La construcción de edificios seminteligentes, con la tecnología con la que están equipadas algunas de las torres empresariales de Retiro y Puerto Madero, era una prioridad para la Justicia desde el 2009. La Dirección General de Infraestructura del Consejo de la Magistratura (DGIJ) había planificado un desarrollo inmobiliario que,
de funcionar, se replicaría, con las mismas prestaciones, en el resto del país. La edificación estaba destinada a la construcción de los juzgados civiles, sobre las calles Uruguay 722 y Viamonte 1435 de la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de una superficie cubierta de alrededor de 9530 metros cuadrados. Serían dos edificios con entradas por ambas calles. Uno de ellos, de ocho pisos, estaba pensado para el funcionamiento de dieciséis juzgados, dos por piso, con entrada por la calle Uruguay 722. En tanto, el otro edificio, de siete pisos, estaba ideado para albergar cuatro juzgados —uno cada dos niveles— con ingreso por Viamonte 1435.
RIVA SA ganó el proceso licitatorio233 el 22 de marzo de 2012 y el Consejo le adjudicó la obra por un importe total de $50.043.000. “Los edificios debían construirse en un plazo de 24 meses, pero por diferentes motivos nunca se construyeron”,234 recordaba el abogado Ricardo Monner Sans. La empresa solo dejó un enorme pozo que provocó que el terreno comenzara a ceder por lo que debió ser “subamurado” (cubierto con arena, vallas de metal y acordonado con un corralito de ladrillos) por la firma Casago SA, para evitar accidentes y daños a los edificios laterales donde funcionan algunos juzgados civiles. Pese a que Riva SA no cumplió, Germán Krieger permitió que tanto esta como otras empresas, pudiesen, antes de iniciar la obra, denunciar la ruptura de la ecuación económica financiera, por variaciones de índices de costos, inflación, dilación en el inicio de ejecución de la obra sin estar previsto en el contrato.235 Esto les permitía a las firmas renegociar las condiciones del contrato. Es decir, duplicar y hasta triplicar el costo original pactado.
Por culpa del socavón, las construcciones aledañas corrían riesgo hasta de derrumbe. Fera no tuvo más remedio que declarar la emergencia del edificio de la calle Uruguay 714. En simultáneo, le pidió al administrador general, Germán Krieger, que acordase con la empresa la posibilidad de continuidad o suspensión de la obra. Lo hizo sin permitir que los integrantes de la Comisión analizaran el incumplimiento de Riva SA. De paso, el consejero Fera logró, por razones que ellos saben bien, que se confirieran amplísimas atribuciones a Krieger. En los hechos, esto significó que se reconociera la subordinación del Poder Judicial al contratista incumplidor por el que Krieger y compañía parecían tener debilidad.
Con el espaldarazo de Fera, Krieger aplicó el mecanismo de redeterminación de precios a RIVA SA.236 Pero ni aun así, —salía más beneficiada— la empresa cumplió lo pactado. Finalmente, la CAF debió rescindirle el contrato. Las consecuencias eran evidentes. Las excavaciones y aquel gigantesco agujero habían alterado los cimientos de Uruguay 714 (sede de juzgados civiles) y el de Uruguay 738/40 (sede de la Comuna 1 de la CABA). El entonces presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Juan Carlos Dupuis, no dudó en advertirlo.
Como consecuencia de la inseguridad de la manzana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se vio obligada a disponer feriado judicial para los juzgados civiles que funcionaban en la calle Uruguay 714.237 Con todas las luces de alarma prendidas, un informe técnico de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del
Gobierno de la CABA del 19 de marzo de 2012, alertó sobre rajaduras provocadas por la nueva submuración. La situación era grave, pero podía ser peor.
El 4 de mayo de 2012, la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la CABA, ordenó la clausura de la obra de Uruguay 722 y Viamonte 1435. La CAF, sin reproches, pese al desastre, autorizó al administrador Krieger, a celebrar una contratación directa por “razones de urgencia”, de los trabajos necesarios para completar la submuración del perímetro del terreno, acorde a lo sugerido por la Dirección General de Infraestructura Judicial.238 La obra se le adjudicó a Casago SA por $1.020.000.239 En rigor, la nueva contratación fue impulsada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, pero el que la gestionó fue Krieger. La continuidad de la fallida construcción del edificio se inició el 28 de diciembre de 2012 —según calendario eclesiástico— el día de los Santos Inocentes.
Haciendo honor a la máxima que observa que el ser humano es el único animal capaz de tropezar tres veces con la misma piedra (empresa), el 20 de diciembre de 2013 Riva SA logró la misma obra una vez más. En esta ocasión lo hizo asociada con Caputo Construcciones y Servicios SA en una UTE (Unión Transitoria de Empresas). La licitación fue suya con una oferta de $199.300.000.240 Era la menor, aunque esta vez se la estaba contratando por un monto tres veces superior. Todo, para hacer la misma obra que nunca finalizó y había puesto en riesgo la vida de las personas.241
El abogado de la empresa RIVA SA era Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte Suprema y ex ministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Un hombre de estrecho vínculo con el poder que intervino como jurado en los concursos más sensibles que tramitaron en la Magistratura.242 Desde el 3 de septiembre de 2014, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga la adjudicación de obra de los edificios seminteligentes tras la denuncia impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans. Pero la construcción brilla por su ausencia. No hay un ladrillo a la vista.