Los arquitectos e ingenieros de la DGIJ estaban hartos de soportar los malos tratos y continuas amenazas. Diecisiete de ellos no lo dudaron y dieron el portazo. Denunciaron la “impunidad” alrededor de la obra pública el 10 de octubre de 2014.256 No era otra cosa que la cartelización: “Durante el kirchnerismo fue estructural y llegó a niveles insospechados”, definió el periodista José Antonio Díaz en la revista
funcionarios de gobiernos como por empresarios. Los favorecidos siempre fueron un selecto grupo de empresas a las que se les garantizó no solo ganar las licitaciones sino también réditos económicos”, describió Díaz. “De los sobreprecios salió la plata de la coima. Eso sí, no de las ganancias empresarias, sino de las arcas del Estado”, puntualizó.257
Las coincidencias abruman a especialistas e investigadores. La cartelización “es la génesis de la corrupción en la obra pública”, definió el periodista Hugo Alconada Mon en una nota del diario La Nación258 en la que entrevistó a varios empresarios. “Para ciertas licitaciones, el ‘armado’ es a través de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), pero para los de Vialidad, es la ‘Camarita’ la que juega”, cuenta un veterano con más de treinta años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional. “La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles”, se justificó uno. El entonces presidente de la “Camarita”, Rodolfo Perales, lo negó, indignado.
Lo particular del caso fue que ese esquema se replicó en el Consejo de la Magistratura y en hombres vinculados al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los profesionales de la DGIJ sospechaban de los procesos licitatorios, los presuntos retornos y sobreprecios. Además, habían sido víctimas de abusos, malos tratos, aprietes y amenazas según sus palabras para firmar certificados de obras que no se habían realizado o ni siquiera iniciado. Y así lo denunciaron por escrito ante el Administrador General.259 Estaba en juego sus carreras260 y ellos, no eran empresarios ni tenían nada que ver con Lázaro Báez.
Diversos testimonios relataron lo vivido. “… desde hace muchos meses venimos planteando en forma individual y en distintas y muchas oportunidades a la superioridad, la preocupación que nos genera la forma en que se desarrolla nuestro trabajo en los últimos tiempos, las presiones y devoluciones a las que nos encontramos sometidos y el inquietante resultado que tiene todo esto en la ejecución de las obras que debe llevar a cabo el Consejo de la Magistratura”, iniciaba la denuncia de los profesionales.
Otra de las declaraciones fue respecto el dinero entregado por la Administración General a los contratistas en concepto de acopio de materiales, “no se destinaba a la adquisición de bienes para la construcción, en tiempo y forma. En consecuencia, bajo la justificación de problemas financieros, algunas de las obras llevaban más de 24 meses de ejecución lenta”, detalló el arquitecto Javier Núñez en su declaración.
“Las presiones que recibimos ya sea en forma telefónica o personal para que los certificados de obras sean aprobados sin tanta rigurosidad o se obviaran algunos requisitos que se observaron, provinieron del arquitecto Lazzarini o del doctor Saliva y no sabemos cuáles serán las derivaciones de omitir la normativa”, agregó Guillermina Lysholm, una de la profesionales denunciantes.
“indican y dirigen la obra como si fueran ellos nuestros empleadores”, explicó la arquitecta. “Esa situación no es enfrentada por la superioridad, al contrario, en las ocasiones en que se han solicitado reuniones a fin de ponerlas de manifiesto, es el profesional de planta permanente del Poder Judicial el que termina dando explicaciones a la empresa y a la superioridad de porque no acató las presiones de las empresas contratistas. Estas manifiestan insistentemente que van a paralizar la obra, proponen incorporar materiales de menor calidad o pretenden realizar tareas incompletas”, continuó. La arquitecta María Nazareth Lantino se refiere al “clima de incertidumbre con el que trabajan”. Mientras María Ester Cristina Jiménez resalta que “en otras épocas no se firmaban contratos con empresas que tienen tres obras paradas, como es el caso de la firma a la cual se adjudicó la obra de Santa Fe…”.
Pero ellos estaban decididos a no ser cómplices. “Muchas de las presiones que recibimos son derivadas de las excusas de las empresas sobre el quebranto de la ecuación económica financiera, pero no presentan ninguna fundamentación probatoria concreta que justifique esta alegación, sino simplemente en la exposición que es de público y notorio que sale en todos los diarios. Esto es avalado por la superioridad al no tomarse ninguna medida para que las empresas cumplan con sus planes de trabajo. Que en algunas oportunidades les hemos solicitado que justifiquen ese quebranto económico financiero, estos pedidos son elevados a la superioridad para que se dirijan a las empresas, y nos hemos enterado que estos requerimientos nunca salieron de la Dirección”, exaltó Lysholm.
No podían creer lo que debían soportar. “Toda mi vida me sometí a la ley de obra pública y leyes vigentes para los trámites que implica la proyección, licitación, contratación y ejecución de una obra para el Poder Judicial. Pero ante divergencias con las autoridades del momento, que hacía inviable mi continuidad en el área, fue que acepté mi traslado”, dijo el maestro mayor de obras, Carlos Almagro.
Por su parte, el arquitecto Carlos Jorge Fernando Susini Burmester (subdirector adjunto a cargo del Departamento de Arquitectura de la DGIJ) presionó a su colega Pablo Fiori para que retirase la firma de la nota en la que denunciaban las irregularidades, caso contrario “debería atenerse a las consecuencias”, con amenazas de ser sometido a sanciones, como surge del texto de la presentación.
Para los expertos, era una paradoja que desde la cabeza del Poder Judicial “los obligaran a torcer la ley y avalar documentos ilícitos. Aunque había un nexo. Todas estas irregularidades habrían sido avaladas por la ‘superioridad’”. Para ellos, su responsabilidad estaría en la mira si no denunciaban en grupo y por escrito pese a que ya lo habían hecho en varias oportunidades. Sin dudas, rompieron el silencio.
Los técnicos aludieron a un “aceitado mecanismo de ganancias extras y sobreprecios” que permitió a las empresas adjudicatarias recibir importes equivalentes, en algunos casos, al 45% del valor licitado a través de las modalidades de prefinanciación y acopio o acumulación de materiales para la construcción. Así, se entregaba a la empresa, un adelanto del 10% por el crédito (prefinanciación) y hasta un 35% del total para el acopio de equipamiento, maquinaria y elementos para la
edificación, sin el debido control de los materiales que debían adquirirse ni del estado de las obras.
Además, existían otros dos mecanismos: adicionales de obra y redeterminación de precios. El último261 permitía actualizar el valor del contrato entre la apertura de la licitación hasta la adjudicación, a través de la aplicación de las variaciones del Índice de Costo de la Construcción (ICC) —nivel general— publicado por el INDEC, siempre que el mismo superara el 10% del total del contrato.
La modalidad “adicionales de obra” innecesarios se implementaba para, de alguna manera, generar trabajos y compra de materiales extra. El mecanismo está previsto en la ley de obra pública, pero según declaraciones de los técnicos de la DGIJ, se habría distorsionado como una forma de “compensación”, ya que las empresas argumentaban, incluso antes de iniciar los trabajos, el incremento de costos.
Ambas modalidades se habían transformado en algo habitual entre las constructoras que mantenían serios incumplimientos, lo que no evitó que se abonaran millonarios adelantos.262 Sin embargo, un puñado de empresarios de la construcción argumentaron que este modus operandi era muy común en el mercado con el nivel inflacionario del país, y que los procedimientos se llevaron a cabo acorde a la normativa y lo pactado en los contratos.
Pronto surgió algo insólito. La mayoría de las contrataciones se habían efectuado con aplicación de la Ley de Obras Públicas, sin embargo, algunas obras menores y suministros se habrían llevado a cabo mediante la aplicación de legislación derogada, según lo advirtió en una de sus tantas denuncias Ricardo Monner Sans. Recién en septiembre de 2014 comenzó a regir el nuevo Reglamento de Contrataciones263 que puso fin a la anomalía de contratar con leyes derogadas y por lo tanto inválidas.
La investigación que se abrió por la denuncia de los arquitectos, ingenieros y técnicos de la Dirección General de Infraestructura quedó bajo la órbita del Cuerpo de Auditores, que dirige Jorge Pedro Meydac. El informe fue elevado el 12 de mayo de 2015 a la presidencia del Consejo a cargo de Miguel Piedecasas, ambos hombres de confianza del presidente de la Corte.
Fue mediante la resolución N° 845/14 por la que la Corte Suprema, habilitó que en una misma licitación se abonara tanto el anticipo de prefinanciación como el acopio. De esta manera el engranaje pudo consagrarse. Aunque esta normativa se había establecido con miras a dos mega obras. Una, la del Archivo del Poder Judicial y la segunda, la de la morgue. Pero solo se concretó el proceso de la última.
De este modo, y sin tener que depender de los funcionarios del Consejo de la Magistratura, el máximo tribunal impulsó con su propio presupuesto, la licitación para la construcción de la morgue judicial, Cecilia Grierson, tras años de trámite.
El 18 de noviembre de 2014 las firmas Corsan Corvian Construcción SA y Teximco SA integradas en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) fueron beneficiadas con la obra pública para la construcción de la morgue en un predio próximo a los edificios federales de Comodoro Py.264 Sin embargo, pese a la inusitada velocidad que se le
imprimió al papeleo del proceso licitatorio, la obra nunca se inició.
La construcción fue aprobada por la suma de $711.889.719,49 y, en la propia resolución, se autorizó a la Dirección de Administración de la Corte, a cargo de Carmen María Odasso, a liquidar con carácter de anticipo financiero el 10% del monto contratado, es decir, la suma de $71.188.971. Además, en la resolución adjudicataria se estableció la metodología de la redeterminación de precios.265
El proceso licitatorio también resultó llamativo. Fueron varias las empresas que participaron e impugnaron en la etapa de preadjudicación, entre ellas, la primera en orden de precios, Creaurban SA, empresa que Ángelo Calcaterra, compró a su tío, Franco Macri, junto a IECSA en el 2007.
La obra se frenó porque la UTE adjudicataria no contaba con los fondos para iniciarla.266 Sin embargo, la dupla societaria explicó, a través de sus representantes, “que el proceso licitatorio tramitó en el departamento de compras de la Corte Suprema. Hubo siete oferentes, el primero que ganó fue descalificado porque no reunía las condiciones técnicas, y esta UTE resultó ganadora”, explicaron. “Si bien existió un desembolso de dinero, todo quedó absolutamente registrado, la obra no pudo iniciarse por dos cuestiones: no tenía permiso municipal y los profesionales encargados se encontraron con un caño de AYSA de 1,40 metro de diámetro. Hasta que esas interferencias no estuvieran resueltas, no se podía empezar con la obra”, concluyó un referente de las firmas consultado para este libro.