CAPITULO I
EL PROBLEMA
5 CAPITULO I
EL PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El hombre es por naturaleza un ser social, asimismo, es un ser político que necesita del contacto y la vida en sociedad para poder desenvolverse en su vida propia, al respecto, Hobbes (XVII), estableció que el hombre es malo por naturaleza, impulsado por un “perpetuo e incansable deseo de poder que cesa solo con la muerte”; no obstante, la razón enseña al individuo que esta permanente confrontación y guerra mutua implica más temores que esperanzas, y la muerte como resultado más probable.
De tal forma que, la costumbre y tradición de la civilización romana trascendería como la primeras normas o reglas que debían de respetarse desde la honorabilidad y el respeto de la palabra del hombre, no obstante, con el pasar de los años cada nación ha legislado según preceptos jurídicos que se adecuan a las costumbres, tradiciones y conductas de los miembros de su sociedad, conforme cambia y evoluciona el comportamiento de la misma, las normas reguladoras han debido adaptarse para satisfacer las necesidades humanas de ofrecer justicia y paz para una sana
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convivencia en sociedad.
Entonces bien, desde su génesis el Derecho busca regular la conducta del hombre, a fin de garantizar la justicia transparente y equitativa evitando los conflictos resultantes de la naturaleza propia del ser humano. En aras siempre de erradicar la anarquía e impulsar el progreso y desarrollo de cada nación a través del Estado y sus 5 poderes a fin de constituir un Estado social de justicia y de Derecho.
Dentro del objeto de estudio del derecho recae inminentemente el presupuesto nacional, como medio de cumplimiento y distribución de las riquezas del Estado; Estado que como bien lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 2, es un Estado Democrático, Social, de justicia y de derecho.
La separación de poderes, dentro de cada Estado conformado, responde a la búsqueda de equilibrio social, económico y político. Este principio se materializa, cuando la función jurisdiccional es ejercida a través de órganos especiales del Estado diferentes a los órganos que ejercen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Así mismo, para que exista separación de poderes la neutralidad judicial no pueda ponerse en tela de juicio a través de una vinculación personal entre los sujetos que ejercen la justicia y aquellos que ejercen la legislación y la ejecución. Teniendo señalado que este principio exige que cada uno de aquellos que lo configuran tengan atribuido un determinado núcleo funcional en el que no sean permisibles intromisiones de terceros.
De tal forma que, no se concibe un Estado sin que en sus bases constitucionales se contemple la división del poder unido a la legalidad, como presupuesto de la actuación estatal, y a la responsabilidad del Estado, hoy llevada a su máxima expresión, pues se le reconoce no sólo ante las actuaciones ilícitas, como se exige para los particulares, sino por la actividad legal, cuando ella conlleve una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas.
El Poder Judicial constituye un órgano cuyo fin es el de administrar la justicia, así pues, el texto constitucional señala su estructura y sus funciones entre otros aspectos fundamentales; sus competencias están establecidas en el Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en el cual se establece que aquellos órganos que forman parte del Poder Judicial se encargan de conocer las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que expresan las leyes, además de ejecutar y hacer ejecutar sus sentencias.
El desarrollo económico y social son una de las responsabilidades esenciales del Estado; este se basa en un sistema de planificación que está constituido por diversos instrumentos, donde cada uno desempeña una función específica, suplementaria con las demás; y que le atañe la consecución de los planes de largo y mediano plazo. Uno de los componentes de esta planificación es el presupuesto del sector público, a través
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del cual se pretende la definición concreta y la realización de los objetivos de dicho sector.
Al convertirse en una parte esencial del Estado, el presupuesto se manifiesta a través de una ley, de ahí que, para su elaboración y aprobación se deban cumplir una serie de requisitos exigidos por nuestra carta magna, permitiendo así regular los ingresos y gastos de los distintos poderes del Estado.
Ahora bien, ante tal situación en Venezuela, con respecto a que el Ejecutivo, quien está obligado a someter ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al año 2017, para su discusión y sanción, proyecto el cual debió haber sido presentado a referido Poder Legislativo antes del 15 de Octubre del año 2016, pero que a pesar de lo que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 187.5 y 313, decidió acudir ante la Sala Constitucional para presentar ante este órgano referida Ley de Presupuesto, atribuyéndose la Sala constitucional competencia para ejercer el control del proceso presupuestario, sin que entre sus funciones se encuentre tal facultad.
Por esta razón, el objeto de estudio de esta investigación se sitúa en la problemática resultante de la competencia del poder judicial para la aprobación de la ley de presupuesto en Venezuela, partiendo desde el estudio de preceptos como la separación, hasta analizar las competencias del Tribunal Supremo de Justicia y el presupuesto nacional.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar la competencia del Poder Judicial para la aprobación de la Ley de Presupuesto en Venezuela.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar los principios de separación e independencia de los poderes en la doctrina venezolana.
Analizar la Integración, composición y competencias del Tribunal Supremo de Justicia.
Analizar las formalidades para la creación y aprobación del Presupuesto Nacional Venezolano.
Analizar la aprobación del Presupuesto Nacional Venezolano desde el punto de vista Jurisprudencial.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación desarrolla el análisis de la competencia del Poder Judicial para la aprobación de la Ley de Presupuesto en Venezuela, partiendo desde el estudio de la separación de poderes, las competencias del tribunal, los requisitos para la creación del Presupuesto Nacional y finalmente la aprobación del mismo.
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Desde la perspectiva teórica, esta investigación se fundamenta de acuerdo a los aportes que brinda, a fin de generar contribuciones relacionadas con la categoría de estudio, es decir, la competencia del Poder Judicial para la aprobación de la Ley de Presupuesto en Venezuela; Lo cual representa un aporte de datos existente en la misma, a través de un conjunto de teorías legales, doctrinarias y jurisprudenciales que permiten conocer a profundidad la temática planteada y enriquece el conocimiento para futuras investigaciones.
Por otra parte, desde la perspectiva social, el presente trabajo de investigación tiene relevancia, pues le permite a la sociedad en general conocer lo referente a la aprobación del presupuesto de la República, tema de destacada importancia para todos los ciudadanos. Así mismo, esta investigación está dirigida a profesionales y estudiantes de las ciencias jurídicas y políticas, como guía, apoyo y soporte teórico para investigaciones relacionadas.
Con respecto al aspecto metodológico, se utiliza una serie de técnicas o instrumentos de recolección de datos denominado guía de observación documental, los cuales están relacionados con la organización del proceso de investigación, permitiendo mejor control de su análisis, presentación y conclusión. Lo que permitirá estructurar la investigación y obtener resultados confiables y específicos para dar respuesta a cada objetivo plateado en la presente investigación.
4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se realizará en la legislación venezolana, extendiendo la validez de sus resultados al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en el período comprendido entre el mes de Enero hasta el mes de Diciembre del año 2017.
Así mismo, se encuentra delimitada dentro del área del Derecho Constitucional, sustentando el estudio con doctrinas de diversos autores como, García (1981), Valles (2008), Brewer (2003), Blanco (2016), Rivera (2007), entre otros, y los basamentos legales extraídos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010).
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia y Tecnología del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, todo proyecto de investigación realizado en el área de pre y postgrado, debe dársele pertinencia y vigencia enmarcada dentro de la Ley del Plan de la Patria (2013-2019). De manera que, el presente estudio guarda estrecha relación con el gran objetivo histórico 1° que dispone, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que se ha reconquistado después de 200 años: la independencia nacional.
En ese mismo orden de ideas, se encuentra enmarcada en el objetivo nacional 1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional, dentro del objetivo estratégico y general 1.3.10. Que señala, mejorar y promover la
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eficiencia de la gestión fiscal del sector público para generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el impacto económico y social de la política fiscal, dentro del su objetivo 1.3.10.5. Diseñar la planificación de la inversión pública para el ejercicio del presupuesto anual, con el fin de dar consistencia a la política fiscal con los objetivos económicos y sociales de la Nación.
Así pues, claramente esta investigación guarda relación con los objetivos ya mencionado, a fin de reguardar el patrimonio nacional de Estado e impulsar el progreso, crecimiento y baluarte de la nación. Siendo el presupuesto elemento indispensable y de necesaria restricción y orden para lograr el desarrollo del país.
