Jerónima Quiviquivi es una fuerza de la naturaleza. Rodeada por los más jóvenes de sus seis hijos, sentada fuera de su nueva casa en los alrededores del pueblo indígena de Monteverde en el bochor- no de una tarde tropical, Jerónima recuerda las luchas de su pueblo: los indios chiquitanos de las tierras bajas de Bolivia.
Mi padre nunca fue consciente de nuestros derechos. Nos limitábamos a hacer lo que los blancos nos decían: sólo ellos podían ocupar el poder, ser presidente. Ni siquiera podíamos ir al centro del pueblo: la gente nos insultaba. Pero entonces conseguimos nuestra propia organización y elegimos a nuestros propios líderes. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que teníamos derechos.
Organizados al principio como si de una liga de fútbol se tratase –pues era el único modo de poder encontrarse y hablar con chiqui- tanos de otros pueblos–, los activistas indígenas de Monteverde lu- charon por asuntos que les importaban: tierra, educación, derechos y voz política. Los momentos de confrontación ayudaron a construir una historia común: irrumpir en las ofi cinas del gobierno local para hacerse con los archivos que demostraban que el trabajo no remu- nerado que les obligaban a realizar se había prohibido años atrás; una marcha hacia la alejada capital, La Paz, que reforzó su sensación de identidad común con la mayoría indígena de las tierras altas de Bolivia (véase el estudio de caso de la página 34).
Ahora, los chiquitanos ocupan los puestos que antes eran terreno exclusivo de los blancos: cuentan con sus propios alcaldes y senado- res, y en La Paz tienen a Evo Morales, el primer presidente indígena de Suramérica. Y con el poder llegó la promesa de tierra valiosa: tras una campaña de diez años, el 3 de julio de 2007 los chiquitanos de Monteverde cerraron un acuerdo con el gobierno que les otorgaba una «tierra de origen comunal» de un millón de hectáreas.
El curso de esta lucha épica también transformó las relaciones de regreso a casa. El marido de Jerónima, él mismo un líder local, ahora cuida de sus hijos cuando ella tiene una reunión. «Las mujeres acos- tumbrábamos a reunirnos por separado, pero ahora nos reunimos con los hombres: ya no tenemos miedo», dice Jerónima.
La odisea de los chiquitanos para salir de la marginación subraya el papel primordial del poder y la política en el desarrollo. La in- teracción entre individuos, familias, comunidades y Estados puede abrir vías hacia los derechos, la seguridad y la prosperidad o puede condenar a las comunidades a la vulnerabilidad y la pobreza. El po- der y la política determinarán si el mundo puede proseguir con el extraordinario ritmo de cambio político y social del siglo XX para erradicar la pobreza extrema y tratar de resolver problemas como la desigualdad y la injusticia.
En el centro del poder y la política hay ciudadanos y Estados efi caces. Por «ciudadanos» entendemos personas que viven en un determinado lugar, incluso si ofi cialmente no pueden votar, como es el caso de los inmigrantes o los niños. Por «Estados efi caces» en- tendemos Estados que pueden garantizar la seguridad y el imperio de la ley, diseñar e implementar una estrategia efi caz para asegurar un crecimiento económico inclusivo y que son responsables y tienen capacidad para garantizar los derechos de sus ciudadanos. A con- tinuación, hablaremos de la interacción entre ciudadanos activos y Estados efi caces, de su complejidad, sus alianzas interclasistas, sus momentos álgidos y momentos bajos, así como de sus múltiples con- tradicciones.
Desde un punto de vista individual, ciudadanía activa signifi ca desarrollar confi anza en sí mismo y vencer la forma insidiosa con la que se puede llegar a interiorizar la condición de no tener práctica- mente poder. En relación con otras personas, signifi ca desarrollar la
habilidad de negociar e infl uir en las decisiones. Y cuando las perso- nas a quienes se ha conferido autoridad trabajan juntas, el resultado es una participación en la acción colectiva, ya sea en el pueblo, el barrio o de manera más extensa.1 En última instancia, ciudadanía
activa signifi ca participar en el sistema político para construir un Estado efi caz y para asumir cierto grado de responsabilidad en el ámbito público dejando atrás conceptos simples como «ellos» y «no- sotros». De lo contrario, como reza la memorable frase del fi lósofo francés Bertrand de Jouvenel, «una sociedad de borregos terminará por engendrar un gobierno de lobos».2
La ciudadanía activa comporta, entre otros, activismo políti- co. Abarca cualquier acción individual con consecuencias sociales, como puede ser la participación en grupos religiosos o asociaciones vecinales, «iniciativa empresarial social» a la hora de dirigir acti- vidades comerciales hacia fi nes sociales, además de muchas otras organizaciones sociales, si sus benefi cios van más allá de lo mera- mente personal o familiar. Obviamente, sus límites son borrosos y es diferente del concepto más amplio de «capital social» (que incluye cualquier red social) porque se distingue por su carácter transfor- mador y su compromiso con las estructuras de poder, en especial el Estado.
Una declaración de poder de esas características es un fi n en sí mismo –un tipo de libertad crucial– y un medio para garan- tizar que las diferentes instituciones de la sociedad (el Estado, el mercado, la comunidad y la familia) respeten los derechos de las personas y satisfagan sus necesidades por medio de leyes, normas, políticas y prácticas cotidianas. Las instituciones a menudo dis- criminan a las mujeres, a las comunidades indígenas, a los disca- pacitados y a otros grupos específi cos. Pero cuando las personas se juntan para desafi ar la discriminación, pueden transformar las instituciones que les oprimen. A diferencia de las representacio- nes de gente pobre como «víctimas» pasivas (de desastres, de la pobreza o del hambre) o como «benefi ciarios» (de ayuda), en esta visión del desarrollo la «institución» de los pobres ocupa el centro del escenario. Como dijo la profesora de universidad bangladesí Naila Kabeer, «desde un estado de impotencia que se manifi esta con un sentimiento de “yo no puedo”, el activismo contiene un
elemento de confi anza colectiva en sí mismo cuyo resultado es un sentimiento de “nosotros podemos”».3
En todo el mundo, Oxfam ha sido testigo de cómo el activismo social, político y económico por parte de personas que vivían en la pobreza ha logrado mejoras profundas y perdurables en sus vidas. El activismo constituye un medio fundamental para combatir des- igualdades profundamente arraigadas mediante la redistribución de poder, voz, oportunidades y activos entre quienes, históricamente, no han tenido nada de eso. El activismo, más que nacional, la mayo- ría de las veces es local y, más que global, la mayoría de las veces es nacional, aunque cada vez más está presente en esos tres ámbitos. A menudo, de lo que se trata es de oponer resistencia a la imposición de cambios, lo que a su vez puede generar alternativas positivas. Nor- malmente, trata el problema de la distribución de recursos, como son la tierra, el gasto público o el crédito. Y, casi siempre, el activis- mo persigue reformas más que una revolución, si bien las reformas que se pretenden lograr a menudo son radicales y una acumulación de reformas puede, con el tiempo, constituir una revolución.
No obstante, el activismo sólo no basta. De todas las instituciones que ejercen poder sobre la vida de las personas, el Estado es quien puede canalizar el poder de la iniciativa individual y el mercado ha- cia objetivos de desarrollo a largo plazo.
En la interacción entre Estados y ciudadanos está la clave del éxi- to o fracaso del desarrollo. Esa interacción incluye la política formal de elecciones, el debate parlamentario y el activismo político, pero también el compromiso más amplio de la ciudadanía activa.
El desarrollo rara vez es pacífi co. Cuando un país se transforma, las estructuras sociales y económicas cambian rápidamente, surgen nuevas clases y las nuevas riquezas se acumulan a un ritmo sin pre- cedentes en la historia. Ganadores y perdedores en medio de tanta agitación a menudo llegan a las manos. En los países industrializa- dos actuales, esta transformación social y económica tardó siglos en manifestarse, pero en el caso de los países en desarrollo un impacto de tal magnitud se ha resumido en unas cuantas décadas.4
En algunos países, este proceso de «destrucción creativa» ha lle- vado a un capitalismo dinámico y viable. En otros, ha conducido
a una «política de amiguismo» –el robo de recursos por parte de clases improductivas– y una caída en la anarquía. La naturaleza y la evolución política del Estado son cruciales a la hora de determinar qué camino va a seguir un país.
Los Estados efi caces y responsables son fundamentales para el desarrollo. Los Estados garantizan la sanidad, la educación, el agua y el saneamiento para todos los ciudadanos. Asimismo, garantizan la seguridad, el imperio de la ley, así como la estabilidad social y económica, y regulan, desarrollan y mejoran la economía. No hay atajos, ni a través del sector privado ni de los movimientos sociales, aunque estos también desempeñan un papel fundamental.
Por consiguiente, uno de los principales desafíos a los que se en- frenta el desarrollo es cómo construir Estados que sean efi caces a la vez que responsables, capaces de abordar problemas como la pobre- za y la desigualdad en todas sus variantes (no sólo en lo que respecta a los ingresos) y que garanticen el respeto de los derechos que per- mite el crecimiento de la ciudadanía activa. Los Estados efi caces son cruciales a la hora de reducir la vulnerabilidad a las sacudidas y a la de permitir que personas y comunidades pobres se benefi cien del mercado, algo de lo que hablaremos en otro apartado.
Por más turbios que sean sus orígenes, los Estados de hoy en día están obligados por el derecho internacional a preservar los derechos de las personas y cada vez más desarrollan ese papel presionados por movimientos ciudadanos y por la comunidad internacional. Por este motivo, la política en toda su magnitud –el ámbito donde coin- ciden ciudadanos y Estados– es el centro de esta parte del libro, que examina los desafíos de la acción política, así como las pruebas de la existencia de un progreso hacia una libertad cada vez mayor.
La más elevada manifestación de la vida consiste en que uno sea dueño de sus propios actos.
SANTO TOMÁS DE AQUINO, SIGLO XIII
Un antiguo dicho sobre el desarrollo dice así: «Si das un pez a un hombre, comerá un día. Si le enseñas a pescar, comerá toda la vida». Eso está muy bien, salvo que, tal como muestra el estudio de caso sobre las comunidades pesqueras de Tikamgarh en la página 169, en primer lugar el hombre tiene que tener derecho a pescar en el estan- que. Por otra parte, tal como señala la líder de un pueblo de Cambo- ya, «ese hombre podría ser perfectamente una mujer». Y añade:
Esa mujer ya sabe pescar. Lo que a ella le gustaría es que las empresas madereras ilegales o los pescadores furtivos dejaran en paz a su río. Preferiría que su gobierno no construyera presas gigantescas con ayuda del Banco Asiático de Desarrollo, presas que han afectado negativamente a su subsistencia. Preferiría que la policía no desalojara por la fuerza a las comunidades para abrir paso a la presa. No quiere caridad. Le gustaría que se respetaran sus derechos básicos.5
La sensación de que se tiene derecho a algo es mucho más fuerte que simplemente necesitarlo o quererlo. Ello implica que otra per- sona tiene la obligación de responder. Los derechos son garantías a largo plazo, un conjunto de demandas o derechos estructurales que permiten a las personas, especialmente a las más vulnerables y ex-
cluidas de la sociedad, exigir a los que están en el poder, a quienes en la jerga se conoce como «detentores de obligaciones». A su vez, esos detentores de obligaciones tienen la responsabilidad de respetar, proteger y hacer valer los derechos de los «titulares de derechos». Por lo tanto, los derechos están intrínsecamente ligados a los conceptos de ciudadanía, participación y poder.
Sin embargo, los derechos solos no bastan. Como dijo el econo- mista indio Amartya Sen, las personas necesitan recursos –derechos y capacidad para ejercerlos–, una facultad que se pierde cuando las personas son pobres, analfabetas, indigentes, están enfermas, care- cen de información vital o viven atemorizadas por la violencia. En el caso de las niñas, tener «derecho» a ir a la escuela no sirve de nada si la presión de las tareas domésticos, el prejuicio en el hogar o en la comunidad o el hecho de ser las últimas de la cola en las comi- das familiares las obliga a pasarse el día hambrientas, llevando agua, limpiando o cuidando de sus hermanos. Los recursos determinan lo que las personas pueden hacer y quién pueden ser.6 La capacidad
para lograr seguridad material por medio del trabajo productivo es un aspecto crucial de esos recursos.
Todos los derechos están forzosamente relacionados con respon- sabilidades, que forman la red de conexiones y obligaciones morales que cohesionan la sociedad. Todo el mundo, por pobre que sea, tiene responsabilidades para con su comunidad, pero las personas y las organizaciones poderosas, en particular los gobiernos, llevan una carga de responsabilidad especial si lo que se pretende es construir una sociedad basada en la igualdad y la justicia.