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el proceso de certificación son concebidos aquí como argumentos retóricos, pues además de contribuir a la discusión de los méritos del caso, desempeñan un papel en el tratamiento del conflicto que sólo puede ser comprendido plenamente si se tiene en cuenta cómo y quién introdujo tales formalismos y procedimientos en el proceso. Examinemos brevemente cada uno de los formalismos y procedimientos que constituyen el proceso mediante el cual la AR certifica un contrato.

2.1.1. Los objetos físicos como argumentos

Empezaré por considerar aquellos argumentos no lingüísticos que prece- den al proceso de ratificación y actúan a lo largo del mismo, puesto que son el núcleo de la retórica institucional y constituyen algunos de los nuevos forma- lismos y procedimientos con los que la AR consigue la reinstitucionalización de la relación entre las partes, ya mencionada. Los elementos que conforman este escenario institucional incluyen la edificación en la que se encuentra localizada la AR, que es una de las construcciones más sólidas de Pasárgada; los muebles y accesorios que componen la habitación anterior: los escritorios, la máquina de escribir, la bandera, los sellos de goma, los documentos que se encuentran encima de los escritorios, los archivos en los que se guardan los documentos, los afiches de la pared que anuncian los últimos programas estatales que buscan obtener par- ticipación popular (por ejemplo, las campañas de vacunación o aquellas en contra del analfabetismo); y, finalmente, los funcionarios mismos, de pie o sentados en sus respectivos escritorios. La integración de todos estos argumentos dentro de una unidad temporal y espacial ayuda a inculcar a las interacciones de las partes un sentido de compromiso normativo. Este tipo de compromiso está dirigido pri- mordialmente a la creación de un orden y contrasta con el compromiso normativo típico del discurso institucional, que se basa en la participación forzosa y las sanciones obligatorias. Aunque la AR evoque la amenaza de la sanción, su retórica se orienta más hacia la conveniencia de que las personas respeten las reglas para conseguir fines compartidos, como se verá más adelante.

2.1.2. El interrogatorio

Las preguntas que realiza el presidente para tener conocimiento de la natu- raleza, la legitimidad y las condiciones del contrato desempeñan diferentes tipos de funciones. En primer lugar, estas preguntas proporcionan la información que empleará el presidente para decidir si la relación debería ratificarse. Por lo gene- ral, no se certifica el acto si la AR no tiene jurisdicción territorial o material sobre el caso. Pero el presidente también se negará a conceder la certificación cuando, a través de la formulación de preguntas a las partes o por un conocimiento personal sobre el asunto, sospecha que existe algún tipo de fraude, como ocurre cuando, por ejemplo, el futuro vendedor no es el dueño de la propiedad en venta. En cualquier caso, en mi presencia jamás fue denegada certificación alguna.

Planteo, no obstante, que la principal función de la formulación de pregun- tas no es la obtención de información, sino más bien la confirmación del derecho

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de la AR a realizar ese tipo de preguntas. Al hacerlo, la AR reconfirma su juris- dicción sobre el caso, refuerza la atmósfera de estar ante procedimientos oficiales y se muestra como representante de las preocupaciones que tiene la comunidad acerca de las consecuencias eventuales que puedan derivarse de esa relación. El aspecto retórico de dichas preguntas radica en el hecho de que tienen un impacto con independencia de las respuestas que generen. Efectivamente, el acto de for- mular las preguntas parece más importante que aquello que se pregunta. Esto no significa que las preguntas se efectúen arbitrariamente. Preguntarles a las partes sobre la naturaleza y las condiciones del contrato es reafirmar el hecho de que la libertad de contratación no es un principio absoluto en Pasárgada, sino algo que puede restringirse si los intereses superiores de la comunidad así lo exigen. Las respuestas también contribuyen al proceso de ratificación. Al responder, las partes no sólo aclaran por sí mismas sus compromisos, sino que también los hacen públicos, lo que refuerza la motivación de las partes a honrarlos.

2.1.3. La elaboración del contrato

Desde una perspectiva retórica, la elaboración del contrato, al igual que la determinación del objeto del conflicto, consiste en un proceso de negociación en- tre las partes, y entre cada una de ellas y los funcionarios de la AR. La AR orienta su enfoque hacia la defensa de los intereses de la comunidad y la protección de la parte más débil de la relación. Pero si las partes traen consigo un texto ya prepa- rado en el que se plasma su acuerdo, eso significa que el proceso de negociación mutuo ya tuvo lugar y, por lo tanto, hay poco espacio para que la AR intervenga. Por otra parte, si se usa un formulario de contratación corriente, como ocurre con el caso de los arrendamientos, la influencia de la AR se incorpora al formulario y se hace efectiva cuando las partes lo aceptan. No obstante, el formulario tiene un valor sustancial y genera un sentido de ordenación normativa que va más allá de los meros contenidos de las cláusulas, ya que las partes, al suscribir oraciones que rutinariamente ya han suscrito muchos otros residentes, se perciben a sí mismas como involucradas en una estructura jurídica en curso que antecede y trasciende su propia relación. Además, si bien los términos de la fórmula se convierten en parte del contrato, sólo cuando los mismos han sido aceptados pasan las partes a entender el formulario como una normatividad que trasciende su voluntad. La repetición rutinaria y las estandarización de las formulas contractuales son una parte constitutiva de su contenido normativo. No obstante, esto no quiere decir que los formularios se apliquen mecánicamente. Más allá de la necesidad obvia de llenar los espacios en blanco (el precio, la fecha, etc.), podrán eliminarse algunas cláusulas y añadirse otras.

A través de la elaboración del contrato, la AR ayuda a aclarar el contenido de la relación. Estimula un diálogo entre las partes acerca de motivos de conflicto no previstos, forzando de esta manera a una reapertura del proceso de negociación. De igual forma, difunde el conocimiento jurídico al aconsejar a las partes sobre las consecuencias de una determinada línea de conducta, como el incumplimiento en el pago o la firma de un pagaré. También interviene en las relaciones cuando sabe,

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