Las razones por las que se habría favorecido a esta empresa sobre las otras, estaban a punto de ser develadas.
El protocolo propio del proceso obligaba a los responsables de las empresas adjudicatarias a firmar, con nombre y apellido, la documentación. Aunque en la mayor parte del proceso intervinieron Juan Luis Dabusti y Carlos Vitale, como representantes de Atos Origin Argentina SA. En tanto, Fermín Fernández Fernández era apoderado y
portavoz de Base 100 SA (Vitale incluso representó a las dos firmas), la etapa final sorprendería sobremanera. Dicho en términos futbolísticos, fue un golazo para los beneficiados.
Como director del proyecto de la UTE ganadora figuró Andrés Matías Meiszner, pero para cerrar el trato y firmar el acuerdo este actuó como representante legal de Atos Origin Argentina SA, mientras que Eloy “el Gallego” Gómez Gutiérrez lo hizo por Base 100 SA.
Ninguno de ellos era desconocido en los despachos de la justicia y del poder.
Ambos eran hombres de absoluta confianza de Aníbal Fernández, quien entre 2007 y 2011 (etapa del último proceso de informatización del Poder Judicial) ocupó sucesivamente el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos y jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Andrés Matías es hijo de José Luis Meiszner, un histórico dirigente peronista y ex presidente del club Quilmes, que tan bien conoce Aníbal Fernández. Ladero del fallecido Julio Grondona en la AFA y ex secretario general de la Conmebol, estuvo detenido por haber sido uno de los argentinos involucrados en una causa de corrupción internacional que salpicaba al ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Meiszner fue, además, uno de los mentores del programa “Fútbol para Todos”, la herramienta de difusión masiva (nacional y popular) del kirchnerismo desde su creación en 2009.323
Una vez más, la política, el fútbol y los negocios se colocaban la misma camiseta en una competición donde el resto de los cuadros eran papel pintado.
Andrés Matías trabajó para el Estado durante el kirchnerismo. En 2008, cuando Fernández estaba al mando de la cartera de Justicia, fue designado director del Registro Nacional de Armas (Renar). En ese cargo se mantuvo hasta diciembre de 2011, cuando tuvo que renunciar, tras quedar en el ojo de la tormenta por la adjudicación de un millonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado”, licitación anulada por las denuncias de presuntos sobreprecios.
En 2010, Martín Lanatta, principal sospechoso de la causa del Triple Crimen de General Rodríguez —vinculado a la venta ilegal de efedrina y la mafia de los medicamentos— confirmó ante el fiscal de la ciudad bonaerense de Mercedes, Juan Bidone, que tenía vínculos con Alejandro Giancristófaro, ex hombre de confianza del titular del Renar, Meiszner. Giancristófaro había sido desvinculado del organismo cuando el caso del Triple Crimen estalló a un palmo de su rostro. Se trataba de una pieza clave en la investigación que el kirchnerismo había negado hasta ese momento.324 En 2011, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fomentaba la candidatura de Meiszner (hijo), como intendente de Quilmes. ¿Por qué Fernández aparecería vinculado a la licitación del software del Poder Judicial? La respuesta la intuía la mayoría, pero la sabrían, de primera mano, únicamente los elegidos.
Eloy Gallego Gómez Gutiérrez tampoco era un desconocido en los pasillos tribunalicios ni los círculos del poder. Desde 1994 la compañía española Transtools
coleccionaba cuestionamientos y objeciones en la administración pública. Es que ese mismo año abrió una delegación en Buenos Aires denominada Sercobe y vendió centenares de computadoras fuera de uso y con sobreprecios que quintuplicaban su valor real al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El intendente era Carlos Grosso, pero su sucesor, Jorge Domínguez, descubrió la operación tras encargar una auditoría a un grupo de peritos calificados.
La segunda experiencia del Gallego Gómez Gutiérrez fue con la Corte menemista. El tribunal convocó a licitación pública325 internacional para contratar la informatización del fuero civil en 110 juzgados y 13 salas de cámara. Se adjudicó el 31 de mayo de 1995326 a la firma Sercobe. El contrato fue aprobado por el ex presidente Carlos Saúl Menem327 el 28 de diciembre de 1995, por un importe de US$7.644.006, coincidencia o no, una vez más, en el día de los Santos Inocentes. Pero… la informatización terminó en un escándalo: el juez Mario Costa realizó la denuncia penal por supuestos sobreprecios pagados por la Corte que superaban los US$6.000.000, por un equipamiento que la misma empresa cotizaba a US$926.116,20.328
Ese fue el primer intento de informatizar la justicia, pero había fracasado. Tres años después, la Corte volvió a probar, sin éxito, una vez más. El contrato fue adjudicado a Unisys Sudamericana SA, por el precio total de US$35.592.469.329 La firma ganadora subcontrató a Transtools, cuyo director no era otro que Eloy Gómez Gutiérrez pero como la contratación también tenía inconsistencias legales, Transtools se retiró y Unisys Sudamericana debió hacerse cargo del proyecto.330 Gómez Gutiérrez lograba cerrar los contratos, pero no cumplía lo pactado. La informatización judicial fracasaba una y otra vez enmarañada en un círculo vicioso.
Estos antecedentes, aunque parezca surrealista, no fueron impedimento para que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, en un tercer intento de informatización de la justicia, volvieran a confiar la tarea al Gallego Gómez Gutiérrez quien, en 2010, actuaba en representación de Base 100. Había corrido agua bajo el puente y no todos los jugadores estaban ya en el mismo equipo. Los cuadros habían cambiado y cada cual pateaba la pelota en la dirección que más le convenía. Algunos cambiaron de bando y eso le vino al Gallego como Messi al Barcelona.
Uno de los principales detractores de la contratación de Sercobe- Transtools para la informatización del fuero civil, allá por 1994, había sido el secretario del Juzgado Nacional en lo Civil N° 94,331 Eduardo Parody, el mismo que 17 años después formaba parte de la Comisión Evaluadora del Consejo de la Magistratura, en representación de la Corte. Parody firmaría el informe técnico que permitió a Base 100 —representada por Eloy Gómez Gutiérrez— alzarse con una licitación de más de US$15.000.000.
Ya con dos intentos fallidos sobre sus espaldas, dieciséis años después, el Gallego había vuelto y logrado, por fin, hacerse con el software de la gestión judicial impulsado en 2010 por Lorenzetti entre la Corte y el Consejo. Otra cosa es que
funcionara.
La contratación que ganó la UTE Atos Origin-Base 100, representada por Meiszner y el Gallego, incluía la provisión de un Sistema de Gestión integral para todos los fueros, instancias y dependencias del Poder Judicial de la Nación.332 El objetivo que se habían planteado era facilitar las herramientas tecnológicas para el trabajo de las distintas áreas de la Justicia Nacional, como también a los profesionales del derecho y a los ciudadanos para simplificar el proceso y transparentarlo.