Puntos y puntadas del hilado judicial detrás del mando del presidente de la Corte. El poder como proceso de dominación bajo la obediencia voluntaria pese a la resistencia, como lo define Steven Lukes. Lorenzetti cumplió, al pie de la letra, la tesis del británico. El hombre de Rafaela tejió con maestría una red de contactos con jueces claves y subordinados. Poder dentro del Poder Judicial. Complicidad ante la impunidad. El supremo juez demostró ser hábil para mover las agujas del reloj que determinan si una causa avanza, se interrumpe o queda congelada sine die.
“Richard” —como se dirige a él María Bourdin, mano derecha y vocera aunque esté reunido—, intentó mostrarse, desde su incorporación a la Corte, políticamente neutral, con una imagen que se asociara a la de un hombre justo y equitativo cuyo único interés era firmar sentencias ajustadas a derecho. Sin embargo, no lo lograría.
Su ambición, sumada a la larga mano o sombra de los gobiernos del matrimonio Kirchner, lo llevaría por otro camino. Para bien o para mal (dependiendo del caso) las decisiones judiciales incidirían oportunamente en el destino de dirigentes, ministros y funcionarios de primera y segunda línea. La agenda política, incluida la de Mauricio Macri, también dependería de las puntadas que diera en ese inmenso telar de la justicia.
La “politización” del Poder Judicial es una expresión vieja que nunca dejó de tener vigencia. Basta recordar en los años 90 la revelación del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, de que su par de entonces en Interior, Carlos Corach, le había escrito en una servilleta la lista de jueces federales que respondían a los deseos del por entonces presidente Carlos Menem. Aquello fue una anécdota en comparación con lo que hizo el riojano con la Justicia en general y con la Corte en particular.
No fue casual que, en ese contexto, la reforma constitucional de 1994 buscara transparentar el sistema de elección de los ministros del máximo tribunal en sesión abierta ante el Senado, e incorporara una nueva instancia, el Consejo de la Magistratura, cuya misión, entre otras cosas, sería seleccionar, fiscalizar y sancionar a los jueces. Hasta entonces, la designación de magistrados la realizaba el presidente de la Nación con el acuerdo de la Cámara Alta. Dicho esto, era moneda corriente que pesara más la amistad que los méritos propios para conseguir una toga.
El cambio fue relevante pero, aun así, la desconfianza hacia la administración de justicia se mantuvo e incluso se profundizó. Consciente de la situación, desde el arribo
a la presidencia, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner tuvo en la mira al Poder Judicial. Aquella “Corte adicta” al menemismo se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de su gestión. Y antes de cumplir quince días en la Casa Rosada le declaró la guerra.134
Enérgico y por cadena nacional, Kirchner exhortó el 4 de junio al Congreso a poner en marcha el juicio político contra algunos miembros del máximo tribunal. “No quiero nada fuera de la ley”, advirtió. Lo que buscaba el sucesor y elegido de Eduardo Duhalde, era terminar con “la célebre mayoría automática”, insistió.
En paralelo, el santacruceño firmó el decreto 222 (el 19 de junio siguiente) en el que fijó limitaciones al Poder Ejecutivo en la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte. También ordenó la publicidad de los antecedentes, habilitó la posibilidad de presentar objeciones a las candidaturas propuestas e impuso la realización de audiencias públicas para que los postulantes pudieran responder preguntas.
El mismo día de la cadena nacional el Congreso anunció el inicio del juicio político contra Julio Nazareno, el magistrado más denostado durante el menemismo, quien sin embargo lograría evitarlo al renunciar veintitrés días más tarde. Eduardo Moliné O’Connor, otro cortesano muy cuestionado, decidió dar batalla. Enfrentó el jury y en diciembre siguiente se convirtió en el primer miembro del máximo tribunal en ser destituido por el Senado. Dos años más tarde, en septiembre de 2005, Antonio Boggiano tendría el mismo destino, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López dimitirían ante la inevitable remoción.135
En octubre de 2003 habían sido designados en el máximo tribunal Eugenio Raúl Zaffaroni y en 2004, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, nombramientos que gozaron del reconocimiento de todo el arco político. No solo porque garantizarían mayor independencia al Poder Judicial sino también porque se percibían vientos de cambio ante el equilibrio ideológico y de género. En 2004 también había asumido Lorenzetti, pero no sería hasta noviembre de 2006 que sería elegido, por unanimidad de los pares, presidente del máximo tribunal desde el 1 de enero de 2007. Por fin, lo había logrado. Había llegado para quedarse.
En la práctica, el cambio impulsado por Kirchner implicaba un giro osado, un cambio de 180 grados en la Corte. Los que conocían la experiencia en Santa Cruz desconfiaban al sospechar que bajo la apariencia de un mani pulite de los supremos jueces, podían esconderse otras intenciones. La pregunta que se imponía era: ¿estaba acaso el ex presidente construyendo una nueva mayoría automática? El constitucionalista Félix Loñ no lo duda.136 “Otra cosa —matiza— es que lo lograra”. El jurista reconoce que la Corte impulsada por Kirchner se enfrentó al gobierno en varias oportunidades decisivas. Lo hizo al defender la independencia de los jueces y frenar la reforma judicial o la denominada “Democratización de la Justicia”. El “fallo Badaro”, que obligó al Estado a reconocer y actualizar la deuda real de los jubilados, y el del destituido procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, al que los ministros
ordenaron restituir en su cargo, son dos buenos ejemplos, aunque el primero se cumpliera parcialmente y el último se convirtiera en papel mojado sin que la Corte ejerciera siquiera el derecho al pataleo. No se puede decir lo mismo en la polémica llamada ley de medios. “Independientemente de si hubo o no presiones políticas, hubo disidencias ejemplares como las de los jueces Fayt y Argibay”, resaltó Loñ para ilustrar que fue imposible lograr un fallo unánime, ya que en algunos puntos resultó contradictorio aunque beneficioso para el gobierno de Cristina Fernández.
Para Loñ, la historia demostró que para el “régimen kirchnerista” los fallos de los magistrados, como el de Eduardo Sosa —en el que la Corte ordenaba la restitución a su cargo de procurador de Santa Cruz— no eran obligatorios, sino que únicamente se cumplían si estaban de acuerdo con sus intereses.
No opina lo mismo Eduardo Barcesat,137 asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “La renovación que hizo Néstor Kirchner de la Corte —observa— significó democratizarla. De ninguna manera quería mayoría automática propia, todo lo contrario”. Para reforzar el argumento, el también abogado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, recuerda que “Zaffaroni fue muy crítico del funcionamiento de la Corte de Santa Cruz y Néstor Kirchner lo eligió por eso”.
Otro constitucionalista, Gustavo Arballo,138 matiza. “La Corte de Néstor Kirchner fue bastante equilibrada. Según mi estudio, le falló un 50% a favor y un 50% en contra, por lo que no puede definirse como adicta”.139 Dicho esto, Arballo aseguró estar convencido de que cuando el ex presidente eligió a los nuevos jueces, antes los sondeó sobre dos temas: “El primero, las causas del corralito financiero que había desatado la crisis económica del 2001 y que finalmente el tribunal falló con la mirada del gobierno. El segundo tema que monitoreó Kirchner —añade— fue si estos juristas estarían dispuestos o no a acompañarlo en la reapertura de los juicios de lesa humanidad”. Por último, aclara, “si Kirchner hubiera querido una Corte complaciente, hubiera nombrado a Carlos Zannini como lo hizo en el Tribunal Superior de Santa Cruz”.
Sin embargo, dos años más tarde, en noviembre de 2006, el Congreso convirtió en ley un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que reducía la cantidad de miembros de la Corte, de nueve —desde 1990— a cinco.140 La norma establecía además que, desde su entrada en vigencia, la cantidad de integrantes del tribunal se conformaría de manera transitoria con siete jueces y no se cubrirían las vacantes que eventualmente se produjesen hasta llegar a los cinco miembros.
A las partidas de Nazareno, López y Vázquez, Moliné O’Connor y Boggiano se sumó la jubilación de Augusto Belluscio.141
De este modo, en junio de 2005, el máximo tribunal quedó conformado, finalmente, con siete miembros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, la última en jurar.142
Kirchner había logrado sacarse de encima el peso de la “mayoría automática” menemista y reformar la Corte Suprema. La nueva, menos numerosa y flamante, sería considerada durante un tiempo la “Corte de oro”.143