Sri Lanka está considerado un «país de ingresos medios bajos», pero sus tasas de mortalidad materna están entre las más bajas del mun- do. Cuando una mujer esrilanquesa da a luz, hay un 96 por ciento de probabilidades de que la atienda una comadrona cualifi cada. Si la mujer o su familia necesitan tratamiento médico, lo pueden recibir de forma gratuita en una clínica pública cercana a su casa y donde trabaja una enfermera cualifi cada. Sus hijos pueden asistir gratis al centro de enseñanza primaria y la educación de las niñas es gratuita hasta la enseñanza superior.
Comparemos esto con el Kazajistán rico en petróleo, donde la inversión en servicios públicos va muy a la zaga del aumento de la renta per cápita. Aunque la renta per cápita de Sri Lanka es un 60 por ciento inferior que la de Kazajistán, en este último país un niño tiene casi cinco veces más probabilidades de morir en sus primeros cinco años de vida, así como muchas menos probabilidades de ir al colegio, de beber agua limpia o de utilizar una letrina.
La experiencia de Oxfam en todo el mundo indica que el éxito de algunos Gobiernos se debe a que se aseguran de que los servicios esenciales sean aptos para mujeres y niñas, suprimen las tasas de uso de la asistencia sanitaria y la educación primarias, y subvencionan servicios de suministro de agua y saneamiento. Otras políticas que han demostrado ser efi caces son: crear capacidad pública para pres- tar servicios a largo plazo, extender los servicios a las áreas rurales, invertir en maestros y enfermeras, y reforzar el estatus social y la au- tonomía de las mujeres como usuarias y proveedoras de servicios.
Cualquier tipo de tasa que se cobre en un centro de asistencia sanitaria o de educación primarias tiene un impacto tan perjudicial en la gente pobre que dichas tasas se deberían suprimir. El Banco Mundial, que en la década de los 80 y a principios de los 90 abogó por la imposición de tasas de uso, ahora ha cambiado su postura, al menos en lo que a su mensaje público se refi ere. Ya no apoya las tasas
de utilización en educación, si bien su postura con respecto a las tasas de uso en sanidad es más ambigua. Un número cada vez mayor de Gobiernos a los que se les cancela la deuda utiliza los benefi cios para suprimir tasas, como sucede con Zambia, que en 2006 anunció el fi n de las tasas de uso para su población rural.
En los servicios de suministro de agua, las tasas de uso pueden fomentar un uso sostenible de un recurso limitado. Sin embar- go, es crucial que la estructura y la asequibilidad de las tarifas de suministro de agua se gestionen para lograr un acceso equitativo para la gente pobre. En Porto Alegre, en Brasil, el consumo de agua está subvencionado: los primeros 10.000 litros se pagan al precio de 4.000 litros. En Uganda, la empresa pública de suministro de agua NWSC proporciona puntos de suministro de agua que las personas se encargan de gestionar y en los que el precio del agua se indica en el grifo y es mucho más bajo que el del agua que ofrecen proveedores privados.50
Con demasiada frecuencia, los economistas se centran en las efi ciencias de la producción y distribución bajo las estructuras y restricciones existentes e ignoran la discriminación profundamen- te arraigada contra la gente pobre y, en especial, contra las mujeres pobres. Para acabar con la exclusión de las mujeres, primero es nece- sario reconocer sus derechos. Medidas como promover a las mujeres como profesionales sanitarias y educadoras, en primera línea de la prestación de servicios, también animará a otras mujeres y niñas a utilizar esos servicios. En Malí, las animatrices, mujeres de la comu- nidad que trabajan con los padres para convencerlos de la impor- tancia de mandar a las niñas al colegio, han logrado algunos éxitos notables. En Palestina, donde la inmensa mayoría de los maestros son mujeres, las tasas netas de matriculación en educación primaria se encuentran entre las más altas de Oriente Próximo y el 97 por ciento de las niñas pasa a la educación secundaria.
El acceso de las mujeres a los servicios también se puede poten- ciar al garantizar que los pagos de protección social pongan dinero en sus manos (véase el capítulo 4). En México, el programa PRO- GRESA llega a más de 2,6 millones de hogares rurales y vincula las prestaciones en metálico y los suplementos nutricionales a la parti- cipación obligatoria en programas sanitarios y educativos. Algunas
características de este programa van dirigidas directamente a las mujeres. Se nombra benefi ciarias a las madres, que reciben las trans- ferencias en metálico. Se pide a toda la familia –fundamentalmente, madres embarazadas y lactantes e hijos menores de cinco años– que siga un programa de visitas en el consultorio y las mujeres acuden mensualmente a charlas de educación sanitaria. Los niños deben lo- grar una tasa de asistencia escolar del 80 por ciento y los incentivos fi nancieros son ligeramente superiores en el caso de la asistencia de las niñas. PROGRESA ha tenido un impacto positivo en la salud de niños y adultos, ha incrementado el gasto doméstico en alimentos y ha aumentado el control que tienen las mujeres sobre sus ingresos adicionales.51
Existen varias razones para el optimismo: los tipos de inversión y los cambios políticos necesarios para proporcionar a todos los ciu- dadanos los componentes básicos de una vida digna llegarán. En prácticamente todos los países donde trabaja Oxfam se ha visto una difusión aparentemente irreversible de alfabetización, activismo y Gobierno elegido, y con ello una voz de los ciudadanos cada vez más fuerte que presiona para lograr la mejora de los servicios esenciales. La urbanización puede provocar problemas medioambientales y so- ciales como el hacinamiento, pero facilita mucho la instalación de váteres, grifos, clínicas y aulas. Las encuestas muestran que las élites de los países en desarrollo entienden el papel que desempeñan los sistemas educativos dignos a la hora de crear la base para el desarro- llo nacional, aunque, curiosamente, parece que no sacan las mismas conclusiones con respecto a la sanidad.52
El saber es poder. FRANCIS BACON
Durante dos décadas, la gente de Sunder Nagri, un barrio bajo en el límite nororiental de Delhi, la capital india, se las tuvo que arreglar sin alcantarillas, mientras los funcionarios locales continuaban prome- tiendo que lo limpiarían todo. En 2005, haciendo uso de la nueva ley estatal de Derecho a la Información, el empresario local Noshe Ali des- cubrió lo que todo el mundo en Sunder Nagri ya se imaginaba: que no había planes para construir alcantarillas. Provisto de esa información, Ali convenció al ministro principal de la ciudad para que autorizara un presupuesto. Los trabajos empezaron antes de que acabara el año.
Poco después, una mujer de esa comunidad siguió el ejemplo de Ali. Cuando le pidieron que entregara más de 800 rupias (20 dóla- res) por los certifi cados de nacimiento de sus dos hijas ella se negó y, en cambio, utilizó la ley de Derecho a la Información para averiguar qué retrasaba su solicitud y quién era el funcionario responsable. Para no ser avergonzado en público, el Gobierno local le entregó los certifi cados de nacimiento rápidamente.53