidas tienen más

35Para las varias medidas relacionadas con las becas en los distintos niveles educati- vos véase cuadro 2 en San Segundo (1998).

dificultades para alcanzar unos determinados niveles de aprovecha- miento académico, debido a las circunstancias familiares y socioeco- nómicas, entonces se podría concluir que ello se debe tener en cuenta en aras de la justicia distributiva.

Según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, sólo el 41% de los estudiantes universitarios pertenecientes al 10% de fami- lias con la renta familiar per cápita más baja reciben becas (Pérez Esparrells, 1996). Si el dato es correcto, cabe pensar que el 59% de esos estudiantes cualifican según los criterios económicos, pero no disfrutan de la beca por razones académicas, es decir, no se están be- neficiando de una ayuda para el estudio porque no obtienen resul- tados adecuados. Esto es extremadamente preocupante porque in- dica que el fracaso escolar tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico de las familias. Tan criticable es bajar el listón para tener derecho a la beca como no hacer nada. Quizá la solución al problema radica en dar más y mejores incentivos para estimular el esfuerzo de los estudiantes más desfavorecidos, además de un segui- miento más estrecho de su avance académico.

7.4. Igualdad de oportunidades, expansión educativa