La desconfianza y el rencor del gobierno con Lorenzetti iban in crescendo. En el marco del proyecto de las seis leyes que denominaron “Democratización de la Justicia”, había un diseño normativo que sería un arma letal contra el magistrado y que, naturalmente, estaban dispuestos a utilizar. Apuntaba a arrebatarle uno de los bienes más preciados: la administración de los fondos de la Corte.
Una de las seis iniciativas estipulaba que el Consejo de la Magistratura recuperase la gestión del presupuesto judicial, como lo establece la Constitución. Con esta decisión, el oficialismo pretendía derribar la estructura financiera que Lorenzetti organizó entre Corte y Magistratura para disponer de los fondos sin ningún tipo de control, como lo denunció la legisladora Oliveto Lago.
En este escenario algo quizás peor podía suceder. Se pretendía que los representantes del estamento judicial, abogados y académicos del Consejo de la Magistratura, fuesen elegidos por el voto popular. De paso, se modificaría la integración del Consejo que pasaría de 13 a 19 miembros. Para la oposición, los cambios eran una amenaza directa a la Judicatura y en especial a la Corte Suprema, que debía resolver la Ley de Medios. “El estado de derecho estaba en riesgo si aquel engendro salía adelante. Era inadmisible que los jueces participaran de las boletas sábanas de los partidos políticos”, recuerdan hoy.
El 8 de abril de 2013, la ex presidenta presentó la mencionada reforma judicial. Eran varias las iniciativas. Una de ellas limitaba las medidas cautelares —que también favorecían al gobierno en otros casos— a solo seis meses de duración por haber servido para frenar la aplicación de la Ley de Medios. Otra se refería al ingreso de consejeros jueces —por el voto popular— a la Magistratura. Pero había más: habilitar la modalidad de sorteo, mediante la Lotería Nacional, para la entrada de empleados al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal a través de un examen meritocrático. La publicidad y el acceso directo a las declaraciones juradas de carácter público a través de internet; la publicación de resoluciones judiciales y la creación de nuevas Cámaras de Casación en los fueros civil, comercial, laboral y de seguridad social, fueron las otras modificaciones. Con esta serie se cerraba el paquete completo.355
Las críticas más severas recayeron sobre la limitación a las medidas cautelares y la posible modificación del Consejo de la Magistratura. En la primera se cuestionaban la violación de derechos y garantías de ciudadanos frente al poder del Estado. En la segunda, parte de la oposición y especialistas advirtieron la supuesta “vulneración a la independencia judicial, eje de una democracia sólida”. Aunque el proyecto también
recogió halagos. El entonces ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, desconcertó a sus pares al inclinarse a favor del debate o paquete de medidas con el argumento del “acceso igualitario a la justicia de la gente carenciada”. En relación a la Magistratura, disparó: “es un órgano de administración que maneja un presupuesto muy grande y nunca llegó a tener espíritu de cuerpo. No es algo que se pueda manejar tomando el té dos veces por semana”.356
La dinámica que había tomado la guerra abierta —desatada a raíz del caso Clarín — hizo que los tres poderes del Estado tuvieran jornadas intensivas. En el Congreso se trataban las leyes impulsadas por el Ejecutivo, mientras en la Cámara Civil y Comercial Federal, segunda instancia judicial, previa a la Corte, se dirimía la Ley de Medios.
La cuestión se enredaba cada vez más. Ante las reformas impulsadas desde el gobierno, los jueces de todas las instancias estaban preocupados, tanto por la posible afectación a la estabilidad de sus cargos como a la independencia del Poder Judicial y se lo habían manifestado a Lorenzetti. Les inquietaba que el kirchnerismo, con una mayoría simple en el Consejo, pudiera decidir sobre el destino de cualquier juez. De ahí que los presidentes de las veinticinco cámaras federales, todos de acuerdo, se reunieran con Lorenzetti el lunes 15 de abril y le solicitaran que interviniera ante el gobierno.
En ese encuentro le entregaron una carta firmada por ellos en la que se plasmaban dos temas: el malestar de los jueces y el aval para que la Corte mantuviera el manejo presupuestario del Poder Judicial. Gustavo Hornos, en su doble rol de presidente de la Cámara de Casación y de la Junta de Cámaras, debía actuar como nexo entre sus pares y Lorenzetti para mantenerlos al tanto de la suerte que correría la misiva. Sin embargo, ante el silencio que mantuvo Hornos, fue Héctor Guisado, presidente de la Cámara Laboral, quien advirtió “algunas maniobras sospechosas” como lo expresó a sus pares. Había intentado comunicarse con Hornos, pero este no le respondía.
Lo más sorprendente estaba por llegar. Guisado se enteró por los diarios de que la Corte, representada por Lorenzetti y Highton, había enviado al Congreso la nota que los camaristas le habían entregado a Lorenzetti. De manera inmediata envió un mail a sus colegas tras advertir que la nota original había sido modificada en su contenido. Presumiblemente, Lorenzetti y Hornos lo habían hecho sin consultar ni informar al resto de los jueces. La nota publicada en el CIJ contaba con la única firma de Hornos y omitía, deliberadamente, la preocupación colectiva. Del texto se había suprimido el párrafo sobre el sistema de elección y remoción de jueces y se dejó el referido al respaldo por el manejo presupuestario.357
Los presidentes de las cámaras federales y nacionales de todo el país quedaron pasmados ante la “maniobra”. Habría sido el propio Lorenzetti quien le solicitó a Hornos que modificara el texto original de la carta, según confesión de este, ante el malestar y la interpelación de sus pares que montaron en cólera.
leyes en el Congreso, los cambios introducidos en los dictámenes de comisión de la reforma judicial quedaron definidos a partir de un nuevo diálogo entre Lorenzetti y Cristina Fernández. El ministro tampoco quiso confirmar esos contactos, pero en esa charla consiguió que fuera el máximo tribunal, y no el Consejo de la Magistratura, tal como lo estipulaba el proyecto original, el que conservara la gestión del poder judicial y tuviera la disponibilidad de los fondos. Es decir, de nuevo el poder de “la caja”.
El escándalo alcanzó una dimensión tal que los ministros de la Corte Suprema debieron emitir un comunicado el 24 de abril de 2013 en el que respaldaron la negociación que Lorenzetti mantuvo con el gobierno para conservar el monopolio de la administración de todo el Poder Judicial.358
Las seis leyes fueron debatidas y aprobadas el 25 de abril, luego de una acalorada sesión, en la que la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció un “pacto” entre CFK y Lorenzetti por el manejo de la “caja del Poder Judicial”. Se basó en las dos versiones de la carta que los camaristas le habían enviado al presidente de la Corte. Al día siguiente denunció este “acuerdo” ante el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral donde pidió que “se investiguen los posibles delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, extorsión y amenazas”.359 Si eso no era una traición de Lorenzetti a los suyos, se le parecía mucho.
La diputada nacional kirchnerista Diana Conti ofrece una versión diametralmente opuesta: “No hubo pacto alguno entre Lorenzetti y Zannini. Con las leyes de democratización de la Justicia, nosotros intentamos hacer respetar el artículo 114 de la Constitución y devolverle al Consejo de la Magistratura las facultades presupuestarias del Poder Judicial, pero la presión de Lorenzetti, en representación del resto de los ministros fue directa”, acotó. “Ricardo Lorenzetti presionó institucionalmente y el Congreso no pudo sostener la ley. Debimos dar marcha atrás para que esas facultades continuaran bajo la órbita de la Corte”, explicó. “Deberíamos preguntarnos si eso está bien. No, no está bien porque la Constitución dice otra cosa, pero la presión directa de Lorenzetti lo impidió”, ratificó. Dicho esto, le echó una mano al supremo juez al considerar que “no son presiones indebidas sino tensiones propias de los poderes del Estado (…) La ley de autarquía financiera es previa a la reforma constitucional de 1994 —continúa— y debería ser modificada para adecuarse, pero el Congreso nunca logró modificarla. Además, los jueces son indisciplinables, es el poder menos democrático y el más aristocrático”, concluyó la diputada nacional.
Un “K” del riñón de Cristina que prefiere preservar su nombre ofrece una versión más jugosa para explicar el triunfo del titular de la Corte. Como Néstor Kirchner, “Lorenzetti —recuerda— conservaba una libreta de almacenero donde tenía anotados todos los gastos del gobierno. Los que se podían contar y los inconfesables. Cuando se sentía amenazado en serio o veía peligrar el control de la caja de la Justicia, nos recordaba que sabía demasiado. La extorsión siempre le funcionó. Aníbal (Fernández) y Zannini (Carlos) saben bien lo que te cuento”.
La justicia impondría su ley en tres de los proyectos de “democratización judicial”. El que implicaba la selección de consejeros, jueces, abogados y el académico a través del voto popular fue declarado “inconstitucional” por la Corte. La causa la había impulsado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a través de su presidente, Jorge Rizzo. Con este fallo el alto tribunal defendió la independencia del Poder Judicial, aunque el foco de tensión estaba centrado en “la caja”, como lo advirtió Carrió.
Los intereses en pugna en la pulseada Gobierno versus Clarín se iban develando en diferentes actores, formas y ámbitos. Los insistentes llamados de Lorenzetti para sondear a los camaristas no lograron evitar que Clarín obtuviera un triunfo en la segunda instancia judicial.360 Los jueces Ricardo Guarinoni, Susana Najurieta y Francisco de las Carreras defendieron “el derecho a la libertad de expresión e información en su doble faceta: no solamente como derecho inalienable de toda persona, sino como derecho indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Resolvieron que varios de los puntos centrales del artículo 45 de la ley eran inconstitucionales, como también parte del 48, aunque rechazaron el mismo planteo para los artículos 41 y 161. “Si la Corte nos da la razón, tendrán que reformar la Ley de Medios”, pronosticó Guarinoni.361
“Cristina puso el grito en el cielo cuando se enteró de la resolución”, recordaron funcionarios. Veía en riesgo la continuidad de su proyecto. Estaba claro que el gobierno apelaría la medida ante la Corte. La hora de la verdad estaba cerca y el máximo tribunal, por primera vez, tenía que pronunciarse y zanjar de una vez por todas el asunto. La balanza de la justicia debía inclinarse a un lado u otro. Clarín, por su parte, apeló los artículos 41 y 161, que no habían sido anulados por los camaristas.
Y la causa arribó a la Corte. Era el escenario anhelado por el Gobierno. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya se había inclinado a favor de la norma. Los ministros de la Corte se volcaron de lleno a analizar el texto de la ley. Consideraron de interés público la cuestión y el 14 de agosto de 2013 convocaron a una audiencia pública. Se celebró los días 28 y 29 del mismo mes. Las partes expusieron sus argumentos como también lo hicieron “Amigos del Tribunal” a favor del gobierno y de Clarín.
En el primer día de audiencias, el saludo frío entre Martín Sabbatella, titular de la Afsca, y Damián Cassino, abogado de Clarín, haría historia. Nunca se había visto tanta cantidad de periodistas nacionales e internacionales para cubrir un asunto del fuero civil.
La voz cantante del Estado la tuvo la abogada Graciana Peñafort, quien de manera “vehemente e impecable”, según algunos juristas, defendió los argumentos oficiales. Estuvo acompañada por letrados y funcionarios de la Afsca y amigos del tribunal que expusieron. Entre ellos, Horacio Verbitsky, el oído al que recurría la presidenta en busca de consejo y director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También estuvo presente uno de los autores de la norma, Damián Loreti.
Clarín, por su parte, se presentó con un escuadrón de abogados: María Angélica Gelli, Alejandro Carrió, Damián Cassino y Alberto Garay.
En un gesto difícil de no interpretar como de favoritismo, únicamente los representantes del gobierno tuvieron acceso, con anterioridad, a las preguntas que harían los jueces de la Corte y que, en principio, eran secretas para las partes.362 A los abogados que representaban los intereses del Estado, los jueces de la Corte les permitieron también presentar filminas. Clarín, al percatarse de la maniobra, solicitó que se suspendiera la audiencia por “parcialidad o subjetividad manifiesta” pero Lorenzetti hizo oídos sordos. En la misma línea de movimientos inesperados o de agracio comparativo, se invirtió el orden de presentaciones establecido de antemano. Lo hizo en primer lugar el Grupo Clarín y en último el gobierno, cuando debió ser a la inversa. “A mitad del juego se cambiaron las reglas”, protestaron en el multimedios. Fue un trato discriminatorio y parcial.363
Durante el segundo día de la audiencia pública las partes no ahorraron municiones. La defensa de Clarín denunció “hostigamiento” por el gobierno, que en esa etapa “aplicaba un cepo publicitario privado y la quita de la publicidad oficial”, para “desguazar” la empresa y “silenciar la voz crítica”. Los letrados alertaron que, de perder el caso, desaparecería “la línea crítica” que representa el Grupo Clarín, que este era “el único medio” en condiciones de “hacer periodismo de investigación”. En definitiva, en condiciones de fiscalizar al poder. La réplica fue instantánea. “Si uno quiere tener una empresa para sacar y poner presidentes hay que hacer un partido, y presentarse a elecciones”, dijo Sabbatella.
Voto a voto
Mientras todo esto sucedía, pero ya con los fondos del Poder Judicial a salvo, el presidente de la Corte trabajaba intensamente para lograr los cuatro votos que necesitaba para que Cristina se quedara tranquila. Tenía que dar satisfacción al gobierno, recordaron, sin medias tintas, dos de los jueces supremos.364
Durante el proceso judicial Lorenzetti hizo lo que Tomás Eloy Martínez le atribuía a Juan Domingo Perón durante su exilio en Madrid: decirle a cada visita lo que quería escuchar. A Clarín le garantizaba el resultado anhelado a través de dos altos directivos con los que se reunió, Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, gerente de Relaciones Institucionales y sobrino del CEO de Clarín, Héctor Magnetto. En paralelo, hacía lo propio con los miembros del Gobierno. Sobre todo con Carlos Zannini, secretario de legal y técnico.365
“La presidenta estaba al corriente del doble discurso, de sus vacilaciones y de sus pequeñas traiciones”, confía una de las espadas más filosas del firmamento “K”. Para evitar más sorpresas, “lo llamó por teléfono y le dijo con tono irónico y estirando el final de su nombre: ‘Ricardoooooo, me dijeron que estás indeciso por la ley. Me imagino que son solo rumores’. La conversación se prolongó por los cauces y en los
términos planteados por Cristina, la única persona a la que Lorenzetti tenía terror”, zanja la misma fuente.