Las operaciones previas de concentración registraban una ilus- trativa ingeniería de traspasos empresarios, característica de la épo- ca, proyectada para eludir la legislación argentina y los controles fiscales.
Entre marzo y diciembre de 1998 los cambios societarios y apor- tes de capital operados con las licenciatarias de Canal 5 de Rosario (Rader S.A.) y Canal 13 de Santa Fe (Televisora Santafesina S.A.)71
representaron movimientos por aproximadamente 400 millones y la transferencia de la voluntad societaria hacia corporaciones extranjeras radicadas en paraísos fiscales a través de Atlántida Comunicaciones, TISA, Southel Equity Co., Syrup Trade y otras. Aún se mantenía vigen- te la prohibición de los artículos 43 y 45 de la Ley 22.285 para realizar transferencias de sociedades licenciatarias.
A la fecha de estas operaciones el CEI y Telefónica controlaban las acciones de Telearte S.A., titular de la licencia de Canal 9, y en forma simultánea manejaban Editorial Atlántida, titular mayoritaria de las acciones de Televisión Federal (Canal 11), violando los articulos 43, 45 y 46 sobre origen del capital, multiplicidad y transferencia de licencias. Las actuaciones ingresaron al Comfer un año antes de la san- ción del Decreto 1005/99 que permitió luego la venta de sociedades licenciatarias. También fue ilegal la disolución sin liquidación de Rader S.A. (Canal 5 Rosario) y Televisora Santafesina S.A. (Canal 13 Santa Fe) mediante la violación de varios artículos (46, 47, 53 y 85) por la modificación de estatutos sociales sin aprobación y las maniobras para encubrir la multiplicidad de licencias.
En forma simultánea, el CEI traspasó acciones de Cablevisión y de Cointel (controlante de Telefónica Internacional) a Southtel. La firma, subsidiaria del CEI, era una sociedad constituida en las Islas Caimán que pasó a controlar parte de Cablevisión (33%), junto a TISA, TCI-
AT&T y Eduardo Eurnekián. La pantalla también sería utilizada para la compra de parte de Torneos y Competencias72.
En enero de 1999 el grupo CEI-Atlántida-Telefé tomó un préstamo por 218,5 millones de dólares emitiendo papeles en forma irregular mediante el mecanismo del endeudamiento para abonar las deudas de las operaciones anteriores de adquisición de las empresas controladas. Como veremos más adelante, las maniobras de elusión fiscal o de frau- de con las operaciones bursátiles también eran prácticas habituales en otros grupos, como Clarín.
El proceso desarrollado en ese período importó no solo la desnacio- nalización de recursos audiovisuales nacionales sino también su trans- ferencia a sectores financieros que no necesariamente provenían de la industria del sector. Así lo testimonian los casos del Citi-HTMF, que representan a capitales norteamericanos poseedores en conjunto del 55% del CEI, evidencias de que los poderes de decisión empresaria fueron transferidos a inversores financieros que no participan primaria- mente de la industria de la comunicación. Pero hay más: la ausencia de controles y regulaciones llegaron al extremo de posibilitar que, legal- mente, el 63% de las acciones del CEI (las porciones correspondientes a República Holding y al Citi) estuviesen en poder de empresas fantas- mas radicadas en los paraísos fiscales del Caribe.
Tanto República Holding como Citibank habían creado empresas
offshore que supuestamente controlaban al grupo desde aquellos pa-
raísos fiscales.
Se trataba de United Finance Company (UFCO-República) y el In- ternational Equity Investiment (IEI-Citi), dos fantasmas que habían lle- gado legalmente a manejar una de las patas del oligopolio en que se había concentrado la industria de los medios de comunicación en el país.
Cabe destacar aquí la vinculación del CEI con grupos financieros locales, investigados en el Congreso de los Estados Unidos por lavado de dinero procedente del Cartel de Juárez.
Un informe de 305 páginas publicado por la subcomisión del Se- nado de Estados Unidos que estudió cómo los bancos participan en
operaciones de lavado de dinero advirtió que el M.A Bank73, con sede
en las islas Cayman, y el Federal Bank74, en Bahamas, eran bancos
“cáscara”, sin oficinas físicas para atender a clientes. No estaban au- torizados a operar en la Argentina. Pero mediante movimientos de cuentas con el Citibank, estas entidades pudieron operar en el país con dinero de coimas y de lavado de fondos provenientes del narco- tráfico.
Según un memorándum del Citibank de fines 1996, el Grupo Mo- neta aparece como “uno de los grupos más importantes de la Argen- tina con activos consolidados de aproximadamente 500 millones de dólares”.
Citibank tuvo una relación prolongada con el Grupo Moneta y las familias de sus propietarios, Raúl Moneta y su tío Benito Lucini, según documentos propios. Esta relación tenía dos componentes principales: la relación de corresponsalía de Citibank con el Banco República, que incluía el manejo de efectivo y de los servicios de crédito; y el interés de la participación de Citibank, junto con el Grupo Moneta, en CEI Citicorp Holdings. Citibank también mantenía cuentas para otras enti- dades del Grupo Moneta, incluida su cuenta corresponsal con Federal Bank.
La corresponsal del diario Clarín en Washington consignó luego de la ruptura de Clarín con el CEI que
“... el banquero argentino Raúl Moneta ya no podría seguir negan- do que el Federal Bank era suyo: el trabajo (del Senado de EE.UU.) aportaría datos para demostrar que es de su propiedad. Este ban- co fue señalado por los congresistas de EE.UU. como una entidad ‘pantalla’, establecida en las islas Bahamas, que lavaba dinero en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Banco República en la Argentina. Y el Citibank de Nueva York –agregaba– difícilmente podrá argumentar de ahora en más que, en este caso, no conocía a su cliente. Moneta y el ex presidente del Citibank en Buenos Aires, Richard Handley, no solo son amigos sino que también fueron socios
73 Mercado Abierto Group manejado por Miguel Iribarne, Aldo Ducler y Héctor
Scasserra.
en el CEI, una empresa constituida para que el Citi pudiera participar en las privatizaciones”75.
La nota terminaba estableciendo también los vínculos entre los ban- cos y el pago de coimas en ocasión del contrabando de armas argen- tinas a Ecuador y Croacia por parte de la administración de Carlos Menem.
El patrimonio audiovisual argentino, como vimos, se había conver- tido en un commodity offshore de jugadores financieros transnacio- nales.