Para tener el control absoluto del Consejo de la Magistratura a Lorenzetti solo le faltaba sacudirse de encima a la contadora y abogada, Cristina Akmentins, una profesional de carrera, perfil bajo y excelentes antecedentes académicos.201 Akmentins había llegado al Poder Judicial de la mano de Nicolás Reyes, el secretario general de administración de la Corte nombrado por el menemista Julio “Buby” Nazareno.
Reyes —a quien se conocía entonces como el décimo ministro—, contaba con el buen hacer de Akmentins, una mujer de perfil técnico, ideal para administrar los recursos del Poder Judicial. Cuando comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura en 1998, Reyes se hizo cargo de las dos administraciones (Corte y Consejo) y designó a Akmentins como secretaria de la Comisión de Administración y Financiera. Al año siguiente, la contadora asumió la Administración General del Consejo y Reyes regresó a la Corte.
Akmentins, que manejaba el millonario presupuesto del Poder Judicial a nivel nacional, tenía experiencia en sortear frentes políticos, pero nunca antes se había visto envuelta en una tormenta que la tenía a ella a la deriva y como principal víctima.
Mientras Lorenzetti, Sanz y Luis María Cabral trataban de separar a la funcionaria del cargo,202 la Corte creó en noviembre de 2008 un fondo anticíclico, reserva de contingencia o como quiera denominarse a ese colchón financiero del máximo tribunal, que, solo para empezar, contó con un capital de $1.420.000.000. Se dividió en tres parcelas gestionadas desde el corazón de la Corte.
Los ministros definieron el fondo anticíclico como “una herramienta financiera que permite atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos”. 203 El primero de los fondos, destinado a gastos extraordinarios del Poder Judicial de la Nación, arrancó con $500.000.000 de libre disponibilidad. En teoría deberían utilizarse, según la documentación suscrita por los jueces, “ante la reducción de los recursos previstos y en situaciones excepcionales o no contempladas que impidan el cumplimiento de los objetivos de la jurisdicción”. Ante los “ciclos” que atraviesa la economía “durante los cuales los recursos pueden sufrir variaciones sustanciales, contando con recursos extraordinarios en el auge y con recursos insuficientes en períodos de depresión, que en tal sentido es prudente poder equilibrar los recursos en el tiempo para poder garantizar un nivel adecuado de prestaciones de la jurisdicción”.204 En la práctica, al no tener la obligación de justificarlos, es un enigma su destino final, como se verá en
mayor detalle en el capítulo 12.
Los jueces de la Corte, en pleno gobierno “nacional y popular” se preocuparon de anticipar que los recursos del fondo podrían “ser invertidos en colocaciones a plazo en las entidades bancarias oficiales designadas por la Corte” e, incluso, realizar esas operaciones “hasta en un cincuenta por ciento, en moneda extranjera”.
El segundo fondo anticíclico se lanzó con una base de $850.000.000 destinado a la infraestructura, equipamiento y gestión judicial,205 y al tercero, para estímulo del personal, se le destinó $70.000.000 en el documento de su creación.206
Además, el presupuesto del Poder Judicial depende del Tesoro Nacional, como de recursos específicos relacionados a la evolución de la recaudación tributaria y no tributaria de la administración central. Por lo que los ministros creyeron que resultaba necesario planificar el destino de los activos financieros de la jurisdicción para lograr la optimización de su uso.
Todas las acordadas por las que se plasmaron estos recursos financieros estuvieron suscriptas por todos los ministros, a excepción de Petracchi, y por el entonces ya secretario general de Administración de la Corte, el contador rafaelino, Daniel “el Cabezón” Marchi. Este arribó a la Corte el 18 de diciembre de 2007 con el cargo de director general,207 y nueve días después fue ascendido a subadministrador general,208 aunque más tarde, en marzo de 2008, se quedaría a cargo de la Secretaria General de la Administración de la Corte. A Marchi se lo conoce en los pasillos del Palacio de Justicia y en Tribunales como “el sexto ministro” por su influencia y poder de decisión. Con un pasado futbolero de zaguero central en la primera división del Club Sportivo Norte en el 2001, que abandonó por problemas en la vista, llegó a Lorenzetti a través de su amigo Ricardo Peirone, contador personal del juez y ex intendente de Rafaela por el Partido Justicialista (PJ). Aunque también lo apadrinó el contador y socio de Lorenzetti, Reynaldo Casabella.
Marchi había sido secretario de Hacienda durante la segunda gestión de Peirone al frente del municipio. Más tarde, entre 2003 y 2007, ocuparía el mismo cargo pero a nivel provincial, durante el segundo período del gobernador e histórico militante del PJ santafesino, Jorge Obeid. “Papi Peggy” —como se refiere al hombre de confianza y brazo ejecutor de los deseos de Lorenzetti la diputada Elisa Carrió—, desembarcó en la Corte y en el Consejo con dos contadores coterráneos: Carmen María Odasso y Walter Mauricio Eusebio.
Con ojo quirúrgico, los consejeros jueces avalaron una serie de resoluciones emitidas por el Consejo a partir del 2007. Así se logró limitar los controles legales que solo se aplicaron a las licitaciones que salían a concurso público. Quedaron excluidas de los controles las contrataciones directas, que se tornarían desde entonces habituales.209
De esta forma, la fiscalización de contratos y adjudicaciones que tenía a su cargo la Comisión de Administración y Financiera, en su totalidad, pasó a ser exclusiva de su presidente. Por entonces, el juez de la Cámara Laboral, Mario Fera, hombre cercano a
Juan Carlos Maqueda, quien durante años fue uno de sus secretarios letrados.
Trampolín, quizás, por el que llegó sin escalas a convertirse en camarista del trabajo. Con esos contactos y antecedentes, Fera se ganó la confianza de Lorenzetti y controlaría por sí solo la mayoría de las contrataciones sin intervención del plenario del Consejo, es decir de los trece consejeros que pasaron a ser convidados de piedra de estas operaciones. Fera administraría no solo las licitaciones privadas, sino las contrataciones directas, según los registros del órgano.
En este contexto, se elaboró un Manual de Compras210 que, ironías de la justicia, se regía en base al decreto del Poder Ejecutivo 5720/72 que no se encontraba vigente en ese momento.
La hiperactividad de la nueva gestión judicial se sentía en todos los rincones de la sede de la Magistratura. En el edificio de Libertad y Viamonte tenían pendiente analizar lo que saltaba a la vista, después de colocar la lupa indiscreta sobre Cristina Akmentis.
Cuando estaba en la cima de su desarrollo profesional, con el mismo rango jerárquico y salario, esta histórica y eficaz contadora fue trasladada, en contra de su voluntad, a Córdoba. Su deportación —en sentido figurado— se atribuye a una exigencia del entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral.
El 17 de diciembre de 2009, Cristina Akmentis recibió oficialmente la comunicación de su traslado a la Cámara Nacional Electoral de Córdoba donde continúa cumpliendo sus funciones.211
En simultáneo a su virtual despido, el máximo tribunal creó un cargo de secretario de Corte y otro de director general.212 La decisión fue de Ricardo Lorenzetti que habría tomado nota de una sugerencia de Cabral y Ordiales. Ambos, con la coartada del exceso de volumen laboral, habrían planteado en el Consejo la necesidad de dividir las funciones dentro de la Oficina de Administración y Financiera.
Cabral y Ordiales propusieron y designaron en su lugar, como administrador general del Poder Judicial de la Nación, al contador público Hugo Borgert, y como subadministrador del Poder Judicial, a Germán Ernesto Krieger. Ambos hombres de extrema confianza de Lorenzetti, como lo señalan aquellos que trabajaron a diario con ellos. Krieger, oriundo de la provincia de Santa Fe, fue señalado desde el gobierno como un hombre de confianza del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández y del ex secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.213
En 2010, se le asignó a Krieger el manejo de los fondos, en especial, aquellos relacionados con contrataciones de infraestructura y tecnología. Con posterioridad se modificó el reglamento del Consejo y se dispuso que el subadministrador reemplazara al administrador en caso de ausencia o impedimento. Así, se excluyó al secretario general del orden de subrogación, ejercido por Ordiales, quien al poco tiempo pasaría a representar al Poder Ejecutivo durante el período 2011 a 2014.
A poco más de once meses de la designación, el contador Borgert renunció a la función de administrador general del Poder Judicial porque, según coincidieron jueces
federales, se habría negado a la exposición que significaba la firma de la “millonaria” contratación presuntamente irregular del software de gestión Lex100, llevada a cabo por funcionarios alineados a Lorenzetti a través de consejeros y directores del proyecto.214
Borgert no soportó la idea de tener que asumir la responsabilidad de licitaciones que no eran suyas y estaban “bajo sospecha”, según confió a sus íntimos. Consciente de que aquello era una bomba de relojería, según fuentes de su entorno, se adelantó a los acontecimientos y se trasladó al cuerpo de peritos dependiente de la Corte. Sin embargo, otros funcionarios judiciales ofrecen una versión diferente al apuntar que su nuevo destino fue el resultado de un pedido del presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti, aseguran, quería tenerlo en ese puesto, de alta sensibilidad, para conocer y tener de primera mano las pericias judiciales oficiales. En ese departamento se realizaron, entre otras autopsias, la del fiscal Alberto Nisman. También allí se elaboró el informe patrimonial del matrimonio Kirchner, cuando fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Gracias a esa documentación —según se justificó el juez Norberto Oyarbide— Cristina Fernández y su marido fueron sobreseídos.
La ex ministra de la Corte, Carmen Argibay, sospechaba de la transparencia de las pruebas y —según testigos— en varias oportunidades enfrentó a Lorenzetti para reprocharle lo que estaba pasando.
Rápidamente, Krieger, sin título universitario habilitante para administrar los recursos del Poder Judicial, ocupó el cargo que dejó vacante Borgert.