El acceso a la información no es un debate abstracto, sino que es una herramienta esencial de la ciudadanía. El saber ensancha los hori- zontes, permite a las personas tomar decisiones con conocimiento
de causa e incrementa su capacidad para exigir sus derechos. Garan- tizar el acceso al conocimiento y a la información es esencial para permitir a la gente pobre enfrentarse a las profundas desigualdades de poder y de voz que afi anzan la desigualdad en todo el mundo. En el ámbito nacional, la capacidad para asimilar, adaptar y generar conocimiento, así como para convertirlo en tecnología, determina cada vez más las perspectivas económicas.
El acceso a la información por parte de la gente pobre ha aumen- tado considerablemente en las últimas décadas, impulsado por ni - ve les de alfabetización en aumento y por la difusión de la radio, la te levisión, la telefonía móvil e Internet. Para 2007, en los países en de- sarrollo había el doble de propietarios de teléfonos móviles que en los países industrializados y las tasas de crecimiento de suscriptores en África eran del 50 por ciento al año. Los teléfonos móviles han transformado el acceso de la gente pobre a las fi nanzas, a la informa- ción de mercado y también ha transformado a las propias personas.54
Hasta cierto punto, la legislación también ha evolucionado: hace sólo una década, la libertad de información únicamente estaba ga- rantizada en un puñado de países. En la actualidad, más de 50 países cuentan con leyes de libertad de información y 15-20 más las están considerando.55 Como dijo el pionero de Internet Stewart Brand, pa-
rece que «la información quiere ser libre».
Los teléfonos móviles, el correo electrónico e Internet también han transformado el modo en que funcionan las organizaciones de la sociedad civil y las ONG, especialmente a escala internacional. Las redes globales pueden surgir casi de la noche a la mañana y compar- tir información sobre cuestiones concretas, mientras que los blogs y los sitios web pueden llegar a nuevas audiencias sin pasar por el fi l- tro de los medios tradicionales de comunicación. Este fuerte incre- mento de la conectividad ha reducido drásticamente los gastos que suponen la creación de redes de contactos y de coaliciones (aunque a costa de bandejas de entrada rebosantes).
Los medios de comunicación libres y receptivos pueden aumen- tar la conciencia pública con respecto a cuestiones relacionadas con los derechos, pero también pueden provocar represalias. Irak, Ar- gelia, Rusia y Colombia son actualmente los países más mortíferos para los periodistas.56 En muchos países africanos los medios de co-
municación han abordado de manera efi caz la lacra y la discrimi- nación por VIH y sida a través de series dramáticas de éxito como
Soul City en Sudáfrica y han promovido el debate sobre cuestiones
sociales como la violación y la violencia doméstica.57 En Armenia, My Rights, una serie de televisión que utiliza simulacros de juicio para representar disputas de la vida real en los tribunales, sorpren- dentemente se convirtió en uno de los programas más vistos e hizo aumentar la conciencia pública, así como el escrutinio del sistema judicial. Cuando en un pueblo la electricidad se fue minutos antes de que comenzara a emitirse My Rights, los vecinos del lugar se diri- gieron a la ofi cina del alcalde y acusaron a los funcionarios locales de intentar dejarlos –en sentido literal y fi gurado– a oscuras.58
A pesar de todo el despliegue en torno a Internet, a fi nales de 2007 África y el sur de Asia sólo contaban con cinco usuarios de Internet por cada 100 habitantes.59 Más allá de la comunicación personal cara a
cara y telefónica, buena parte de la gente pobre sigue dependiendo de medios de comunicación controlados por el Gobierno o por las empre- sas para acceder a la información. Nada menos que 45 países bloquean contenidos con el objetivo de reducir la transparencia y la receptivi- dad.60 Los Gobiernos hacen uso del soborno para controlar los medios
de comunicación. Según un revelador estudio, los sobornos que el fa- moso Gobierno Fujimori de Perú pagó a los propietarios de cadenas de televisión en la década de los 90 fueron unas 100 veces más grandes que los pagados a jueces y políticos. A los medios de comunicación infor- mativos se les garantizaba el soborno más grande porque eran los que podían ejercer un control más fuerte sobre el poder del Gobierno.61
En el caso de la radio, que a menudo es la principal fuente de información de la gente pobre, el bajo coste que supone la incorpo- ración de nuevas emisoras ha atenuado el control estatal o empresa- rial. Ahora, las emisoras comunitarias están fuertemente arraigadas en la mayor parte de América Latina, donde llegan hasta grupos que de otro modo estarían excluidos, y se extienden rápidamente por África. La radio representa una de las pocas fuentes de información en idiomas no ofi ciales –una cuestión de suma importancia cuando se trata de otorgar poder a comunidades pobres, dado que la mayo- ría de la gente que vive con 1 dólar diario no habla el idioma ofi cial de su país–.62 El quechua, un idioma que hablan unos 10 millones
de personas en Bolivia, Ecudor y Perú, rara vez se oye en televisión y no está presente en Internet. Por el contrario, 180 emisoras de radio ofrecen programas en quechua.
Las fuerzas que impulsan un mayor acceso a la información son fuertes gracias a una combinación de demanda (mayor alfabetización, ciudadanos más seguros de sí mismos y la difusión de un gobierno elegido) y oferta (tecnologías que ponen a disposición el conocimien- to de una forma más amplia y barata). A pesar de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unos pocos gigantes globales, en los próximos años la gente pobre debería lograr un mayor acceso al conocimiento y a la información a través de un conjunto cada vez más variado de canales nuevos y tradicionales.
El acceso a la información puede ayudar a la gente pobre para que infl uya en las decisiones que afectan a su vida. En el Pacífi co, la Coalición para los Derechos y Recursos Naturales de Islas Salomón ayuda a las comunidades locales a ganar acceso a convenios madere- ros y a otros documentos gubernamentales para que puedan luchar por sus derechos sobre los bosques. El acceso público a la informa- ción también puede provocar que el Estado se vuelva más efi caz, tal como demuestra el ejemplo indio antes mencionado.