PRESENTACIÓN
L
a Convención Internacional de los Derechos Del Niño y el desarrollo de los procesos culturales han traído consigo un nuevo nivel de conciencia en relación al trato a la infancia. En efecto han transcurrido casi cuatro décadas para que se identifique lo que se llamó “el síndrome del niño golpeado”, revelando al mundo la dramática realidad en que viven cotidianamente miles de niños/as.Desde ese momento se fueron haciendo cada vez más evidentes las diversas formas de violencia en la in- teracción de adultos y niños/as, derivando en una conceptualización que incluye distinciones en torno a la ocurrencia de maltrato físico, negligencia, abandono, abuso emocional, abuso sexual, etc.
En ese contexto, y en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Servicio Nacional de Menores ha iniciado una serie de transformaciones, definidas como la puesta en marcha de una Reforma Integral al Sistema de Justicia y Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chile, en miras a vincular la acción institucional con la realidad social y cultural, a partir de la exigencia que impone el abor- daje de los principios de la Convención en el tratamiento de los problemas de vulneración de la infancia y los imperativos de protección y promoción de sus derechos.
En consecuencia, se ha hecho necesario enriquecer y ampliar la oferta de modelos alternativos de interven- ción y/o actualizar sus diseños, de modo que respondan más eficazmente a las necesidades de los usuarios, sean éstos los niños, niñas y adolescentes, sus familias y las redes comunitarias que los circundan.
Estudios representativos realizados en Chile, basados en el auto-reporte de los niños/as, revelan una pre- valencia de 10% de maltrato físico y abuso sexual en escolares adolescentes, 63% de maltrato físico en escolares de octavo básico y un 75% de padres que reconocen usar el castigo físico con sus niños (Psiq. Del Niño y del Adolescente, Montenegro, Guajardo, Año 2000).
Además de las cifras, importa destacar la proximidad a los hechos de violencia que tienen como víctima a la población infanto – adolescente, lo que configura un entorno vulnerador, que cierra los espacios para la superación de estas situaciones, en tanto intervienen como perpetradores figuras del entorno afectivo y de la proximidad territorial de los afectados. En esta perspectiva se muestra pertinente la instalación de un plan de intervenciones, tendiente a fortalecer en los ámbitos familiar y local capacidades protectoras que hagan partícipes a los niños, niñas y adolescentes de la gestación de entornos propicios para su desarrollo.
En un horizonte de reversión de los problemas que afectan a la población infantil y adolescente, cuya génesis remonta a la asimetría de poder con el mundo adulto y de apertura a la gestación de escenarios protectores y protagónicos, el Servicio Nacional de Menores ha resuelto impulsar la creación de proyectos de prevención comunitaria, insertos en localidades geográficas específicas, como instrumentos de gestión de procesos de intervención orientados a la visibilización, el respeto y el ejercicio de los derechos infanto juveniles, vía la intermediación de dinámicas de promoción y la ejecución de programas preventivos de situaciones que revisten consecuencias vulneradoras. Esta línea de trabajo propicia metodologías de intervención que con- templa la incorporación de los niños/as y sus familias, y la articulación y el concurso de redes orientadas al bienestar de la infancia.
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Los proyectos de la línea de prevención comunitaria tienen como propósito final el promover cambios de actitudes que redefinan el uso de patrones violentos en las relaciones familiares, cambios que a su vez se expresen en la conformación de ambientes familiares y comunitarios sustentables, como condición para un adecuado desarrollo de la infancia y juventud.
La eficacia de la intervención supone remover aspectos arraigados a nivel de la cultura, de manera de insta- lar nuevos estilos de crianza que, asumiendo la condición de los sujetos y sus relaciones, den paso a procesos posibilitadores, respetuosos de las diferencias y capaces de considerar aspectos de carácter personal. La fundamentación de las acciones, de acuerdo a su eficacia, deben considerar un exhaustivo reconocimien- to de las capacidades existentes en los espacios en que intencionará la intervención. En efecto, las comuni- dades, familias y niños/as cuentan con fortalezas que deben develarse al inicio del trabajo de diagnóstico. De esta forma: destrezas relativas a la protección y al cuidado, destrezas colaborativas, de valoración de necesidades y recursos, capacidades de organización y gestión, y el sentido de pertenencia al lugar, se cons- tituyen en recursos de significación en el diseño de la intervención.
Desde este marco de consideraciones, y en atención a los principios que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, los Centros Comunitarios por los Derechos Infanto Juveniles (CCIJ) se constituyen en una oferta programática orientada a la convergencia de los espacios familiares y comunitarios, teniendo como referente al niño/a y adolescente en sus posibilidades de desarrollo en ambientes protectores y potenciado- res de identidad.
La línea programática de los CCIJ adhiere, desde el punto de vista metodológico, a la Prevención Comunita- ria, definida como un proceso orientado a intencionar factores de pertenencia, interrelación y cultura co- mún, como condicionantes de dinámicas de desarrollo comunitario resultantes de una sinergia favorable al desarrollo de la infancia. Esta perspectiva se define en acciones consecuentes con los siguientes aspectos: • Su objetivo fundamental se dirige a la promoción de la(s) persona(s), mediante la movilización de recursos
humanos e institucionales, y la participación activa y democrática de los involucrados.
• Se entiende no como una acción sobre la comunidad, sino con la comunidad, desde y de los niños/as y familias.
• Es una metodología de trabajo desde la base, actuando a nivel sicosocial a través de un proceso educativo que pretende desarrollar las potencialidades de los usuarios/as: niños/as, adolescentes, familias y grupos de la comunidad.
• Se operacionaliza a través de la integración de los siguientes elementos: el diagnóstico de la realidad, el establecimiento de una programación para superar los aspectos definidos, la acción social o ejecución de la misma planificación y la evaluación de lo programado.
DEFINICIÓN
Los Centros Comunitarios por los Derechos Infanto Juveniles (CCIJ) son proyectos ambulatorios, dirigidos a niños, niñas y adolescentes residentes en sectores deprivados, que experimentan los efectos de la exclusión y de la desigual participación en la cultura, factores que limitan sus posibilidades y condicionan sus expec- tativas de realización. El desarrollo de estos proyectos implica la participación activa de las familias, en con- vergencia a los recursos comunitarios, en acciones diseñadas para crear condiciones protectoras e incentivar protagonismo infanto - adolescente.
129 El financiamiento se efectúa vía transferencia de recursos públicos, definidos por el DFL 1385.
El modelo de intervención presenta dos ejes de intervención:
Eje Promoción de Derechos: se operacionaliza mediante la generación y realización de iniciativas de apren- dizaje grupal, estructuradas participativamente, orientadas a niños, niñas y adolescentes del sector de inser- ción del centro. Su objetivo es contribuir al incremento de las condiciones y capacidades socio-comunitarias y familiares que faciliten el ejercicio y goce de los derechos de la infancia y adolescencia.
Eje Intervención Preventiva: se entiende, como una metodología de abordaje individual, sicosocial y terapéu- tica, ordenada al abordaje de problemas específicos, constituyentes de vulneraciones de derechos.