Aportes públicos y privados a la sociedad civil desde la universidad.

En la eclosión de la universidad, cuando se llamaban los studium generale, no existían distinciones entre lo que era una universidad pública o privada, estas son nociones que al igual que la de sociedad civil, aparecieron tiempo después. En la actualidad existe una interpretación generalizada y limitada de que lo público está en relación a la propiedad estatal. Pero el nacimiento del Estado moderno y su idea como tal, no fue contemporánea al nacimiento de la universidad. Lo que explica la no diferenciación de la universidad en su

nacimiento entre una institución pública o privada, por atributo de propiedad. Ciertamente la universidad surge por asociacionismo y bajo motivadores privados, aunque de inmediato sus impactos fueron en lo público, al igual que muchas de sus funciones y metas; lo que hizo que se legitimara sin lugar a dudas. Por otro lado, la sociedad civil, que es pública y que no vive en la coerción, sino en la libertad; en esa racionalidad responsable con exigencias universales de justicia y de solidaridad, corrobora que es allí donde se encuentra el espacio para los diversos grupos, organizaciones e instituciones de la sociedad civil (Cortina y Conill, 1998: 89), como lo es la universidad.

La universidad es una institución u organización que se encuentra dentro de la sociedad civil, es además, al mismo tiempo, estructura de la misma. Sea cualesquiera de sus clasificaciones, es una entidad de impacto mayormente público, aunque algunas de ellas tengan adscripción privada por propiedad, o por cobro de aranceles como principal fuente de financiamiento, o porque se administre por un cuerpo de gobierno que dista mucho del perfil de funcionario que habitualmente se encuentran en las universidades del Estado. Es una entidad pública y quienes la conforman son agentes sociales con potencial de reforzar una ética para y desde la sociedad civil, cuya base no es vivir de puros derechos sino también de responsabilidades. La universidad se encuentra entonces, entre lo público y lo privado “entre el poder de las comunidades públicas y la libertad de las individualidades privadas” (Barber, 2000).

La mayor parte de la clase política, interpretada ésta, como los ciudadanos que se integran a las estructuras laborales del Estado como funcionarios, generan por lo regular una arraigada y conservadora mentalidad estatista. En donde sólo se ve a la universidad como un servicio público que proporciona lo que esta misma clase considera ante todo un bien público (Pérez-Díaz, 2003: 289). Aun cuando las estructuras del Estado y la gestión de sus universidades son pesadas, poseen muy poca capacidad de reacción dado el mismo sistema burocrático con el que operan muchas de ellas. Y aun cuando gocen de muchos recursos a veces su capacidad de respuesta no permite la efectividad deseable y esperada, aunque esto no es una regla de comportamiento, por lo regular sí se nutre del arraigo cultural e idiosincrasia conservadora. Por complemento y sin ser tampoco una regla, algunas universidades privadas apenas alcanzan a constituirse como una comunidad de profesores y

alumnos y suelen ser gobernadas al margen de los académicos (Brunner, 2002: 33), lo que da estructuras más livianas y menos aparato burocrático. Y como, además, muchas de las veces está condicionada su capacidad de respuesta al autofinanciamiento, son percibidas como más eficaces en sus procesos tanto internos como de vinculación con lo externo.

Ambos tipos de universidades -pública y privada- se enfrentan y padecen el cambio generacional, el tipo de alumno, el compromiso evolutivo y, al parecer, ineluctable; sumado a ello los efectos de las tecnologías de información, que afectan para bien y para mal el comportamiento cívico, convirtiéndolo en un factor al que hay que prestarle particular atención por el poder que tiene. Los efectos de la sucesión generacional varían de manera importante según los distintos índices de compromiso cívico. Son mayores para las formas más públicas, y menores para la socialización informal y privada (Putnam, 2002: 382). El aporte radica en haber descubierto que ahora esto no puede ser subestimado, porque, si se ignora, menos se podrá traducir en posibles bienes. El Estado y su clase política no dejará de jactarse del a priori del bien público que aportan las universidades, aun cuando el escenario de éstas se hace cada vez más complejo ante la legitimación de la institución.

Ambas universidades, en el fondo, persiguen el mismo bien interno y cuentan la mayoría de las veces con un alumnado de similares características. Por lo regular, en donde geográficamente existen conjuntamente, se percibe una tensión entre las universidades públicas y privadas. La tensión surge desde el pasado, por un posible anticlericalismo y en el presente por cierto anticapitalismo. Pero la raíz de la tensión y lo que explica la carga emotiva de quienes la padecen, no son las diferencias ideológicas sino algo más complejo. Siempre se tiene la opción de no embarcarse en una aventura que revela su miedo a la competencia. En lugar de rechazar socialmente a la universidad privada por sus afanes de relación con el mercado y aspiraciones más de clases sociales que pueden participar en ellas, se podría redefinir el campo de juego y aceptar que se aplicará a la universidad pública el principio y la lógica de la universidad privada. Se irá hacia un nuevo diseño del sector público universitario, sometido a mecanismos de mercado, en el que los estudiantes y los profesores tendrán que probar su saber y su motivación continuamente; en el que los recursos fluirán de acuerdo con las ofertas educativas y demandas educativas muchas, distintas y cambiantes (Pérez-Díaz, 2003: 29). Es posible entonces el enriquecimiento y

retroalimentación entre ambas ya que ambas, comparten el mismo compromiso cívico y por lo mismo, los mismos bienes internos; conformando con ello una misma comunidad.

Pero no sólo es ello, existe también un rechazo de percepción ante la autonomía, porque un agente que es libre de manera inauténtica, como señala Pérez-Díaz es el caso de las universidades del Estado; siente hacia la mera posibilidad de que en el espacio donde está aparece un agente auténticamente libre, donde coloca a la universidad privada, cuya presencia pone de manifiesto que en las primeras se finge ser libre sin serlo (Pérez-Díaz 2003:29) y en las segundas se es porque no hay de otra.