7. Vuelta al principio: ¿son iguales
7.2. El sector público y la educación
La fuerte intervención del Estado en el sistema educativo, regulan- do y proporcionando servicios educativos, se justifica fundamental- mente por razones distributivas. Desde el punto de vista de la teoría económica, es erróneo pensar que la educación es un bien o servi- cio público. Para que la educación fuera un servicio público, debe- ría ser muy difícil cobrar por el servicio educativo y el coste margi- nal de añadir un alumno debería ser cero. Nada de esto ocurre. Es perfectamente posible excluir a alguien del consumo del bien o de beneficiarse del servicio. Y el coste marginal no es cero, ya que un alumno utiliza de forma individualizada los recursos proporciona- dos por el sistema educativo. Luego el que la enseñanza primaria y secundaria sea obligatoria y esté financiada por el sector público
—sin que esto impida que exista enseñanza privada— es un hecho fundamentado en la aplicación del objetivo de mejora de distribu- ción de la renta.
Si no existiera la financiación pública de la enseñanza, las fami- lias más ricas gastarían más en la educación de sus hijos, haciendo aumentar las diferencias económicas entre las personas en función del origen familiar. Como principio de justicia social, con el que está
de acuerdo mucha gente, se deben evitar las diferencias causadas por las circunstancias familiares. Los hijos de familias más pobres no deben tener un horizonte de desarrollo humano más limitado como consecuencia de las circunstancias familiares. A este principio responde la existencia de la enseñanza pública. Ésta permite que los hijos de las familias más desfavorecidas puedan acceder a la educa- ción y ascender socialmente para competir en igualdad de condicio- nes por los empleos más atractivos y por los puestos de más alta res- ponsabilidad en la empresa y en la sociedad.
En cualquier caso, cuando las familias pueden pedir prestado para invertir en educación, la intervención del Estado se hace me- nos necesaria. Igual que se pide prestado para adquirir una vivienda se podría pedir prestado para financiar los gastos educativos. En principio, la inversión educativa es de las más atractivas, puesto que generalmente los beneficios superan con creces a los gastos. Sin em- bargo, el sistema financiero privado no es muy partidario de finan- ciar inversiones en educación. El problema radica en que la garan- tía de devolución de ese préstamo es personal, dependiente de los ingresos futuros, y por ello se considera un préstamo de alto riesgo.
El mercado de capitales no resuelve el problema del largo desfase entre la inversión educativa y la obtención de ingresos. Ésta es otra de las razones que justifican la intervención del Estado, no ya sólo haciendo obligatoria y financiando la enseñanza primaria y secun- daria, sino financiando la enseñanza superior.
La intervención del sector público en la enseñanza superior es menos esencial y reviste variadas formas. Por ejemplo, en lugar de hacer la enseñanza superior totalmente gratuita, se ofrece la posibi- lidad de optar a la obtención de becas y/o de créditos de bajo inte- rés, que además pueden estar subvencionados o garantizados por el propio Estado. En España, la enseñanza universitaria es mayoritaria- mente pública (véase más adelante). Debido a lo asequibles que son los estudios universitarios para la mayoría de las familias españolas, la enseñanza superior se ha expandido rápidamente en las últimas dos décadas. Sin embargo, el mercado de créditos para los estudios universitarios no se ha desarrollado aún en España. Cabe esperar que la creciente participación de adultos en la enseñanza superior haga aumentar los créditos blandos para ese fin de manera muy es- timable en el futuro.
En los países de la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la enseñanza primaria y secundaria es ma- yoritariamente impartida en centros públicos. El Estado, en sus di- versas instancias, ha llevado la escolarización obligatoria a todos los rincones de la geografía de los países industrializados. En la ense- ñanza obligatoria, el sector privado ha crecido en las grandes ciuda- des, donde el poder adquisitivo de la población ha inducido una demanda de educación más influida por grupos de interés o ideolo- gías específicas. De todas formas, hay que tener en cuenta que en muchos países los centros privados se benefician de fondos públi- cos. En España, la legislación educativa contempla la posibilidad de establecer conciertos entre el sector público y los centros privados.
Así, más del 80% de las plazas escolares en la educación obligatoria en España están concertadas, es decir, el centro recibe una subven- ción que implica seguir un cierto modelo de organización interna y unos criterios determinados para la selección del alumnado33. Por ejemplo, la enseñanza tiene que seguir un currículo común y pre- viamente diseñado por las autoridades educativas. El currículo co- mún significa que todos los alumnos reciben la misma enseñanza, de tal manera que sólo más tarde se les pide que elijan una cierta trayectoria bien de formación profesional o bien de formación académica. Éste no es el caso de Alemania o Austria, donde la elec- ción se realiza relativamente pronto en el ciclo de la enseñanza obligatoria.
7.2.1. La calidad de la educación
El primer indicador en el que se piensa cuando se habla de cali- dad de la educación es el porcentaje de alumnos que culminan su periodo formativo. Éste es el aspecto más básico, puesto que, si el alumno abandona la escuela antes de completar el ciclo obligatorio, esto se debe interpretar como un fracaso escolar. Y la pregunta que surge inmediatamente es quién es responsable de ese fracaso esco- lar. Probablemente nadie en particular, pues se trata de una respon- sabilidad compartida por el sistema educativo, el alumno, los padres de éste y la sociedad en general. Aunque ha disminuido considera-
33Un caso muy distinto es el de Estados Unidos, donde los centros privados reciben muy escasa o ninguna financiación del sector público, bien federal, estatal o local.
blemente en el tiempo, todavía un porcentaje no despreciable de los jóvenes de 17 años no ha completado la enseñanza secundaria en España. Ésta es una de las asignaturas pendientes del sistema educativo español. La reducción del fracaso escolar es una tarea ar- dua en la que tienen que implicarse las distintas instancias con algu- na responsabilidad, en especial el entorno familiar.
Al hilo del fracaso escolar se ha considerado la calidad de la en- señanza como un elemento fundamental. Los aspectos más relevan- tes para la calidad de la enseñanza, como han puesto de manifiesto numerosos estudios, son el gasto por alumno y la media de alumnos por profesor. Aunque en un principio no se había encontrado una correlación clara entre estas variables y el rendimiento académico de los alumnos (Hanushek, 1986: 1141-1177), estudios más recien- tes en Estados Unidos han arrojado nueva luz sobre el asunto (Card y Krueger, 1996: 31-50. El resultado fundamental que se ha obtenido es que el gasto por alumno y el ratio de alumnos por profesor tie- nen un impacto significativo sobre el potencial de ganancias labora- les de los estudiantes una vez que ingresan en el mercado de traba- jo. Así pues, no se trata de explicar el rendimiento escolar, puesto que esto es difícil y, por tanto, está sujeto a controversia. De lo que se trata es de medir los efectos de las indicadas variables sobre las condiciones de trabajo y, en particular, el salario. Como se ha dicho, éste parece depender de la calidad de la educación recibida.