Lo público y lo estatal.

La expresión lo público puede aludir a una interpretación de propiedad, en el ámbito de las instituciones de educación superior. Bajo este parámetro se hace referencia a las organizaciones e instituciones que pertenecen al Estado113. A esa relación de pertenencia se le atribuye su estatuto de público. Pero también lo público se puede interpretar como el modo en que se realizan procesos al interior de las organizaciones, los cuales son abiertos a la información o bienes que producen y dan acceso. Por ejemplo, los centros culturales, museos, centros de acceso a la información, que de hecho algunos pueden ser privados pero de impacto público. Volviendo al estatuto de propiedad de la universidad, cuando se habla de educación superior pública, existe una pretensión de dependencia del Estado, como si con ello éste fuera el mentor y su autoridad. En un primer plano, lo público, refiriéndose al sentido de propiedad únicamente, y no a las funciones con lo que la institución u organización opera, o a su carácter social dentro de la sociedad, es algo que es común y pertenece a todos, es algo a lo que todos tienen derecho, o bien, que todos dentro de una sociedad democrática o con pretensiones de serlo, siente que pueden formar parte, por el hecho de ser del Estado. Así cualquier persona podría asegurar que, si quiere, puede y tiene

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el derecho de acceder a la universidad pública porque es del Estado y también le pertenece. Pero ser del Estado no significa que sea gratuita o semi-gratuita, al menos en algunos lugares pasa que la educación superior que se imparte en este tipo de universidad no siempre lo es. Lo cual ya limita el derecho y su carácter público de acceso; por lo que no será suficiente, que meritoriamente alguien que desea ingresar a ésta supere las pruebas de acceso, sino que también deberá tener cierta capacidad económica.

Las universidades en su nacimiento tenían una clara función pública, aun cuando el Estado no existía como tal en la Edad Media, las universidades llegaron a convertirse en semilleros de altos funcionarios; encontrándose con ello un primordial rasgo que le otorgaba una esencia pública, siendo un lugar de reclutamiento y formación de una porción significativa de las elites de la sociedad (Le Goff, 2008: 14), refiriéndose a un grupo de privilegiados que por esta vía accedían a posiciones claves en las burocracias civil y eclesiástica. Ante el reconocimiento de los poderes públicos de la iglesia y la monarquía, nacieron las universidades con este atributo. Las primeras universidades y las que le sucedieron dan origen a un estamento de indudable repercusión pública. Tienen carácter urbano, corporativo y potencialmente autónomo (Le Goff, 2008: 13). Los estudiantes y profesores de inicios de los studium generale y universitas se encontraban influenciados por las corrientes ideológicas comunitarias del medioevo, que, inspiradas en el derecho romano, habían recuperado una serie de conceptos con los cuales designar diversas formas de asociación. Esto es, colectividades de personas unidas entre sí para conseguir un fin común, y a las cuales la ley reconocía como sujetos de derecho: societas, ordo, sodalitas o

sodalicium, collegium, corpus, universitas. Los dos últimos términos son los que

verdaderamente significan la personalidad jurídica de la asociación (Iglesias, 2008: 99 citado en Brunner y Peña, 2011: 17).

La identificación de lo público con el Estado en el caso de la universidad, se origina cuando se constituye la idea de Estado nacional como forma de autoridad en la construcción democrática de un país, con lo que se estrecharon los lazos vinculantes a todas las instituciones que aludían pertenencia al Estado, entre ellos las instituciones de educación superior, que además en varios casos se sumaban al proyecto de nación que demarcaba el Estado, como ya se ha señalado reiteradamente en acápites anteriores. Es justo allí cuando

la universidad tiene su primera gran reforma114, identificando con ello intereses entre el Estado y la ciudadanía. Los modelos de la universidad francesa y alemana fueron las que fortalecieron esta relación. Pero, además, como se ha mencionado, el ciudadano también llega a la universidad pública con intereses privados. “La sinonimia entre universidades estatales y universidades públicas derivaría de esa identificación ideológica de intereses entre el Estado, la nación y la ciudadanía democrática […] las universidades estatales, en razón de su propia índole, poseerían un vínculo indisoluble y natural con lo público” (Brunner y Peña, 2011: 11). Por otra parte, el sentido utilitario de la formación superior subyace también a la noción de que las universidades servían al bien público y no meramente al interés particular privado de las personas. Se entendía que la sociedad en su conjunto se beneficiaba al tener funcionarios bien formados, hombres de leyes, médicos, comerciantes instruidos. Según alega con buen fundamento Cobban (1975: 233-234), precisamente esta idea de servicio de la universidad al bien público sirvió para justificar la generosa entrega de privilegios a sus miembros y nutrir la autonomía.

La universidad al reinventarse en el modernismo, durante el siglo XIX, destacó como componente central su relación con el Estado, y por ello se convirtió en el paradigma de lo público. “No se trata, entonces, de que haya alcanzado dicho estatuto por producir bienes públicos o por ejercer una especial responsabilidad pública, más bien lo logró por ser una expresión del moderno Estado, con el cual se desarrolló coetáneamente” (Brunner y Peña, 2011: 39). Por otra parte, ha existido una categorización que resaltaba una diferencia y privilegio de ese vínculo a lo estatal.La universidad estatal tenía, como deber, cumplir con la función de investigar, lo que le elevaba su estatus ya que formalmente se le facultó para ello en este tiempo. Las privadas -con sus respectivas excepciones-, en cambio, permanecieron durante un tiempo como universidades esencialmente docentes, por ello estaban más cerca de las antiguas comunidades de maestros y discípulos de la tradición medieval, que consideran el saber común como un bien público compartido (Morandé 2011: 70).

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No significa que la universidad tuviera un estatuto privado de propiedad y dado el momento de transición en la construcción del Estado haya cambiado, como se ha mencionado la universidad nace bajo criterios asociativos con intereses públicos, auspiciada posteriormente por la iglesia y la autoridad secular. Entonces la transformación va en función de la restructuración y reorganización de funciones para con la sociedad y en el

Pero ese modelo de vinculación directa con el Estado que participaba de un proyecto nacional, homogenizaba la cultura y aspiraba a crear elites para nutrir la democracia. Siguen existiendo las universidades estatales, pero dados los acontecimientos de ruptura, masificación y crisis acaecidos durante el siglo XX, impactaron para que la universidad estatal venga modificando sus interacciones y relaciones. A la fecha hay países que siguen contando únicamente con sistemas estatales de educación superior, como en el caso de Canadá (Bernasconi, 2000: 173). Pero el modelo que le dio el estatus de público a la universidad, ha venido desapareciendo, por lo que se debate si la universidad estatal puede reclamar algún vínculo especial con lo público o debe resignarse a ser tratada en condiciones de igualdad como los proyectos privados que masivamente están proliferando en diversos puntos del globo.

La universidad debe ser ese espacio público donde se plantea con radicalidad la relación entre sistema socio-político y sistema moral. La intervención dentro de un marco del sistema económico capitalista no supone la aceptación de los presupuestos antropológicos, éticos y sociales. En este sentido, la universidad es un espacio privilegiado para esclarecer estos presupuestos y plantear con profundidad la pregunta por el modelo de sociedad que sustenta un determinado sistema económico o político (Correa, 2012: 102) y si realmente la universidad es un espacio para ello. Las razones en favor de una preocupación preferente por las universidades estatales no viene de un vínculo privilegiado con lo público, porque ese vínculo, al parecer, se va perdiendo, porque no es exclusivo de las universidades estatales ser un bien público, sino que derivan de la necesidad político-cultural y del ideal de no transformar a la educación superior en un mecanismo puramente endogámico y expresivo de intereses privados. Por otra parte hay que tener presente que la legitimación de la universidad está sustentada por sistemas de bienes internos de los que se hablaba en el capítulo primero, e intereses públicos propios de la naturaleza de ésta, así como de los criterios de publicidad de la sociedad civil. Al final de cuentas es una característica que en general presentan tanto las universidades públicas como privadas aun con las funciones actualmente renovadas y ampliadas.