El êthos universitario como bien público.

La universidad, en sus inicios, ya tenía atribuidas funciones públicas e interpretaciones como bien público también, aun cuando no se describieran estas ideas así en la Edad Media, pero al hacer una interpretación de ello, resulta evidente que la universidad, desde que se fue consolidando en el siglo XIV, iba proyectando, a su vez, la función pública y nutriendo su percepción de bien público. Una vez que, como corporación privada, respecto a su origen eclesiástico y gremial, adquirió el doble privilegio de tomar exámenes y de otorgar grados académicos, el monopolio respecto de estas dos funciones de certificación – funciones esencialmente públicas por sus efectos- otorga a las universitas studii su poder más decisivo respecto a la sociedad (Brunner y Peña, 2011: 24), otorgándole también con ello un reconocimiento y una presencia como distribuidor de bienes públicos. Como bien señala Rashdall (1997: vol.1, pp. 540-541), con todo esto la universidad ejerció una influencia política indudable. Siendo parte de los procesos que fueron formando públicamente a una sociedad, entre otras razones, por el hecho de que sus miembros gozan

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Las organizaciones internacionales, incluyendo la UNESCO y el Banco Mundial, utilizan la expresión

asociación público-privada, pero su uso se refiere de manera general a cualquier tipo de fusión de lo privado

de libertades que otras asociaciones no tenían. Y porque la misma formación de personas, en sí, abre un universo de libertad, ya que una sociedad con ciudadanos educados pueden reunirse, debatir libremente, escribir y hacer circular sus ideas, incidiendo en la cultura de la sociedad.

La función de las instituciones universitarias públicas y privadas como proveedoras de bienes sociales, impactan en todos los planos de la sociedad: económico, científico, educativo, de salud, comunicacional, mediático, deportivo, incluso también político, etc., Así como en todas las escalas -locales, nacionales, regionales o mundiales-, que “aunque los Estados como tales no puedan globalizarse puesto que están constituidos por el principio de jurisdicción, pero sí están obligados a transparentar información y a coordinar políticas y buenas prácticas de decisión y probidad” (Morandé, 2011: 77). Por lo que se demuestra que es ineludible tomar esto en cuenta al hablar de la universidad y sus interacciones dentro y como estructura de la sociedad civil.

El debate sobre lo público y lo privado en educación superior es habitual desde el enfoque de los bienes públicos. La expresión de bien público a la que se hará alusión en este espacio tiene una tendencia y perspectiva económica y social. Un “bien que produce beneficios indiscriminados y que se difuminan entre un amplio conjunto de personas, sea que esas personas hayan o no pagado los costos de producirlos” (Kiesling, 1990, citado en Brunner y Peña, 2011: 449; de Sousa, 2004: 31). Discusiones van y vienen reclamando deberes exclusivos, prioritarios o preferentes que debería tener el Estado hacia universidades que le son propias, porque en ellas se deposita la misión de producir los bienes públicos. Entonces la universidad sería con ello un bien público que produce bienes públicos, pero esta función no es exclusiva de las universidades estatales, sino que también es de las universidades de propiedad privada. El debate, por ahora, va sobre el derecho que deberían de tener todas las instituciones de educación superior sobre los recursos del Estado, puesto que, tanto públicas como privadas, contribuyen activamente en la generación de bienes y, por sí mismas, son bienes sociales y públicos. Resultado de ello, no solo se desprende la inconveniencia de definir a una universidad como pública o privada según sea propiedad del Estado, una iglesia u otro tipo de asociaciones; sino también la ambigüedad entre la distinción entre lo público y privado conforme a la óptica con que se mire (Morandé, 2011:

71), como puede ser la óptica de los bienes que producen y cómo los producen y distribuyen.

Los bienes que provee la universidad a la sociedad se derivan principalmente del conocimiento que allí se gestiona, genera y trasfiere, pero estos bienes son producidos indistintamente por todos los tipos de universidades. Bajo esta óptica se reafirma la objeción de la fórmula de lo público con lo estatal. “Un elemento adicional sazona el debate cuando se arguyen factores de calidad y eficacia comparativas para demostrar que la mira está muy mal puesta cuando se la dirige exclusivamente a lo que, a fin de cuentas, acaba por revelarse como un obsoleto prurito estatista (Oyarzún, 2011: 111). Ya que se ha evidenciado que la calidad educativa en educación superior también se puede encontrar en universidades de carácter privado.

Las interacciones que se dan como resultado del orden espontáneo de los bienes públicos que aportan a la sociedad las instituciones de educación superior, y dentro de la esfera pública como espacio propio de esas interrelaciones en la sociedad civil, donde se incluyen todas las organizaciones -tanto las del Estado, las de mercado y las cívicas-: serán siempre interacciones de los dos tipos, tanto de interés público como privado, con las que aportará intencionadamente o sin intención, bienes a la sociedad; incluido el mismo debate público o la función de publicidad o la acción comunicativa propia de la esfera pública de la opinión dentro de la sociedad civil.

La sociedad civil está compuesta de agentes implicados tanto en actuaciones privadas como en debatir y actualizar diferentes versiones de interés público (ello incluye tanto agentes individuales como colectivos, tales como grupos de interés y movimientos sociales). Con ello quiero hacer hincapié en la relación, y la compatibilidad, entre estas dos dimensiones, privada y pública, de la actuación de los agentes, y expresar mi desacuerdo con quienes entienden que la sociedad civil sólo hace referencia a la actuación de los agentes en tanto que portadores de intereses particulares o privados (Pérez Díaz, 1993: 80). En la sociedad civil existe siempre una “relación de interdependencia mutua entre el ámbito privado y el público como espacios para el desarrollo de la libertad. Por una parte la red de interacciones que conforma la sociedad civil y las organizaciones en las que se sustentan no representan acciones privadas por el mero hecho de perseguir intereses privados” (García-

Marzá, 2004: 39). En este contexto, el Estado y el mercado, o también asociado como lo público y lo privado -aunque sería limitado sólo verlo así-, no quedan planteados sólo como opciones a la mano excluyentes entre sí, ni tampoco se puede desconocer el peso de otros factores que también intervienen en las interacciones acorde a la concepción variada entre lo público y lo privado. Cada vez es más notoria la colaboración entre estos en amplios sectores de la actividad social con el propósito común de alcanzar crecimiento económico, empleo estable, desarrollo social y mayor calidad de vida para la población (Morandé, 2011: 77). Entonces la misma interacción conlleva a ubicar cuáles son sus intereses para, con ello, visualizar si en ellos puedan existir recursos morales que los amalgamen.

La sociedad civil es el campo de acción entre creación, gestión y relación de los bienes públicos. Entonces todas las organizaciones, de todos los sectores de ésta, estarían dentro de la categorización de bienes públicos, lo que por lógica común, las hace para sí y entre sí, un campo de responsabilidad colectiva. Entonces, por lo que allí ocurre, podría visualizarse la universidad como una institución representativa de todo ese campo o universo de los bienes públicos, como función y meta de la consecución de los propios bienes internos de sus actividades. Esta visión integrada, estructurada, incluyente y, al mismo tiempo, esparcida sobre los bienes públicos que genera la universidad para la sociedad civil, en donde la universidad también es percibida como un bien público que articula también desde sus funciones los bienes entre los tres sectores de la sociedad, con esta visión extendida ya no se puede ver unidireccionalmente a la sociedad civil, la cual debe considerar:

 Que la educación superior es un bien público que no debe de ser excluyente y cuyos beneficios deben llegar a todos como medio fundamental para un desarrollo equilibrado.

 Que las instituciones de educación superior deben visualizarse como instituciones que proveen servicios públicos, lo que no debe interpretarse como sector estatal o como ese sector que no pueda recibir aportaciones privadas, sino como un servicio a la sociedad gestionado con autonomía política (de los Estados) y financiera (de las empresas).

 Que el lucro como un bien que se produce de la misma actividad, se antepone a la naturaleza de las metas y fines de la educación superior –sus bienes internos-; pero

que tampoco es ilegítimo que por el suministro de estos bienes genere parte de su propio financiamiento.

 Que como servicio procurador de bienes públicos, la educación superior debe proveerse sobre la base de la igualdad. Debe prestarse de forma continua y permanente y no estar sujeta a ningún tipo de discriminación.

 Que la enseñanza superior tendrá -tanto en la docencia como en investigación-, el grado de libertad óptimo respecto a los campos y a los temas que deba y quiera desarrollar al servicio de la sociedad.

La educación superior, como bien público, causa incomodidad a las funciones del mercado, aunque no ha sido un impedimento el desarrollo de éste ante dicha incomodidad sobre los bienes públicos propios de las universidades que llevarían en su quehacer cierta vinculación al Estado y dentro de los márgenes de la gratuidad si es posible. Si la educación superior es un bien público, su disponibilidad no debe estar restringida por los recursos financieros (Barnett, 2004: 43). Ciertamente en la esfera pública se ha instalado la idea de la educación como un derecho social fundamental, lo que implicaría dejar de tratarla como un bien de consumo; ya que un derecho, por lo tanto, es algo a lo que se accede por la mera condición de ciudadano -miembro de una comunidad política-, pero para que este pueda sostenerse requeriría de un fortalecimiento en los roles y las responsabilidades sobre la participación del Estado (León, 2014: 113). Desde sus inicios en la Edad Media, la universidad poseyó un carácter público, no por la condición de responsabilidad de Estado -éste no existía- más bien derivado de ese asociacionismo de orden espontáneo que se orientaba hacia los intereses generales del saber. La universidad moderna reclamó el carácter público a partir de su relación con el Estado -en el siglo XIX-, ya que este le asignó funciones emancipadoras e ilustradas (Brunner y Peña, 2011: 51). Actualmente la universidad está expuesta a una crisis severa de sentido, ya que no se puede definir a sí misma de manera exclusiva por su relación de cercanía o lejanía con el Estado. Tanto las universidades estatales como las que no lo son experimentan progresivamente cambios en su economía política y, como consecuencia, en sus formas de legitimar su quehacer.