Se pueden mejorar las capacidades y proteger las opciones a escala nacional mediante la prestación universal de servicios tales como la educación, la atención médica, el agua y la electricidad, así como a través de la protección social universal que empodera a las personas dándoles más recursos para soportar las crisis
externas (capítulo 4). Gracias a estos bienes pú- blicos disminuye la presión de las personas a la hora de tomar decisiones difíciles: no deberían tener que elegir cuál de sus hijos debería dejar la enseñanza cuando se pierde algún trabajo y las cuotas son demasiado altas, o iniciar una práctica comercial degradante o peligrosa como el sexo comercial o la búsqueda entre la basura para pagar la comida y el alojamiento.
Resulta más fácil promulgar medidas na- cionales cuando se cuenta con compromisos y apoyo a escala mundial. Es por ello que en la Agenda Post-2015 se deberían incluir los servicios públicos universales nacionales, los umbrales de protección social nacional y el pleno empleo como objetivos principales para la comunidad mundial. Estos elementos de un contrato social mundial pueden mantener el equilibrio al maximizar los beneficios de una integración mundial y minimizar los costes y las inseguridades. Gracias a los compromisos mundiales con estos objetivos se podría abrir margen de acción para la política pública na- cional, para que los Estados determinaran los enfoques para la creación de empleo y la pres- tación de protección y servicios sociales que mejor se adaptasen a sus contextos particulares. Sin embargo, los acuerdos a escala mundial son fundamentales ya que pueden incentivar la ac- ción y el compromiso, además de generar apoyo financiero e institucional.
Las normas de política pública se han visto fuertemente influenciadas por las creencias arraigadas relativas a la eficiencia de los merca- dos y al poder de la privatización. Gobiernos de todo el mundo han privatizado las empresas públicas, reducido los controles sobre el mo- vimiento de cápital, desregulado los mercados laborales e introducido nuevos regímenes de
propiedad intelectual.22 Se han instaurado
ideologías similares en las personas. De estas se espera que ensalcen el individualismo, la auto- suficiencia y la iniciativa empresarial; equiparen la búsqueda del interés particular a la libertad y asocien los gobiernos a la corrupción y la ineficiencia.23 Estas creencias han encontrado
arraigo incluso entre los grupos vulnerables que más necesitan la protección de los bienes públicos y el apoyo gubernamental.
Un ámbito de lo público a nivel mundial que proporcione un mayor equilibro entre los inte- reses privados y públicos puede abrir margen de
No actuar en los estados frágiles puede tener repercusiones para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en los ámbitos nacional, regional e internacional.
acción a la política pública nacional. Las normas de política pública en las que se describe la provisión pública de prestaciones sociales como un instrumento positivo pueden facilitar a los estados la adopción y ejecución de políticas y programas que protejan a las personas dentro de sus territorios. Dichas normas podrían alentar a los estados a comprometerse con las prestacio- nes universales relativas al trabajo que reducen la probabilidad de que se produzcan condicio- nes laborales explotadoras, y a la vez fomentar un mínimo de protecciones sociales para los trabajadores, así como para las personas que no pueden trabajar porque se encuentran entre trabajos, están lesionadas, discapacitadas o em- barazadas, o son de mayor edad. Actualmente, solo el 20% de las personas en edad de trabajar en el mundo tienen una cobertura de seguridad social adecuada, y muchas no cuentan con nin- gún tipo de seguridad social.24 Una opinión más
positiva en relación con el ámbito de lo público fomentaría la demanda de servicios públicos universales y prestaciones sociales que aumenta- ran las capacidades de las personas de subsistir cuando se produce una crisis.
La necesidad de servicios sociales y protección social ya se ha establecido en las convenciones y los acuerdos internacionales, en particular en la Declaración del Milenio25. En los artículos 22,
25 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)26 se reconoce el derecho a la
seguridad social, al igual que en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).27 En el Tratado de
Lisboa de 2007, la Unión Europea determinó las medidas para la coordinación de las políticas sobre inclusión social y protección social.28 En
la Iniciativa sobre un nivel mínimo de protec- ción social de 2009 se reunieron 19 órganos de las Naciones Unidas, varias instituciones financieras internacionales y 14 asociados en el desarrollo a fin de promover el objetivo relativo al acceso universal a los servicios básicos, como la salud, la educación, la vivienda, el agua y el saneamiento, así como las transferencias sociales para garantizar los ingresos, la seguridad alimen- taria y una nutrición adecuada.29 En el artículo
26 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se reconoce el derecho de todos los niños de beneficiarse de la seguridad social, incluido el seguro social.30 El Convenio sobre la
Seguridad Social (Norma Mínima) (1952) de la
Organización Internacional del Trabajo se en- cuentra entre las primeras iniciativas en solicitar a los Estados que la ratificaron que garanticen a sus ciudadanos una serie de prestaciones rela- cionadas con las enfermedades, el desempleo, la vejez, las lesiones, la invalidez y la maternidad31.
Más recientemente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, se demandó un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible.32 De cumplir dichos
objetivos, se produciría un ámbito de lo públi- co más estable que centraría los esfuerzos en materia de desarrollo mundial en la equidad y la sostenibilidad. Junto con los preparativos de la Agenda Post-2015, la creación de unos objetivos de desarrollo sostenible proporciona una oportunidad para la comunidad interna- cional y los Estados Miembros para avanzar en el principio de universalidad en la prestación pública de servicios sociales, el acceso universal a la atención médica y la educación, así como el pleno empleo y la protección social, todos ellos elementos básicos de un desarrollo humano más sostenible y resiliente.
Estados frágiles y situaciones de conflicto. Es ne- cesario prestar una atención especial al modo de proteger las oportunidades de las personas que se encuentran en estados frágiles y situaciones de conflicto. Resulta en particular importante, y uno de los desafíos más difíciles en materia de desarrollo, garantizar el acceso a las prestaciones sociales, servicios como la salud y la educación, así como al empleo en estados frágiles. No ac- tuar en estos puede tener repercusiones para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en los ámbitos nacional, regional e internacional.33 Se
pueden crear contratos sociales en estados frá- giles, y los compromisos con la universalidad y la protección social pueden fomentar un mayor apoyo a estas actividades por parte de la comu- nidad internacional y un mayor compromiso de las élites de esos mismo estados.34
El New Deal para el Compromiso en Estados Frágiles, una iniciativa conjunta de los 19 países frágiles del G7+ y la comunidad de donantes, constituye una plataforma para el respaldo de algunos elementos de los contratos sociales en estados frágiles35. Fomenta las soluciones
basadas en la propiedad nacional y un enfo- que global ante el desarrollo y la seguridad.
un ámbito de lo público a nivel mundial que proporcione un mayor equilibro entre los intereses privados y públicos puede abrir margen de acción a la política pública nacional.
Reconociendo que el éxito es consecuencia de los esfuerzos combinados y el liderazgo eficaz, todos los miembros se han comprometido con emprender acciones conjuntas y de reforma para aplicar el New Deal. Desde su introducción en 2011, Afganistán, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur y Timor- Leste han expresado su interés por probar el New Deal. Sierra Leona es uno de los primeros países en proporcionar una evaluación de la fragilidad, que revela un progreso considerable pero también desafíos en términos de limita- ción de recursos y cápital humano.36 El apoyo
adicional a la elaboración y la puesta en marcha de contratos sociales en estados frágiles será una parte decisiva de los compromisos universales en materia de protección social, servicios y empleo.
Margen de acción en el ámbito fiscal. ¿De dónde saldrán los recursos para proporcionar la protección y los servicios sociales universa- les? Los donantes proporcionarán algunos de ellos al cumplir sus compromisos relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de au- mentar la asistencia oficial para el desarrollo.37
Varias economías emergentes tienen asimismo una amplia reserva internacional con la que po- drían financiar bienes públicos.38 Los distintos
estados pueden recaudar fondos a través de los impuestos de las actividades transfronterizas y la reducción de la salida ilícita de flujos finan- cieros. Los gobiernos pierden ingresos cuando las empresas transfieren obligaciones tributarias a jurisdicciones con impuestos bajos, explotan- do legalmente las diferencias en los reglamentos nacionales. En las audiencias públicas de 2013 de los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los legisladores deploraron que grandes empresas mundiales (como Apple, Amazon y Starbucks) evitaran impuestos explotando las diferencias entre las normas de distintos países a fin de mi- nimizar los pagos a los gobiernos de los países en donde se establecían.39 Los países podrían
alcanzar un conjunto de normas comunes para evitar competir por el cápital derivado de la re- ducción de impuestos a las empresas.40 De este
modo, se facilitaría a los países en desarrollo el aumento de su base imponible, con lo que habría más fondos para la inversión pública41.
Se necesita la acción internacional para dete- ner los flujos financieros ilícitos. En el caso de los países menos adelantados, estos flujos aumenta- ron de los 9.700 millones de dólares en 1990 a los 26.300 millones de dólares en 2008; el 79% de este aumento fue debido a la manipulación de los precios comerciales. Para poner esto en su contexto, por cada dólar de asistencia oficial para el desarrollo que recibían los países menos adelantados, una media de 60 céntimos acabó en flujos ilícitos entre 1990 y 2008.42 La merma en
ingresos tributarios de los países en desarrollo de- bido a flujos ilícitos fue de entre 98.000 millones de dólares y 106.000 millones de dólares al año entre 2002 y 2006.43 Entre 2008 y 2010, África
perdió 38.000 millones de dólares al año debido a la manipulación de precios o una facturación incorrecta, así como otros 25.000 millones de dólares debido a la salida ilícita de otros flujos, lo que supone más de lo que la región recibió por concepto de asistencia oficial para el desarrollo durante el periodo.44 Se ha avanzado en los es-
fuerzos por aumentar la transparencia pero una iniciativa a escala mundial podría fomentar y respaldar la transparencia en el establecimiento de los precios en los países.
Los países del G-20 están trabajando en la armonización para reducir el fraude y la evasión
de impuestos.45 Se debe prestar una atención
similar a otras propuestas, como la del Africa Progress Panel dirigida a la lucha contra la eva- sión de impuestos en los ingresos corporativos de las actividades relacionadas con el petróleo, el gas y la minería. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también está fomentando el cumplimiento y la divulgación de información voluntarios por conducto de sus entidades para asuntos fisca- les, fraude y evasión fiscal.46 El siguiente paso
podría ser un esfuerzo más amplio y coherente en los estados y organizaciones encaminado a lograr un régimen de inversiones general a escala internacional y una reglamentación fiscal armonizada. Este tema podría formar parte de la Agenda Post-2015 y se centraría en generar un mayor margen de acción para la política pú- blica estatal y permitir el progreso hacia otros objetivos.