El epílogo político de los 90 fue el fracaso político y económico del neoliberalismo en su intento de cristalizar un modelo sustentable de convivencia en democracia con el esquema de concentración, desem- pleo, desindustrialización y desnacionalización de los resortes principa- les de decisión. El triunfo de la concentración económica y mediática había producido tal descalabro que amenazó la existencia de sus pro- pios protagonistas.
La retirada progresiva del CEI –y de otros inversores norteameri- canos– de parte del dispositivo, así como la re-concentración en dos polos claramente diferenciados (Grupo Clarín y Telefónica) que inclu- yen diversas alianzas con Estados Unidos y otros jugadores del tablero mundial, prefiguran los conflictos que dominarán la primera década del nuevo siglo.
Dos de las empresas principales del Grupo Clarín sumaban por en- tonces pasivos que rondaban los U$S 1000 millones. Multicanal (526 millones) y AGEA (408 millones) totalizaban una cifra que constituía casi el 95% del total del pasivo del holding argentino. Adolfo Rodríguez Saá (efímero presidente provisional durante la crisis) habría escuchado la propuesta del modelo que luego se llamaría “de pesificación asimé- trica” en forma directa por parte del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, en diciembre de 2001. Muchos creen que la crisis institucional que llevó a Eduardo Duhalde al poder tuvo mucho que ver con la necesidad de contar con un mecanismo capaz de redistribuir el dinero en depó-
sitos bancarios a favor de grandes empresas deudoras en dólares en el mercado local, circunstancia que se concretó bajo su gestión.
Sin embargo, los márgenes de decisión local habían quedado pul- verizados por la crisis y la dependencia financiera. En mayo de 2002 Diputados aprobó un proyecto que modificaba la ley de quiebras, atendiendo una exigencia explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con sus políticas de salvataje mediante eventua- les desembolsos crediticios. Con los nuevos cambios se intentaba un acercamiento al Fondo tras el default. Parte de las exigencias eran la restitución del instituto de cram-down, que habilita al acreedor o a un tercero a hacerse cargo de una empresa en quiebra aunque, para evitar el riesgo de una compra masiva de empresas o bienes a precio vil, se acordó una serie de límites en el texto. Presiones de Clarín in- tentaron ganar el máximo de tiempo para controlar el embate de los acreedores.
A comienzos de 2003 Multicanal salió a buscar dinero mediante Obligaciones Negociables y convocó a los acreedores a un acuerdo extrajudicial para reestructurar su endeudamiento. “A partir de febrero de 2002, dejamos de cumplir con los pagos de capital e intereses res- pecto de la totalidad de la Deuda Existente, con excepción de ciertos pagos de intereses sobre algunos de nuestros Préstamos Bancarios afectados por la pesificación obligatoria decretada por el Gobierno Argentino”, según un comunicado de la empresa. Reconoció que la existencia de “al menos 22 pedidos de quiebra (que) nos ha obligado a actuar sin dilación para procurar una reestructuración consensuada de nuestra Deuda Existente o de otra forma solicitar protección judicial en un concurso preventivo”.
El antídoto para evitar la captura agresiva del grupo por parte de sus acreedores externos se lograría en junio de 2003 mediante la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. En me- dio de tironeos y forcejeos de parte del grupo mediático criollo y los operadores financieros que también desarrollaban su lobby sobre las vapuleadas instituciones de la República, se logró instrumentar un cri- terio proteccionista mediante una Ley que –a contramano de los valo- res aperturistas y desreguladores de los 90–, puso un límite del 30% a la propiedad extranjera de los medios nacionales. La ley excluía a
las empresas de medios en proceso de concurso preventivo del meca- nismo denominado cram down, previsto en la Ley de Quiebras, que posibilita a los acreedores capitalizar sus deudas mediante la absorción de acciones de las empresas en dificultades y apoderarse de la mayoría del paquete accionario.
Al dar cuenta de su entrada en vigencia, un mes después, Clarín destacó que “la nueva ley protege a las empresas culturales del peligro de desnacionalización”162.
La norma incluyó diarios, revistas, empresas editoriales, servicios de radiodifusión, productoras de contenidos audiovisuales y digitales, pro- veedores de acceso a Internet y empresas de difusión en vía pública.
Durante ese año, las empresas en situación crítica se lanzaron a la búsqueda de acuerdos privados -es decir, sin pasar por la Justicia- para salir del atolladero financiero. Se destacaron los convenios firmados por alimentarias como Arcor, y de medios como AGEA y S.A. La Na- ción. Multicanal logró el visto bueno de sus acreedores para “suscribir un acuerdo extrajudicial que le permitirá reestructurar sus pasivos”, que suman 508 millones de dólares, según un comunicado oficial.
En diciembre de 2003, a instancias del justicialismo, el Senado de la Nación aprobó una nueva modificación a la Ley de Concursos y Quie- bras. Hasta entonces, para lograr el APE se necesitaba la aprobación del 66,7% de los acreedores, el proyecto planteaba reducir el límite necesario al 51%, lo que a su vez podría acelerar los acuerdos que quedaban por definirse.
Los lobbistas del grupo lograron que cualquier ampliación de capita- les extranjeros por encima de ese tope requiera la previa autorización del Poder Ejecutivo. Si bien el proyecto sancionado en la Cámara baja le otorgaba esa facultad al juez actuante en la causa, los senadores in- sistieron en reservar esa facultad para el presidente de la Nación.
La ferocidad de la disputa global había movilizado también réplicas en Europa y en Latinoamérica en defensa de la diversidad cultural, procurando poner un freno al avance las corporaciones transnacio- nales. En Argentina se formó un frente con trabajadores de la comu- nicación y referentes del arte y la cultura bautizado como “Foro para
162 “Entró en vigencia la ley de bienes culturales. Limita la inversión de capitales
la Defensa de las Industrias Culturales”, que nació en abril de 2002 de manera poco convencional impulsado desde el gobierno porteño por el subsecretario de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura.
Una epidemia repentina de nacionalismo cultural impregnaba en- tonces el discurso del principal multimedios argentino. “Las industrias culturales nacionales, incluyendo a los medios de comunicación, deben ser consideradas dentro de un marco específico y protegidas por ley”, decía el entonces director periodístico de Clarín, Roberto Guareschi. Al intervenir en una mesa redonda sobre “Medios de comunicación y globalización”, en el marco de un Foro organizado por el gobierno porteño, el periodista alertó acerca de un modelo de globalización neo- liberal que necesita y genera un receptor pasivo, despolitizado y que prefiere evadirse. “Este modelo –dijo– se dirige a un consumidor, más que a un ciudadano”163.
“Las obras culturales no pueden ser asimiladas a mercaderías ordi- narias y abandonadas al libre y único juego del mercado”, publicaba entonces el suplemento Zona de Clarín en declaraciones tomadas de Daniel Ollivier, consejero de Acción Cultural de la Embajada de Fran- cia. El diario otorgaba en esa época espacios a las corrientes de pensa- miento que defendían la determinación de políticas públicas –y del rol del Estado– para la protección cultural. Francia era, como hemos visto en el Capítulo 2, un claro exponente de esos enunciados.
“En un contexto de globalización –decía el diplomático francés– el objetivo de preservación y apoyo a la diversidad cultural solo puede ser alcanzado si los Estados no renuncian a la libertad de definir e instrumentar políticas a favor de la creación y del acceso a una oferta cultural variada”164.
La fiebre proteccionista en materia cultural era motivo de amplias coberturas en la vanguardia gráfica del multimedios. Un pronuncia-
163 “Los medios y la globalización. Concluyó el primer encuentro internacional
sobre las industrias culturales”, Diario Clarín, 31 de mayo de 2003.
164 Moreno, Liliana, “Industrias Culturales: cuestión de Estado. La promoción y
protección de las industrias culturales son un tema estratégico para todo el país”, Diario Clarín, 22 de junio de 2003.
miento de varios legisladores nacionales recibía destaque con el plan- teo de que los bienes y servicios culturales y educativos deben ser ex- cluidos de los alcances del acuerdo para liberalizar el sector en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La resistencia de países europeos y Canadá había logrado que en la última ronda del organismo los productos culturales fueran excep- tuados de las normas que la OMC impone al comercio mundial. Pero prometieron reabrir la discusión en la próxima asamblea, ante lo cual los sectores vinculados con la cultura reaccionaron.
“‘Es deber del Estado nacional asegurar el derecho de los artistas, creadores y a la libertad contra toda forma de censura o limitación directa o indirecta’, sostuvieron. La idea de sumar a su regulación los bienes culturales es promovida por Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, entre otros integrantes del organismo. Pero otros países como Francia y Canadá expresaron su preocupación ante la posi- bilidad de que las normas usadas para las mercancías se apliquen de manera automática en el mundo de la cultura. Fue por eso que solicitaron excepciones para industrias como la cinematográfica y te- levisiva, donde ‘los países con fuertes políticas proteccionistas buscan mantener cuotas para sus producciones nacionales y defender su sis- tema de subvención estatal’”165.
Las peleas por el botín de los 90 continuarán en escenarios di- versos, incluyendo a fondos buitres que se habían alzado durante el festival de endeudamiento financiero con obligaciones negociables de Cablevisión en cantidad suficiente como para intentar su control de la mano de Raúl Moneta con el República Holdings y el Eximius Capital Funding, vinculado a WR Huff. De las 73 compañías en default o que renegocian su deuda, ninguna había sido tan empujada a litigar. Cablevisión era acosada por los abogados de Moneta en la justicia local y en las cortes del distrito sur de Nueva York por los letrados de Huff. Este fondo buitre alegaba haber comprado más de un tercio de las Obligaciones Negociables (ON) de la operadora y pretendía hacerse con el control de la empresa de cable, que renegociaba sus pasivos de 800 millones de dólares (más de 2250 millones de pesos), de los cuales
US$ 725 millones correspondían a ON y el resto a préstamos de JP Morgan, el Boston y el Nación.
Al interés de Moneta y Huff se sumó también el de Coinvest, fondo liderado por Martín Ruete, ex directivo del CEI, que estuvo husmean- do entre los bancos la posibilidad de encargarse de la deuda de la empresa. Es que, a pesar de la pesificación del abono, la compañía de cable de las empresas estadounidenses Liberty Media (Malone) y Hicks, Muse, Tate & Furst, seguía siendo una de las más atractivas de la región, según los diarios de la época166.
Más tarde, el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) permitió a Ca- blevisión SA reestructurar su deuda anterior a 2002 por más de 1000 millones de dólares. En los estrados judiciales lograría desbaratar diver- sos reclamos que amenazaban la etapa final de la fusión monopólica. Pero eso sucederá luego de consumarse la mayor operación de compra de medios en la nueva etapa, cuando Clarín acceda a Cablevisión.