A nivel nacional, el software “Lex 100” comenzó a implementarse en abril de 2013 en la Cámara Federal de Tucumán y, progresivamente, en el resto del país entre Dirección General de Tecnología, que realizaba las pruebas del sistema con la intervención de quienes serían los usuarios, es decir jueces, funcionarios, empleados y los técnicos de las respectivas cámaras, cabeza de las distintas especialidades. “Los funcionarios responsables del proyecto priorizaron cumplir los plazos a expensas de la eficiencia”, recalcó Aguiar.
Esta situación generó un clima de desconcierto ya que a medida que el Lex 100 se implementaba en todo el país, los errores eran de tal magnitud que los técnicos de la DGT insumían la mayor cantidad de horas de su jornada laboral en atender los reclamos telefónicos en una especie de “call center”. Nadie se animaba a hablar libremente del caos que estaba provocando el sistema por temor a represalias, comentaban por lo bajo algunos de los jueces que luego denunciarían todo ante la Corte.
Los empleados judiciales e informáticos estuvieron sometidos a exigencias desmedidas. Estrés, ansiedad, aislamiento, depresión, problemas de salud e incremento de riesgos de lesiones y/o accidentes, se convirtieron en moneda corriente entre unos técnicos al borde de la desesperación de forma permanente. Merece la pena
echar un vistazo a los registros y antecedentes laborales del personal para tomar conciencia de la dimensión del desastre. La tensión resultó insoportable para muchos y el aumento de ausentismos y licencias fue notable.
La mayor presión la ejercía el Director General de Tecnología, Mehlman y “el Gruñón” Parody, con carta blanca para hacer, deshacer y poner el grito en el cielo mientras los informáticos sentían que vivían un verdadero infierno. Los funcionarios de las cámaras federales del interior del país, rememoraron la violencia de Parody en las videoconferencias. No permitía intercambios ni opiniones y, frente a cualquier cuestionamiento invocaba el nombre del presidente de la Corte: Ricardo Lorenzetti.
Algunos memoriosos trajeron a cuenta que en una reunión en la Cámara Nacional del Trabajo, dos juezas integrantes de la Comisión Informática, Liliana Rodríguez y Ana Barilaro, “fueron maltratadas por Parody e invitadas a retirarse, ya que el representante cortesano consideró que estaban muy nerviosas”, porque reclamaban por la ineficiencia del software. “El sistema, en lugar de agilizar el trabajo, producía demoras, lo que bajó la productividad en un 50% y el colapso fue inevitable. Lejos de haber sido una solución para jueces y trabajadores, fue un retroceso en el funcionamiento diario”, reprochaban las magistradas.
A tal punto llegó el enojo entre los empleados del Poder Judicial de todo el país, que bajo el slogan Decile NO al Lex 100, pusieron en marcha reclamos con carteles en los pasillos de los tribunales. Pero para continuar con los rituales informáticos, las protestas se trasladaron a las redes sociales. Mientras en Twitter algunos expresaban sus emociones y contaban pormenores de la familia judicial, otros armaron un perfil en Facebook. Sin respuestas, era una válvula de escape.
Entre los empleados la broma que corría era que “la base había sido 100”, en alusión a que US$100.000 habría sido el supuesto importe o “cometa” (soborno) percibido por cada uno de los funcionarios que adjudicaron la licitación a una empresa que vendió un software “ineficiente 100 x 100”.
La gota rebasó el vaso y los referentes de los fueros más afectados se plantaron ante la Corte. Los primeros en protestar fueron los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que hicieron saber su enojo al propio Lorenzetti. Después la “bronca” se extendió a la justicia del Trabajo. Este fuero, como tantos otros, estaba desde hace años colapsado. El personal de estos juzgados y salas trabajaba en condiciones poco recomendables por la cantidad de expedientes en trámite y las nuevas causas ingresadas que no podían despachar normalmente.
El descalabro se produjo porque el Lex 100 se implementó por orden de la Corte con la oposición manifiesta de la Cámara, que cuestionaba que en el diseño no se consideraron las necesidades del procedimiento laboral. Lo propio ocurrió con la Cámara Federal de la Seguridad Social, que también lo plasmó por escrito ante el máximo tribunal. Las deficiencias denunciadas por los camaristas obligaron a los ministros a ordenar “feria informática”, es decir que durante ese período los empleados no atendieron al público. Pero la situación llegó a un límite tal, que las tres
cámaras suspendieron la implementación del sistema y el máximo tribunal debió intervenir para resolver los inconvenientes.334
En la justicia laboral las fallas fueron tan graves que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debió intermediar a pedido de los laboralistas. La Corte no pudo hacerse la distraída e intervino el fuero. Si bien solicitó el nombramiento de personal, delegó la responsabilidad en la Magistratura.335
Ante el temporal que se avecinaba, la Corte Suprema, en marzo de 2016,336 asumió la responsabilidad informática de las bases de datos del Poder Judicial de la Nación. Es decir, se la quitó al Consejo de la Magistratura para preservar la integridad, infraestructura y control del data center, como se adelantó en el capítulo 1. Sobre el escándalo, el silencio fue de radio.
El contrato por el software de gestión con la UTE finalizó en marzo de 2016 y “nada de lo prometido se cumplió”. La factura por la insólita y desastrosa contratación la pagaron las arcas públicas, los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. La contracara o el rostro más descarado de la impunidad se plasmó en los premios que obtuvieron los funcionarios que defendieron, como si fuera propia, la UTE inservible pero ganadora.
Las cosas para los afortunados se dieron así: la esposa de Germán Krieger, administrador del presupuesto judicial por entonces, María Esther Mareque, ingresó a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura en septiembre de 2011 con el cargo de subsecretaria administrativa.337 Cavo y Falcone laderos de Tito Fernández y Nasisi, ligados a Sanz, fueron efectivizados en sus cargos el 16 de junio de 2016 por una resolución suscripta por los ministros Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. En el Consejo de la Magistratura, donde prosiguió el trámite, fue el presidente del cuerpo y amigo de Lorenzetti, Miguel Piedecasas, el que suscribió la decisión el 11 de julio del mismo año.338 Por su parte, Lorenzetti le prorrogó el contrato a Eduardo Parody como secretario letrado, con categoría presupuestaria equivalente a la de un juez de primera instancia.339
En tanto, Hernán Ordiales, aquel leal funcionario que colaboró con el andamiaje financiero que ideó Lorenzetti para impulsar licitaciones y contrataciones desde la Magistratura, logró que nombraran a tres de sus hijos en dicho organismo. Agustín Ordiales se desempeña en la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo desde 2009 en el cargo de escribiente auxiliar, Hernán (hijo) desde noviembre de 2011 trabaja en la Dirección General de Tecnología como jefe de despacho, al igual Nicolás, el último en ingresar a la misma área como escribiente, en marzo de 2016.340
Los empleados judiciales debieron hacerse cargo de los errores del sistema, no solo mientras estuvo operativo con la UTE hispano argentina, sino también cuando, después de haber cobrado hasta el último centavo (difícil imaginar que renunciarán a algo), se retiró para que otros hicieran bien el trabajo que ellos dejaron mal. “El malestar no se podía disimular. La gente echaba humo por la cabeza, había una calentura…”, rezongan aún.
288. Entrevistas realizadas a los empleados informáticos del Poder Judicial entre los meses de septiembre y diciembre de 2016, en estricto off the record por temor a perder su fuente laboral.
289. Entrevistas realizadas para este libro a funcionarios informáticos de la DGT del Consejo de la Magistratura, entre los meses de agosto y diciembre de 2016.
290. Entrevista realizada para este libro, el 5 de septiembre de 2016, al ex secretario letrado del Consejo de la Magistratura, Athos Aguiar, quien examinó todo el proceso licitatorio del software de gestión para el Poder Judicial. En adelante, todas las menciones referidas al software de gestión pertenecen a esta fuente.
291. Desde el aspecto técnico-informático, los servidores como las bases de datos cuentan con “llaves de seguridad” o contraseñas tanto para acceder como para custodiar la información que resguardan.
292. El Portal de Abogados es una opción de la página web http://www.pjn.gov.ar
dependiente de la Dirección General de Tecnología. Los abogados matriculados pueden registrarse a través de su CUIT (Código Único de Identificación Tributaria), generar un usuario a través del cual pueden subir escritos judiciales en las causas que tramitan, consultar expedientes y recibir notificaciones electrónicas.
293. Se trató del diseño de una estructura arquitectónica carcelaria donde los reclusos eran vigilados sin saberlo. El concepto, que dio cuenta de la asimetría visual entre los observados y aquel que tenía el poder de observar, fue ideado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII (sistema utilizado en fábricas, cárceles y escuelas, etc.) y analizado en 1975 por Michel Foucault en su obra >Vigilar y castigar.
294. “Cryptomicon” fue el término con el que bautizó Siva Vaidhyanathan a la vigilancia masiva, en su libro >The Googlization of Everything (and we should
worry) (Universidad de California, 2011), donde describió cómo los vigilantes podían
espiar sin que nadie se diese cuenta de que lo hacían, al mismo tiempo que los espiados se comportaban del modo más natural y espontáneo posible.
295. O’Donnell, Santiago, >PolitiLeaks. Todo lo que la política argentina quiso
esconder. Sus secretos en WikiLeaks de la A a la Z, Sudamericana, 2014.
296. Tras la primera Conferencia Nacional de jueces llevada a cabo los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2006, a través de la Acordada N° ١٧/٠٦, la Corte Suprema creó el Centro de Información Judicial (CIJ) y de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial.
297. Por la Acordada CSJN N° ١٢/٢٠٠٧, la Corte Suprema creó la Oficina de Fortalecimiento Institucional.
298. Las comisiones de “gestión Judicial” fueron integradas por el ingeniero Carlos Tate (Seguridad Informática); el licenciado Gabriel Mehlman (Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura); el ingeniero Diego De La Serna (representante del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba); la doctora Marcela Fortuny (referente del Poder Judicial Salta); el doctor Guillermo Cosentino (Poder
Judicial del Chubut) y la doctora Rita Sapino de Parma (Proyecto Integral de Informatización del Poder Judicial de Santa Fe).
299. La Corte Suprema el 17 de diciembre de 2007 por Acordada N° ٣٧/٢٠٠٧, creó la “Comisión Nacional de Gestión Judicial” presidida por Ricardo Luis Lorenzetti y la “Comisión Nacional de Acceso a Justicia” presidida por Elena Highton de Nolasco. 300. El documento se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial de la Nación (pestaña del Consejo de la Magistratura) y en el buscador Google.
301. Por Resolución del Consejo de la Magistratura N° ٢٢٣/٠٨, del ٨ de mayo de ٢٠٠٨, se destacó: “… Que resulta necesario designar para integrar la Comisión de Informática a representantes de este cuerpo que cumplan con la idoneidad específica de la materia y que puedan transmitir las inquietudes de este cuerpo en la labor de ese grupo …”, y se designaron a los representantes del Consejo de la Magistratura para integrar la misma: Carlos A. Sena; Alejandro César Falcone; Marcelo Gallo Tagle; Gabriel Mehlman y Carlos Tate.
302. Consejo de la Magistratura, 30 de noviembre de 2011: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/content-joomla-default/noticias/64- administracion-general/1914-lanzamiento-del-proyecto-de-renovacion-del-software- de-gestion-judicial.
303. Resolución CM N° ٥٩/٠٩ del ١٩ de febrero de ٢٠٠٩, por la que se creó la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático.
304. Resolución CM N° ٦ ,٣٠٤/٠٩ de agosto de ٢٠٠٩.
305. Según art. 8° del Reglamento para la Justicia Nacional (RJN), los funcionarios judiciales no pueden ejercer el comercio.
306. Expediente del Consejo de la Magistratura N° ١٥٥٧٢/٠٩-١٠.
307. Acta de la reunión del 11 de noviembre de 2010, punto 9º del orden del día, publicada en la página web del Consejo de la Magistratura.
308. Resolución AG N° ٢٤٩٧/١٠.
309. Los nuevos consejeros suscribieron un proveído el 16 de diciembre de 2010 en referencia al trámite licitatorio que tramitaba en el expediente N° 10-15572/09, y avanzaron en las tratativas.
310. Por Resolución de Presidencia CM N° 33/11, del 5 de mayo de 2011, firmada por Mario Fera en su carácter de presidente del Consejo, se continuó con la licitación del software pese a las inconsistencias del proceso denunciadas.
311. Resolución AG N°١٤٢/١١.
312. A través del expediente ADD 3/2011, la empresa Equity Group pide acceso a la Información al Poder Judicial ante la reiterada negativa de suministrarla y Expediente N° ٥٠.١٥٦/٢٠١١ del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
313. El acta de la reunión de la Comisión de Administración y Financiera del 5 de mayo de 2011 (visible en la página web del Consejo), permite saber que, el punto 10º
del orden del día, fue el tratamiento de este recurso con la puesta a consideración del dictamen N° 7/11 que proponía desestimarlo. El dictamen N° 7/11 tuvo origen en un proyecto del entonces Consejero Hernán Ordiales, por entonces representante del Ejecutivo Nacional, que exhibe numerosas singularidades (entre ellas, referir a “esta Administraciónn” —en primera persona—), generando sospechas en punto a quién lo redactó.
314. La Resolución de la Administración General del Consejo de la Magistratura N° 2497/10, por la que se llamó a licitación pública para la adquisición del software. 315. Advertía el Consejero de los abogados del interior del país, Daniel Ostropolsky que el Expediente N° 10-15572/09 no contenía ningún antecedente de “Proyecto Informático”, los que se encontraban en el Expediente N° 10-13919/06.
316. La decisión se cristalizó en la Resolución Presidencia CM N° ٣٣/١١. 317. Resolución AG N° ١٤٢/١١.
318. Esta consulta se encuentra agregada a fs. 752 del Expediente N° ١٥٥٧٢/٠٩-١٠. 319. Ley de Sociedades Comerciales (19.550).
320. Las empresas competidoras eran La Ley SAE e I; La Ley SAE e I-West Services Inc. UTE y Sistemas Jurídicos SRL-Octomind SA UTE (Lex Doctor).
321. La comisión evaluadora otorgó 91 puntos a la Oferta 5 de Atos Origine Argentina SA-Base 100 SA UTE, lo que la convirtió en la empresa ganadora de la precalificación respecto de la Oferta N° ١ “Unitech SA -Indra Si SA UTE” la que obtuvo ٨٦,٢٠ puntos. Sobre ١٠٠ puntos medibles la diferencia entre ambas ofertas resultó de ٤,٨ puntos y se verificó en tres rubros: garantía y soporte general; proyecto y funcionalidad.
322. Por Resolución AG N° ٢٢٢١/١١ del Consejo de la Magistratura se adjudicó la licitación del software a la Unión Transitoria de Empresas, Atos Origin Argentina SA- Base ١٠٠ SA.
323. Clarín, 19 de septiembre de 2014:
http://www.clarin.com/politica/Anibal_Fernandez-senado-Andres_Meiszner- Quilmes_0_1214878965.html.
324. Clarín, Daniel Santoro, 17 de enero de 2010:
http://edant.clarin.com/diario/2010/01/17/elpais/p-02121528.htm. Martín Lanatta es el principal sospechoso de la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, del que fueron víctimas Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculados, según el fiscal Bidone, a la venta ilegal de efedrina, a mesas de dinero y a una deuda por la mafia de los medicamentos. La Nación, Sola Amaya, 30 de diciembre de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1858048-triple-crimen-cronologia-del-caso-que-derivo- en-la-escandalosa-fuga.
El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón asistieron a una reunión en el hipermercado Walmart de la localidad bonaerense de Sarandí y no volvieron a ser vistos con vida. El 13 de agosto del mismo año los cuerpos de estos tres hombres fueron hallados en un zanjón, a unos 650 metros de la ruta 24, en General
Rodríguez.
325. En el marco del Tratado de Cooperación y Amistad Hispano-Argentino, la Corte Suprema llamó a licitación, el 16 de junio de 1994, a través de la Resolución CSJN N ° ٦١٥, por la que se llamó a licitación pública internacional para contratar la informatización del fuero civil (١١٠ juzgados y ١٣ salas de cámaras), registrada bajo la nomenclatura ١/١٩٩٤.
326. Resolución CSJN N° ٥٧٣/١٩٩٥.
327. Decreto N° ١٠١٦/١٩٩٥ suscripto por el ex presidente Carlos Saúl Menem.
328. La causa penal por supuestos sobreprecios tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° ٢ a cargo, por entonces, de Jorge Paty Ballestero. Una pericia realizada por la División Computación de la Policía Federal Argentina y documentación secuestrada en la sede de la empresa confirmo los “excesivos” costos que superaban los precios del mercado.
329. La Corte convoca la Licitación Pública N° 1/1997 a través de la Resolución CSJN N° 3396/1997, pagaderos en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de US$ 988.679,69 cada una.
330. La relación entre Unysis y el Poder Judicial terminó con denuncias penales, multas y reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
331. Eduardo Parody era el secretario letrado del Juzgado Nacional en lo Civil N° ٩٤, a cargo de la jueza Cecilia Yolanda Federico.
332. El acuerdo incluyó las licencias de uso, la documentación técnica y elaboración de manuales de usuario; servicio de adecuación e implementación, servicio de transferencia tecnológica; soporte y mantenimiento; migración o transferencia de datos; servicio de capacitación, garantía y seguridad informática. Para luego poner en marcha el expediente judicial, la mesa de entradas virtual, correo electrónico seguro, la firma digital electrónica a través de la constitución del Poder Judicial como “autoridad de certificación”.
333. Ídem nota 289.
334. La Corte interviene ante las falencias del software en el fuero de la Seguridad Social a través de la Resolución CSJN N° ٢٨٧٢/٢٠١٤ del ٢٩ de octubre de ٢٠١٤. 335. La Corte intervino el fuero laboral en función de la Acordada CSJN N° ١٨/٢٠١٦ de junio de ٢٠١٦.
336. La Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió la responsabilidad de la base de datos del Poder Judicial como la Seguridad Informática que, desde la fecha de su emisión, el 2 de marzo de 2016, dejó de ser facultad del Consejo de la Magistratura y pasó a depender de la Dirección de Sistema, dependiente de la Secretaría General de Administración a cargo del contador Héctor Daniel Marchi. La Acordada N° 6/16 fue suscripta por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. 337. Mariana Esther Mareque ingresó a la Dirección General de Administración Financiera el 1 de noviembre de 2011 con el cargo de subsecretario administrativo,
según legajo N° 22.673 del Consejo de la Magistratura.
338. Por Resolución CSJN N° ١٧٥٩/٢٠١٦ del ١٦ de junio y Resolución CM N° ١٩٩٣/٢٠١٦ del ١١ de julio, fueron efectivizados en sus cargos Juan Carlos Cavo, Alejandro César Falcone y Jorge Alberto Nasisi.
339. Por las resoluciones CSJN N° ١٣٩٥/٢٠١٢ ;٣٧٤٣/٢٠١١y ١٥١٧/٢٠١٦ fue contratado Eduardo Parody.
340. La información surge de los legajos del Consejo de la Magistratura. Hernán Ordiales(h) legajo N° 23.713, Nicolás Ordiales legajo laboral N° 19.139 y Agustín Ordiales, Legajo N° 71.692.