8 CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
El presente capitulo que fundamenta esta investigación proporcionará un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitirán abordar el problema. Tratando de integrarlo dentro de un conjunto de conocimientos, que permita orientar la búsqueda y de esta manera ofrecer una conceptualización adecuada de los términos utilizados.
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
A continuación se presentan una serie de estudios que sirvieron de apoyo para la realización de la presente investigación.
Rincón (2012), realizó una investigación denominada “Programas de ajuste estructural, paradigmas de política económica y modelos de desarrollo en América Latina: un análisis crítico. Países Andinos. Período 1980-2000”, para optar al título de Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia. El objetivo de este estudio fue evaluar los paradigmas de política económica de los programas de ajuste estructural, su incidencia en la construcción del modelo de desarrollo neoliberal en los países andinos, durante el período 1980-2000, para elaborar una análisis crítico y debatir sobre la necesidad de una nueva agenda y/o modelo desarrollo post- neoliberal y, su impacto en la concepción de la economía, para América Latina, en el siglo XXI.
Se utilizó como metodología la interpretación, a partir de la revisión bibliográfica, bajo la perspectiva epistemológica de la hermenéutica crítica y la teoría crítica desde el pensamiento crítico latinoamericano y la economía crítica. La tesis central de esta investigación sostiene que los programas de ajuste estructural aplicados en los países latinoamericanos y, en particular, en los países andinos, estaban influenciados por los paradigmas de política económica de tendencia ideológica neoliberal y/o neoconservadora y tenían como propósito, a mediano y largo plazo, transformar el modelo de desarrollo en América Latina, para profundizar o establecer una economía más centrada en el mercado y menos en el Estado. Se señala que los resultados de la implementación del modelo de desarrollo y la política económica neoliberal tuvieron un “saldo” negativo en términos económicos, sociales, políticos, ecológicos, culturales y de los derechos humanos.
Se concluye que la lección dejada por los resultados y crisis del paradigma neoliberal, evidencia la necesidad de encuadrar las políticas públicas, en América Latina, contemplando como elemento de base la historia propia del subcontinente; la experiencia nos indica que los modelos económicos foráneos sugeridos por la tecnocracia y grupos de asesores provenientes de organismos financieros internacionales, no pueden ser implementados, ni traspasados de una realidad a otra, sin un previo análisis crítico. Se propone la revitalización del pensamiento latino americano, la renovación del “Otro Desarrollo” y la construcción de “Otra Economía ”.
Del mismo modo, Artés (2005), desarrolló una investigación titulada:
Política económica y mayorías parlamentarias. La misma se realizó para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho. Dicho estudio tuvo como propósito averiguar si las propuestas de los partidos políticos españoles en materia económica son racionales y consistentes con su ideología y en segundo lugar si se llevan a cabo una vez en el poder. Y relacionado con lo anterior, cómo afecta el hecho de formar un gobierno minoritario o un gobierno de
mayoría absoluta a la capacidad de los partidos de llevar a cabo sus propuestas económicas.
Para lograr esos objetivos se ha utilizado como método el estudio estadístico del contenido económico de los programas electorales. Se han seleccionado las promesas electorales de contenido económico de los programas electorales de los partidos españoles. Cada promesa se ha codificado en función de una serie de variables que permiten conocer el perfil ideológico de la promesa, los medios de actuación requeridos para su cumplimiento y si éste se produjo o no. Posteriormente se han aplicado diversas técnicas estadísticas complementarias para extraer la mayor información posible de la base de datos de promesas electorales. En concreto se han utilizado dos técnicas de análisis multivariante complementarias: el análisis de correspondencias múltiples y el análisis cluster.
Estas técnicas permiten identificar los principales objetivos e instrumentos de política económica con que cuentan los partidos políticos españoles y evaluar el grado de eficacia en el logro de esos objetivos. La metodología seguida permite también contrastar diversas hipótesis de alcance general sobre el comportamiento de los partidos basadas en la racionalidad de su actuación, y en concreto en tres ámbitos relacionados:
Teoría de Coaliciones Políticas, Teoría Espacial del Comportamiento Político y Teoría del Mandato Electoral.
Por otro lado, Prates (2001), realizó una investigación denominada
“Un estudio empírico de los ciclos político-económicos de Brasil”, para optar al título de Máster en Economía de Economía de la Universidad Federal Institución de Rio Grande do Sul School of Economics. El propósito fundamental de este estudio, fue determinar que las fluctuaciones económicas se explican por el calendario electoral. Sabiendo que la situación económica tiene una gran influencia sobre la decisión de voto de los
electores, los gobiernos manipular la política económica para maximizar las posibilidades de victoria del candidato del gobierno.
Los estudios empíricos tratado de confirmar esta hipótesis encontraron evidencia de oportunismo político en ambas variables macroeconómicas como los instrumentos de la política económica. Autorregresivo Esta tesis tiene como objetivo poner a prueba la hipótesis de oportunismo político en las variables macroeconómicas en los instrumentos de la política fiscal y las tasas de interés en Brasil entre 1980 y 2000. Proceder a las pruebas econométricas se utilizará integrado en movimiento modelos de promedio (ARIMA) con variables ficticias de intercepción en los meses previos a las elecciones. Los resultados apoyan la hipótesis de oportunismo político en la tasa de inflación y el gasto total del gobierno federal.
Así mismo, Filgueiras (2007), realizó una investigación denominada
“Targeted ajuste fiscal y la política social: las dos caras del gobierno de Lula, para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Bahía (UFBA). El propósito fundamental de la investigación fue analizar la naturaleza y las características principales de la política social del gobierno de Lula, lo que evidencia su estrecha relación con la política económica liberal ortodoxa heredada del gobierno anterior como un "legado maldito", pero mantenido y ampliado por el nuevo gobierno.
Por lo tanto, en lugar de examinar todos los detalles y las dimensiones de la política social, el objetivo es comprender su contenido y una mayor importancia política y económica, a partir de qué es lo que define el centro y políticamente, incluso en términos simbólicos, que es la siguiente: el programa contra la pobreza centrado llamado Bolsa Familia.
En este sentido, Matono (2014) realizó un Trabajo de Grado titulado,
“Agotamiento de la norma de Acumulación de Capital y Política Económica de Brasil”, para optar al titulo de Máster en Economía de la Universidad Federal de Uberlandia de Brasil. La investigación tuvo como objetivo
demostrar que el agotamiento de los patrones de acumulación capital, que está mostrando sus primeras señales desde finales de 1960, ejercido y continúa ejerciendo una función importante en los acontecimientos de política económica Brasil. A través del primer capítulo, se ha establecido un referencia sobre lo que entendemos por el patrón de acumulación del período post – Segundo Guerra, y cómo el proceso de la reproducción ampliada del capital en sí conduce a su agotamiento.
Por lo tanto, en centrarse posteriormente capítulos destacan la importancia en los mome ntos de cansancio que consideramos los más relevantes de La política económica brasileña. Desde IIPND, en el que aparecen los primeros síntomas influencia de agotamiento en la economía sujetadores ileira, a través de los planes de estabilización de los años 1980 y 1990 y la aparición de pro Estado - mercado en el país, hasta la década de 2000, cuando el trípode macroeconómico está configurado como una forma de delimitar la conducción de la política económica del país, se mostro el agotamiento siempre tuvo una gran relevancia.
Bajo estas premisas, Silveira (2007) elaboro una investigación denominada, “ECONOMÍA Y POLÍTICA EN PROCESO el financiamiento de BRASIL” (1980-2006) para optar al título de Doctor en Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. El tema de esta investigación es la manifestación de la globalización financiera en Brasil, teniendo como objetivo principal el estudio del proceso de redefinición de la hegemonía, que implica la identificación de la fracción de clase hegemónica dentro de la clase dominante y el momento histórico en el que se da cuenta de esta redefinición.
Las principales herramientas lógicas y conceptuales para apoyar la realización de la investigación fueron, en primer lugar, la economía política marxista, con una teoría especial énfasis de la globalización financiera liderados por Chesnais y en el campo de la teoría política, el concepto de poulantziano hegemonía. El estudio de la hegemonía de Brasil, inspirado en,
sobre todo en el esquema de la metodología sugerida por SAES Decio (2001), se basó en la política económica y los principales "reformas"
presentado por el gobierno de Brasil en el período 1980-2006. La encuesta nos permite evaluar aspectos de financiación de la economía brasileña y los impactos importantes de la redefinición la hegemonía de la clase dominante, la redistribución estructural de la riqueza producida por los trabajadores en Brasil.
La investigación concluye que la fracción hegemónica actualmente usted dentro del bloque de poder de la sociedad brasileña es la oligarquía financiera internacional, que tiene una composición híbrida, que se compone principalmente de un lado, los llamados "inversores institucionales", y en segundo lugar, el gran capital bancario internacional. Esta oligarquía es presentada en la vida política nacional a través de un segmento empresarial extranjera, compuesta principalmente dependiente de esta oligarquía brasileña. También concluye que el símbolo de la victoria política de la nueva fracción hegemónica, en Brasil, fue la destitución del presidente Collor en 1992, y fue a partir de 1999 que la política económica del Estado brasileño pasó a ser plenamente en sintonía con intereses de la oligarquía financiera internacional.
El aporte de dichos trabajos de investigación, se refleja en la vinculación directa de los temas tratados y las categorías que sirven como base de la presente investigación enriqueciéndolas y sirviendo como referencia importante para llevar a cabo el análisis y el desarrollo de los objetivos, permitiendo profundizar en aspectos del mismo como la Política Económica y El Fondo Monetario Internacional de Brasil.
2. BASES TEÓRICAS.
Para una mejor comprensión acerca de los aspectos relacionados directamente con la investigación, a continuación se presentan algunas teorías que fundamentan el estudio.
2.1. LA POLÍTICA ECONÓMICA
Tomando en cuenta lo mencionado por Lichtensztejn (2008), las versiones más tradicionales convienen en definir a la Política Económica como aquellas decisiones que con arreglo a fines u objetivos económicos dados, se circunscriben a la manipulación de determinados instrumentos.
Estas versiones establecen como relación dominante del objeto de la Política Económica que se establece entre las categorías b (medios) y c (objetivos) antes mencionadas. La Política Económica se conceptualiza, por lo tanto, por los modos de operar o emplear los mecanismos que caracterizan las decisiones adoptadas en la búsqueda de ciertos objetivos. Un par de ejemplos ilustran esta conceptualización: aumentar el IVA a productos suntuarios (instrumento) a efectos de reducir el déficit fiscal (objetivo) o restringir la masa monetaria (instrumento) para evitar un alza inflacionaria de los precios (objetivo).
Este tipo de posiciones se observa en la definición de Jan Tinbergen citado por Lichtensztejn (2008), por la cual la Política Económica consiste en la “manipulación deliberada de ciertos medios con el objeto de alcanzar ciertos fines económicos” Tinbergen (1961). Corresponde destacar que J.
Tinbergen (Premio Nobel en 1969) es reconocido como el autor original de una formalización teórica de la Política Económica que se inició a mediados del siglo pasado y a los que, entre otros, se asocian autores anglosajones como Ragmar Frisch (también laureado con el Premio Nobel) y Edgard H.
Theil, así como Jean Saint Geours y Jean Meynaud de la escuela francesa.
Por cierto, este último autor define la Política Económica “como las
intervenciones del Estado en la administración de los recursos escasos”
Meynaud (1961), citado por Lichtensztejn (2008). Esta última versión es tributaria de la conocida definición de la economía de L. Robbins por la cual esta disciplina se caracteriza por la relación medios escasos-fines múltiples.
Cabe señalar que las categorías a (poder de decisión) y d (destinatarios de las decisiones) parecen omitirse en esta conceptualización.
Sin embargo, si bien estas categorías no se explicitan en la definición, ello no significa que no estén consideradas implícitamente. En efecto, las prácticas instrumentales (el aumento del IVA a productos suntuarios y la restricción de la masa monetaria, en los ejemplos brindados) deben entenderse que comprenden y son propiciadas por organismos estatales competentes. En tanto, los objetivos perseguidos en dichos casos (reducción del déficit fiscal y frenar la inflación) se entienden que están dirigidos a beneficiar a la sociedad.
En suma, en estas definiciones del objeto de la Política Económica, el poder de decisión se resume en la capacidad de manejo de ciertas variables como instrumentos. Lo social, por su parte, está comprendido y se simboliza en la optimización de ciertos objetivos económicos que son admitidos como fines globales de la sociedad como un todo. De tal modo que la interrogante decisiva que define a la Política Económica desde este punto de vista, es el cómo puede el Estado alcanzar el cumplimiento de ciertos objetivos.
Otro tipo de definiciones sobre el objeto de la Política Económica según Lichtensztejn (2008), son las que destacan prioritariamente el carácter político-social de las relaciones que distinguen su contenido. Es así que hay autores que las conceptualizan como “las acciones de entes sociales sobre otros referidos a lo económico” Lessa (1970). O como “la definición y administración del poder que la sociedad otorga a las autoridades públicas
para restringir o acondicionar conductas de los agentes en las actividades económicas” Sierra (1971). Ambos citados por Lichtensztejn (2008).
Este tipo de conceptualización también se adopta cuando se observa la Política Económica como “un juego dinámico entre autoridades económicas y los agentes privados considerados ambos como decisores racionales” 1998. Si nos remitimos a los ejemplos ya indicados, el aumento del IVA a productos suntuarios se vería como una decisión impulsada por la Secretaría de Hacienda para incrementar la presión fiscal a los sectores de mayores ingresos. En cuanto a la medida de restringir la masa monetaria, se vería como una decisión del Banco Central que pretende acotar la gestión crediticia de los bancos. A la inversa de las posiciones convencionales, en estas versiones, la Política Económica confluye a ser conceptualizada como relaciones que se entablan entre fuerzas y agentes sociales en un campo de poder por necesidades de orden económico.
Así mismo según Lichtensztejn (2008), la relación que se señala como más relevante es la que se establece entre las categorías que se denominaron como a (poder de decisión) y d (destinatarios de las decisiones). Los instrumentos o medios están implícitos en la competencia o autoridad de los centros de decisión, mientras los objetivos perseguidos se perciben mediante los actores o agentes a los que se dirigen las acciones emprendidas. En última instancia, la operación entre medios y fines se entiende como un reflejo o una pro yección de relaciones sociales que se materializan o legitiman en el nivel político y en los aparatos de decisión.
Bajo esta concepción, el aspecto principal que define a la Política Económica gira en torno a las condicionantes y apoyaturas sociales que la vuelven políticamente viable. La cuestión principal pasa a ser entonces quiénes participan en la Política Económica y para quiénes se aplica.
2.1.1. CATEGORÍAS QUE SE CONSIDERAN BÁSICAS EN LA POLITICA ECONOMICA
De todo lo anterior se desprende que hay dos aproximaciones diferentes al objeto o contenido de la Política Económica. Simplificando se podría decir que, por un lado, hay una visión básicamente económica mientras, por el otro, se aplica una óptica preponderantemente política. En este trabajo específicamente según Lichtensztejn (2008), se concilian estas dos conceptualizaciones, pero desde otro ángulo.
Eso es posible en la medida que se adopte otra relación dominante en el contenido de la Política Económica. Para ello las categorías que se consideran básicas en la Política Económica son el poder o los poderes de decisión (a) y los objetivos que se persiguen (c). Respecto a la primera categoría no hay duda de que la máxima expresión del poder de decisión lo constituye el Estado, sea por sus autoridades ejecutivas, otros organismos públicos o, en ciertos casos, el Poder Legislativo. Pero si se admite que la Política Económica responde sustancialmente a un conjunto de prácticas sociales de poder, entonces no cabe reducir el poder de decisión al Estado como único protagonista político, sino que hay que enmarcar y conjugar sus acciones dentro del sistema de relaciones de poder que caracterizan a la sociedad.
En lo referente a los objetivos que se persiguen, éstos merecen una especial consideración ya que en ellos están las claves fundamentales del porqué económico y político de las acciones adoptadas por la política económica.
En primer lugar, la consideración de que la instancia estatal o autoridad que toma decisiones lo hace con referencia a la solución de una problemática económica no es una afirmación tautológica ni trivial, sino que constituye uno de los aspectos fundamentales que caracteriza lo esencial de
sus objetivos. Para reconocer a la Política Económica como una esfera específica de estudio y conocimientos es imprescindible observarla como aquellas acciones dirigidas a corregir o regular fluctuaciones en el funcionamiento económico de una sociedad dada, ya sea alterándolo, conservándolo o reforzándolo. Conviene advertir que no es inherente a estos objetivos la búsqueda de una consolidación del sistema de relaciones económicas vigentes, sino que puede caber que la Política Económica procure, con diversos matices, su relativa modificación (cambios estructura les en la propiedad, cambio de prioridades sectoriales, por ejemplo).
Basado en Lichtensztejn (2008), el contenido manifiesto de la Política Económica, su explicitación dominante como voluntad del poder político, cualquiera que sea su expresión institucional o social, se encuentra por lo tanto en los objetivos económicos realmente buscados. Dígase de paso que éstos no siempre coinciden con los que las autoridades enuncian. Salvo los objetivos, ninguna otra categoría de la Política Económica, puede dar cuenta de la dirección y objeto económico de la decisión o decisiones adoptadas.
Por ejemplo, no contribuye a la especificidad de la Política Económica calificar como económicos los medios o instrumentos empleados en la misma.
Los objetivos económicos no son tales porque se procuren mediante medios económicos. En ese sentido, se considera errónea la opinión de un autor como J. H. Seraphim cuando asevera que “el poder político del Estado es poder económico cuando los fines políticos de la sociedad que se dispone a imponer se alcanzan con medios económicos, es decir, cuando emplea – aprovechando poderes inmanentes– agregados exteriores de poder de naturaleza esencialmente económica Seraphim, 1961. Citado por Lichtensztejn (2008),
Por supuesto, y no cabe la menor duda, que la mayor parte de los medios o instrumentos de los que se vale la Política Económica son de carácter económico (tasa de interés, tipo de cambio, salarios, impuestos, etc.). Pero ello no impide incluir entre los instrumentos disponibles aquellos que no reúnen ese carácter. A título de ilustración, los recursos como la represión y el encarcelamiento, tradicionalmente aplicados en la esfera penal y política, no hacen perder la calidad económica a los objetivos fiscales que una Política Económica pudiera perseguir mediante su empleo contra evasores, defraudadores de impuestos o contrabandistas.
En una palabra, una Política Económica no se define por los instrumentos manipulados sino a la inversa: son los objetivos económicos de ella los que otorgan el carácter o naturaleza instrumental a ciertos procedimientos o mecanismos utilizados para su obtención.
La Política Económica, como se señaló, sólo puede ser entendida como la formulación de decisiones emanadas de un poder o poderes políticos constituidos. Teniendo en cuenta lo anterior, aunque la especificidad de la Política Económica está representada por la búsqueda de objetivos de carácter económico, es imposible eludir que esos propósitos están simultánea e íntimamente comprometidos con la protección de la estructura o la cohesión de dicho poder político y la hegemonía social que la sustenta.
Consecuente con este razonamiento, es de toda lógica comprender que si con los objetivos económicos se propende a superar o atenuar una problemática económica, a la vez, la Política Económica está integrando en forma indisoluble el objetivo político de preservar el sistema político.
2.1.2. OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA
En consecuencia y citando a Lichtensztejn (2008), los objetivos de la Política Económica, que son los que singularizan esta disciplina se distinguen por dos razones mancomunadas. Por un lado, su papel atenuador
o regulador de ciertos problemas económicos (su aspecto explícito y dominante) y, por el otro, el de salvaguardar –dentro de ciertos límites– la cohesión política del sistema de poder de las que emanan las decisiones (su aspecto implícito o subyacente). La especificidad de la Política Económica se establece desde el momento en que esta disciplina comprende tanto los objetivos económicos que se pretenden alcanzar como esa clase de objetivos políticos.
En resumen, el objeto de la política económica, su singularidad como disciplina radica en entenderla como un conjunto de prácticas sociales de poder cuyos propósitos explícitos son económicos y cuya finalidad implícita consiste en proteger una determinada hegemonía y estructura de poder.
2.1.3. GRANDES SUPUESTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LOS ENFOQUES RESULTANTES
En los puntos anteriores se expusieron las distintas posturas respecto a los conocimientos que brinda la Política Económica. En su fundamentación hubo que incursionar sobre determinados supuestos teóricos-ideológicos de dichas posiciones. En este sentido y según Lichtensztejn (2008), se trata de profundizar en algunos de esos supuestos priorizando aquellos que dan sustento a las teorías sobre el propio funcionamiento del sistema económico.
Estos supuestos teóricos, como hipótesis previas, se caracterizan porque los mismos permiten inferir el enfoque que la Política Económica asume respecto a las condiciones de equilibrio y estabilidad del sistema económico.
La selección de los supuestos teóricos de la Política Económica sería muy trabajoso si acaso se tratase de involucrar a todos y cada uno de dichos supuestos. Por esa razón, en este capítulo sólo se manejarán dos grandes supuestos que se refieren al grado de autonomía del Estado y al tipo de funcionamiento del mercado. Esta forma de encarar los supuestos teóricos, aparentemente, puede percibirse como muy parcial y simplificada. Inc lusive
puede ser vista como demasiado esquemática. Empero, lo que resulta revelador es que, sin excepción, los estudios de la Política Económica pasan inevitablemente por sustentar un juicio explícito o implícito sobre su visión del Estado y el mercado.
En el fondo, esto responde a que los supuestos sobre estas dos grandes categorías tienen una muy alta significación en la construcción de los enfoques teóricos de la Política Económica, puesto que constituyen la matriz conceptual que integra lo político con lo económico, como surge del diagrama, que resume los distintos enfoques que se exponen a continuación.
DIAGRAMA # 1
Fuente: Lichtensztejn (2008)
2.1.3.1. SUPUESTOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE DE EQUILIBRIO CON ESTABILIDAD
Según Lichtensztejn (2008), el supuesto fundamental sobre el Estado en este enfoque radica en la creencia de que el mismo ejerce una autonomía plena y absoluta en la toma de decisiones. Este punto de vista de autonomía absoluta convierte el vínculo del Estado y la sociedad en relaciones entre un ente que es sujeto de las prácticas del poder y un colectivo de actores privados que son el objeto de esas decisiones. El Estado expresa el interés general mediante una hegemonía legitimada que se impone a los distintos agentes de la sociedad. Esto significa que el Estado institucionaliza un resultado representativo de los intereses individuales; constituye una expresión neutral de la voluntad y el interés común agregado.
Este tipo de supuesto da a entender que hay una sociedad que toma decisiones, en una posición pasiva de los agentes o individuos que la componen. Una versión más actualizada admite que esa pasividad puede no ser tal y que hay reacciones de los actores privados que demuestra la existencia de comportamientos menos estáticos. Pero aun en ese caso, nunca se llega al extremo de admitirles un poder propio o una capacidad de limitar la autonomía de decisión del Estado. Es conveniente subrayar que la plena autonomía que se reconoce al Estado no es sinónimo de intervencionismo activo del mismo. Al contrario, estas posiciones defienden en general una filosofía liberal. Por lo que a ese respecto, salvo ciertas situaciones, no se le reconoce al Estado una participación importante mediante su política económica.
Por su parte y según Lichtensztejn (2008), la versión más tradicional del mercado bajo este enfoque es la de un colectivo de agentes privados que actúan en forma atomizada, lo que implica incapacidad de esos agentes para influir sobre los precios de los bienes y servicios. Los ofertantes y
demandantes se ven como un universo atomizado, sea con expectativas y comportamientos adaptados al pasado o proyectados hacia el futuro. Los óptimos en el mercado consisten siempre en maximizar las funciones individuales de utilidad y el punto de equilibrio radica en la igualdad entre ofertas y demandas.
La competencia perfecta tiene algunas otras características que, se admite, no se cumplen en su totalidad. Esas características atañen principalmente a la transparencia en materia de información, libre entrada y salida del mercado y homogeneidad en los bienes y servicios que se transan.
Ello no impide que, analíticamente, en este tipo de enfoque, el funcionamiento del mercado se siga manejando bajo la forma de competencia perfecta.
Como una acción de conjunto, a los ofertantes y demandantes del mercado se le puede reconocer el carácter de “fuerzas del mercado”. Pero aun así, en ningún caso, se admite que constituyan en sí núcleos de poder que influyan en los precios de equilibrio de los distintos mercados de bienes, del trabajo (salarios), de divisas (tipo de cambio) o el monetario (tasa de interés). Si se comparan estos grandes supuestos sobre el Estado y el mercado, surge una cierta analogía en la forma de concebir la sociedad. En efecto, en el primero, la sociedad se ve como agente pasivo ante el poder estatal. En el mercado, la sociedad se muestra como agente atomizado de oferta y demanda sin poder para manipular los precios.
Según Lichtensztejn (2008), no debe llamar la atención que autores como Milton y Rose Friedman aseveren que el “sistema político” sea tratado como el sistema económico. Ambos sistemas son concebidos por estos autores “como mercados en los que el resultado es determinado por la interacción entre personas que persiguen sus propios inte reses” [Friedman y
Friedman, 1980]. Todo lo cual garantiza un equilibrio general o macroeconómico con estabilidad en la dinámica de sus grandes variables.
En particular, el concepto de equilibrio general en el mercado tiene distintas raíces, según las teorías que la adoptan. Brevemente, para los neoclásicos el equilibrio general del mercado implica los equilibrios parciales en los distintos mercados de bienes y servicios en competencia perfecta y presupone la convergencia entre oferta y demanda y la maximización de las utilidades de los distintos agentes. En los keynesianos, el equilibrio –que no es garantía de pleno empleo– se sintetiza en la igualdad ex-ante al ahorro y la inversión. Para los neomonetaristas, el logro del equilibrio deriva de la apertura e integración de los mercados nacionales a los mercados competitivos internacionales y la vigencia de las ventajas comparativas por la cual los precios internos tienden a estar determinados por el sistema de precios en escala internacional.
La estabilidad económica y financiera, por su parte, se establece en la medida que los mercados en competencia reflejan como óptimo un nivel general de precios estables, o sea, sin inflación. La condición de estabilidad se liga también a las pautas de distribución del ingreso y su determinación a partir de una frontera de remuneraciones de factores que depende de su productividad (o del nivel de empleo, según la Ley de Phillips reintroducida por el neomonetarismo). El enfoque de equilibrio con estabilidad al que propende la PE es el resultado, en consecuencia, de una concepción de autonomía plena del Estado y un funcionamiento generalizado de competencia perfecta en los mercados de bienes y servicios, de factores productivos y del dinero y, por ende, en el nivel general macroeconómico.
El Estado tiende a imponerse neutralmente como una expresión impersonal de la voluntad y el interés común representativo de los intereses individuales que emanan del mercado. El enfoque de la Política Económica
es el resultado de combinar esas hipótesis básicas y aproximar la realidad a un modelo ideal o sub ideal de funcionamiento equilibrado y estable del sistema económico. La afirmación de que puede ser subideal, surge de tomar en cuenta las proposiciones teóricas de los economistas del bienestar en cuanto a reemplazar los objetivos óptimos de la “política económica por los más realistas o segundo mejor”, Lipsey y Lancaster (1956), citado por Lichtensztejn (2008).
Según este enfoque de equilibrio estable, los ciclos o ajustes en la Política Económica pasan a observarse como aproximaciones sucesivas de perfeccionamiento o normalización de equivocadas experiencias, buscando que vuelvan a regir los equilibrios y la estabilización macroeconómicos. Para ello, llegado el caso, se vuelve necesario que el ajuste se haga prioritariamente por autorregulación de los mercados prescindiendo de la intervención estatal (por ejemplo, abandono de los controles o subsidios en el sistema de precios) o mediante intervenciones puntuales del Estado con vistas a restaurar o perfeccionar las condiciones de libre competencia que pudiesen estar comprometidas por prácticas oligopólicas o monopólicas de las empresas, o de origen sindical por parte de los trabajadores.
2.1.3.2 SUPUESTOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE DE EQUILIBRIO CON INESTABILIDAD
Pese a la gravitación que debe reconocerse a los dos enfoques anteriores, hay una posición alternativa que pretende asumir supuestos más realistas y renovadores manera en que se ve la política económica. Este enfoque alternativo es denominado como equilibrio con inestabilidad. Este concepto se aproxima a lo que otros autores han definido como “condiciones de un equilibrio de fuerzas, que es un estado meta estable” Aglietta (1979) citado por Lichtensztejn (2008),
Esa posición alternativa se opone, desde un principio, a admitir un concepto de Estado por encima de las clases sociales y tampoco lo reconoce como el poder absoluto de un grupo social dominante. La hipótesis que se maneja es la de una autonomía relativa del Estado, tanto en escala nacional como internacional. Para despejar una duda que, por lo general, provoca este concepto, debe subrayarse que el mismo no supone una autonomía neutra del Estado respecto a las relaciones socioeconómicas y al poder innegable de las trasnacionales. El carácter “relativo” de la autonomía estatal no pone en tela de juicio el compromiso que su funcionamiento tiene respecto a la hegemonía de los sectores sociales dominantes en el sistema económico y en las definiciones de la política económica. Pero sí incorpora las complejidades y contradicciones particulares que esa hegemonía asume cuando ésta debe ser conducida y administrada por el Estado mediante diversas formas de mediación.
El supuesto teórico de una autonomía relativa del Estado en la política económica debe verse, en consecuencia, a la luz de las distintas y variables alianzas entre fracciones que constituyen un bloque de poder pero que, llegado el caso, convoca en su apoyo a grupos de los restantes sectores sociales. El desarrollo político de ese bloque de poder en el Estado, otorga a la instancia estatal un papel activo en las articulaciones o mediaciones sociales a que está sometida la política económica, sean estas mediaciones sociales verticales (interclases), horizontales (intraclases) e internacionales.
En los sectores sociales que conforman el bloque de poder cabe mencionar aquéllos en los que se recluta a la tecnoburocracia que se conforma y opera en los aparatos y empresas del propio Estado. Esta fuerza toma cuerpo por el propio ejercicio del poder público en la política económica, tanto en el nivel programático y en el dictado de normas, como en su gestión directa en la esfera productiva. Sin cambiar su naturaleza, la autonomía relativa del Estado adquiere así nuevas formas como
consecuencia del peso, la organización y la participación de los distintos cuerpos burocráticos y empresariales en el seno mismo del Estado.
Un párrafo aparte merece la consideración del efecto de los aspectos internacionales en la autonomía relativa de los Estados nacionales en lo que se refiere específicamente la política económica. El problema que está planteado radica en explorar si la moderna y explosiva expansión de las empresas trasnacionales no tiene como contracara un estrechamiento de los márgenes de maniobra estatal en la política económica y no limita al extremo, por lo tanto, la autonomía relativa del Estado. La originalidad del tema consiste en que esa interrogante es tan válida para los países subdesarrollados como para los desarrollados, dentro de cuyas fronteras se constituyeron primariamente esas empresas trasnacionales.
Profundizar sobre la influencia de las empresas trasnacionales en la autonomía estatal y sus directivas de política económica exige un tratamiento especial que desborda el objeto del presente trabajo. A esta altura, lo que interesa señalar es que la autonomía relativa del Estado no sólo está condicionada por el bloque de poder y las alianzas internas. En las actuales circunstancias, además, se requiere integrar imperativamente las presiones y el poder intrínseco que las empresas trasnacionales ejercen desde dentro o fuera de dicho bloque.
La moderna transnacionalización se ha caracterizado por un proceso de circulación y concentración del capital encabezado por empresas que operan con estrategias mundiales en puntos clave del sistema económico internacional. Esas empresas ejercen un poder significativo por medio del dominio de actividades de vital importancia en los complejos productivos, que se combinan con una creciente disposición y control de recursos financieros de parte de los bancos trasnacionales.
Ese entrelazamiento, cuya organización va más allá de estrictos requisitos tecnológicos y que desborda aun los marcos convencionales de los mercados, tiende a modificar las “relaciones de determinación entre economía y política” en el seno de las formaciones nacionales, Trajtenberg y Vigorito (1981) citado por Lichtensztejn (2008), Más que un movimiento espacial o cuantitativo, la transnacionalización debe considerarse como una tendencia cualitativa que rebasa el concepto de lo nacional al mismo tiempo que, dialécticamente, lo contiene y redefine al modificar las relaciones orgánicas entre la acumulación económica y la hegemonía política en los países.
El capital internacional ya no procede como regla general (como sucedió en el pasado) por suma o conquista mercantil o aprovechamiento de recursos naturales de zonas precapitalistas o atrasadas. Más bien se incorpora a espacios económicos ya dotados de un proceso interno de acumulación. De ahí la importancia de considerar en ese proceso aquellas fuerzas endógenas o sectores sociales internos que, por distintas razones, convocan, estimulan, se asocian o reaccionan ante el avance trasnacional.
En este sentido, el establecimiento de las condiciones generales de inversión según Lichtensztejn (2008), incluso las que involucran al capital trasnacional, no es privativo ni está totalmente determinado por su poder, sean estas condiciones las que deri van de la política salarial, el gasto público, la política monetaria o los lineamientos de la política de comercio exterior. Cabe recordar que estas cuestiones de política económica no sólo amparan objetivos económicos, sino que están conjugadas con objeti vos de hegemonía y cohesión políticas internas. De ahí que los procesos de legitimación, consenso e institucionalización del poder estatal supone siempre litigios y pactos que atraviesan (aunque no se expresen por igual) a todos los sectores sociales y a los propios aparatos del Estado.
Esa trama de relaciones –por excelencia nacionales– impide que el poder trasnacional se transforme por sí y ante sí en poder decisorio en cada nación. En suma, el viejo concepto del Estado nacional –resguardo entre fronteras de intereses locales– tiende a ser superado por la moderna transnacionalización. No obstante, su vigencia histórica subsiste en cuanto materializa en cada momento la heterogénea unidad de las supremacías económicas y políticas internas en cada país. Por lo cual, el Estado nacional retiene una autonomía relativa, aunque cabe admitirlo, muy disminuida.
Con respecto al supuesto teórico sobre el mercado, éste responde a los procesos de mayor concentración económica, a la presencia constante e insoslayable de diversas formas de concentración de poder y control sobre las corrientes de oferta y demanda. Estas concentraciones de poder en el mercado adoptan las formas de monopolios privados y públicos, monopsonios, oligopolios y oligopsonios e, incluso, de competencia monopolista (cuando se trata de poderes que emanan de productos diferenciados por marcas u otras características). Todas estas formas de mercado se puedan agrupar para simplificar bajo la denominación de competencia imperfecta.
Por cierto, estas distintas formas de concentración de poder en el mercado han cambiado en el curso del tiempo. Ya no se trata de procesos pasajeros sino estructurales e internacionales que obedecen al dominio que ciertas empresas tienen sobre la tecnología, los procesos de investigación e innovación, el nivel de información y las finanzas, como una de sus máximas expresiones en la actualidad.
Los estilos que adoptan esas formas de concentración en el mercado utilizan mecanismos novedosos en los últimos años, que se caracterizan por fusiones y megafusiones que centralizan el capital voluntaria o enérgicamente, según los casos. También han aflorado con más fuerza que
en el pasado las formas de asociaciones o acuerdos sólidamente monopólicos, como son los carteles de productores o consumidores de productos básicos o los centros off shore de transacciones financieras auspiciados y protegidos por los bancos trasnacionales.
En este sentido Lichtensztejn (2008), menciona que la condición de inestabilidad a que se hace referencia en este enfoque tiene dos fuentes principales.
• Una está asociada al funcionamiento orgánico del capitalismo, el que no ha sido ni es capaz de asegurar la congruencia y consistencia económica en sus condiciones de desarrollo. Entre otros factores, lo anterior obedece a la heterogeneidad y velocidad que se imprime a los procesos de producción por el avance tecnológico, a la falta de proporcionalidad en los esquemas de inversión y reproducción en el nivel de los sectores productivos y por las desigualdades que se incrementan en la división internacional del trabajo y del capital. En consecuencia, no se observa una tendencia a un crecimiento sostenido, sino a la consecución de ciclos expansivos y de desaceleración económica en los países y en el sistema económico capitalista, como un todo, a las que debe hacer frente la política económica.
• La otra fuente de inestabilidad de la política económica se origina en ausencia de una sustentabilidad social que imprima certidumbre y seguridad al accionar del Estado. Los cambios en la correlación de fuerzas sociales y los grados de concentración del poder económico desplazan continuamente las fronteras o límites en sus decisiones, creando condiciones de crisis y desequilibrios latentes. La falta de autorregulación, control o competencia real en los mercados se expresa en temores y expectativas permanentes respecto a la irrupción de un proceso inflacionario, al aumento del desempleo
y subempleo, así como a la amenaza que se cierne sobre los márgenes mínimos de protección social.
Por lo general, la inestabilidad arriba mencionada no conlleva a desenlaces críticos o colapsos en el manejo de la política económica sino a precarios estadios de equilibrio. La renovación en los resortes del dominio y control capitalista, y los procesos de desvalorización de los capitales que siguen a las crecientes actividades especulativas son elementos que, ciertamente, cumplen la función de contrarrestar relativamente las eventuales crisis del sistema económico y sus repercusiones en la capacidad de maniobra de la política económica.
2.1.3.3 SUPUESTOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE DE DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL CON INESTABILIDAD
En el polo opuesto al punto de vista anterior, se ubica el que subraya Lichtensztejn (2008), un desequilibrio estructural y de inestabilidad del sistema económico que se refleja en la Política Económica. Este enfoque destaca las contradicciones y asimetrías del desarrollo capitalista y de las crisis endógenas que éste sufre periódicamente. El principio motriz que resume las contradicciones inherentes al proceso económico capitalista gira en torno a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia y a los problemas de sobre acumulación a largo plazo.
La agudización crítica del sistema se expresa en fenómenos de concentración interna e internacional, y en severas fluctuaciones en el desarrollo económico y social del sistema capitalista. Cabe señalar que estas fluctuaciones no son ajenas, ciertamente, a la expansión contemporánea y cada vez más dominante de los capitales financieros, los que fomentan burbujas especulativas en los mercados de divisas, valores y en el nivel inmobiliario. La hipótesis de este enfoque respecto al Estado, ya ampliamente tratada en el capítulo anterior, recurre a asignarle un papel no
neutral, al grado de concebirlo como un instrumento al servicio y para beneficio de determinados estratos sociales. Por lo tanto, la autonomía del Estado se considera nula dados los intereses finales que representa.
De tal manera que, a la inversa del enfoque anterior, en éste no se reconoce al Estado como sujeto supremo del poder sino que, en última instancia, son esos grupos sociales los sujetos activos de los procesos político-económicos. Con respecto al concepto de mercado Lichtensztejn (2008), menciona que el supuesto es que constituye un espacio de fuerzas desiguales, en el que se va configurando cada vez más la presencia y dominio nacional e internacional de oligopolios y monopolios, en ocasiones compitiendo, y en muchos casos coaligadas para determinar precios y otras condiciones operativas en los procesos mercantiles y financieros.
Estos grandes supuestos teóricos respecto al mercado y el Estado respaldan un punto de vista en el que surgen claramente como dominantes los atributos de desequilibrio e inestabilidad del sistema económico. Si bien ello es así, este enfoque reconoce que la PE está en condiciones de asumir, en cortos periodos, el cometido de atenuar o regular los desequilibrios e inestabilidades que el desarrollo capitalista expone. Hay momentos en que la PE puede colaborar efectivamente con ese objetivo, alcanzando equilibrios y estabilidades precarias del sistema económico, generalmente a costa de los sectores sociales más débiles y alejados de las estructuras del poder político.
Pero en el fondo, esa pretensión por la que se asigna a la PE una función equilibradora y de arbitraje, tarde o temprano choca, según este enfoque, con las tendencias congénitas del capitalismo, mismas que hacen aflorar sus desequilibrios estructurales. Éstos surgen de la creciente concentración del capital productivo y la proliferación de capitales financieros ficticios, los que traen consigo fenómenos de inestabilidad y de agravamiento de variables económicas y sociales estratégicas (como los niveles de
inflación y de empleo, la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza, por citar los más críticos y sensibles).
2.2. CONSENSO DE WASHINGTON. ORIGEN
Según Williamson (2002), en Noviembre del 1989, se celebro una reunión en Washington D.C. USA. En dicha ocasión asistieron ministros de economía de varios países de Latinoamérica, representantes de varios organismos multilaterales internacionales y altos representantes del gobierno de Estados Unidos. En la misma el economista Britanico John Williamson perteneciente al Peterson Institute for International Economics, presento un documento titulado “What Washington Means by Policy Reform” ( Lo que Washington quiere decir por reforma de la política económica). Dicho documento expresaba lo que Williamson identificó como un “conjunto deseable de reformas de política económica” que habían sido aplicadas como practica convencional en los años ochenta en los países latinoamericanos, y que además eran decididamente respaldadas y apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial(BM). Dicho conjunto de políticas fue conocido desde entonces como Consenso de Washington.
En dicho documento Williamson (1990) sostiene lo siguiente:
“Ninguna declaración acerca de cómo lidiar con la crisis de la deuda en América Latina estaría completa sin un llamado a los deudores para cumplir con su parte del trato propuesto por "el establecimiento de sus casas en orden", llevar a cabo reformas políticas, o sometiéndose a una estricta condicionalidad. La cuestión planteada en este trabajo es lo que estas frases significan, y sobre todo lo que se interpretan generalmente como significado de ellas en Washington”. Más adelante afirma que “el trabajo pretende exponer qué sería considerada en Washington como constitutivos de un conjunto deseable de las reformas de política económica, esto con el propósito importante de establecer una línea de base para medir el grado en que diversos países han puesto en práctica las reformas que se les sugirió”.
En este sentido, según Williamson (1990), continua en su exposición expresando los siguiente: “El documento identifica y analiza 10 instrumentos de política sobre cuyo despliegue adecuado podría ayudar Washington a reunir un grado razonable de consenso. En cada uno caso se realiza un intento de sugerir la amplitud del consenso, y en algunos casos le sugiero maneras en que yo desearía que la opinión de consenso fuera entendida”.
Posteriormente hace una advertencia cuando manifiesta que “El Washington de este trabajo es a la vez el Washington político del Congreso y altos funcionarios de la administración y el Washington tecnocrático de instituciones financieras internacionales, las agencias económicas del gobierno de EE.UU., la Reserva Federal, y los grupos de reflexión”.
Básicamente expone de forma bien explicita lo que el centro de poder más grande del mundo entiende por resolución de problemas económicos mediante reformas de política económica.
Siguiendo en su exposición expresa que “Washington, sin duda tiene una serie de otros problemas en la relación con sus vecinos latinos (y, para el caso, con otros países), además de la promoción de su bienestar económico. Estos incluyen la promoción de la democracia y los derechos humanos, la represión del tráfico de drogas, la preservación del medio ambiente, y control del crecimiento de la población. Pero para bien o para mal, estos objetivos más amplios juegan un papel muy pequeño en la determinación de la actitud de Washington hacia las economía y las políticas que impulsa en América Latina”
De la misma manera sostiene que “El Washington Político esta también, por supuesto, preocupado por los intereses estratégicos y comerciales de los Estados Unidos, pero la creencia general es que estos pudieran ser mejores con el concurso de la prosperidad en la región de los países de América. La más obvia excepción posible a esta armonía percibida de intereses se refiere a los intereses nacionales de EE.UU. en continua
recepción de servicio de la deuda de América Latina. Algunos (pero no todos) creen que esta consideración a tenido que ser importante en la motivación de apoyo de Washington a las políticas de austeridad en América Latina durante la década de 1980”.
2.3. DIEZ PUNTOS CONSIDERADOS COMO REFORMAS DE POL ÍTICA ECONÓMICA.
1) Déficits fiscales.
Tomando en cuenta a Williamson (2002), quien expone antes que nada que Washington cree en la disciplina fiscal. También se dice que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho durante mucho tiempo que la restauración de la disciplina fiscal sea un elemento central de los programas de alta condicionalidad que negocia con sus países miembros que desean pedir prestado. Dicha disciplina está estrechamente relacionada con la disciplina fiscal, dando lugar a múltiples opiniones sobre el tema. Unos opinan que un déficit es aceptable siempre y cuando no desemboque en un incremento del ratio Deuda-PIB; otros defienden que un presupuesto equilibrado, o por lo menos un ratio Deuda-PIB que no aumente, debería ser la norma mínima a medio plazo, pero que los déficit y excedentes a corto plazo alrededor de esa norma deberían ser bien acogidos, ya que contribuyen a la estabilización macroeconómica.
En este sentido, a pesar de las importantes diferencias en la interpretación de la disciplina fiscal, lo importante es que existe un amplio acuerdo en Washington de que grandes déficit fiscales sostenidos son una fuente primaria de la dislocación macroeconómica en las formas de la inflación, los déficit de pagos, y la fuga de capitales. Ellos no son el resultado de cualquier cálculo racional de los beneficios económicos que se espera, pero por la falta de coraje político o la honestidad para que coincida con el gasto público y los recursos disponibles para financiarlas.
2) Prioridades del gasto público
Asi mismo, Williamson (2002) expone que para reducir el déficit presupuestario, Washington optó por reducir los gastos, más que por aumentar la recaudación tributaria. Se contemplaban tres categorías principales de gastos: las subvenciones, la educación y la sanidad. El objetivo de la reforma política respecto al gasto público fue tratar de desviar el gasto improductivo de los subsidios hacia áreas como la sanidad, la educación o las infraestructuras, para poder combatir más eficazmente la pobreza en beneficio de los menos favorecidos. Lo que se persigue es que la reforma de políticas en materia de gasto público sea dirigida para apoyar el cambio del gasto de los subsidios hacia la educación y la salud (especialmente a beneficiar a los desfavorecidos) y la inversión en infraestructura .
3) Reforma Tributaria
De acuerdo con lo dicho en el punto anterior, y a pesar de la existencia de un importante contraste de actitudes por parte de los miembros del Consenso, según Williamson (2002), la mayor recaudación fue considerada por Washington como una alternativa inferior para remediar al déficit presupuestario en comparación con la reducción del gasto público. Sin embargo, la gran mayoría coincidió en que el método más adecuado para incrementar dicha recaudación tributaria hasta un nivel mínimo considerado como necesario consistía en tratar de instaurar una base imponible íntegra y amplia, a la vez que se mantenían unos tipos impositivos marginales moderados. Este principio constituyó la base de la reforma del impuesto sobre la renta realizada en EEUU en 1986.
3) Tasas de Interés
Fundamentalmente Williamson (2002), expone que los tipos de interés debían seguir dos principios fundamentales. En primer lugar, tendrían que ser determinados por el mercado para evitar así una asignación inadecuada de los recursos. En segundo lugar, deberían ser positivos en términos reales para desincentivar las evasiones de capital e incrementar el ahorro. El problema de esta medida reside en la posible contradicción de estos dos principios en época de crisis, como por ejemplo la que afectó al conjunto de América Latina a lo largo de gran parte de los años ochenta. La razón es que en una época de recesión los tipos de interés determinados por el mercado generalmente tienden a ser excesivamente altos.
Posteriormente Williamson (2002), modificaría esta afirmación para decir que los tipos de interés deberían ser positivos, pero moderados, con objeto de estimular la inversión productiva y evitar la amenaza de una explosión de la deuda pública.
5) El Tipo de Cambio .
En este orden de ideas Williamson (2002), explica que a igual que los tipos de interés, tipos de cambio pueden ser determinados por las fuerzas del mercado, o su adecuación puede ser juzgada sobre la base de si su nivel parece coherente con los objetivos macroeconómicos. En el consenso se propuso que los tipos de cambio fueran determinados por las fuerzas del mercado. Sin embargo, la opinión dominante era que más que debatir sobre la forma de determinar el tipo de cambio, resultaba más importante tratar de que éste fuera competitivo. En concreto, hay un apoyo relativamente escaso a la idea de que la liberalización de los flujos de capitales internacionales constituya un objetivo prioritario para un país que debería ser un importador de capital; además, la idea de que tendría que retener su propio ahorro para la inversión nacional fue poco aceptada.
Un tipo de cambio real competitivo es el primer elemento esencial de una política económica “orientada hacia el exterior”, en la cual la restricción de la balanza de pagos se supera básicamente por el crecimiento de las exportaciones más que por la sustitución de las importaciones. En Washington existía la firme convicción de que la orientación hacia el exterior y la expansión de las exportaciones –especialmente el crecimiento de las no tradicionales– eran necesarias para la recuperación de América Latina.
6) Políticas Comerciales
Otro elemento importante que considera Williamson (2002) para una política económica orientada hacia el sector exterior era la liberalización de los aranceles de las importaciones. El acceso a las importaciones de factores de producción intermedios a precios competitivos se consideraba importante para la promoción de las exportaciones, mientras que una política de protección de las industrias nacionales frente a la competencia extranjera se interpretaba como creadora de distorsiones costosas que acababan penalizando las exportaciones y empobreciendo la economía nacional.
A este respecto, se pensaba que lo ideal era una situación en la que el coste en recursos nacionales para generar o ahorrar una unidad de divisa fuera igual entre industrias de exportación e importación en competencia.
Con carácter general, este ideal de libertad comercial esta sujeto a dos requisitos básicos. Primero, la protección sustancial de las industrias nacientes, aunque esta deba ser estrictamente temporal y acompañada de un arancel general moderado como mecanismo para ofrecer una tendencia hacia la diversificación de la base industrial sin la amenaza de importantes costes. Segundo, el establecimiento del calendario a seguir, pues no es
aconsejable que una economía muy protegida se deshaga de toda su protección sin un período de transición.
7) Inversión Extranjera Directa (IED).
En cuanto a la liberalización de los flujos financieros extranjeros según Williamson (2002), no fue una prioridad importante en el Consenso, aunque una actitud restrictiva, limitadora de la entrada de la inversión extranjera directa, fuera considerada como una insensatez. Se pensaba que dicha inversión podía aportar capital, tecnología y experiencia mediante la producción de bienes necesarios en el mercado nacional o contribuyendo a nuevas exportaciones.
En este sentido, el que estuviese cuestionada en algunos casos fue debido a la existencia de un nacionalismo económico, totalmente desaprobado por el consenso de Washington, salvo en excepcionales ocasiones. Por otra parte, se pensaba que la IED podía promoverse mediante canjes de obligaciones por acciones, lo cual permitiría reducir la deuda externa. Esto generó diversas disyuntivas en torno a si había que subsidiar a la inversión extranjera directa o si la inversión subvencionada tenía que ser adicional. No obstante, el punto más preocupante para instituciones como el FMI fue las consecuencias que hubiese podido implicar un incremento de la expansión monetaria nacional.
8) Privatización.
Las privatizaciones pueden ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. Por otra parte, el fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. A pesar de
que esta creencia fuera durante mucho tiempo una cuestión de fe en Washingto n, la privatización solamente se enfatizó a partir de 1985, tras la proclamación del Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano, con el apoyo del FMI y el BM para fomentar las privatizaciones en el mundo y particularmente en Amé rica latina.
9) Desregulación.
La desregulación también se considerada como un modo de fomentar la competencia en América Latina, donde se hallaban las economías de mercado más reguladas del mundo, que estaban principalmente gestionadas por administradores mal pagados y fácilmente corruptibles. Los principales mecanismos de regulación se basaban en controlar los establecimientos de las nuevas compañías y de las inversiones, restringir la entrada de inversiones extranjeras y los flujos de transferencia de beneficios, controlar los precios, implantar barreras a la importación, asignar créditos de modo discriminatorio, instaurar elevados niveles de impuestos sobre la renta de las empresas, etc.
Es interesante anotar que la actividad productiva estaba regulada de diferentes modos: mediante la legislación vigente, por medio de decretos del gobierno o por la vía de toma de decisiones sobre casos puntuales. Esta práctica era la más difundida en Latinoamérica, la cual fomento oportunidades de corrupción a la vez que discriminaba a las pequeñas y medianas empresas, importantes generadoras de empleo y de estabilidad social.
10) Derechos de Propiedad.
En la década de los 80, los derechos de propiedad en América Latina eran muy inseguros, lo cual contrastaba con el que estuvieran tan firmemente implantados en Estados Unidos, siendo su importancia fundamental para el funcionamiento satisfactorio de una economía de
mercado. Por ello, el consenso Washington optó por implantar unos derechos firmemente establecidos y garantizados.
2.4. LA POLITICA ECONÓMICA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).
La consideración conjunta de un concepto de autonomía relativa del Estado –limitada o fuertemente condicionada–, por una parte, y el concepto de polarización y asimetrías de participación y decisión en los mercados, por la otra, conforma el enfoque de equilibrio con inestabilidad de la política económica que sustenta este trabajo Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo multilateral que promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 188 países miembros a los cuales les rinde cuentas.
2.4.1. ORIGEN DEL FMI
La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el “FMI” o “el Fondo”, se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta.
2.4.2. RESPONSABILIDADES DEL FMI:
El principal propósito del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar
transacciones entre sí. En 2012, el FMI actualizó su cometido a fin de cubrir toda la problemática de la macroeconomía y del sector financiero que incide en la estabilidad mundial.
• Supervisión: Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional, el FMI pasa revista a las políticas económicas aplicadas por los países, así como a la situación económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión. El FMI proporciona asesoramiento a los 188 países miembros y recomienda políticas que promuevan la estabilidad económica, reduzcan la vulnerabilidad a crisis económicas y financieras y mejoren los niveles de vida. Publica evaluaciones regulares sobre el panorama internacional en Perspectivas de la economía mundial, de los mercados financieros en Global Financial Stability Report y sobre la evolución de las finanzas públicas en Fiscal Monitor, así como una serie de informes sobre las perspectivas regionales.
Actualmente, el Directorio Ejecutivo del FMI ha estado considerando una gama de opciones para perfeccionar e integrar mejor la supervisión multilateral, financiera y bilateral; comprender mejor los efectos de contagio y la evaluación de los riesgos incipientes y potenciales; y afianzar la influencia del asesoramiento del FMI en materia de política económica.
• Asistencia financiera: El FMI otorga financiamiento con el fin de dar a los países miembros margen de maniobra para corregir sus problemas de balanza de pagos. Las autoridades nacionales, en estrecha colaboración con el FMI, formulan programas de políticas respaldados con financiamiento del FMI; la continuidad del financiamiento está condicionada a la implementación eficaz de ese programa. Ante la crisis económica internacional, el FMI fortaleció rápidamente su capacidad de préstamo al aprobar en abril de 2009 una reforma profunda de sus mecanismos de apoyo financiero, y en 2010 y
2011 se adoptaron aún más reformas. Los instrumentos del FMI para la concesión de préstamos fueron objeto de mejoras a los efectos de brindar herramientas flexibles para la prevención de crisis a los países miembros que mostraran solidez en sus parámetros económicos fundamentales, políticas económicas y marcos de política institucional. El FMI duplicó los límites de acceso al crédito y amplió los préstamos a los países más pobres, gracias a las utilidades extraordinarias de las ventas de oro, eximiéndolos del pago de intereses hasta fines de 2014.
• Asistencia técnica: El FMI brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer las capacidades de concepción y ejecución de políticas eficaces, incluidos ámbitos tales como política y administración tributaria, administración del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios y financieros, marcos legislativos y estadísticas.
• Recursos: La principal fuente de los recursos financieros del FMI son las cuotas de los países miembros, que en términos generales reflejan la posición relativa de los países en la economía mundial. Actualmente, los recursos provenientes de las cuotas ascienden a alrededor de DEG 238.000 millones (unos US$368.000 millones). Además, el FMI puede complementar los recursos de las cuotas obteniendo préstamos. Los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP) ampliados, que pueden suministrar recursos complementarios de hasta DEG 370.000 millones (unos US$572.000 millones), son el principal respaldo para las cuotas. A mediados de 2012, los países miembros también se comprometieron a aumentar los recursos del FMI en US$461.000 millones a través de acuerdos bilaterales de crédito.
Cuando entre en vigor la Decimocuarta Revisión de Cuotas y todos los miembros paguen los aumentos de sus cuotas, se duplicarán los recursos
del FMI provenientes de las cuotas. En ese momento, también se producirá para cada participante en los NAP una reducción de los recursos de los NAP en un monto correspondiente.
• DEG: El FMI emite un activo de reserva internacional denominado derecho especial de giro que puede complementar las reservas oficiales de los países miembros. El volumen de DEG en circulación asciende a alrededor de DEG 204.000 millones (US$316.000 millones). Los miembros del FMI también pueden realizar entre sí intercambios voluntarios de DEG por monedas.
• Gestión de gobierno y organización: El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima de su estructura organizativa es la Junta de Gobernadores, que está integrada por un gobernador y un gobernador suplente por cada país miembro, generalmente del banco central o del ministerio de hacienda. La Junta de Gobernadores se reúne una vez al año en ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial. Los 24 gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) se reúnen generalmente dos veces por año.
• Las operaciones cotidianas del FMI son supervisadas por el Directorio Ejecutivo , que tiene 24 miembros y representa a todos los países miembros;
esta labor es orientada por el CMFI y respaldada por el personal del FMI.
Una propuesta de enmienda del Convenio Constitutivo del FMI establecerá por primera vez un Directorio Ejecutivo en el que todos los directores sean designados por medio de una elección. La Directora Gerente es la jefa del personal técnico del FMI, preside el Directorio Ejecutivo y cuenta con la asistencia de cuatro subdirectores gerentes.
2.4.3. ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN POR EL FMI .
El FMI ayuda a sus países miembros a diseñar políticas económicas y gestionar con más eficacia sus asuntos financieros fortaleciendo su capacidad humana e institucional a través de la asistencia técnica y la capacitación. El FMI procura aprovechar las sinergias entre la asistencia técnica y la capacitación, a lo cual denomina fortalecimiento de las capacidades, para maximizar su eficacia.
La asistencia técnica ayuda a los países a forjar instituciones, marcos jurídicos y políticas económicas más eficaces para promover la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo. La capacitación mediante cursos orientados a políticas prácticas, talleres relevantes y seminarios fortalece la capacidad de los funcionarios para analizar la evolución económica y formular y aplicar políticas económicas eficaces. La labor de asistencia técnica y capacitación se gestiona desde la sede del FMI en Washington y desde una red de nueve centros técnicos regionales y siete centros de capacitación regionales. El FMI trabaja en estrecha cooperación con otros proveedores de capacitación y asistencia técnica.
Muchos países miembros se están beneficiando con la asistencia técnica y la capacitación. La asistencia técnica y la capacitación —que, en conjunto, en el FMI se denominan fortalecimiento de las capacidades— son beneficios importantes de los países miembros del FMI. El fortalecimiento de la capacidad humana e institucional de un país ayuda al gobierno a aplicar políticas más eficaces, lo que da lugar a mejores resultados económicos.
Alrededor de dos tercios de la asistencia técnica y la mitad del total de la capacitación van dirigidos a países de ingreso bajo y mediano bajo.
Además, la asistencia técnica suministrada a economías avanzadas y emergentes en áreas de vanguardia, por ejemplo, en el sector financiero, ayuda a poner en práctica el asesoramiento de política económica que brinda
