La contabilidad secreta del Poder Judicial. El plan que ideó Ricardo Lorenzetti junto a Néstor Kirchner para construir un andamiaje financiero que le permitió mantener el control de “la caja”. El doble comando presupuestario entre Corte y Consejo de la Magistratura. Sospechas y denuncias de desvíos de fondos. Cómo sortear y liquidar los mecanismos de control del presupuesto. Compras a precios astronómicos de sistemas informáticos inservibles. Creatividad contable. ¿Malos entendidos o delitos de guante blanco?
Triunfante con la renovación de la Corte, Néstor Kirchner, rápido de reflejos, advirtió que, a través del Consejo de la Magistratura, podía encontrar una herramienta no solo para, “concentrar poder político y doblegar a la oposición, sino también a los jueces federales”. La reflexión pertenece a Paula Oliveto Lago,184 legisladora porteña de la Coalición Cívica.
Para consolidar la estructura de poder que pretendía Kirchner entre Corte y Consejo, era necesario nombrar como presidente del máximo tribunal a alguien confiable. Lorenzetti conjugaba varias condiciones: no solo era el más joven de los nuevos jueces sino que, además, había demostrado “lealtad”185 a la causa, como insiste una y otra vez Abel Cornejo.
Para lograr su propósito resultaba prioritario consolidar una mayoría propia de consejeros kirchneristas en la Magistratura y licuar la fuerza de la oposición. Dicho de otro modo, reducir su número de representantes. Con este fin, el ex presidente decidió impulsar una reforma en el órgano que es juez y verdugo de los magistrados. El Consejo de la Magistratura, una versión judicial del Congreso, funcionaba —sobre el papel— de una manera autónoma. Se trataba —y se trata— de un órgano colegiado y de debate, responsable de seleccionar jueces, sancionarlos y llegado el caso, suspenderlos de sus cargos.186 Se incorporó al actual ordenamiento jurídico tras la reforma constitucional de 1994. Con su creación se pretendía evitar que los magistrados se nombrasen a “dedo” y pasaran a elegirse mediante concurso público en procesos transparentes. Su función tenía —y tiene— una dimensión extraordinaria pero, además, la reforma de la Constitución lo alumbraba con una “yapa”: la administración de los fondos del Poder Judicial. Semejante atribución le dio un plus de poder al organismo que, a partir de entonces, se encaramó, por la fuerza del dinero, en el podium del poder.
En el seno de la Magistratura debe concentrarse el manejo presupuestario de la justicia nacional pero también la federal, pese a que cada provincia, a su vez, tiene su propio Consejo. Al menos, eso es lo que expresa la letra y el espíritu de la Carta Magna. Sin embargo, nunca se respetó su voluntad. El gobierno de Carlos Menem (artífice de la reforma con Alfonsín mediante el Pacto de Olivos) impidió que la Magistratura asumiera las riendas de las finanzas judiciales. La primera amputación de hecho se produjo mediante la ley 24.937 de 1997 que relativizó esa facultad y limitó su tarea a la mera elaboración del presupuesto del Poder Judicial. Una vez concluido y en contra de lo establecido por la Constitución, debía remitirlo a la Corte que tendría la última palabra.187 Esto es, que sería la más alta instancia judicial la que aprobaría o modificaría el presupuesto de todo el Poder Judicial y lo distribuiría según su criterio. Néstor Kirchner estaba obsesionado con tener el control absoluto de la Magistratura. Lograrlo le permitiría tener en un puño a todos los jueces de Argentina. El 2005 sería el año en el que podría dar por cumplida la misión. Fueron unos meses de turbulencia y cambios para el Poder Judicial. Cristina Fernández de Kirchner impulsó, desde el Senado, la reducción de los integrantes del Consejo de la Magistratura que pasaron de 20 a 13 miembros. La medida significaba que el oficialismo se quedaría con siete de los trece consejeros. Los cuatro legisladores que le correspondían, más el elegido por Kirchner, el académico que era virtualmente suyo y uno de los tres jueces que, salvo evidencia contraria, era de su cuerda. Por fin, el matrimonio había logrado la mayoría para los asuntos de rutina. Únicamente le faltaban dos votos para designar a su antojo o poner en la calle a jueces amigos o magistrados díscolos. Pero además, el Congreso eliminó de la presidencia del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema.
A través del decreto 557 Kirchner dio una vuelta de tuerca más a la forma y el fondo de la Magistratura. A golpe de decreto, modificó la ley de autarquía financiera para redistribuir los recursos —que el Tesoro Nacional adjudica al Poder Judicial—, entre el Consejo y la Corte. De esta manera le asignó el 2,93% del presupuesto del Poder Judicial a la Magistratura y el 0,57% al máximo tribunal.188 Aparentemente, la medida favorecía a la Magistratura que parecía tener una especie de blindaje financiero con ese porcentaje. Lamentablemente, pronto se vería que estaba lejos de ser una realidad.
En la misma jugada la Corte recibió el control de los recursos específicos del resto del Poder Judicial. También pasarían a su disposición las partidas presupuestarias no asignadas o “superávit que había acumulado el Consejo”.189 Se trata de cifras que superaron los 900 millones de pesos. De este modo, la Corte se hizo con buena parte de las arcas de la Magistratura, que no le eran propias, mediante un procedimiento lejos de poder considerarse legal: un decreto y sin la intervención del Congreso de la Nación, como exige la Constitución.
Oliveto Lago ilustra el escenario: “el millonario excedente presupuestario del Consejo que el ex presidente le había otorgado a la Corte, provocó un acalorado
debate entre los consejeros de la Magistratura, donde la mayoría se inclinó por la inconstitucionalidad de la norma. Con ese fundamento —continúa—, muchos de ellos se opusieron a la reforma y denunciaron como ilegal el accionar del ex presidente Kirchner”.190
El planteo recayó ante el juez del fuero contencioso federal —sede de las causas en las que el Estado se encuentra involucrado— Ernesto Marinelli. El magistrado suspendió la vigencia del decreto con una medida cautelar pero, en segunda instancia, la puja por la caja la ganó el máximo tribunal.
Cuando la cuestión arribó a la Corte para su intervención, ya funcionaba el consejo de trece miembros impulsado por la senadora Fernández de Kirchner191 que preparó el terreno para vestir de constitucional lo que no era. En ese escenario, la mayoría de los consejeros oficialistas, jueces y el representante del Poder Ejecutivo iniciaron un proceso de diálogo con el ya presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para alcanzar un “acuerdo político que, al menos, nos compensara algo”, como recuerdan algunos de ellos.
Lo cierto fue que el 6 de septiembre de 2007 la decisión de Kirchner le había generado a la Corte un “remanente” de partidas presupuestarias no ejecutadas de $517.881.924,81. Ese mismo día, el Consejo de la Magistratura le transfirió los fondos a la Corte a través del documento contable N° 135.441 avalado por la Nota 277/07. Este fue el primero de una serie de depósitos que se hicieron en la sucursal de tribunales del Banco Ciudad. La suma se multiplicaba a beneficio de la Corte y el 31 de diciembre de ese año el máximo tribunal podía presumir de disponer de un excedente de $1.407.695.353,77, como figura en las transferencias que se hicieron desde Economía a la Corte.192 Ese habría sido “el supuesto acuerdo” que sellaron el difunto Néstor Kirchner y Ricardo Lorenzetti para manejar “la caja” judicial, como sostiene la diputada nacional de la Coalición Cívica e integrante de Cambiemos, Elisa Carrió.
Con el excedente presupuestario, la Corte otorgó a ministros y funcionarios un importante incremento salarial. Lo propio hizo el Consejo de la Magistratura con jueces y funcionarios de los tribunales inferiores, al concederles un 10% de aumento en función de la jerarquía. Sin embargo, tanto los magistrados supremos como los miembros de la Magistratura, desestimaron ese aumento a los empleados rasos que no tenían carrera judicial.