Consecuencias de la personalidad

La atribución de la personalidad de las sociedades mercantiles las convierte en sujetos de derecho, les dota de capacidad de goce y de ejercicio y en consecuencia, pueden ejercitar los derechos y asumir las obligaciones necesarias para la realización de sus fines, de su objeto social.

La sociedad mercantil es una persona jurídica distinta de la de los socios que la constituyen, y en tal virtud tiene un nombre, un patrimonio, un domicilio y una nacionalidad propios y distintos a la de los socios que le dieron la vida.

Al tener personalidad distinta a la de los socios, la sociedad tiene también una voluntad propia, que no puede manifestarse sino a través de sus órganos de representación.

Analizaremos a continuación los más importantes efectos de la personalidad de las sociedades.

4.7.1. Capacidad jurídica. Los actos ultra vires

Ser persona es ser sujeto de derechos y obligaciones; atribuir personalidad a las sociedades implica por tanto, reconocerles capacidad jurídica.38

La capacidad de las sociedades esta condicionada por la realización del fin social, de tal manera que sus representantes solo pueden efectuar los actos necesarios para la consecución del objeto social.

En efecto, el artículo 10 LSM, establece que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente disponga la ley y la escritura social. Los actos jurídicos que excedan esos límites son conocidos como ultra vires y su validez jurídica se discute en la doctrina: Son válidos los actos realizados por la sociedad más allá de su

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objeto social? Pueden los administradores cumplir acuerdos de asamblea que excedan el objeto de la sociedad?

El derecho comparado ha dado diversas respuestas a esta problemática, y así encontramos la existencia de tres sistemas al respecto:

El anglosajón, fundado en la teoría de la ficción, en que la sociedad existe solo para fines determinados y que se ocupa ante todo de la protección de los terceros, de manera que la sociedad solo puede realizar los actos comprendidos en la escritura social, y fuera de esos límites su actividad es nula;

El alemán, que se sustenta en la teoría realista, y concede la máxima amplitud a la actividad de la sociedad, la cual goza de capacidad jurídica general, por lo que sus administradores pueden obligarla en todos los aspectos y las limitaciones de sus facultades solo afectan a los

administradores en el ámbito interno, y

El intermedio, adoptado por los países latinos, donde el objeto social actúa como límite de la capacidad de la sociedad y por ende de los administradores (2 bis). Este sistema es el adoptado por el artículo 10 de la LSM.

Sin embargo, no debe olvidarse el interés de los terceros de buena fe que interactúan con la sociedad, pues ciertamente la realización de los actos jurídicos fuera de lo establecido por la escritura social debería conducirnos a la conclusión inmediata de que están afectados de nulidad por falta de capacidad de la sociedad para llevarlos a cabo, consecuencia que pudiera estimarse válida entre los socios, pero no frente a terceros que contratan con la entidad social, y sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir los representantes de la sociedad respecto a esta.

En efecto, si la propia ley tolera la posibilidad de que existan sociedades mercantiles no inscritas e incluso que no consten en documento alguno, bastando que se hayan exteriorizado como tales frente a quienes entran en relaciones con ellas, como pueden ser sus proveedores, trabajadores o adquirentes de bienes o servicios (art. 2 LSM), es indudable que la misma razón de proteger a los terceros debe imperar cuando la sociedad lleva a cabo actos ultra vires, los cuales por tanto, son válidos en la medida en que no pugnen con las leyes de orden público o las buenas costumbres (art. 8 C.Civ.), y su validez se reconozca para evitar perjuicios o en beneficio de terceros que establecen vínculos con la sociedad.

Finalmente, es importante tener presente que la Constitución General de la República establece una importante restricción a la capacidad de goce de las sociedades por acciones, al señalar que estas podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesario para el cumplimiento de su objeto y que en ningún caso esta clase de sociedades podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas ganaderas o forestales en una extensión mayor a 25 veces la señalada para la pequeña propiedad agrícola (art. 27 fr. IV CPEUM).

4.7.2. Patrimonio social

El patrimonio social es el conjunto de bienes y derechos de la sociedad con deducción de sus obligaciones; se forma inicialmente con el conjunto de aportaciones de los socios y después sufre las variaciones que la marcha de los negocios de la sociedad le imprime.39

forma parte de patrimonio social.

Ahora bien, no debe confundirse el concepto de patrimonio social con el de capital social.

El capital social es la cifra en que se estima la suma de las obligaciones de dar de los socios y señala el nivel mínimo que debe alcanzar el patrimonio social para que los socios pueden disfrutar de las ganancias de la sociedad.40 El monto del capital se establece el acto constitutivo de la sociedad, expresado en moneda de curso legal, y se integra con las aportaciones de los socios.

El capital social es el elemento esencial de toda sociedad mercantil. La escritura constitutiva debe indicar su importe y sin este requisito la sociedad no puede llegar a existir jurídicamente, es decir, no puede nacer a la vida jurídica.

Entonces “el capital social es la cifra aritmética que representa el valor de las aportaciones de los socios; el patrimonio social es el conjunto de bienes y derechos realmente poseídos por la sociedad en un momento determinado. El patrimonio social posee un carácter

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39 _{Tomás Aguilera De la Sierva: “Actos de administración, de disposición y de conservación”, citado por la Tercera Sala de la S.C.J.N.}

en: Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Tercera Sala, vol. 157-162 4a. parte, p. 202, bajo la voz: “Sociedades mercantiles, administradores de las. Están facultados para realizar todas las operaciones inherentes al objeto social, inclusive de disposición”.

40 _{Roberto Mantilla Molina, obra citada, p. 198. En el mismo sentido, confróntese De Pina Vara, obra citada, p. 56.}

esencialmente mudable; sufre las constantes oscilaciones que el éxito o fracaso de las operaciones sociales que imprimen. El capital social, por el contrario, es inmutable, fijo; salvo el caso de aumento o reducción realizado legalmente”.41

Aumento y reducción del capital social

Se puede aumentar o disminuir el capital de conformidad con lo que sobre el particular establece la ley (art. 9o. LSM).

El aumento del capital puede efectuarse mediante nuevas aportaciones que los socios hagan a la sociedad o por el ingreso de nuevos socios (aumento real) o bien, mediante la incorporación al capital de las reservas de la sociedad o por revaluación del activo, (aumento contable).

La reducción del capital social puede tener lugar mediante reembolsos a los socios de sus aportaciones, o liberación concedida a los mismos de exhibiciones aún no realizadas; o en el caso de pérdida de capital.

En el caso de reducción del capital, excepto cuando se origina por pérdidas, como la misma implica una disminución de la garantía de los acreedores sociales, la ley otorga a estos el derecho de oposición al acuerdo respectivo (art. 9o. LSM).

El acuerdo de reducción del capital social se publicará tres veces en el Periódico Oficial de la entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad, con intervalos de diez días.

Los acreedores de la sociedad –separada o conjuntamente– podrán oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducción desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad y hasta cinco días después de la última publicación. En caso de oposición de acreedores, la reducción se suspenderá hasta que la sociedad pague los créditos de los opositores o hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.

Ahora bien, como el patrimonio social es garantía para quienes contratan con la sociedad, la ley prohíbe que se repartan utilidades si no es después de comprobar su existencia con los estados financieros que efectivamente las arrojen.

El reparto de utilidades ficticias es imputable principalmente a los administradores, quienes deben reintegrar a la sociedad las cantidades

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41 _Ídem.

indebidamente repartidas; pero claro es que los socios que hubieren percibido tales cantidades deberán devolverlas.

Reservas legales

El legislador no solamente ha procurado que no disminuya el capital social, sino que ha buscado consolidar la base del patrimonio de la sociedad, y al efecto ha exigido que un 5% de las utilidades sea llevado a una cuenta de reserva que por su origen se clasifica legal; de modo que la sociedad solo puede disponer libremente del 95% de las utilidades en cada ejercicio, excepto cuando el monto de la reserva haya llegado a ser igual a la quinta parte del capital social, caso en el cual queda cumplida la obligación de constituir la reserva, y la sociedad puede disponer libremente de la totalidad de las utilidades.42

Así, el artículo 20 de la LSM, establece que “de las utilidades netas de toda la sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social”. “El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo”.

Por utilidades netas entendemos aquellas que han de repartirse a los socios después de hacer las aplicaciones correspondientes a las pérdidas de ejercicios anteriores y la reserva legal. Por ello, en la práctica el importe del porcentaje para reserva se calcula multiplicando el superávit por 4.7619%, de manera que el monto de la reserva así determinado corresponda al 5% de las utilidades netas. Veamos el siguiente ejemplo:43, 44

Superávit $ 1,000.00 Cuota para reserva (4.7619%) $ 47.619 __________________________________________ Utilidades netas repartibles $ 952,381

Así, el 5% de $ 952.381, que son las utilidades netas, corresponde a $ 47.619.

Cuando hay pérdidas de ejercicios anteriores, primero se deducen estas del superávit, y sobre el resultado se calcula la cuota para reserva legal, así:

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42 _{Rafael De Pina Vara, obra citada, p. 58.} 43 _{Roberto Mantilla Molina, obra citada, p. 201.}

44 _{Confróntese: Walter Frish Philipp: La sociedad anónima mexicana, pp. 373-374.}

Superávit $ 1,000.00 Pérdidas de ejercicios anteriores $ 200.00 __________________________________________ Base para calcular la cuota de reserva $ 800.00

Cuota para reserva (4.7619%) $ 38.095 __________________________________________ Utilidades netas y repartibles $ 761.904

Son los administradores de la sociedad los principales responsables de la violación de la norma transcrita arriba (art. 21 LSM).

Todo acuerdo de los socios o de los administradores contrario a las reglas relativas a la constitución de la reserva legal es nulo, y los administradores serán responsables en forma solidaria e ilimitada por las cantidades que en su caso se omitiere separar para la integración de dicha reserva (art. 21 LSM).

Independientemente de la reserva legal a que nos venimos refiriendo, la escritura social podrá disponer la formación de otros fondos de reserva (reservas estatutarias) y también podrán acordar los socios eventualmente su constitución mediante resoluciones adoptadas legalmente las (reservas voluntarias).

4.7.3. El nombre de las sociedades mercantiles

Como toda persona, las sociedades han de tener un nombre que las identifique y las distinga de las demás.

De conformidad con la fracción III del artículo 6o. de la LSM, el nombre de las sociedades mercantiles puede ser una razón social o una denominación. La razón social se integra con el nombre de uno o varios socios; la denominación se forma libremente y no lleva el nombre de ningún socio.

En algunas clases de sociedades es requisito el empleo de una denominación (v. gr. anónimas y cooperativas), en otras debe utilizarse una razón social (v. gr. en la sociedad colectiva y en la comandita simple); y otras pueden optar por el empleo de una razón o denominación (v. gr. de responsabilidad limitada y comandita por acciones).

El nombre de sociedad, salvo si se trata de una colectiva, debe ir siempre seguido de la indicación del tipo social adoptado, siendo válido el empleo de las siglas correspondientes (v. gr. S.A., S. de R.L., etcétera).

4.7.4. Domicilio

De conformidad con la fracción VII del artículo 6o. de la LSM, en la escritura constitutiva de la sociedad deberá constar el domicilio de la misma.

Ahora bien, ni el Código de Comercio ni la LSM contienen reglas relativas al domicilio de las sociedades, por lo que es necesario ocurrir al Código Civil para determinarlas y así encontraremos que el domicilio social puede fijarse libremente, pero en todo caso será en el lugar donde se encuentre establecida su administración (art. 33 C.Civ.).

Cuando la sociedad tenga establecidas sucursales que operen en lugares distintos de aquel en que radique la matriz, tendrá su domicilio en dichos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraías por sus sucursales (art. 33 C.Civ.).

En caso de quiebra, cuando exista irrealidad del domicilio social, es decir, discrepancia entre el domicilio real y el declarado en la escritura constitutiva, se considerará como el domicilio de la sociedad el lugar donde esta tenga el principal asiento de sus negocios (art. 13 LQSP).

determinadas obligaciones (art. 34 C.Civ.).

4.7.5. Nacionalidad

Las sociedades mercantiles pueden tener una nacionalidad diversa a la de los socios.

La Ley de Nacionalidad señala que son sociedades mercantiles mexicanas las que constituyan de conformidad con las leyes de nuestro país y establezcan en él su domicilio.

La falta de cualquiera de tales requisitos da lugar a que la sociedad se considere extranjera y deba someterse al régimen especial que para ellas establecen los artículos 250 y 251 de la LSM.

Art. 250: Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. Art. 251: Las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro.

La inscripción solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial [Secretaría de Economía] en los términos de los artículos 17 y 17-A de la Ley de Inversión Extranjera...

Para tal efecto, la sociedad interesada deberá satisfacer entre otros, según el precepto en cita, los siguientes requisitos:

1. Acreditar que se ha constituido de acuerdo con las leyes del Estado del que sean nacionales, para lo cual exhibirá copia auténtica del contrato social y demás documentos relativos a su constitución y un certificado expedido por el representante diplomático o consular de dicho Estado en la República, en que se haga constar que la sociedad de referencia se constituyó y se encuentra autorizada para llevar a cabo los actos que pretende;

2. Que el contrato social y demás documentos constitutivos no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas, y

3. Que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal.

Las sociedades extranjeras estarán obligadas a publicar anualmente un balance general de la negociación visado por un contador público titulado.