Epidemias sexuales

5.2.1. La epidemia del VIH/SIDA

Dos grandes acontecimientos emergen en el discurso social y permanecen en la agenda pública a lo largo de todo este período, la pandemia del VIH/SIDA y la epidemia de embarazos adolescentes. Con respecto a la emergencia del VIH/SIDA en la agenda pública, se sitúa en primera instancia en Estados Unidos. Precisamente, su primera mención mediática que tiene lugar en el New York Times el 3 de junio de 1981 lo asocia a un “raro cáncer padecido por homosexuales” (Giorgi, 2002), un año después el Ministerio de Salud argentino notifica el primer caso de SIDA en el país.

La primera nominación de la enfermedad difundida en Estados Unidos fue la sigla “GRID” (gay-related inmmunodeficiency) estableciendo una asociación con la población gay de duradera pregnancia en el discurso social (Cfr. Crimp, 1988; 1998). En este sentido, la literatura especializada sostiene que el VIH/SIDA funcionó durante la década de los 90 como una enfermedad moralizante y normalizadora que retrajo, mediante la patologización, la liberalización de las prácticas sexuales fundamentalmente de la población gay que tuvo lugar en las décadas del 60 y 70 (Crimp, 1988; Watney, 2000). Configurada discursivamente como una poderosa enfermedad que se expandía desde Estados Unidos hacia el mundo

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afectando a una población con rasgos sexuales específicos, el VIH/SIDA no se instaló como una pandemia que afectaba a toda la humanidad sino como una enfermedad mortal dirigida exclusivamente a individuos cuyas prácticas sexuales se alejaban de la noma heterocentrada59_.

En Argentina, la literatura sobre la temática acuerda en señalar la separación en dos momentos según el tipo de abordaje de la epidemia. El primer momento se extiende desde la aparición de los primeros casos en 1982 hasta el surgimiento de la medicina antirretroviral de alta eficacia en 1996 (Bloch, 2010: 105). Este período que aquí nos ocupa se caracterizó por la expansión del discurso epidemiológico centrado en la noción de una enfermedad infecciosa y altamente transmisible. La noción de “grupos de riesgo” proveniente de la epidemiología fue utilizada para delimitar aquellos “conjuntos sociales” que por diferentes características se encontraban más expuestos a la enfermedad (Barreda y Moya, 1995). En los discursos que circularon en nuestro país acerca de la enfermedad, la noción de grupos de riesgo funcionó en articulación con una serie de estigmas de larga duración en el discurso social. Tal como plantea Sontang, la infección por vía sexual ha sido históricamente considerada como una calamidad merecida (1996). En consecuencia, los llamados “grupos de riesgo” fueron asociados a una sexualidad peligrosa y contaminante cuya relación con el VIH/SIDA aparecía como un efecto de su propia (ir)responsabilidad. La lista de grupos de alto riesgo del VIH-Sida que recorre el discurso social da cuenta de la operación que construye esta enfermedad como una enfermedad moral y social emplazada en el terreno de la otredad desde una matriz heterosexual. De este modo, la epidemiología al monitorear el funcionamiento de la epidemia mediante la identificación de "grupos de riesgo" produjo como efecto la atribución del origen del VIH/SIDA a quienes lo padecían. Con este mecanismo, se construyeron socialmente dos tipos de infectados: "los culpables" (homosexuales, bisexuales y heroinómanos), y "las víctimas" (hemofílicos, transfundidos y los casos perinatales) (Bronfman y Magis, 2001).

A pesar de la enorme visibilidad de la epidemia en la agenda pública, durante estas décadas en Argentina no se desarrollaron políticas de prevención sostenidas y eficaces para controlar la epidemia (Petracci, 2004). Hasta inicios de los años 90, los únicos actores involucrados en la prevención del VIH/SIDA eran las organizaciones no gubernamentales que venían trabajando a favor de los Derechos Sexuales y las personas con VIH autoconvocadas. Debido a la presión nacional e internacional, el Congreso aprobó en 1990 la Ley Nacional de Sida n° 23.798 que tiene como objetivos principales garantizar los derechos individuales de las personas que viven con VIH y promover la prevención centrada en la responsabilidad individual de los individuos infectados y del resto de los miembros de la comunidad (Cfr. Petracci y

59 _{Al principio la enfermedad fue nombrada como “la peste rosa” en exclusiva alusión a la población gay,} posteriormente los grupos de riesgo fueron catalogados como las 4 H: Homosexuales, Hemofílicos, Adictos a la Heroína (Heroin adicts‖en inglés) y Haitianos (Weeks, 1985).

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Pecheny, 2007: 218). Esta ley puede ser leída como un antecedente de la Ley de Educación Sexual Integral ya que establece en su decreto reglamentario de 1991 la incorporación de “la prevención del SIDA como tema en los programas de enseñanza de los niveles primario, secundario y terciario de educación” (Decreto N° 1244/91). En cuanto a la implementación de políticas públicas, el Estado se limitó a la provisión de medicamentos para las personas infectadas por el VIH y realizó campañas de prevención discontinuas que evitaron sistemáticamente la referencia explícita a las prácticas sexuales (Cfr. Petracci, 1994). De hecho, el preservativo como método de prevención recién fue mencionado por primera vez en la campaña de prevención de 1999 en un giro de la agenda pública que incorporó el discurso de sexo seguro y reducción de daños instalado en la agenda internacional (Petracci y Pecheny, 2007: 222-223). A mediados de la década del 90, algunos programas provinciales y municipales empezaron a desarrollar acciones de prevención. Al finalizar la década con la llegada del financiamiento internacional el panorama cambió notablemente, ya que se produjo una centralización en torno al proyecto Lusida impulsado por el Banco Mundial y, desde el 2000, se sumó el proyecto “Actividades de apoyo para la prevención y control del VIH/SIDA en Argentina” del Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida (Weller et al, 2009: 17).

El marco de debilitamiento de la matriz estatal de la década del noventa (Cavarozzi, 1996) condicionó la escasa intervención del Estado mediante políticas públicas sostenidas para abordar la prevención de la pandemia. Sin embargo, su presencia expansiva en el discurso global legitimó la necesidad de la implementación de políticas sistemáticas que abordaran la sexualidad (Altman, 2001). La incipiente propuesta de educación sexual formulada en la Ley Nacional de Sida encuentra en ese entramado discursivo internacional un fragmento relevante de sus condiciones de producción. Los efectos preventivos con respecto a las enfermedades sexuales forman parte del repertorio eugenésico de la educación sexual pero en este caso aparecen articulados con una noción de responsabilidad individual que, como veremos, se inscribe en una concepción de la salud legitimada en la época por los discursos del alcance global.

5.2.2. La epidemia de los embarazos adolescentes

Por otro lado, el embarazo adolescente se instala fuertemente como un problema inscripto en la esfera de la salud pública en la agenda mediática argentina en la década del 90. El surgimiento de esta temática como un problema social que merecía ser investigado y exigía, a su vez, la intervención por parte del Estado se remonta a la década del 60 en Estados Unidos (Adazsko, 2005: 47; Pantelides, 2004). Durante

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los años 60s y 70s, la epidemia de embarazo adolescente se instaló como una temática en ese país articulando distintos discursos provenientes del feminismo, la biomedicina y la política. Desde estos distintos lugares de enunciación, el embarazo adolecente aparecía como un problema ya sea para las madres adolescentes que truncaban sus posibilidades de desarrollo, para las familias que reproducían intergeneracionalmente sus condiciones de pobreza o para la sociedad que sufría el desborde de una sexualidad juvenil ejercida por fuera de las normas (Cfr. Pantelides, 2004; Furstenberg, 2003; Reis, 1998). En nuestro país, la temática fue puesta en escena débilmente en la década de los 80 y con mayor fuerza en la década siguiente. De acuerdo con Darré, la emergencia del embarazo adolescente en el discurso social de los 90 constituye un efecto de las transformaciones operadas en el conjunto de las instituciones sociales y fundamentalmente en aquellas que comprenden la familia, la salud y la educación (Darré, 2005: 44). A lo largo de esta década, asistimos a una verdadera proliferación discursiva sobre la temática que se extenderá en la década siguiente. La diversidad de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, locales e internacionales que abordó el embarazo adolescente puso de relieve la circulación de grandes cantidades de información, la implementación persistente de políticas públicas que lo tuvieron como objeto y un abanico de especialistas que se instalaron como las voces autorizadas para explicar sus causas y consecuencias. Los campos predominantes en el abordaje y la intervención sobre el embarazo adolecente fueron el jurídico y el de la salud. En los hospitales y centros de salud argentinos, existían desde la década del 50 espacios específicos para la atención de adolescentes (Gogna, 2001). El lugar privilegiado que adquirieron estos espacios en la tradición de la política pública permite inferir el peso significativo del discurso de la salud para definir esta temática.

Las perspectivas hegemónicas que se instalaron en este período sobre el embarazo adolescente lo entendían como un factor que permitía anticipar una serie de efectos negativos para el desarrollo. Las consecuencias incluían la caída de las tasas de escolarización, el incremento de hijos en los sectores sociales desfavorecidos, las menores posibilidades de capacitación por parte de lxs jóvenes afectadxs, el aumento de desempleo y una profundización de la pobreza. De esta manera, la axiologización negativa del embarazo adolescente se inscribe en la formación discursiva de la biomedicina pero se desplaza transversalmente por otras formaciones discursivas tales como la de la educación y la economía. Al igual que con la epidemia del VIH/Sida, esta operación los instala como objetos temáticos fetichizados que marcan la necesidad urgente de intervenciones efectivas para prevenirlos o conjurarlos.