La prestación de servicios generales a los enfermosa los enfermos

76% de los casos el hogar sirve de soporte a la relación entre la ma- dre y su/s hijo/s (^CIS, 1984). La relación de convivencia en el ho- gar con la generación antecedente es doblemente frecuente res- pecto a los progenitores de la mujer que respecto a los del varón.

El número de hogares unipersonales integrados solamente por mujeres es mucho más elevado que el de varones. A ello contribuye su mayor expectativa de vida y la menor edad media que sus cónyu- ges, pero también la definición social de su papel como generadoras de hogar. Esta capacidad de generar hogar o garantizar un núcleo de producción social se mantiene incluso en condiciones poco favora- bles, como la residencia en solitario en hogar independiente de los hijos, en cuyo caso las posibilidades de comunicación (teléfono, transporte, etc.) juegan un papel decisivo para su mantenimiento.

3.7. La prestación de servicios generales

b) los servicios no remunerados relacionados directamente con la enfermedad (prediagnóstico, compañía, aplicación o vigilancia de tratamientos, etc.);

c) la gestión del consumo de servicios sanitarios (elección, tramitaciones, pagos, información, compra de medica- mentos, etc.).

Los servicios de tipoa, aunque no sean provocados por la en- fermedad o el cuidado de la salud, son necesarios para el en- fermo, de la misma manera que lo son cuando se interna en un hospital o residencia sanitaria. La demanda de servicios de este tipo es más intensa que la habitual cuando enferma algún miem- bro del hogar (comidas y limpieza especiales, individualización del dormitorio o zona de descanso, etc.).

Aunque no pertenezca, en principio, a los gastos imputables al cuidado de los enfermos, una parte sustancial de los gastos en servicio doméstico se destinan a este objetivo. Aunque carecemos de fuentes estadísticas fiables sobre este tema, avanzamos la hipó- tesis de que al menos un tercio de las 169.700 personas que, se- gún el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, trabajaban en 1997 en el servicio doméstico (de ellas, 142.600 afiliadas al Régi- men Especial de Empleadas de Hogar, y el resto, en el Régimen General de la Seguridad Social) dedican la mayor parte de su tiempo a la atención de personas enfermas, en su mayoría ancia- nos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998: 232).

También corresponde a los hogares la mayor parte de la gestión del consumo sanitario, puesto que se hace dentro de los hogares sin que medie por ello ningún tipo de pago entre los familiares, pero su proximidad a la economía monetarizada los hace diferentes. A los miembros del hogar les corresponde en la mayoría de las ocasio- nes la elección de sistema sanitario, al menos en cuanto a lo que no se elige, y la decisión respecto a qué servicios utilizar. Los hogares re- sultan afectados por el pago de los servicios sanitarios mediante:

— la participación de otros familiares en el pago;

— la venta de patrimonio;

— el consumo del ahorro (capital) acumulado;

— la opción entre adscripción a diferentes funciones (dar educación a sus hijos, comprarles piso, divertirse, etc.);

— el coste de oportunidad o lucro cesante de los enfermos y sus cuidadores.

3.8. La gestión del consumo de servicios sanitarios El consumo de servicios sanitarios se produce en la mayoría de los casos a través de la mediación de los hogares. La Seguridad Social, así como la mayoría de los seguros privados, no se adquiere para in- dividuos aislados, sino para grupos familiares que comparten resi- dencia. También es frecuente que los familiares con más capacidad económica intervengan en el pago de los seguros médicos privados de sus familiares como una forma de ayuda, o que contribuyan con préstamos o cesiones en los casos de enfermedades graves. La venta de patrimonio o el consumo de los ahorros familiares para resolver la demanda de dinero provocada por la enfermedad es otra forma de mediación de los hogares en el consumo de servicios sanitarios.

El consumo de servicios sanitarios entra en competencia con otros tipos de consumo (alimentación, educación, vivienda, ocio, etc.) y los hogares han de priorizar el destino de sus recursos. A pesar de la generalización de la cobertura del tratamiento médico por la Segu- ridad Social, las enfermedades largas son temidas por las familias, ya que consumen los recursos destinados a otras funciones y a otros miembros de la familia. No es un temor nuevo, y este temor ha sido una de las causas de la aparición del sistema de igualas, montepíos, mutualidades, sociedades médicas y, finalmente, de la generaliza- ción del sistema de la Seguridad Social.

Según el^CIS(1997), la sanidad es uno de los temas de mayor interés ciudadano. Los españoles mayores de 18 años son titula- res o beneficiarios de las siguientes modalidades de seguros sani- tarios públicos o privados.

En conjunto hay 1,1 seguros por persona, aunque se reparten de modo desigual según distintos grupos sociales. La inmensa mayoría de las familias sufragan indirectamente sus gastos mé- dico-sanitarios y farmacéuticos a través de las cuotas pagadas a la Seguridad Social durante los periodos de actividad o, también in- directamente, vía impuestos. A los hogares no les resulta fácil mo- dificar ni gestionar lo que pagan, pero sí pueden gestionar con

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mejor o peor eficacia lo que reciben. Los que utilizan exclusiva- mente médicos privados son muy pocos (0,1%), pero hay casi un 10% que paga seguros privados no obligatorios. De ellos, el 6,5%

lo pagan individualmente y el 2,9% lo abonan concertadamente a través de los centros de trabajo.

Para las consultas de medicina general y pediatría, la propor- ción que utiliza los servicios sanitarios públicos es el 84%, a lo que se añade un 6% que usa tanto públicos como privados, y un 9%

que utiliza servicios privados. Para hospitalización y urgencias, la proporción de uso de servicios privados es algo menor (8 y 6% res- pectivamente). En cambio, para la consulta de especialistas (ex- cepto dentistas) el uso de servicios privados es mucho más elevado (17%). Para los dentistas, como han demostrado las Encuestas Na- cionales de Salud, el uso de servicios privados es aún mayor.

En realidad, la elección entre sanidad pública y privada no se produce casi nunca, ya que la primera es la única a la que tiene ac- ceso la mayoría de la población. No obstante, sólo un 20% de los

C U A D R O 3 . 8 : El consumo de seguros sanitarios

[Por favor, ¿podría decirme si es Vd. titular/beneficiario de alguna/s de las modalidades de seguro sanitario (público o privado) que aparecen en esta tarjeta?]

(Multirrespuesta: máximo dos respuestas)

(porcentajes)

Seguridad Social 95,1

Mutualidades del Estado (Muface, Isfas) acogidas a la Seguridad Social 3,0 Mutualidades del Estado (Muface, Isfas) acogidas seguro privado 3,0 Seguro médico privado concertado individualmente (Sanitas, Asisa, Esfera

Médica, colegios profesionales, etc.) 6,5

Seguro médico privado concertado a través de la empresa (Sanitas, Asisa, etc.) 2,9

No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia 0,0

No tengo seguro médico, utilizo médicos privados 0,1

Tengo iguala con un médico o grupo de médicos 0,0

(N) (2.261)

Fuente:CIS(1997:2).

usuarios de la sanidad pública señalan esta característica (máximo, dos respuestas) como motivo para usarla (16%: «porque mi seguro sanitario no me lo cubre»; 4%: «porque es lo que tengo. Es lo más barato»), y se destaca en primer lugar la calidad (46%), la facilidad para acceder a los servicios (27%), los mejores aparatos y equipa- miento (26%) o la mayor comodidad (21%). Los usuarios de la sa- nidad privada destacan también en primer lugar la calidad (47%), pero en segundo lugar la comodidad (31%) y la facilidad para ac- ceder a los servicios (31%), así como la mayor calidad de los profe- sionales (23%).

La especialidad a la que se accede en mayor proporción en el sistema sanitario privado es la ginecología-obstetricia. No obs- tante, los que usan la medicina privada han acudido en mayor proporción al médico en los últimos doce meses (el 33% no han accedido) que los que usan la medicina pública (el 43% no han acudido). En la privada son menos frecuentes, proporcional- mente, las consultas para medicina general (9% frente a 2%).

Para traumatología, la proporción de consultas es casi idéntica (9%) en ambos tipos de usuarios. Las consultas de cardiología, características de personas de edad avanzada, son algo más fre- cuentes, proporcionalmente, en el sistema público (2,9% frente a 2,2%), aunque muy similares en ambos casos.

La valoración de las consultas de medicina general y pediatría en la sanidad pública es buena. Sobre una escala de siete puntos, casi todos los aspectos superan los cinco puntos como promedio, y ninguno está por debajo de 3,5. Los aspectos peor valorados son el tiempo de espera para entrar en consulta (valoración me- dia, 4,26), los trámites para acceder a especialista (4,40) y el es- caso tiempo dedicado por el médico a cada enfermo (4,78). Los mejor valorados son la proximidad de los centros (5,63) y el trato recibido del personal sanitario (5,51). Evidentemente, los enfer- mos y sus familiares tienen pocas posibilidades de opinar con fun- damento técnico sobre aspectos tan importantes como la capaci- dad profesional del personal. Sus quejas son económicas y sociales principalmente, en el sentido de que los tiempos de es- pera generan pérdidas de un recurso escaso y apreciado, y las di- laciones en el tratamiento generan sufrimiento, inseguridad y riesgos.

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La valoración de las consultas de los especialistas es más baja en la sanidad pública que la de los usuarios de medicina general, y en algunos aspectos, como la facilidad para conseguir cita, no llegan a cuatro puntos (3,94). La valoración de los hospitales es buena en conjunto, pero es heterogénea. Se valoran bien el equipamiento y medios tecnológicos (5,85), pero se valora mal el tiempo de de- mora para ingresos no urgentes (2,98), y regular el número de personas que comparten la habitación (3,88). Los trámites y condi- ciones de hostelería son valorados por debajo de la atención del personal. La calidad de la información se valora peor que el resto de los cuidados.

Del conjunto de los entrevistados, un 7% dice haber presen- tado alguna vez una reclamación por no quedar satisfecho con un servicio sanitario. De ellos, el 35% se han limitado a hablar con el responsable, el 60% han reclamado ante el servicio de atención al usuario, el 1,4% han reclamado en una asociación y el 3,3% han denunciado el hecho en los juzgados. Esta última ci- fra equivale a un 0,2% del total de los usuarios.

La causa y resolución de la reclamación se recoge en el cua- dro 3.9. No obstante, del 93% que nunca ha presentado reclama- ciones, hay un 20% que lo habría hecho con gusto, pero se abstu- vieron por desconocimiento de cómo llevarlas a cabo (15%) o por creer que no sirve de nada (85%).

La población es consciente de que la oferta de servicios sa- nitarios ha aumentado mucho en los últimos años, pero tam- bién de que las demandas y el nivel de exigencias han crecido todavía más que la oferta. En general, se considera que lo que el Estado devuelve en sanidad a cambio de impuestos es dema- siado poco, y la mayoría se opone a la reducción de prestacio- nes sanitarias.

La idea de que la Administración sanitaria tiene la obligación de solucionar a todos los ciudadanos sus necesidades de asistencia está muy extendida (86%). La sanidad es sólo un caso extremo de la interpretación de las relaciones entre el ciudadano (en su faceta de contribuyente) y el Estado, porque el 43% de los entrevistados dicen que su saldo con el Estado (esto es, lo que reciben a cambio de los impuestos que pagan) es negativo para ellos. Sólo el 5%

apoya la idea de que se pague por los servicios que se utilicen, aun-

que un 19% aceptaría fórmulas intermedias entre la situación ac- tual de gratuidad y el pago por servicios sanitarios.